obras son amores

 

En 2014, Sergio Massa dijo que lo mejor que podría hacer su aliado Luis Barrionuevo era callarse por dos años. Fue una referencia a la definición histórica del sindicalista gastronómico.

 

 

 

Esta semana acuñó otra frase célebre, en una entrevista radial: “Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el que se vayan todos”.

 

Pero la CGT, cuyo gobierno integra Barrionuevo, decidió celebrar el 17 de octubre en el estadio cerrado de Obras Sanitarias y anunció la creación de un sello político electoral para incidir en la conformación de las listas de candidatos en los comicios del año próximo. Esta propuesta viola el principio lógico de no contradicción. Si su profecía se cumpliera, Barrionuevo y sus candidatos por la CGT estarían en los primeros lugares del repudio social.

 

 

 

A la Plaza de Mayo

Esto también muestra la distancia cegetista con Alberto Fernández. El Presidente afirma que fue él quien rehusó realizar un acto sin la Vicepresidenta en el Día de la Lealtad Peronista. La versión azoparda difiere: conviene acercarse a la lapicera para que agilice los pagos demorados a las obras sociales, pero no mucho más, porque “huele a cala”.

La Cámpora hubiera preferido postergar la reaparición en un acto masivo de Cristina hasta el 17 de noviembre, cuando se cumplirá medio siglo del regreso de Perón al país. Pero Sergio Palazzo, Pablo Moyano y Hugo Yasky prefirieron convocar para el 17 de octubre, en la consuetudinaria Plaza de Mayo. La Corriente Sindical Federal, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA son las organizaciones que participaron en la resistencia al gobierno de Maurizio Macrì y alertan contra el riesgo de un segundo tiempo que complete la devastación, como sugiere la decena de proyectos que la oposición ya presentó en el Congreso, para limitar derechos conquistados hace décadas por los trabajadores y sus organizaciones. En la Plaza de Mayo se prevé leer un documento, cuyo borrador incluye aportes del Espacio Producción y Trabajo, en el que coinciden la CTA y organizaciones micro y nano empresariales. El Movimiento Guita desistió de movilizar, porque no consigue superar la contradicción principal, entre el rechazo de su liderazgo a Cristina y la devoción de sus bases a la ex Presidenta.

Esto también se expresa en la reticencia a apoyar con sus legisladores en el Congreso la eliminación de las PASO que reclaman los gobernadores, aceptan Massa y el kirchnerismo e incomoda tanto a la oposición como al Presidente Fernández.

El documento que se leerá en la Plaza de Mayo reivindica a Cristina, la unidad nacional, la soberanía y la Justicia social, y al pueblo como protagonista a través de sus organizaciones. Cuestiona a un poder fáctico corporativo, que opera con violencia por encima del sistema democrático burlando la voluntad popular, y cuya arma de disciplinamiento es el FMI. También fustiga a los grupos económicos locales, los medios monopólicos de comunicación y el Partido Judicial y condena el intento de magnicidio. Entre sus propuestas figura:

  • Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, garantizando a todas las familias ingresos que le permitan salir de una injusta situación de pobreza.
  • Combatir la inflación, terminando con las prácticas monopólicas y la remarcación de precios.
  • Crear un Observatorio de Precios con participación de trabajadores y trabajadoras.
  • Fortalecer el mercado interno y la sustitución de importaciones, dando prioridad a las pymes y cooperativas y al trabajo digno.
  • Rediseñar el sistema financiero para cortar definitivamente la fuga de capitales y potenciar el desarrollo productivo, científico y tecnológico.
  • Reforma tributaria integral progresiva y terminar con la evasión.
  • Control estatal del comercio exterior, recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal Magdalena.
  • Derecho a una comunicación responsable y restaurar un Poder Judicial ecuánime.

Concluye que “nuestro gobierno” no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el de las mayorías.

 

 

 

Débil resistencia

Varias notas en esta edición de El Cohete se refieren a la débil resistencia del gobierno nacional ante las exigencias de los sectores económicos más poderosos, de lo que dio cuenta la confesión de impotencia del ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, cuando dijo en el Congreso que las empresas más concentradas no le venden azúcar ni aceite porque prefieren exportarlos.

