Un soldado voluntario de 21 años fue hallado muerto en un tanque de agua vacío dentro de lo que fuera un regimiento del Ejército Argentino, predio que está a la venta, en Curuzú Cuatiá, Corrientes.
La policía de la Unidad Regional III consignó que se enteró por “un llamado anónimo” en el atardecer del lunes 28. No se sabe quién lo vio ni qué hacía el testigo en un terreno que se supone abandonado, ya que el Batallón de Apoyo Logístico (BAL) se mudó a ocho kilómetros. Lo encontraron colgado a diez metros del piso en el pulmón del tanque, al que se accede a través de una escalera caracol, según informó Radio Dos. Lo identificaron como A. R. Miño, oriundo del departamento de La Cruz, un voluntario en uso de la licencia invernal. Entregaron el cuerpo a la familia, que lo veló y enterró el martes.
A algunos medios les dijeron que, horas antes, Miño habría atravesado una ruptura sentimental.
Cuando el Ejército Argentino no había emitido ninguna comunicación, algunas fuentes hablaron pronto con el diario La Nación para aclarar que “no habría otro personal militar en relación con el hecho ni el deceso guardaría relación con cuestiones del servicio”.
El fiscal de turno, Oscar Cañete, solicitó una autopsia, realizada por el doctor Alejandro Lima, que señaló un paro cardiorrespiratorio por oclusión mecánica de vías respiratorias.
Historia
Esta muerte se dio en lo que fueran instalaciones del II Cuerpo de Ejército durante la represión ilegal de la dictadura, que estaba bajo la égida de Leopoldo Galtieri, años antes de comandar la guerra en la que murieron tres miembros de ese batallón, cuya mudanza se dispuso en 1992.
En su predio abandonado, hacia 2010, un allanamiento buscaba rastros de la desaparición de personas de las Ligas Agrarias y de dos monjas francesas, según declararon el fiscal Benito Antonio Pont y la jueza de la Cámara Federal Mabel Borda, quienes tuvieron la precaución de llevar peritos de la Gendarmería.
Habían debido pedirle al ministro Aníbal Fernández seguridad para cuatro testigos curuzucuateños, según confirmó el fiscal: “Fueron delitos muy graves los perpetrados por integrantes del Ejército”.
La diligencia fue filmada por El Diario de Curuzú, “algo que no cayó nada bien entre las autoridades castrenses”, consignaron. Estaban el segundo jefe, mayor Bellusci, y el jefe del II Cuerpo, coronel Salas.
Hacia 2018, con Macri en la Rosada, el general Aldo Daniel Sala (promoción 113) ascendió a comandante de Adiestramiento y Alistamiento, a cargo de todo el despliegue de unidades. Venía de comandar la Fuerza de Despliegue Rápido, con un lustro de existencia.

A poco del último recambio presidencial, en diciembre de 2023, el coronel de Artillería Ovidio Carlos Noceda cedió el mando del batallón al teniente coronel Jorge Esteban Guillén.
Su segundo jefe era el mayor José María Salvador Ramírez, hasta diciembre último, cuando cedió el cargo a su par Martín José Ibiris.

En primera
Curuzú Cuatiá no es un destino menor para el Ejército. Conforma, junto con Córdoba y Bahía Blanca, la tríada de grandes divisiones. Allí, además del Batallón de Apoyo Logístico y del Batallón de Inteligencia 121, tiene asiento la Primera División, cuya jurisdicción abarca la mitad de las provincias argentinas, desde Entre Ríos hasta Jujuy.
Lleva el nombre de “Juan Carlos Sánchez”, un coronel que durante el Plan Conintes (1960) estuvo detrás del secuestro de ocho detenidos en juzgados de Córdoba para ser torturados. Cuando llegó a general, asumió la comandancia del II Cuerpo en pos de la “lucha antisubversiva”. Fue señalado como el responsable de la desaparición de Luis Pujals (29 años), jefe del ERP, a quien mataron saltándole encima antes de desaparecerlo en septiembre de 1971.
Sánchez fue emboscado y muerto en Rosario en una acción conjunta del ERP y FAR, el 10 de abril de 1972. Por eso, fue ascendido post mortem a teniente general, rango que consta en el actual nombre de la 1.ª División.
Las unidades de aquel II Cuerpo, con asiento en Rosario, se trasladaron en 2007 a Mercedes y Curuzú Cuatiá, con vistas a custodiar “recursos naturales”. El Comando del II Cuerpo fue disuelto en 2011.

Hacia febrero de 2024, el jefe en la 1.ª División pasó de ser el general de Brigada Aldo Daniel Ferrari a su par Javier Alberto Palazón (ex director general de Salud). Casi en Navidad, este fue reemplazado por alguien que, hasta ese momento, tenía un rango menor: el coronel mayor Héctor César Tornero. Le tomó juramento a Tornero el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, Oscar Santiago Zarich, que sí tenía rango de general de Brigada.
El liceísta Zarich había asumido días antes y venía de comandar la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia. Fue festejado por sus coterráneos de Santa Fe por llegar a “uno de los cuatro niveles más importantes” de conducción, con alcance nacional desde su base en Campo de Mayo. Tiene a cargo presupuestar toda participación en ejercicios; entre otros, despliegues de paz como los de Chipre.
Sus columnas de opinión están aquí y alguna vez publicó en Infobae.
Su jefe de Estado Mayor
Julio Gastón Horacio Ithurrart, nacido en 1970, tiene un trabajo académico conjunto publicado en 2008 por la Escuela Superior de Guerra donde plantea: “El concepto de seguridad se encuentra en transformación (…) queda una gran deuda en materia de seguridad y defensa. Los mínimos pero auspiciosos pasos en este último camino no han permitido arribar al debate profundo de ideas por la revisión y/o a la adopción de políticas en materia de seguridad”.
¿Quién dijo que seguridad y defensa no deben mezclarse? ¿La ley? Eso puede ser tan flexible como los horarios o la dedicación al trabajo.
Por caso, una década después, el 3 de octubre de 2018, constituyó en Salta la sociedad anónima NCI Mining Services, junto a dos vecinos militares 15 años más jóvenes (Eduardo Fabián Canteros y Heriberto Francisco Nallin Facio), con el objeto de prestar, en el país o en el exterior, servicios vinculados a la actividad minera, “incluyendo el alquiler de polvorines”.
Combinar experiencia estatal y negocios privados lo hace un hombre previsor.

Ascendido a coronel en julio de 2020, pasaría a ser jefe de Operaciones en Curuzú Cuatiá (hasta 2023) y jefe de Estado Mayor del Comando de la Primera División (desde 2024), por lo que asiste a los actos protocolares de fechas patrias junto con las autoridades políticas, como la senadora provincial Verónica Espíndola, ex secretaria de Economía del reelecto intendente José Irigoyen (UCR-Encuentro por Corrientes/Juntos por el Cambio).
El coronel Ithurrart difunde la actividad de su empresa en paralelo a su labor de jornada completa en el Ejército, como lo reconoce en su cuenta de Linkedin.
No está solo. Su red figura asociada a la del ingeniero civil Luis Ricardo Bongianino, cuyo trabajo conjunto con el coronel viene de antaño, cuando en el Ejército fue jefe de la Sección Arquitectura hasta marzo de 2022, fecha en que internacionalizó sus labores, ya asentado en San Pablo, Brasil.

Tornero
El 18 de diciembre de 1988, Héctor César Tornero había egresado del Colegio Militar como subteniente de Caballería. Prestó servicios en los Regimientos de Tanques 10; de Granaderos a Caballo; de Caballería Ligero 3 y en la Escuela Superior de Guerra. Como oficial jefe estuvo destinado al Regimiento de Caballería de Montaña 4; en el Comando de Operaciones Terrestres del Estado Mayor y en el Colegio Militar. En diciembre de 2012 asumió en La Pampa.
Allí recibió la denuncia más sonada, mientras era jefe de Caballería de Tanques 13 en General Pico, “el Regimiento con más potencia de fuego de la Brigada, el único de Tanques de la fuerza de despliegue rápido”, se jactaba.
Denunciado
Tornero fue acusado de “mal desempeño como funcionario público” de un regimiento donde “hubo robo, malversación de fondos, dinero malgastado del barrio militar”, según el sargento ayudante Claudio Luis González Martín. El teniente coronel suspendió por ocho meses a su acusador; ordenó impedirle ingresar al Regimiento. En respuesta, hacia agosto de 2015, fue denunciado por “acoso laboral” en el expediente 20047/15 iniciado por el sargento.
En diciembre de 2015, al cumplir tres años allí, pasó el mando a su par, teniente coronel Diego Ignacio Berra.

En octubre de 2016, Tornero fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, donde la Unidad de Atención Primaria de la Fiscalía de Pico pidió al Ministerio de Defensa el legajo del denunciante, intachable desde 1995.
No obstante, después de 283 días de arresto y sanciones por cosas como levantar ripio al conducir su auto (ver documento de 2016), los hombres de Tornero lo consideraron “inepto” y le impusieron la baja del Ejército. Un detallado recuento de cada vicisitud consta en una carta a la Cámara de Diputados, que se reprodujo aquí.

El sargento también se dirigió por correo al Presidente Mauricio Macri. En sus misivas, sostuvo que Tornero había dejado una trama de soldados, suboficiales y oficiales concertados para culparle y forzar una “baja deshonrosa”.
Su discurso es verosímil si se repasa la prensa provincial, donde constan los vínculos estrechos entre militares; por caso, que Tornero y Berra habían compartido sus épocas de cadete y de granaderos. O que su partida fue saludada con un “encendido discurso” del comandante de la X Brigada Mecanizada, general Aldo Sala.
“El comandante Sala determinaría mi futuro, era el que me había suspendido y se había hecho cargo de la Fuerza de Despliegue Rápido, de la cual dependía la Brigada X”, escribió el denunciante.

Otro camarada de Berra implicado en las denuncias era el segundo jefe, mayor Gustavo Camerucci, quien firmó una denegación a acceder a la mesa de entradas para presentar denuncias, con el argumento de que eran muchas:

Mientras les adeudaban sueldos, los jefes participaban "de misiones de paz con los Cascos Azules en Chipre”, le señaló al Diario de La Pampa. Fue de lo último que pudo decir poco antes de que, en abril de 2017, le impartieran el retiro obligatorio.
Para entonces, Tornero llevaba dos años como jefe del Destacamento de Caballería de Exploración de Montaña 15, en Mendoza, desde donde pudo estar a cargo de una reedición del Cruce de los Andes.
Ya como coronel mayor, el 7 de febrero de 2024, Tornero asumió en la Dirección General de Organización y Doctrina.

La aparente buena estrella se frenó hacia junio de 2024, cuando su pliego de ascenso a general de Brigada resultó marginado poco antes de ser discutido en comisión del Senado. Su carpeta fue separada entre seis (junto a la del general de Brigada Aldo Daniel Ferrari, quien sería uno de sus antecesores en la controvertida Comandancia de la Primera División) de una pila de 309, por la Vicepresidenta Victoria Villarruel en lo que pareció un desafío a Javier Milei.
Le duró poco la zozobra: obtuvo la firma del titular del PEN por Decreto 203, en marzo de 2025, para su ascenso. Eso sí, con cobro retroactivo al 31 de diciembre de 2022.
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