Orden de matar

A una semana de la entrada en vigencia de la habilitación para el uso de armas de fuego

 

El fiscal Ricardo Sáenz tiene antecedentes conocidos. Uno de los más recordados es su intervención en la defensa de las leyes de Obediencia Debida y Punto final: las declaró constitucionales en 2003 en las puertas de la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Esta semana encabezó una charla informativa en el Departamento Central de Policía, con cupos limitados, destinado a los jefes de la fuerza. El seminario fue muy difundido. Saénz recibió un reconocimiento. Y resultó el primer hombre de la Justicia convocado para informar, léase bajar línea, sobre el nuevo Reglamento de uso de armas de fuego del Ministerio de Seguridad.

 

 

Está claro que el reglamento denunciado por todos las organizaciones defensoras de derechos humanos y que tuvo voces disidentes en el espacio de gobierno, procura debilitar el control judicial sobre las fuerzas, contraría los estándares internacionales de excepcionalidad del uso de armas de fuego y en esa línea ordena el uso letal aún en la huida, inscribiendo el disparo como actuación en cumplimiento del deber. Ese es el eje de lo que vino a cambiar el Reglamento. La orden de matar y el amparo al homicidio. La presencia de Sáenz en el primer seminario informativo le da tal vez otra vuelta de tuerca: permite pensar al nuevo Reglamento también como el reingreso de la doctrina de la obediencia debida.

¿Qué dijo Sáenz? Dijo que el Reglamento no era novedoso, porque está basado en normativas de Naciones Unidas. El mismo argumento repitió el ministerio desde la publicación del documento. Ambos se refieren al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley sancionado por la ONU en 1979, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, pero que dice todo lo contrario de lo que sostiene el protocolo porque insiste en la idea básica de la excepcionalidad. Como explicó el CELS la semana pasada, la resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma.

Sáenz mencionó varios escenarios. Pero a partir de las preguntas de la sala, habló especialmente de un punto caliente: la evaluación de «peligro inminente». La resolución ata el uso del arma de fuego a una amplia gama de escenarios posibles bajo el considerando del «peligro inminente». Esos escenarios son variados. Y en uno de los puntos controvertidos obliga a dispararle a una persona en la fuga, es decir cuando el peligro ya pasó. Según la resolución, «cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves».

Sáenz no lo cuestionó. Y avanzó a modo de clase abierta en la evaluación de variaciones posibles. ¿Qué pasa si quien delinque, por ejemplo, tira el arma en la huida antes de que se haya producido el disparo del policía?, preguntó. ¿Qué pasa con el protocolo en una toma de rehenes? ¿Qué pasa si le el supuesto delincuente apunta a una persona, y un policía a su vez lo tiene en la mira? ¿El policía debe disparar?

—¿Debe hacerlo? —le pregunté a un participante.

—Hasta ahora, en ese caso, no disparábamos.

—¿Ahora?

—El reglamento parece obligarte.

El seminario de Sáenz no fue un episodio aislado. Está dentro de una línea programática organizada por el ministerio que ahora avanza en la instrucción a los hombres de las cuatro fuerzas para tornar operativa la nueva resolución. En la elaboración del documento participaron, de hecho, integrantes de los equipos Jurídicos de Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeronáutica. Y son esos equipos quienes ahora diseñan los cursos. Sáenz habló en ese contexto. Y fue una de las actividades anunciadas por quienes trabajan detrás de escena del ministerio.

 

 

Uno de los difusores fue la persona que escribió el reglamento. Se llama Fernando Soto, es abogado y tiene una larga trayectoria entre la policía. Es la persona que la ministra Patricia Bullrich puso además a defender al policía Luis Chocobar.

 

 

Según pudo saber El Cohete a la Luna, Soto escribió íntegramente el texto después de las consultas y se lo pasó a la ministra. Ella no cambió nada. Y lo firmó. El nombre de Soto ahora aparece como parte de las firmas. Rastrear sus pasos en el ministerio es importante, no porque importe específicamente su persona sino porque su rol muestra uno de los mecanismos burocráticos que fue construyendo el ministerio para proteger la actuación de uniformados que salieron a ejecutar personas en los últimos años. Y también porque el reglamento que escribió intenta ahora legalizar esa actuación para el futuro.

