Oídos sordos en Tucumán

Del hacinamiento y las torturas al fuego entre rejas en los pagos de Manzur

 

Cuando las llamas se consumieron, los bomberos de Concepción vieron cuatro cuerpos de mujeres calcinados que seguían abrazados. Eran Rocío Mikaela Mendoza, Yanet Saquilan, María José Saravia y Macarena Salinas, quienes fallecieron el pasado 2 de septiembre por asfixia en una celda de la Brigada Femenina de Concepción, Tucumán. Tenían entre 22 y 25 años y estaban encerradas por delitos cuyas penas van de 3 a 6 años. Hacía meses aguardaban su traslado a la única cárcel de mujeres de la provincia, la Unidad 4 de Banda del Río Salí, que se encuentra sobrepoblada.

Según la versión policial, el incendio se originó en la misma celda por la rotura de un foco de la luz –no aclararon si fue intencional– y las tres policías que estaban de turno se dieron cuenta tarde de que se prendía fuego. Las llamas no les habrían permitido llegar a donde estaban las presas y abrir la celda, que estaba cerrada por fuera con un candado. Los familiares de las víctimas sospechan de ese relato oficial y creen que las dejaron morir consumidas por el fuego. Señalan que pasaron alrededor de cuatro horas desde que se inició el incendio hasta que llegaron los bomberos y que, según los vecinos, los gritos de las jóvenes se escuchaban desde la calle. “Es imposible que no las hayan escuchado pedir ayuda ni se hayan dado cuenta del incendio porque el lugar es muy chico. Aquí hubo una intención de que murieran”, aseguró Javier Saquilan, hermano de Yanet.

La Brigada es una casa pequeña, reformada para sus funciones como dependencia policial. No estaba preparada para alojar presas de forma permanente. Las reclusas dormían en una habitación de 3×3 metros, convertida en celda, sobre colchones sucios tirados en el piso, no tenían cocina y compartían un baño precario. Según cuenta Javier, mientras su hermana estuvo presa esa celda llegó a alojar 17 personas, que dormían sentadas. La única puerta da a una recepción con un comedor, le sigue un patio interno y luego dos calabozos: el del incendio en el que murieron las cuatro jóvenes y otro de aislamiento que llamaban “la chancha”, donde había una quinta presa que salvó su vida.

No hay registros de que las guardias hayan pedido ayuda para apagar el incendio. Tampoco se pudo comprobar aún si permanecieron en la Brigada o se retiraron. Fueron los vecinos quienes al ver el humo y escuchar los gritos llamaron a los bomberos. El destacamento estaba ubicado a 200 metros. Sin embargo, cuando llegaron las llamas ya habían consumido parte del lugar. Días después se supo que la Brigada no contaba con colchones ignífugos, no tenía red contra incendios y ni siquiera había matafuegos.

 

Fueron los vecinos y no las guardias quienes al escuchar los gritos llamaron a los bomberos.

 

 

La primera de los familiares en llegar fue Virginia Santana, mamá de Rocío Mikaela. A pesar del cansancio por una larga jornada de trabajo en un comedor comunitario de Concepción, ese jueves preparó comida y cerca de las 17.30 salió acompañada de su papá para ver a su hija. Desde hacía ya ocho meses visitaba a Rocío a diario, sin importar las condiciones climáticas, el agotamiento ni los problemas que pudiera tener en su hogar. Sabía que si no iba su hija y las compañeras no comían. En la Brigada no las alimentaban, y como las familias de las otras reclusas vivían en otras ciudades, Virginia se encargaba de llevar de lunes a lunes comida para todas.

Desde que Rocío estaba presa Virginia dormía tranquila. Su hija había dejado de consumir drogas, había ganado peso y pensaba estudiar enfermería. Los cuatro años anteriores a su ingreso habían sido un verdadero infierno. La joven había pasado por varias internaciones sin éxito y las distintas dependencias del Estado hacían oídos sordos a los pedidos de acompañamiento de su mamá. “Yo estaba desesperada. Pasé por todas las oficinas y organismos estatales, ya no sabía a quién más pedirle ayuda. Cuando Rocío comenzó a robar para comprar droga yo le suplicaba de rodillas a la policía que la encerrara para que no se muriera. Antes de ir presa pesaba 39 kilos y ahora estaba en 69. Estaba saludable y con ganas de vivir”, contó la mamá a El Cohete a la Luna.