 

 

 

 

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, insiste en que el salario de los trabajadores registrados le está ganando a la inflación, pero esta no es una convicción avalada por los datos oficiales. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), en agosto fue 3,6% menor a la de un año atrás y quedó 2,4% por debajo de su valor al finalizar el gobierno de Macrì. Desde marzo de este año, cuando se pronunció la aceleración inflacionaria, su caída ronda el 5%. Por supuesto, peor están los trabajadores informales, y, dentro de los estables, los que trabajan en el sector público.

 

 

El caso de los no registrados es dramático: perdieron 20 puntos en el cuatrienio macrista y otra decena desde que cambió el gobierno.

 

 

El instituto de investigaciones económicas de la CTA bonaerense también señala el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo:

  • En diciembre de 2016 alcanzaba para comprar el 60% de la canasta básica total que un hogar de cuatro integrantes necesita para no ser pobre, y
  • en agosto de este año apenas el 40%.

Peor le ha ido a su poder de compra de la canasta básica alimentaria, que mide la indigencia:

  • En diciembre de 2016 el salario mínimo superaba en un 46% al valor de la canasta de indigencia y
  • en agosto de este año sólo cubre el 90% de los alimentos que la componen.

 

 

 

 

De hecho, en la última medición disminuyó la pobreza, pero creció la indigencia. Todo esto se refleja en la distribución del ingreso. Mientras los salarios disminuyeron, las ganancias de las empresas se incrementaron.

Fue el ortodoxo viceministro de Economía Gabriel Rubinstein quien, al exponer sobre el presupuesto en el Congreso, señaló entre los factores decisivos de la alta inflación, el incremento de las utilidades de las empresas (con notable pudor dijo márgenes brutos).

Tan o más importante que los valores promedio es la mediana, que mide la remuneración que deja por debajo a la mitad de los trabajadores, o sea el techo de sus remuneraciones. Su deterioro es mayor que el promedio y está 3,5% por debajo del valor en que lo dejó Macrì.

 

 

En cualquier caso, es difícil imaginar un buen resultado en las urnas cuando la base electoral del FdT recibe semejante castigo. Que el FMI haya aprobado la segunda revisión del año sobre el cumplimiento de las metas aleja el caos financiero pero no alivia la crisis social. Por el contrario, remacha la política de ajuste.

Esto fundamenta el reclamo de un aumento de suma fija, que el kirchnerismo formula desde febrero. La semana corta que comienza el martes también activará el proyecto de ley de Refuerzo de Ingresos para Reducir la Indigencia, elaborado por Juliana Di Tullio bajo directivas de CFK. Tendrá un año de vigencia y su monto mensual será equivalente al de la canasta básica alimentaria para un adulto. En el caso de los y las jóvenes de 18 a 24 años, no será incompatible con los planes Progresar, que permiten terminar los estudios. La idea es sacar lo antes posible de la indigencia a los más jóvenes, explica Di Tullio. Su aprobación en el Senado parece asegurada, pero en la Cámara de Diputados dependerá de la disposición de los bloques opositores.

 

 

 

Mantantirulirulá

La semana anterior, la intimación provino de Horacio Rosatti, en el encuentro de jueces de tribunales orales, que presidió en Catamarca junto con Carlos Rosenkrantz. Esta semana, fue el turno de Ricardo Lorenzetti. Rosatti habló en tono de amenaza. En cambio, El Loro dijo que respetaba institucionalmente al Senado de la Nación, pero que no veía conveniente aumentar de 5 a 15 el número de miembros de la Corte Suprema. Agregó que proponían el incremento los mismos que habían impulsado la reducción, de 9 a 5, entre ellos CFK. “O estaban equivocados en aquel momento o en este. Tratemos de ser estables, porque si no se genera mucha incertidumbre”, opinó. Cuando Alberto o Cristina hacen conocer sus reflexiones sobre el funcionamiento del Poder Judicial se desploma el cielo como si se tratara de una herejía intolerable. Pero los jueces se permiten pontificar sobre la oportunidad y conveniencia de las decisiones de los poderes de elección popular, como si fueran seres de una calidad superior. Sin embargo, Lorenzetti no se distingue por sus argumentos constitucionales sino por su astucia política. Su principal estilete fue advertirle a Cristina que, si ella consiguiera convertir en ley el proyecto de ampliación impulsado por los gobernadores, “supongo que porque no les gusta la Corte actual” [insidiosa forma de sugerir que el proyecto se inspira en otros intereses], los nuevos cargos “los va a ir cubriendo el gobierno que viene. Hay que tratar de tranquilizarse y pensar institucionalmente qué es lo que va a beneficiar o no al pueblo argentino”.