Soto es un penalista con alta circulación en programas de opinión. En 1998 fue abogado de Norberto Oyarbide en el escándalo de Spartacus, y más tarde actuó como representante de un grupo de víctimas de Cromañón que pedía la destitución de Aníbal Ibarra. Los policías lo conocen de cerca porque es profesor de Prevención Sumaria en el Instituto Universitario de la PFA. Ahora es director de Proyectos, Evaluación y Redacción de Leyes y Decretos del ministerio de Seguridad, donde defendió políticas, agendas y casos calientes.

Su Twitter es una vidriera a esos temas. Allí celebró el despliegue de los 22.000 efectivos del G20. Pero también puede publicar cuadros de Dalí, eventos de masonería o aplaudir a una larga hilera de camareros en un servicio de mesa cautivado por ese aire de disciplina militar. Pero con el Twitter también actuó como operador del Reglamento. Publicó entrevistas, discutió con quienes aseguran que es cheque en blanco para matar y machacó sobre los artículos que marcan la supuesta sintonía con los protocolos de la ONU. Allí celebró a @PatoBullrich frente a las críticas de Lilita Carrió. Puso que Macri avaló el Reglamento. Replicó notas como esta: Apoyo mayoritario al flamante reglamento de seguridad. Y exhibió eufórico la respuesta de las redes a la palabra Protocolo.

 

 

Su actuación en el detrás de escena de los casos comenzó en marzo de este año, con una resolución introducida en el expediente Maldonado. El ministerio lo nombró como apoderado en la causa que investigaba la desaparición forzada. Su rol tenía dos objetivos. Por un lado debía impulsar el cambio de carátula, un problema para la imagen argentina en el plano internacional. Y en sintonía con ese objetivo debía perseguir judicialmente a quienes habían impulsado la causa.

Este documento aún permanece en el archivo del periodista Sebastían Premici, autor del libro Santiago Maldonado: un crimen de Estado.

 

El ministerio de Seguridad nombra a Soto en la causa Maldonado para pedir el cambio de carátula.

 

«Cuando el gobierno le pidió a Lleral cambiar la carátula, mandaron las resoluciones de designación de Soto. Acá lo instruyen además a denunciar a cualquiera que haya hecho acusaciones al ministerio vinculadas al caso Maldonado —dice Premici—: es decir era la persona designada por el ministerio con resolución y todo para perseguir judicialmente a todo el que haya denunciado a Bullrich».

Como se sabe, al comienzo no tuvo suerte con el cambio de carátula. Pero antes de la cumbre del G20, Soto festejó: el juez Gustavo Lleral cerró el expediente de hábeas corpus.

 

 

 

A esta altura se sabe todo lo que no hizo el juez Lleral. No tuvo en cuenta la violencia del operativo represivo. No analizó la política del ministerio dirigida específicamente a embarrar el escenario. No tuvo en cuenta la defensa institucional a los gendarmes, con presentación de hipótesis descabelladas como el puestero de Chile. Tampoco la exhibición de «sumarios internos», según los cuales todo se había hecho bien a pesar de haber recurrido a piedras para agredir a los manifestantes. Ni tampoco evaluó la persecución a testigos de la causa.

Soto fue uno de los arquitectos de esa política. Cuando los familiares de Santiago Maldonado denunciaron a Gonzalo Cané por espionaje ilegal, él se presentó en el juzgado de Daniel Rafecas para pedir ser querellante e imputó a los denunciantes. Además de la familia, también a la abogada Myriam Bregman.

Luego apareció en otro caso: como codefensor del Prefecto Francisco Javier Pintos, investigado por el disparo de la 9 mm que mató por la espalda a Rafael Nahuel. En este caso acompañó a la abogada de Prefectura, Anabella Ethel Schmidt. En el contexto de ese caso, se le oyó a Macri aquello del «hay que volver a la época donde la voz de alto significaba entregarse«, leído hoy en diálogo directo con la última reglamentación.

Finamente apareció con Chocobar. Chocobar no integra la policía federal sino la policía municipal de Avellaneda. Un dato que parece un detalle, pero en realidad es importante.