En el camino a la Brigada, Virginia se cruzó con una vecina que le contó del incendio. “Corrí dos cuadras. Cuando llegué estaba todo vallado, no me dejaron pasar ni me dieron información sobre mi hija. Sólo pude ver que la recepción estaba vacía y sin rastros de haberse quemado”, recordó.

Virginia pasó la tarde mirando el trabajo de los rescatistas, rezaba en silencio pidiendo que su hija fuera aquella única sobreviviente de la que hablaban los bomberos. Recién cerca de las 21 se enteró que Rocío había muerto. Fue a través de los medios de comunicación y las réplicas en las redes sociales: “Todos sabían que mi hija había muerto menos yo”. Los médicos del hospital de Concepción le confirmaron la lamentable noticia. En la entrada de la institución se cruzó esa noche a las policías que debían cuidar a su hija. “Estaban paradas afuera de la guardia. No tenían ni la ropa sucia, como para decir ‘hemos intentado salvarlas’. Cuando les busqué la mirada las tres agacharon la cabeza. Creemos que no estaban en el lugar en el momento del incendio o se hicieron las distraídas. Los vecinos nos dijeron que estaban paseando por la calle, como si nada, mientras se escuchaban los gritos de nuestras hijas que se quemaban vivas”, contó Virginia.

 

 

Sistema colapsado

El incendio de la Brigada Femenina de Concepción se enmarca en una problemática que lleva años en nuestro país: el sistema carcelario se encuentra colapsado. En 2020 la pandemia agravó la situación de sobrepoblación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado adoptar medidas para afrontar el hacinamiento, pero los números de personas privadas de su libertad continuaron en ascenso.

Esta cuestión no es nada reciente. En 2005, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación en la causa “Verbitsky” sentó un precedente de relevancia jurídica y trascendencia institucional para todo el país. El máximo tribunal consideró que la sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires afectaba los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física de las personas privadas de la libertad y reconoció que se trataba de una situación estructural, que se extiende al resto del país.

El sistema penitenciario de Tucumán no es la excepción. Matías Lorenzo Pisarello, de la organización Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), reveló a El Cohete que tiene una sobrepoblación de un 10 a un 20% por encima de su capacidad y que las comisarías y otras dependencias policiales –como las brigadas– alojan presos de forma permanente durante meses y hasta años.

En 2015, una situación similar a la de Concepción ocurrió en una comisaría de Yerba Buena. Dos presos murieron por asfixia en un incendio y otros 14 fueron internados por lesiones. Los detenidos encendieron un colchón en un calabozo durante una protesta en la que reclamaban el traslado a un penal y condiciones dignas de detención. La tragedia hizo que ese mismo año los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni presentaran un habeas corpus correctivo para que se ponga punto final al hacinamiento en cárceles y a la práctica de detención permanente en comisarías y otras dependencias policiales. La Corte Suprema de Tucumán lo aceptó y exhortó al Poder Ejecutivo a realizar diferentes acciones tendientes a mejorar las condiciones de detención de los presos. Además, intimó al Poder Legislativo a que pusiera en funcionamiento el Comité Local de Prevención de la Tortura, lo que hasta el momento no se hizo.

En 2015, los datos oficiales de Tucumán registraban 400 personas detenidas en dependencias policiales; hoy son cerca de 1.200. Se suma el agravante de que durante este período se clausuraron varias comisarías. Se triplicó entonces la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales y así el hacinamiento.

Pisarello alertó que el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, que comenzó a regir en septiembre de 2020, habilita procesos judiciales más rápidos, juicios abreviados, y generó un enorme aumento del número de sentencias y detenciones en el último año. “El sistema acusatorio que puso en vigencia el nuevo código quintuplicó las sentencias penales y dentro de poco las personas privadas de su libertad en la provincia van a ser tantas que no va a haber lugar para alojarlas”, advirtió.