Mientras, prosiguieron las audiencias del juicio de Vialidad, en las que los defensores de Lázaro Báez redujeron a escombros el edificio conceptual erigido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y un concertado coro mediático. Por empezar, refutaron que Báez hubiera sido un cajero del banco de Santa Cruz que creó una empresa constructora tres días antes de la asunción presidencial de su amigo Néstor Kirchner. Fue durante años gerente general del banco Nación y comenzó en la industria de la construcción tres años antes de la asunción de Kirchner. Tampoco le pertenecen otras empresas que le atribuyó la pupila patagónica de Pepín Rodríguez Simón y Elisa Carrió, Mariana Zuvic.

Brenda Uliarte, en modo Ámbar.

La investigación por el fallido homicidio de la Vicepresidenta progresó con el desbloqueo del teléfono de su agresor, Fernando Sabag Montiel, cuyo contenido es analizado por la jueza María Eugenia Capuchetti. En el de Brenda Uliarte se encontraron contactos con el bloguero cordobés Eduardo Miguel Prestofelippo, El Presto, quien en los últimos años enfrentó procesos por amenazas a CFK y a Fabiola Yañez, luego de romper su relación política con Javier Milei. Por lo que el juzgado divulgó, no parece haber otro contenido que una relación sexual, que ella buscó a partir de la notoriedad pública del muchacho. Lo que más llama la atención es el acuerdo con un hacker para seguir los pasos de Prestofelippo, en lo que Uliarte llama un mini FBI.

 

El copito Orozco, con la copa Libertadores.

Más llamativa es una foto que el copito Sergio Orozco subió a las redes antisociales. Fue tomada durante su adolescencia. En la Bombonera vacía posa con su padre y un hermanito menor, alzando la copa Libertadores ganada por Boca, lo cual supone una relación de confianza con la dirigencia del club, que en aquel momento estaba en manos del operador judicial macrista y empresario del juego Daniel Angelici.

La posibilidad de cruzar las constancias de distintos expedientes retrocedió otro paso cuando el juez federal Daniel Rafecas, quien procesó a Claudio Herz por las amenazas a Cristina frente al Instituto Patria, rechazó la solicitud del senador Oscar Parrilli de unificar esa causa con la que se sigue a Jonathan Morel, de Revolución Federal, que aquella tarde del 21 de julio compartió el megáfono con Herz. Hasta la semana próxima ese expediente está a cargo del juez Julián Ercolini, el más próximo a Clarín y el más hostil a CFK.

 

 

 

 

 

 

Pichetto y Bullrich conducción

Un episodio impactante del giro a la derecha fue la irrupción de fuerzas federales en el conflicto provincial de Villa Mascardi. Sergio Berni y Miguel Pichetto calificaron de terroristas a los miembros de pueblos originarios que reivindican 40 hectáreas que consideran propias, de las que fueron desposeídos por entes oficiales y ciudadanos privados. Parece un chiste que declaren amenazada la soberanía por la recuperación de unas pocas hectáreas, al mismo tiempo que la tierra y el mar son colonizados por empresas trasnacionales, que extraen recursos sin mayor cuidado por las consecuencias ambientales.

Una ley de emergencia prohíbe los desalojos y obliga a legislar la propiedad comunitaria. Patricia Bullrich encabezó una movilización para estigmatizarlos. Cuando fue ministra de seguridad de la Nación, envió al mismo sitio a fuerzas de Prefectura, que en 2017 mataron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Desde 2019, el actual gobierno rehusó la solicitud de la administración provincial de enviar fuerzas federales, alegando que se trataba de un conflicto radicado en la Justicia provincial, por la presunta usurpación de tierras. Y durante la gestión en Seguridad de Sabina Frederic y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por Magdalena Odarda, funcionó una mesa de diálogo que impidió choques violentos aunque no alcanzó resultados definitivos.