 

 

 

El abogado de Luis Chocobar es Rubén Melazo. Pero en el ministerio aseguran que el verdadero abogado es Fernando Soto. Y ahí hay un mensaje.

Cada fuerza de seguridad tiene un equipo jurídico. El equipo defiende institucionalmente a su gente. Un policía de la Federal era defendido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal, siempre y cuando la falta se haya cometido en cumplimiento del deber. Durante la gestión de Nilda Garré, ese tipo de defensas se supervisaron de cerca para que las defensas se hicieran exclusivamente en casos, a priori, adecuados. Hasta ahora no había sucedido lo que ocurre con Chocobar. El Ministerio no defendía ni a un policía bonaerense ni a un policía municipal. Que ahora asuma la defensa técnica de cualquier policía parece descabellado. O parece un mensaje. Es posible que hayan comenzado a hacerlo para subrayar institucionalmente que toda bala disparada por un policía está bien tirada. Y que van a defenderlo.

 

 

Esa es la emisión del mensaje. Pero todavía no es clara la recepción. En la Ciudad de Buenos Aires, el juez Andres Gallardo frenó la aplicación del reglamento. La medida fue apelada esta semana por el trípode integrado por el ministerio, gobierno de la Ciudad y Procuración porteña. El bloque de Unidad Ciudadana del Congreso elaboró un proyecto de Ley para frenarlo. El proyecto prohíbe expresamente el uso de armas de fuego en fuga y aunque la reglamentación no habla del supuesto de manifestaciones, el proyecto aclara que tampoco se podrá disparar en esos ámbitos. A Dios gracias. En este caso, como ocurrió con el 2×1, el proyecto también se propone como una aclaración de la Ley de Seguridad Interior, con eje en el Reglamento de Naciones Unidas: «Lo que estamos planteando es que el texto del Protocolo de la ONU sea el texto de la Ley —dice la diputada Mónica Macha—, es decir, incluir eso que ya está, que Argentina acompaña y firmó y que es absolutamente todo lo contrario a lo que plantea Bullrich».

Pero el impacto político más importante vino de la provincia de Buenos Aires. Dicen en el ministerio que fue un golpazo que Provincia se niegue a suscribir el protocolo. Y lo dijo Vidal cuando dijo que no lo necesitaban porque estaba pensado para las Fuerzas Federales. Lo dijo Cristian Ritondo cuando dijo que no todas las policías están preparadas para el libre albedrío. Y lo hundió Santiago Cantón cuando dijo que no respeta los principios de Naciones Unidas. No contenta con eso, la ministra salió esta semana de gira por la provincia para recoger adhesiones entre intendentes.

 

«Nosotros estamos con los intendentes, que conocen los problemas del día a día», dijo Patricia Bullrich esta semana en Lanús.

 

Otro de los datos negativos de recepción está marcado por el cuadro de las redes sociales ya mencionado.

 

 

El cuadro muestra un pico efectivamente positivo durante la instalación del tema. También una curva alta de humor negativo. Pero como señala el especialista Diego Llumá, son dos curvas que se juntan cuando el tema aparece candente y eso muestra, en realidad, que cuando el escándalo es alto, la visión negativa es mayor: las curvas vienen de un recorrido más largo donde aparecían más separadas.

Pero lo malo tampoco termina ahí. Uno de los policías que viene del Cuartel Central llega desconfiado. Escuchó a Sáenz. Incluso le parece serio. Y sincero. Lo escuchó hablar de las hipótesis. Y cuando dijo que ahora iban a estar protegidos incluso si deciden disparar ante un arma de juguete. El policía escuchó. Y luego dijo: Para mí es proseletismo. Y dijo tres cosas más:

1. Que no les gusta disparar, que más que premio es un castigo.

2. Que el protoloco necesita entrenamiento. Y el entrenamiento, presupuesto. Que es lo que no hay. Que hoy oficiales y suboficiales tienen una práctica de tiro de 25 disparos al año. Y que:

3. El ministerio puede decir lo que quiera, pero después está la ley.

—Acá te quieren convencer de que si disparás va a estar todo bien, pero sabemos que después vienen los jueces. Que además, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Por eso te digo —subraya—, acá es como dice Nietzsche: los hechos no existen, sólo existen sus interpretaciones.

 

 

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