PALABRA CONTRA PALABRA

El ataque constante, destructivo y desestabilizador, persigue un fin político estratégico

 

No se puede decir que la derecha no haga política, ni que carezca de una propuesta.

Cuenta con una serie de instrumentos convencionales y no convencionales para hacer política, mucho más allá de lo parlamentario y de lo institucional, y los hace jugar activamente.

La reducida manifestación del lunes, en el vacío de otras expresiones políticas en la calle, y con la amplificación debida de los propios medios de la derecha que promovieron el evento, logró acaparar la atención política durante unos días. Ya se anuncian nuevas movilizaciones pro pandémicas, ya que los soldados que participan en estos happenings de irracionalidad pueden ser sacrificados en aras de un objetivo superior, que ellos no tienen por qué entender.

El evidente objeto de ataque, en este caso, ha sido la Reforma Judicial propuesta por el gobierno, aunque el ejercicio movilizador derechista tiene aspiraciones mucho más extensas. La situación nos permite observar varios elementos que marcarán el escenario de los meses por venir.

 

 

La moderación bloqueada

El actual gobierno hace un culto de la sensatez, entendida en su sentido republicano más tradicional. Muestra flexibilidad política, acepta retroceder en propuestas que no tienen suficiente apoyo, explora caminos alternativos, consulta con adversarios, trata de crear consensos, apela a valores socialmente extendidos, mantiene puentes de diálogo con sectores alejados, se expresa con serenidad, evita la grandilocuencia, y al mismo tiempo trata de avanzar en una agenda progresista. Lo que se viene observando es que todos y cada uno de los ítems de esa agenda son objeto de ataque y bloqueo por el espacio opositor.

Es el caso de la propuesta de Reforma Judicial, que no implica una remoción masiva de jueces y de la Corte, ni una renovación completa del elenco y la forma de funcionamiento de una de las instituciones públicas más desprestigiadas. Incluso no desplaza a personal con numerosas faltas en su desempeño y vínculos ostensibles con situaciones delictivas asociadas al gobierno anterior. Ni instituye tribunales populares ni la expulsión de jueces corruptos por vías expeditivas.

Sin embargo, pareciera que el lamentable cuadro actual del Poder Judicial es el estado ideal e inmodificable para la derecha política y económica. No se observa disposición para ningún tipo de reforma, porque cualquier vía de saneamiento del sistema, en el sentido de aproximarlo a un cuerpo realmente dedicado a aplicar la Ley, pondría en riesgo tanto el discurso vacío del macrismo en torno a la “transparencia” de su gestión, como el conjunto de ilegalidades transformadas en negocios que los poderes fácticos han logrado imponerle a la sociedad argentina desde los años ’70.

Toda causa importante que caiga en manos de un Juzgado probo, puede producir una gran conmoción por el tipo de cuestiones, de delitos y de relaciones de poder entre empresas, políticos y medios que están involucrados. Es la credibilidad de un orden social y sus representantes, un relato de lo que es la Argentina –“un país de mierda” o un país que tiene mucho por lograr—, lo que está en juego.

Alberto Fernández ha hecho una propuesta de reforma moderada, que se encuentra con el rechazo violento de los poderes fácticos, que disponen las movilizaciones y activan los medios y las redes que se oponen. Al público que asiste a esos eventos, poco le importa saber de qué se trata. No hace falta.

La fundada percepción de la derecha es que milímetro que mejore la “justicia” será un milímetro de poder y de negocios perdidos.

Se trata de la intransigencia de una derecha que no admite la modificación de su control sobre palancas claves del Poder Judicial, que en esta nueva coyuntura permiten frenar investigaciones que iluminan graves irregularidades y derrumban uno de los ejes principales sobre los que se articula el discurso macrista: la honestidad frente a la indecencia.

Por ejemplo: en estos días el ENARGAS presentó una denuncia penal contra Juan José Aranguren, directivo de Shell al que Macri entregó el Ministerio de Energía, por sobreprecios en la actualización de la tarifa del gas. Esos sobreprecios significaron a lo largo de los años macristas la transferencia obligada de 1.300 millones de dólares de los bolsillos de los usuarios a las empresas proveedoras. Aranguren representa la quintaesencia de la política macrista de entrega del aparato estatal a las corporaciones, para que dispongan de los resortes institucionales a favor de los intereses privados que defienden.

No sería prudente que una judicatura macrista tenga a su cargo evaluar las responsabilidades de un cuadro empresarial macrista. Sería mejor que el caso estuviera a cargo de jueces realmente independientes. No debe llamar la atención, porque se trata de una práctica constante, que el argumento macrista-mediático sea exactamente inverso: o los jueces responden a ellos, los defienden y protegen a ellos, o los jueces son “K”, y por lo tanto están dedicados a la persecución de tiernas ovejitas.

El Tweet de Macri en el que felicita a los manifestantes es una pieza perfecta de construcción de discurso delirante: “Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”.

Cuesta entender de qué miedo y atropello está hablando, salvo el imaginario implantado desde los medios y las redes, en un circuito cerrado de incitación y paranoia. En cuanto al trabajo, el respeto y la libertad, difícil que no estemos casi todos de acuerdo con esos valores. Pero lo que está implicado en esa frase es que el gobierno impide el trabajo de las empresas por mero capricho y “enamoramiento de la cuarentena”. Y la libertad restringida, salvo por las limitaciones introducidas para controlar el impacto de la pandemia, sólo podría implicar un reclamo por la libertad de infectar e infectarse.

Es fácil concluir que estamos en presencia de una deriva hacia la irracionalidad, la denostación de las evidencias científicas, el repudio a los hechos y comparaciones locales e internacionales y los avances y enseñanzas que la ciencia va extrayendo a medida que estudia el fenómeno del Covid-19.

El rechazo a la argumentación racional, que no es nuevo, se está profundizando aquí y en el resto del planeta. La magnitud del descalabro macrista aún no es cabalmente comprendida por la mayoría de la población, y es urgente desde el punto de vista de los poderes fácticos y sus representantes, que no cobre pleno estado público, usando los argumentos y acciones que sean necesarias.

Ya, de hecho, los principales medios privados ocultan información pública relevante a sus lectores en forma sistemática. Pero no es suficiente. La continuidad del relato macrista implica también impedir que por razones judiciales trasciendan los desmanes ocurridos en la gestión autocalificada de decente y transparente.

Con cada vez mayor frecuencia, en el debate de las grandes cuestiones nacionales, parece que se arriba a un muro: se trata de enfrentar una palabra, con otra palabra contraria. Palabra contra palabra, así funcionaría el “debate” público planteado por la derecha. Como cuando Patricia Bullrich explicó que las llamadas entre el extorsionador y operador político D’Alessio y su celular personal se debían a que lo había usado su nieto.

Es una regla de la forma de debatir de la derecha: no importa el contenido del argumento, basta que haya alguno para exhibir algo frente a la argumentación del adversario. Porque la carta ganadora no reside allí, sino en la apelación al prejuicio: “¿A quién le creés, a Patricia o a los K?”

Frente a cada hecho de la realidad, la derecha formula “su versión”. Vicentin era el comienzo de la expropiación chavista. La Reforma Judicial busca la impunidad de Cristina, a pesar de que los jueces de sus causas quedan completamente resguardados. Nada habría que investigar de la gestión macrista, ¿o acaso Mauricio no habla todo el tiempo de honestidad y transparencia? “¿A quién le creés, a Mauricio o a los K?”

No importan los datos: la verdad se define por quien es más creíble –según los prejuicios previamente sembrados— a los ojos de los espectadores, por lo general desamparados en materia informativa. Se apela a sensaciones, a emociones básicas, por lo que pesa especialmente quien ha tenido mayor poder comunicacional y educacional para modelar y orientar esas emociones. Ese poder es, por supuesto, reflejo del grado de hegemonía y poder de importantes bloques sociales.

Esas delicadas e importantes cuestiones no han sido abordadas con el detenimiento que corresponde por quienes pretenden disputar políticamente en serio con los sectores dominantes.

 

 

La sombra de Pareto

¿Es posible caminar por el sendero de las políticas no confrontativas con los sectores concentrados que apoyaron el proyecto macrista? ¿Hay algún “sendero del medio” por allí?

Una respuesta muy particular fue proporcionada por el economista y sociólogo Vilfredo Pareto, hace más de 100 años. Hombre inteligente y conservador, formuló un principio para juzgar en qué caso un cambio en la distribución de recursos entre los miembros de la sociedad puede ser aceptado por la “economía”: sólo si mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás. Si no se cumple ese principio, la economía no estaría en condiciones de expedirse a favor de cambios distributivos.

Por ejemplo: si se aplicara un impuesto a las grandes fortunas para mejorar los insuficientes salarios del heroico personal sanitario, Pareto lo desaconsejaría, ya que mejoraría la situación de unos, pero empeoraría la de los otros. Tendría que llover dinero del cielo, o descubrirse petróleo debajo de un hospital público, para que el criterio paretiano acepte que se está frente a una auténtica mejoría en el bienestar social.

No constituye un problema que este criterio conservador forme parte de la historia del pensamiento económico, si no fuera porque este parece ser un núcleo fundamental del pensamiento de la derecha local. No acepta ni admite ninguna mejora distributiva a su costa, y sus representantes partidarios tampoco acompañarán ningún cambio progresivo, como tampoco cederán el poder de veto logrado a través la colonización del Poder Judicial.

Puede el gobierno aceptar el criterio de Pareto, para no confrontar, y buscar las políticas públicas que, sin herir la sensibilidad del establishment, apunten a mejorar la situación económica. El problema es que al aceptar el criterio, el gobierno nacional queda dependiente de cómo el establishment defina la extensión de sus intereses, hasta dónde llegan sus dominios.

Porque la disputa se proyectará sin duda a la distribución del presupuesto nacional, a la asignación del crédito, a la captación de rentas producto de privilegios sectoriales, o al respeto al accionar monopólico a costa de consumidores y proveedores. Adoptar el criterio paretiano llevaría a despojar al gobierno de todo impulso transformador y progresista, y mutarlo en un proyecto de emprolijamiento institucional sin apelación popular alguna.

En ese sentido, para maniatar al gobierno y sumirlo en la intrascendencia, nada sería mejor que se autolimite intelectualmente, introyectando los criterios de gobernabilidad propuestos por quienes desean su fracaso.

 

 

El caso del soldado japonés

El Presidente de la Nación ha reiterado en más de una oportunidad que los medios que emiten constantemente ataques desmedidos y descalificaciones contra su persona y su gobierno se asemejan a aquellos soldados japoneses que, internados en las junglas del este de Asia, no se enteraron que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y continuaron x décadas un combate imaginario.

Debemos recordar que la guerra en el Pacífico finalizó con la calamitosa derrota de uno de los bandos, abrumado por la capacidad de fuego atómico del otro.

El ejemplo no parece adaptarse al caso de la Argentina, donde dos bandos político-sociales importantes se vienen enfrentando en forma abierta desde el conflicto encabezado por “el campo” en 2008. Uno de los bandos lo ha designado a Alberto Fernández como responsable de la conducción del Estado, y él ha declarado su voluntad de no seguir confrontando, en aras del bien común.

Sin embargo, el otro bando, que no se parece precisamente a un pobre combatiente japonés desorientado al margen del mundo, continúa en guerra abierta y sucia contra el bando que hoy ocupa las principales responsabilidades institucionales de la Nación.

¿Corresponde Esta actitud a la de una democracia madura, asentada, con mínimas reglas consensuadas de convivencia y de racionalidad? No. Se asemeja más a la imagen chocante de socialdemócratas escandinavos azorados frente al asalto de los fasci di combattimento de Benito Mussolini.

El ataque constante, destructivo y desestabilizador, no puede considerarse la actitud personal de algún alto empresario, ni un resabio cultural de épocas oligárquicas pasadas, sino una actitud política meditada que persigue un fin político estratégico: restaurar el dominio de la coalición de sectores que protagonizaron el desquicio económico e institucional 2015-2019.

Luego de Pearl Harbour, con buena parte de su flota del Pacífico hundida, el gobierno norteamericano no menospreció ni desvalorizó al enemigo. Movilizó todo su potencial industrial y militar para revertir el estado de situación.

 

 

Hay 2021

Es altamente probable que 2021 sea para la Argentina un año de clara mejoría económica, tanto por la prolongación y extensión de procesos de reactivación productiva ya en marcha, como por la finalización de las medidas de cuidado que paralizan ciertas ramas, luego de la aplicación de la o las vacunas disponibles.

Al mismo tiempo, dado el duro impacto que están sufriendo la actividad económica, el empleo y las finanzas públicas, presenciaremos la natural eclosión de demandas sociales y conflictos distributivos, en un contexto de completa libertad de movimientos en la escena pública.

Es decir, que si bien el gobierno podrá exhibir resultados concretos en materia de salida de la crisis, junto con un razonable arreglo de la deuda externa legada por el macrismo, además del manejo prudente y humanista de la pandemia, la situación social distará de ser satisfactoria.

El escenario va a ser de normalización, desde una situación muy delicada, partiendo de muy abajo.

Los trabajadores deberán evitar que en ese contexto el capital avance sobre sus derechos, y al mismo tiempo buscarán recuperar el empleo y mejorar el poder adquisitivo. Pero al mismo tiempo deberán evitar ser utilizados por las estrategias multidimensionales de la derecha para preparar su propio retorno al gobierno.

Está probada la capacidad de la derecha para crear climas crispados, incluso en contextos de mejora generalizada, como ocurrió luego de la crisis mundial de 2008 en nuestro país. Las movilizaciones masivas de gente furiosa detrás de consignas delirantes no son una novedad. Eran las semillas del macrismo.

La derecha comunicacional sabe hacer olvidar o negar abiertamente los contextos locales y las realidades globales. Se tratará de enervar a la gente y agitar sus emociones contra el gobierno nacional por cualquier razón, justificada o no. Palabra contra palabra.

Amplias franjas intermedias, en una situación socialmente tensa, buscarán explicaciones y también certezas, en relación al rumbo del país. Habrá que saber proponer una lectura realista creíble de lo que ocurra, frente a la multiplicación de discursos diseñados “a medida” por la máquina publicitaria opositora.

Es importante entender que una buena gestión, con logros claros y verificables, no constituye por sí sola un argumento político suficiente en la actualidad. La separación entre la realidad y la percepción de millones de argentinos es el campo de operaciones del poder mediático-comunicacional en el que su mueve a sus anchas la derecha. Hay que asumir que esa dominación autoritaria de las percepciones de una parte de la población constituye hoy un grave problema político, social y hasta sanitario. Adoctrinan, envenenan y enferman a una parte de nuestros compatriotas.

Para que haya 2021 no alcanzará con obtener logros gubernamentales. Si no se disputa con determinación poder político, y eso requiere indispensablemente organización popular y poder comunicacional, los resultados de 2021 no están garantizados.

 

 

 

13 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Ricardo:
    Impecable análisis y totalmente compartido.
    No hace falta realizar ningún agregado, salvo aspirar a que las convicciones no dejen lugar al pragmatismo, porque en su caso, la sentencia lampedusiana resultará irrefutable y, entonces: “y después será diferente, pero peor”.

  2. Gabriel dice

    Es peor que «palabra contra palabra»: es creencia contra dato. Los registros, las pruebas, los informes científicos, relevamientos serios, etc., etc., ceden ante la creencia. Efectivamente es «vos a quien le crees?, pero mirá que hay pruebas». No interesan las pruebas ya que hay un regreso a un antiiluminismo furioso

  3. César Romero dice

    Es peor que palabra contra palabra. Para los seguidores de los representantes de la derecha, que sí ejercen el uso del discurso desestabilizador, no hay nada que se les pueda decir que los mueva un milímetro de su posición, no quieren ver, mirar, oír, escuchar o leer algo que contavenga ese discurso. Diría que es un esfuerzo inútil el tratar de disputar ese espacio. Hay que fortalecer las propias fuerzas, tratando de no perder ni un solo voto, y trabajar con la franja del 10% que define las elecciones. Las realizaciones concretas, la comunicación, el trabajo territorial, el análisis previo de cada decisión que se tome, midiendo previamente la posible respuesta de la población, superpoblar las redes sociales y retomar la calle apenas se pueda. Tienen que ser equipos específicos, bien coordinados y conectados con los que ejercen funciones, para tener un feedback permanente. Entre otras cosas, creo que eso es lo que hay que hacer. Pero claro, no se puede empezar diciendo que odiamos los planes. No es por ahí…

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.