Pero la semana pasada el ministro de Seguridad Aníbal Fernández anunció la creación de un comando conjunto de las fuerzas federales y coordinó con una jueza federal subrogante la emisión de una orden de desalojo, que se cumplió sin medir las consecuencias. El detonante fue la quema de un tráiler de la Gendarmería, que ninguna prueba vincula con la recuperación de tierras por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como era de prever, los hombres huyeron hacia la montaña por senderos que conocen mejor que nadie, y sólo fueron detenidas siete mujeres, varias con chicos de pecho y una con un embarazo de 40 semanas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a Buenos Aires, a 1.600 kilómetros de distancia, pretextando que no había establecimientos federales para alojarlas en la zona, se las incomunicó aun de sus defensores, pese a la protesta de la ministra de las Mujeres, Genero y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien presentó su renuncia ante este atropello. Antes había denunciado la grave violación a los derechos humanos en una entrevista radial. El traslado a una unidad federal no pudo realizarse sin la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual refuta la versión angelical del ministro Fernández de que sólo cumplía órdenes de la jueza.

Fernández también pretendió que los efectivos no portaban armas letales. El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche lo desmintieron y publicaron fotografías de las tropas de elite con armas largas.

 

 

La desmentida al ministro Fernández.

 

 

Esa habitual explicación del Poder Ejecutivo sobre las órdenes de la Justicia que no puede incumplir es insostenible, sobre todo ante la imprecisión e impertinencia de la comunicación judicial. La jueza federal subrogante de Bariloche, María Silvina Domínguez, ordenó “hacer cesar el delito”, en el expediente FRG 16149/2022 caratulado “s/incendio y atentado contra la autoridad”. La orden se mantuvo en secreto y no dice a cuál delito se refiere. El incendio ya se había extinguido, la usurpación no es de competencia federal y se tramita en la Justicia provincial. En la carta de renuncia, que podés leer aquí, Gómez Alcorta formula un reconocimiento al Presidente y a la Vicepresidenta y señala que en los debates que se procesaron públicamente en duros términos, “consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero”, en lo que constituye una afirmación de que no está adscripta a ningún sector interno del FdT.

Pero el desalojo en Villa Mascardi, las “detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales, me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político. Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”. Sin ignorar “la responsabilidad directa” de la jueza, entiende que era necesaria “una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional. En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado”. No había pasado un día antes de que la jueza que dispuso esa barbaridad la rectificara, ordenando el arresto domiciliario de las mujeres. ¿Alguien puede creer que fue por iniciativa propia? Aun así, negó la excarcelación de esas presas políticas, que no tienen antecedentes penales y que fueron detenidas por delitos excarcelables. Un recurso de hábeas corpus presentado por el director de litigio del CELS, Diego Morales, exigió que no se repitiera en el regreso el «evidente disciplinamiento y desprecio por las cuatro mujeres mapuches», que en el primer traslado fueron sometidas cinco veces a requisas invasivas, desnudos totales, saturación de escenas de registro, y discusión, esposadas y encadenadas».

 

 

Foto Chino Leiva, Río Negro.

 

 

 

 

 

Muchos machos muy malos

Rápido para calificar de terroristas a los mapuche, Berni fue incapaz de prever las consecuencias de las medidas dispuestas por su ministerio en el estadio de Gimnasia, en medio del bosque de La Plata, para el partido con Boca. El ministro se lavó las manos y señaló como responsables de los graves incidentes a quienes organizaron el partido y los hinchas que intentaron ingresar sin entradas. Sus tropas agredieron con gases lacrimógenos y balas de goma a los simpatizantes del club local y a periodistas que registraban la situación, como cuenta en esta misma edición el periodista Gabriel Fernández, que estuvo allí. Berni estaba dedicado a su actividad principal en una señal de cable de la Capital Federal. Cuando terminó de entender que la participación de sus subordinados era inocultable, en modo panelista dijo que la policía resolvió la situación de la peor manera e imaginó que se trató de una trampa en su contra por haber relevado a la anterior cúpula policial de La Plata. Es decir, Berni como observador y/o víctima. Un maestro.

El jefe de los oportunistas, Fernando Navarro, aprovechó para responsabilizar al gobernador Axel Kicillof, quien puso un mínimo de sensatez, al anunciar la separación de la fuerza del policía a cargo del operativo y afirmar que “el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron”. En verdad, el dispositivo policial generó el gravísimo episodio de inseguridad. Lo que debe ponerse en cuestión es la idea misma de seguridad, la de repartir palos y tóxicos, que Berni expresa.