 

 

El uso de la prisión preventiva

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) indicó en su último informe que “el uso sistemático de la prisión preventiva empeora la situación” del sistema carcelario argentino. Más de la mitad de las personas presas en el país no tienen condena firme. En tanto, las cifras de la Corte tucumana muestran que sólo desde febrero hasta agosto de este año se dictaron 1.407 prisiones preventivas, y se prorrogaron casi 1500. El abogado Benito Antonio Allende, representante de Virginia, marcó otra falencia del nuevo código: “ahora la defensa tiene que probar que el imputado no está en peligro de fuga, lo que va en contra de los acuerdos internacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Rocío había sido condenada en febrero, en un juicio abreviado, a cinco años de cárcel por robar un celular. Se trata de un delito que suele ser excarcelable. María José Saravia, de 25 años, a cuatro años por un hurto: había robado mercadería de un supermercado. Macarena Maylen Salinas, de 22, había sido sentenciada en marzo a seis años y ocho meses de prisión por robar una moto con un arma de fuego. Yanet Saquilan era la única que no tenía condena. Estaba procesada por maltrato infantil, delito que su familia asegura que no cometió, y tenía prisión preventiva desde agosto. Era madre soltera y vivía en Alberdi, a 32,5 kilómetros de donde estaba alojada. María José y Macarena también eran madres, de dos y un hijo respectivamente. Estás últimas eran amigas, vivían en la misma cuadra en el barrio Los Vázquez, en la capital tucumana. Ambas, además, padecían adicciones.

 

 

Macarena Salinas, María José Saravia, Yanet Saquilan y Rocío Mendoza.

 

 

La Corte tucumana determinó en 2015 que el alojamiento en dependencias policiales no puede ser permanente y que una vez que la o el detenido recibe su condena debe entrar en el sistema penitenciario. En las dependencias, que son lugares de tránsito, sólo deben permanecer 24 horas, el tiempo que transcurre entre que la persona es aprehendida y que la presentan a declarar. Después deberían ser llevadas a un lugar de alojamiento para quienes aún no han sido condenados, como son las Alcaldías. Sin embargo, esto no se cumple. “De las cuatro mujeres que fallecieron, tres dependían del Centro Judicial Capital, que tiene asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es decir que estaban a 100 kilómetros de donde debían cumplir sus condenas, ya hace varios meses. No estaban recién privadas de libertad o atravesando un proceso judicial”, explicó Pisarello.

 

 

Abuso de poder

Cuatro días antes del incendio, Rocío le pidió a su mamá que hablara con el abogado para que insistiera en su traslado. Le dijo que en la Brigada “ya no se sentía segura”. Virginia la entendió porque había sentido en carne propia el maltrato de las agentes en más de una oportunidad. “Me provocaban para que me enoje y así agarrársela con ella, que estaba encerrada”. Contó también que le pedían plata para cuidarla, en medio de amenazas y que hasta les cobraban a las reclusas 2.000 pesos la hora para usar un celular. “Cuando yo la iba a ver, a veces no me recibían las cosas o me tiraban la puerta en la cara y me decían que estaba castigada. Nunca quise contarle a la jefa la violencia que tenían por miedo a que se la agarren con mi hija y al final fue lo mismo”, dijo.

Por su parte, Javier afirmó que Yanet le contaba que “las guardia-cárceles les pegaban, las castigaban, no les daban de comer. La única que salía de la celda era la chica que sobrevivió”. Y añadió: “Insisten con que las chicas salían todos los días al patio a las 17 pero es mentira, si no ¿por qué no lo hicieron ese día? El incendio fue a las 17.30 y estaban en la celda”. Las primeras autopsias revelaron golpes, moretones y contusiones en los cuerpos de varias de las jóvenes. Se investiga si fueron víctimas de prácticas de tortura. La jefa de la Brigada y tres efectivas fueron pasadas a disponibilidad después del hecho.

La causa quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de Concepción. Allende contó a este medio que el fiscal le adelantó que en los próximos días imputaría a las policías por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Por el contrario, el abogado considera que hubo “dolo”, es decir la voluntad deliberada de las mujeres de no salvarlas, o como mínimo el delito de abandono de persona. “La Brigada es una dependencia muy chica y no hay forma de que el fuego se haya extendido sin que ellas lo hayan percibido. No se trata de incumplimiento, aquí hubo una intencionalidad”, dijo.

Si se comprueba que la muerte de Rocío Mikaela Mendoza, Yanet Saquilan, María José Saravia y Macarena Salinas no fue un accidente, dejarlas morir constituye un delito del que no sólo serán responsables las agentes a cargo de la custodia sino también la Justicia y el Estado por ignorar sus derechos a una vida digna, aún tras las rejas.

 

 

 

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