Los secretarios generales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, Hugo Yasky, y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, con el patrocinio legal de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.
La denuncia fue radicada ante la justicia federal, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicara el pasado 3 de agosto en el diario La Nación una investigación periodística en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.
Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (ley 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
Ambas centrales aparecen mencionadas en esas carpetas, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social. “No hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país, por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, dicen las dos CTA.
La presentación solicita que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
Además, la CTA-A y la CTA-T solicitan ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, en representación de los afiliados que pudieran haber sido víctimas de estas maniobras ilegales.
Vigilancia sin control
Alconada Mon –que en mayo ya había dado a conocer el peligroso “Plan de Inteligencia Nacional”– reveló un nuevo documento producido por la SIDE, que preside Neiffert y conduce en las sombras Santiago Caputo.
Con fecha del 8 de julio, el informe titulado “Hechos previstos 09JUL25” detalla actividades de alto peso político, ya que el Día de la Independencia, además de los diversos actos conmemorativos, coincidió con el cierre de listas en suelo bonaerense. Así, da cuenta de lo que harían ese día “peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, entre otros”.
El informe detalla, textualmente, que “los dirigentes opositores Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse en la ciudad de La Plata, con el objetivo de avanzar en una estrategia común y consolidar la unidad de cara a los comicios del 7SEP25”. A continuación, da cuenta de las actividades de otros opositores: “El jefe político del espacio ‘Para Adelante’, Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti”, indica el parte de inteligencia.
El documento de nueve carillas también detalla –con horarios, recorridos y lugares de concentración– distintas actividades públicas que llevarían adelante el mismo 9 y en días posteriores un conjunto de organizaciones sociales y políticas; desde las habituales protestas de los miércoles de los jubilados, hasta actividades del sector de discapacidad y otras de tipo cultural.
Asimismo, registra la actividad prevista en el Congreso en relación a proyectos de alto interés para Milei, como el de la moratoria previsional, el aumento jubilatorio y la Emergencia en Discapacidad, proyectos que fueron aprobados y el Presidente vetó. Al respecto, consigna Alconada, “los analistas o agentes que redactaron el reporte” señalan que “esos y otros temas permitían anticipar ‘un escenario de alta conflictividad tanto en el plano parlamentario como en el social’”.
Los especialistas y ex funcionarios de Inteligencia consultados por el periodista ponen el ojo en dos aspectos centrales. Primero, que entre los dirigentes nombrados no figura ninguno de La Libertad Avanza, ni de Las Fuerzas del Cielo, ni de los sectores del PRO y la UCR aliados. Esto, advierten, daría cuenta de que no se trata de un mero parte de prensa como sugieren quienes subrayan que la mayoría de la información sistematizada era pública, algo que además correspondería al área de Comunicación de Manuel Adorni.
Alconada, en tanto, destaca que todas las actividades registradas son “lícitas” y que el informe no consigna “si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional”. “Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia”, apunta.
“El informe reflejó, sí, una orientación operativa. Es decir, buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales”, agrega el periodista. Y apunta que eso, de acuerdo a distintos especialistas consultados, “podría configurar una violación de la legislación vigente”.
En su artículo 4, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional es taxativa respecto a que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Sobre los peligros de la orientación que el gobierno libertario le estaba dando a la SIDE ya había advertido Alconada meses atrás, pero también, organismos de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales. Al conocerse el mencionado Plan de Inteligencia Nacional, el CELS previno –sin demasiada repercusión– que el mismo facultaba “al sistema de inteligencia a producir información de lo que denominamos inteligencia política, algo que es ilegal en la Argentina”. Con ese planteo, realizaron una presentación ante la Justicia Federal, que quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán.
En paralelo, los datos recabados por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que lidera el comisario general retirado Alejandro Cecati contradicen ostensiblemente las funciones del área. Así, esta tiene como objetivo declarado “la producción de inteligencia referida a las amenazas susceptibles de afectar los derechos y garantías de los habitantes de la República Argentina y la plena vigencia y funcionamiento de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Entre los peligros que puede abordar figuran “fenómenos de criminalidad organizada nacional y trasnacional como el narcotráfico, la proliferación armamentística, así como toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”.
Además de los ya mencionados, el área de Cecati también reunió datos sobre el senador nacional Eduardo Wado de Pedro, el titular del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, Miguel Fernández, sobre el PJ bonaerense, la Junta Electoral provincial, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y La Cámpora. También “sobre el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la Coalición Cívica, una eventual sesión del Senado nacional, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, residentes y profesionales de la salud pública, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, La Bancaria y los jubilados que se movilizan al Congreso cada miércoles”.
* Artículo publicado por Canal Abierto.
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