Otra victoria de Diana y Lohana

Se sancionó la Ley de Inclusión Laboral para la población Trans, Travesti y Transgénero

 

En una calle de Laferrere, partido de La Matanza, un grupo de travestis se para frente a una cámara con un mensaje para la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es febrero de 2011 y quien lleva la voz cantante es Diana Sacayán. “Nos hemos reunido y hemos creado un proyecto cooperativo. Le pedimos que intervenga para que se nos otorgue un lugar donde empecemos a trabajar y tengamos ese restaurante que soñamos”, dice. Cuando termina, sus compañeras la felicitan y ella sonríe con ilusión. Era la gesta de la cooperativa “Sylvia Rivera”, la primera cooperativa trans del distrito y la segunda del conurbano, que incluía a más de 50 travestis. Pedían ayuda al Estado, convencidas de que un trabajo formal las sacaría de la vulnerabilidad en la que vivían. Un año después, cuando se sancionó la Ley de Identidad de Género, Sacayán fue una de las primeras que planteó la necesidad de una nueva ley que hiera el núcleo de la desigualdad y sostuvo la necesidad de un cupo. Casi diez años más tarde, se sancionó en Argentina la Ley de Inclusión Laboral para la población Trans, Travesti y Transgénero, que lleva su nombre y el de otra histórica referente: Lohana Berkins.

Tan pronto el tablero del Senado marcó 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, desde los balcones del recinto comenzaron a escucharse cánticos que incluían los nombres de Diana y Lohana. Eran las voces de las activistas travestis y trans, por primera vez copando el Senado y agitando banderas del orgullo trans. Entre ellas estaba Alba Rueda, la primera funcionaria trans de alto rango del país, quien se desempeña como subsecretaria de políticas de diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Puertas afuera del Congreso se vivía una escena similar: bengalas de colores y purpurina enmarcaban la celebración. Diana, quien fue asesinada en 2015 por ser travesti, se reflejaba en la cara de felicidad de cada una de las militantes.

Hasta el momento no existen datos oficiales de cuántas personas trans viven en el país pero sabemos que más de 9.000 hicieron el cambio de DNI. Pero no son todes, se trata únicamente del 20% porque varies no están de acuerdo con el binarismo hombre/mujer y desean que se les reconozca como identidades trans. Otres encontraron obstáculos para realizar los trámites por ser migrantes o no tener acceso a información. El informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, desarrollado por un grupo de organizaciones que incluye al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo para la Diversidad (COPADI) y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), entre otras, reveló hace tres años que el 90% del colectivo trans no tiene acceso a un trabajo formal. Como consecuencia, 6 de cada 10 mujeres trans y travestis están vinculadas al trabajo sexual sin elegirlo.

La ley sancionada el pasado 24 de junio determina que el Estado nacional debe garantizar un mínimo del 1% de su planta para personas travestis, transexuales y transgénero. Además promueve las contrataciones en el sector privado con una serie de incentivos económicos y prevé obligaciones de “no discriminación” en el acceso a los puestos de trabajo.

 

 

Teniendo en cuenta que el colectivo trans vivió siempre en los márgenes: ¿Cómo le cambia la vida a una persona acceder a un trabajo cuando vivió siempre en la informalidad? ¿Qué significa poder tener por primera vez estabilidad laboral, una cuenta en el banco o una obra social? ¿Cómo se adapta al nuevo entorno laboral? Con la nueva ley además se abren nuevos interrogantes: ¿Se van a repensar las licencias de les trabajadores para que incluyan cuestiones como la transición de género?, ¿Cómo serán las jubilaciones trans? ¿Deberán aportar 30 años cuando no tenían acceso al trabajo formal? ¿O deberán esperar a los 60 o 65 para jubilarse cuando su actual expectativa de vida es de 35 a 40 años?

 

 

Entrar en la formalidad

Desde 2017, la activista travesti Lara María Bertolini celebra cada 13 de marzo como una conquista. Se trata del día que entró a trabajar al Ministerio Público Fiscal, dirigido entonces por Alejandra Gils Carbó. Gracias a un escrito que hizo sobre el blindaje de la ley de cupo laboral travesti trans en la Provincia de Buenos Aires –sancionada en 2015 y reglamentada recién en 2019– fue convocada a una entrevista y comenzó a trabajar en la Fiscalía Federal de la Seguridad Social Nº 1. Su vida desde entonces dio un vuelco. Un mes después, cuando fue al cajero electrónico y vio que le habían depositado su primer sueldo, se puso a llorar. “Estuve 25 años sin trabajo, recorrí el camino de la prostitución forzada por el desentendimiento del Estado y sufrí la persecución policial. Pude cambiar por motu proprio a ser modista y comencé a estudiar derecho. Cuando tuve un trabajo formal logré acceder a una vida mucho más tranquila, pude pagar un alquiler y acceder al sistema de salud”, contó a El Cohete.

El Ministerio Público Fiscal fue una de las primeras instituciones del Estado en donde se aplicó el cupo laboral trans sin que rigiera aún una ley, además con un acompañamiento y contención de les ingresantes. La experiencia se replicó en 2019 con la reglamentación del cupo en la Provincia de Buenos Aires y cuando el Presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 721, en septiembre del año pasado, que estableció el cupo laboral en el Sector Público Nacional. Según datos oficiales, desde ese momento hasta el 30 de marzo último 87 travestis y trans ingresaron a trabajar en la administración pública y más de 4.000 ya se inscribieron con deseos de hacerlo.

 

Lara Bertolini ingresó al Ministerio Público durante la gestión Gils Carbó.

 

“Cuando tenés un trabajo formal todo cambia. No es algo mensurable”, explica Marlene Wayar, histórica activista trans y una de las fundadoras de la Cooperativa Textil Nadia Echazú. “Es enorme el peso que dejás de sentir sobre tu cabeza y el desagotamiento mental cuando sabés que vas a tener resueltos tus gastos básicos y que no tenés que salir ni a pasar frío ni a que corra riesgo tu vida. Después tomás conciencia de que podes acceder a los servicios de salud y te parece increíble”.

Pero esos beneficios, que aún no alcanzan a la mayoría, vienen acompañados de cambios drásticos a los que hay que acostumbrarse. Wayar, que es psicóloga social, señaló que en ocasiones un empleo formal lleva aparejada “cierta incomodidad” y es un desafío porque “tenés que levantarte temprano y andar con la gente en la calle. No estamos acostumbradas y acostumbrados a subir temprano a un subte lleno de heterosexuales mirones que te escrutan de arriba abajo. Empezás a sentir que sos tan visible como un famoso, nada más que vos tenés dos pesos con cincuenta en el bolsillo”.

En su experiencia, Bertolini contó que el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) tuvo un rol fundamental en su inserción laboral. “Me ayudó porque tener un trabajo formal no es solamente tener una tarjeta de débito, es mucho más. Implica insertarnos en la sociedad. La palabra inclusión no está bien usada en este caso, debemos hablar de inserción. Hay algo nuevo que entra en el sistema de trabajo. Primero se inserta y de ahí después se produce la inclusión. Sino la inclusión borra todo el camino problemático de lo que es la inserción”, destacó.

Ambas activistas resaltaron la necesidad de que las personas trans se sientan acompañadas en esta nueva etapa. “Se debe hacer un seguimiento, desarrollar un espacio terapéutico. Cuando tenés un trabajo formal te enfrentás a contextos que desconoces. No contás con las herramientas para sentirte segura en las nuevas tareas. A veces no sabés hacer algo tan sencillo como sacar una fotocopia, porque nunca lo hiciste, y te da vergüenza decirlo y preguntar. Creés que se van a reír de vos. Estamos liberadas a la intemperie de nuestra propia mente y de todos los fantasmas que nos han metido, entonces hay que trabajarlo”, explica Wayar.

 

Marlene Wayar: “Cuando tenés un trabajo formal todo cambia”.

 

Mea culpa estatal

Entre los puntos más interesantes de la ley se encuentra la exclusión de los antecedentes contravencionales y penales como requisitos para la contratación de las personas travestis, trans y transgénero. El Estado reconoce que se trata de una población perseguida durante años por las fuerzas de seguridad y marginada por la sociedad.

El espíritu de la ley advierte que existe una violencia estructural contra este grupo, expresada en su forma más extrema en los travesticidios o transfemicidios. “No podemos llegar a un trabajo formal porque nos asesinan o nos expulsan. Con esta ley el Estado se hace responsable. No reconocer los antecedentes penales para las postulaciones viene a colación a que el mismo Estado creó formas persecutorias para la población trans, como los edictos policiales”, destacó Bertolini.

La ley no implica un subsidio sino el reconocimiento de un derecho: el de acceso al trabajo. La jurista afirmó que “no se trata de reparación, como dicen muchos legisladores equívocamente para lavar culpas de tanto daño y tanta persecución que ha hecho el Estado, sino del reconocimiento de un derecho fundamental que es trabajar”.

Lo mismo ocurre con el nivel educativo: no será requisito para acceder a los empleos aunque se pedirá que continúen con los estudios necesarios para el puesto ocupado. El Estado no puede exigirlo cuando, por la vulnerabilidad del colectivo, la mayoría de las personas trans no llegan a completar el secundario a causa de la discriminación o porque son expulsadas de sus hogares a corta edad y deben salir trabajar.

La ley busca además crear líneas de crédito específicas y con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos de personas travestis, transexuales y transgénero, como las cooperativas que se sostienen en el conurbano desde hace más de una década.

Otra cuestión importante es que da paso a la legalidad económica. “La economía travesti es una economía ilegal porque estamos en la ilegalidad absoluta respecto de cómo obtenemos nuestro dinero, de dónde nace, de qué actividad emerge y cómo se invierte y se vuelca a la economía”, remarca Bertolini.

La posibilidad de un trabajo formal habilita también a pensar en una jubilación especial para las personas trans. El Estado tiene como nuevo desafío resolver cómo podrán retirarse personas que no llegan a los 30 años de aportes y que no se insertaron antes al mundo del trabajo. Si la expectativa de vida de las personas trans es hoy de 35 años, vale pensar además en la dificultad de que lleguen a los 60 o 65 para jubilarse. “No podemos jubilarnos a esa edad porque no te dan las matemáticas, tampoco con 30 años de aporte. Yo soy una sobreviviente, tengo 51 y me tendría que jubilar a cajón abierto. La corta expectativa de vida de nuestra población fue reconocida por la ley y por el decreto presidencial previo. La jubilación además no debería incluir una moratoria si recién ahora salió la ley del cupo”, explica Bertolini. Agrega que por haber estado excluidas no debería corresponderles la mínima: “Hace cuatro años que estoy trabajando y todos los años califico con 10 en los exámenes del Ministerio. Si mis posibilidades hubieran sido las de cualquier otra persona me jubilaría como el escalafón superior”.

 

Travestización de las instituciones

“El mundo transodiante se empieza a terminar”, anunció Wayar tras la sanción de la ley. La activista apuntó que la apuesta ahora es “que las instituciones se travestisen, que dejen de ser puramente heterosexuales. Necesitamos llegar a los trabajos formales pero también a las universidades y a otros ámbitos en los que estamos excluidas. También que se nos incluya por ejemplo cuando se piensa en las licencias por hije o por enfermedad y en las coberturas de las obras sociales. La ley es el primer paso”.

En igual sentido, Bertolini aseguró que la ley es la puerta lateral a “los derechos que han sido aún restringidos por la Ley de Identidad de Género, por la falta de compromiso emocional de la sociedad o por la falta de compromiso político de los partidos”.

Respecto a la idea de reparación que se vincula a la ley, Wayar señaló que lo más importante es que “repare en términos a futuro, que se construya historia a futuro y que les niñes y les jóvenes tengan asegurado que esta sociedad realmente está convencida de cambiar sus paradigmas de relaciones para con elles”. Asimismo, remarcó que es imposible una reparación para las generaciones más grandes. “No nos van a devolver la vida de nuestras compañeras muertas, asesinadas y conducidas hacia la muerte y, por otro lado, la vida de quienes hemos sobrevivido tampoco se recupera. ¿Cómo van a devolverme el viaje de egresados a Bariloche con mis compañeros del secundario que nunca tuve? ¿Cómo me devuelven los años de humillación y violencia por parte de la policía? La única manera que este país tiene de resarcirme es dejándome con la plena seguridad de que les niñes no van a ser sometides a las mismas condiciones de vida a las que hemos sido sometidas nosotras”.

La ley de cupo parece ser el puntapié inicial para que la excepcionalidad de tener un trabajo formal comience a desaparecer y las personas travestis y trans tengan un mejor horizonte de posibilidades, que implique algo tan importante como alargarles la vida.

 

 

 

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