Los gases penetraron en el estadio y afectaron tanto a los jugadores como al público, que intentaba salir y se encontraba con las puertas cerradas. El espectador César Regueiro murió de un infarto. Su hermano, Juan Domingo Regueiro, afirmó: «La Policía tiraba a matar. Sin motivos, empezó a reprimir. Berni es un mentiroso, lo mató su policía». Otro hermano de la víctima, Oscar Regueiro, agrega que “he visto el estadio de Gimnasia mucho más lleno, no había 5.000 personas afuera, no hay videos que muestren una agresión con piedras a la policía”. La hija del hincha muerto, Estefanía Regueiro, desmintió la afirmación de Berni de que era cardíaco. “Nunca sufrió del corazón. Lo mató la policía. Estando en el piso descompuesto, no podía respirar y le tiraron un gas lacrimógeno al lado”, dijo. El club niega que se hayan vendido más entradas que las permitidas.

Cuando policías porteños hostigaron a Máximo Kirchner y otros políticos kirchneristas, el gobierno de la Capital Federal dijo en forma extraoficial que los policías fueron sancionados, pero no reveló quiénes eran ni qué castigo se les impuso. La provincia de Buenos Aires, en cambio, anunció en forma oficial el pase a disponibilidad del jefe y el subjefe del operativo, comisarios Juan Manuel Gorbarán y Alejandro Morínigo, y del oficial principal Fernando Falcón, quien disparó a quemarropa contra el camarógrafo Fernando Rivero. Ayer Gorbarán y Falcón fueron detenidos en sus domicilios.

La competencia entre Aníbal y Berni por ver quién es más rudo no aporta a la imprescindible serenidad de los ánimos en un momento de mucha crispación y angustia y contribuye al clima de ingobernabilidad y a la desestabilización que procuran los adversarios del gobierno. En la última semana de septiembre se difundieron en Santa Fe varios audios secuestrados en allanamientos al ministerio de Seguridad provincial, en una causa que se sigue a su ex titular, Marcelo Sain, por espionaje ilegal. Este es el contenido de algunas conversaciones del ex funcionario, de 2020 y 2021:

 

  • “Había una mina paseando el perro. La hicimos detener, la tenemos aquí enjaulada, con los perros y todo. No van a comer por tres días. Está llorando, por supuesto, la vamos a dejar llorando diez horas, doce horas sin comer y sin agua tampoco”.
  • «A las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel Caputo tenga un problema legal. Inclusive, en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo a trabajar esto, por favor” [Nahuel Caputo es accionista y CEO del diario El Litoral. Sain dice que recibió una instrucción en ese sentido del gobernador Omar Perotti].
  • “A mí me gusta a los hijos de puta cagarlos a trompadas u otra cosa”.
  • “La mariconeada de todo el progresismo putarraco de Rosario, cuando yo dije que había que cagarlos a tiros [a los narcos]. Me encanta, boludo, que el Guille [Canteros, uno de los detenidos que profirió amenazas contra los jueces] los recague a tiros”.

Cuando Perotti le pidió la renuncia, Sain pasó a desempeñarse como asesor de Aníbal Fernández. El Cohete consultó a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sobre la función que cumplía en el Ministerio y la opinión del ministro acerca de esas manifestaciones. Su respuesta textual: “Marcelo Saín fue nombrado en una unidad de trabajo en el Ministerio de Seguridad para utilizar la experiencia que obtuvo en su paso por Rosario, Santa Fe, para implementar políticas de persecución del narcotráfico en esa provincia. El ministro no escuchó y no tiene intención de escuchar esos audios y por lo tanto no tiene una opinión para comunicar”. La experiencia que Fernández menta no fue exitosa: la mancha de aceite narco no cesa de extenderse y los homicidios crecen sin pausa. El problema no empezó con Sain, pero tampoco pudo controlarlo.

Este concurso de compadritos le conviene a los practicantes sistemáticos y reivindicadores teóricos de la violencia represiva contra toda manifestación legítima de la sociedad, como Maurizio Macrì y Patricia Bullrich. Si se llevaran consigo a estos machos malos, le harían un favor al gobierno del Frente de Todos.

 

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí