El show punitivo del Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de inaugurar una nueva función. Se trata de la ampliación del régimen de alto riesgo implementado en el Servicio Penitenciario Federal, ahora para alojar a mujeres a las que se atribuyen “funciones ejecutivas y de conducción” en organizaciones criminales. La normativa prescribe condiciones extremas de encierro, “con perspectiva de género”.
El Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva anunció la ampliación del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, como se llama, a través de la Resolución 878/2026 publicada el 6 de septiembre en el Boletín Oficial. La nueva unidad se encuentra dentro de la cárcel de Ezeiza.
Las presas fueron exhibidas en fotografías, esposadas, con cascos y chalecos, rodeadas por guardiacárceles. “Tenerlas en una cárcel común no alcanza”, proclamó Monteoliva. Las ostensibles medidas de seguridad, sin embargo, no respondieron más que al show, porque las detenidas ya se encontraban dentro de la cárcel.
“El régimen es de encierro durante casi todo el día, en aislamiento. Las presas no tienen ninguna actividad y desde el traslado se interrumpieron todas las comunicaciones con la familia y con los defensores”, dice el abogado José Nanni, quien asiste a Lucía Estefanía Uberti.
La explotación publicitaria de la supuesta mano dura se había verificado en los traslados previos de presas en cárceles de Santa Fe a Ezeiza. Fueron los casos de Triana Abril Cantero, el 25 de septiembre de 2025, y de Mariana Cantero, el 5 de abril de 2026, con despliegue vistoso de móviles y efectivos y teatralizaciones del Servicio Penitenciario Federal.
Triana Cantero tenía 64 gramos de cocaína fraccionada al ser detenida el 6 de marzo de 2024 en el barrio 17 de Agosto, de Rosario. El juez Gonzalo Fernández Bussy la imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautora, y dictó su prisión preventiva sin plazos. A los 19 años, Triana comenzó entonces su tránsito por regímenes de aislamiento; la cantidad de droga que le secuestraron era menor, por lo que parece haber pesado otro argumento en su contra: ser hija de Ariel Máximo “Guille” Cantero, el referente de la banda Los Monos.
“No es el único caso. Hay otras mujeres con condiciones de detención agravadas por ser esposas o novias de ciertos presos. Las condena el apellido”, apunta Nanni. La abogada Fiorella Pozzo confirma esa observación: “El sistema valora las vinculaciones familiares de las mujeres o las relaciones afectivas con varones de renombre en el delito, independientemente de las conductas que tuvieron. También hay mujeres a las que se reconocen cierta capacidad de agencia por sí mismas”. Se agrega la ley de organizaciones criminales, que iguala las responsabilidades de todos los integrantes al margen de la participación que tuvieron en los delitos.
Mariana Cantero es hermana de “Guille” Cantero y fue detenida en Rosario en diciembre de 2023, con bochitas de cocaína y dos ladrillos de marihuana. El juez Rodrigo Santana la imputó por narcomenudeo, junto con otro de sus hermanos, Dylan Cantero. El traslado a Ezeiza derivó en otro corto publicitario del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Lucía Uberti cumple una condena como partícipe en balaceras contra domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial en Rosario y por narcomenudeo. El abogado Nanni señala que el sistema penal “cuelga un cartel” inamovible a las personas privadas de libertad: “Lo que la persona hizo una vez lo va a perseguir toda la vida aunque no cometa ilícitos, como Uberti. Es cierto que hay gente que delinque desde la cárcel pero también que otros y otras cumplieron o están cumpliendo una pena y vuelven a ser condenadas cada vez que se la menciona”.
En Santa Fe el régimen se llama de alto perfil y distingue tres niveles. “El Ministerio de Justicia y Seguridad selecciona los presos y presas a propuesta de la administración penitenciaria, pero la decisión última de incorporación al régimen corresponde al gobernador de la provincia. En el año 2018 la trascendencia mediática de las causas podía ser uno de los criterios, independientemente de la gravedad del delito. Ahora las pautas son más amplias y ambiguas: asociación ilícita, infracción a la ley de drogas, violencias lesivas, evasión, quebrantamiento de una pena y hasta el concepto de la persona como conflictiva”, afirma la abogada Fiorella Pozzo.
Santa Fe comenzó a implementar estas formas extremas del castigo en 2015, según una normativa interna del Servicio Penitenciario de la provincia. La abogada Pozzo investiga la participación de mujeres en el mundo del delito y reconstruye la historia reciente: “En 2018, como ministro de Seguridad, el actual gobernador Pullaro dispuso restricciones específicas, pero todavía no se pensaba en mujeres de alto perfil. La decisión tampoco estaba fundamentada: en la cárcel de Piñero se hizo un listado de 80 personas que pasaron a estar en ese régimen por razones genéricas”.
El encierro de mujeres en regímenes de alto perfil comenzó en Santa Fe durante la pandemia. “Las mujeres tienen impedido el acceso a espacios educativos, culturales y laborales –dice Pozzo-. No es que estén vedados por la normativa: se prevé el traslado con custodia especial, pero no hay personal suficiente para que estas mujeres sean escoltadas y con ese fundamento no salen del pabellón. Incluso la posibilidad se negó ante el intento de crear espacios recreativos dentro del pabellón. La práctica es que no pueden hacer nada”.
El show se renovó con el traslado de Daiana Micaela Leguizamón al régimen de alto riesgo en Ezeiza. Esta mujer de 33 años cumple una pena de tres años de prisión que convino en un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, por extorsión y por haber mediado en comunicaciones telefónicas de “Guille” Cantero desde la cárcel de Marcos Paz. Su peligrosidad parece medida por el vínculo con el jefe de Los Monos, la participación de dos hermanas en otros delitos y las exposiciones del periodismo punitivista.
Brenda Natalí Pared fue imputada por transmitir instrucciones que derivaron en la saga de asesinatos que conmocionaron a Rosario en marzo de 2024 y sigue en aislamiento en Santa Fe bajo condiciones particulares: a diferencia de otras presas en el mismo régimen, que reciben llamados telefónicos visitas de familiares a través de un blíndex y con media hora de duración, solo puede comunicarse con su familia por carta.
“La reciente normativa federal prevé que la perspectiva de género debe integrar el análisis para ver las medidas a aplicar, pero no sabemos qué pueden entender al respecto –agrega la abogada Pozzo-. Muchas veces la perspectiva de género es utilizada en estos casos en contra de las mujeres; se les reconoce capacidad de agencia a los fines de la acusación mientras operan reproches morales por desviarse del rol que socialmente se espera de las mujeres. Son sesgos presentes al momento de negar prisiones domiciliarias y dictar condenas por parte de la Justicia y no escapan a la forma en que la administración penitenciaria ejecuta la pena”.
La resolución del Ssistema Penitenciario Federal prevé que las mujeres gestantes o con hijos menores de 4 años no son sujetos de admisión en el régimen de alto riesgo, a diferencia de lo que ocurre en Santa Fe. Fiorella Pozzo detalla la situación de dos mujeres confinadas en un pabellón con sus bebés, en Rosario. “Estaban en aislamiento absoluto, en condiciones tortuosas y sin controles pediátricos. Tampoco se permitía el ingreso de juguetes para los bebés. Una de ellas fue trasladada al Servicio Penitenciario Federal y en el caso de la otra la intervención de la Dirección de Niñez de la provincia consistió en retirar al bebé y entregárselo a un familiar”.
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