Pan para hoy

Los números oficiales del último bienio y los proyectados para 2026 clarifican la propuesta del anarco-capitalismo hacia las generaciones que nacen y crecen con el pecado original de una deuda que no tomaron, para financiar la fuga de los capitales que nunca derramarán.

Registros y proyecciones demuestran que, mientras se conservan los programas de asistencia familiar para impedir que otros 600.000 hogares caigan en la indigencia, la consolidación de recortes en materia educativa incide particularmente en los niveles secundario y universitario, pilares históricos de la movilidad social.

El doble juego permite al gobierno nacional limitar focos de protesta, que además busca disciplinar con represión, para contentar la previsibilidad política mínima exigida por el Fondo Monetario Internacional.

Quienes hoy sostienen apenas su alimentación con programas concebidos como herramientas para salir de la precariedad, y no como paliativos en el reingreso a ella, enfrentarán mañana cada vez más dificultades para acceder a una formación que los ayude en la ya difícil lucha de encontrar empleo de calidad.

Amortiguar la caída

La política de subsistencia del gobierno nacional hacia los sectores más vulnerables se enfoca en el sostenimiento del poder de compra de programas asistenciales especialmente orientados a la niñez y la adolescencia. En ese plano, aplica actualizaciones que no otorga en igual proporción a trabajadoras y trabajadores del sector público, cuyos salarios perdieron en la licuadora inflacionaria 38% de capacidad adquisitiva desde el final del mandato presidencial de Cristina Fernández.

Un informe publicado recientemente por la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que las asignaciones universales por hijo y por embarazo recuperaron poder de compra con el 100% de aumento otorgado a fines de 2023 por un decreto presidencial y la posterior actualización mensual por el Índice de Precios al Consumidor. Como contó El Cohete, la AUH fue la única de las prestaciones sociales que se incrementó en términos reales durante el primer año del gobierno de Javier Milei.

De ese modo, en el último bienio ese tipo de beneficios dejó atrás un histórico comportamiento de alzas y caídas, con promedios a la baja entre mayo de 2019 y abril de 2024.

También evidencian una mejora los valores del programa de apoyo alimentario coloquialmente conocido como “Plan de los 1.000 días”. A mediados del año pasado, una resolución ministerial dispuso un incremento del 500% en su valor nominal. El porcentaje impacta, aunque en traducción monetaria el apoyo se cuente en poco más de 30000 pesos, a valores de 2025, y la canasta básica alimentaria para una familia tipo supere el medio millón.

La excepción a esas mejoras en los valores de ese tipo de programas asistenciales es la llamada “Tarjeta Alimentar”, que en rigor dejó atrás el sistema de plástico, para canalizarse por vía de transferencias monetarias. Su valor real perforó en la primavera de este año los 100.000 pesos, cuando había iniciado el lustro en casi 160.000.

Cruel piedad

Las estimaciones de la OPC arrojaron que los índices de pobreza serían 10% mayores sin las prestaciones que estudió, mientras que la indigencia se incrementaría en 82% medida en personas y 71% en hogares.

En otros términos, de acuerdo con la misma fuente, de no existir esos socorros asistenciales:

• 1.500.000 de personas y 368000 hogares se sumarían a la población bajo la línea de pobreza.

• 2.670.000 o 611.000 hogares pasarían a ser indigentes.

Según los números del gobierno, que se jacta de haber reducido la pobreza en porcentajes que crecen con cada celebración oficial, los incrementos en programas de asistencia no han logrado evitar que para mediados de este año:

• 9.500.000 de personas y 2.500.000 millones de hogares sean pobres, sólo en los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC.

• 2.100.000 de habitantes y 655.000 hogares experimenten la indigencia, en las mismas áreas metropolitanas.

El cotejo permite comprender las razones por las que la motosierra ha perdonado a los principales programas asistenciales.

Proyecto de poda

El primer reporte sobre financiamiento educativo elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires evidencia la previsible contracara del modelo que el anarcocapitalismo piensa para infancias y adolescencias.

El estudio analiza la inversión en la materia en la primera mitad del gobierno de Milei y explora las previsiones volcadas en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2026.

De aprobarse, el año próximo quedarían derogados:

• El artículo de la Ley de Educación Nacional que desde 2006 establece que la sumatoria del presupuesto en la materia entre Nación, provincias y municipios no debe ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno.

• El de la Ley de Educación Técnico Profesional, que en 2005 creó un fondo específico para esa rama, garantizándole al menos el 0,2% de los ingresos corrientes del sector público nacional.

• Tres artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en 2021 fijaron una progresión creciente de recursos para esas actividades, hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Si concreta esa poda, la motosierra habrá dañado aún más a todos los niveles educativos sobre los que descargó en sus primeros dos años recortes que ni el optimismo oficial espera revertir en la carrera de presupuestos e inflación de 2026.

Realidad y expectativas

El mismo estudio de la UBA compara los ítems del presupuesto educativo nacional proyectado por el gobierno con dos expectativas inflacionarias diferentes para el año próximo. Ambas son oficiales, y se distinguen por el grado de optimismo: la evolución de precios estimada en el propio texto enviado por el Ejecutivo al Congreso y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central.

En el global, la función de Educación y Cultura completaría en 2026 un trienio de caída del 45% en términos reales. La recuperación sería de 8% respecto de 2025, si se verificara la evolución inflacionaria deseada por el gobierno. Si prevalecieran las expectativas del mercado, la mejora sería de 1,4%. Ambos números son poco más que simbólicos en relación con los retrocesos interanuales de 43,2% en 2024 y 10,6% en 2025.

Si el Congreso lo admite, todos los niveles educativos sufrirían la consolidación o profundización del ajuste, cuyas cuantías dependerán de la inflación real:

• Los programas de becas estudiantiles se incrementarían sólo 13,3% respecto de este año, pero seguirían 75,6% abajo de 2023.

• Los fondos de Incentivo y de Composición Salarial Docente permanecerían 98,4% debajo del último año de gobierno de Alberto Fernández.

• Los recursos destinados a la educación superior crecerían 0,8%, consolidando una caída real de 30,9% en comparación con 2023.

Con relación al último punto, las universidades nacionales aún esperan la respuesta judicial a sus reclamos por la decisión del gobierno de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que previó una recuperación de salarios e inversión. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, los sueldos del sector perdieron un 30% de su poder adquisitivo, el doble que el resto del ámbito estatal. El dato sirve para medir el ensañamiento oficial con el mundo académico público. A diferencia del resto de los niveles educativos, su financiamiento es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional.

El futuro es historia

El desfinanciamiento de la educación constituye uno de los principales modos de clausurar todo horizonte de futuro para los sectores vulnerables, a los que el oficialismo sólo procura contener en subsistencia.

Incluso en la actual y creciente precarización laboral, el nivel educativo alcanzado distingue las posibilidades de acceder a empleos formales. Los últimos registros indican que, para el primer trimestre de este año, experimentaban la informalidad laboral el 64,6% de trabajadoras y trabajadores que no habían completado estudios secundarios, el 41,5% de quienes sí los concluyeron y el 17,1% de personas con título universitario.

El último número ilustra un deterioro notable desde el comienzo del actual gobierno, cuando rondaba el 15%. Sin embargo, lo que no se modificó es la participación del nivel educativo en el universo de informalidad total, donde desde entonces gira en torno al 10%. Más profesionales padecen la informalidad laboral, pero su incidencia sobre el total se mantiene, porque también son más las personas sin título universitario que pierden acceso al empleo formal.

Sobre los primeros se descargó una gran contracción de ingresos. Para los segundos, se asegura apenas la supervivencia y se reservan los palos del “protocolo antipiquetes”, cuando las políticas asistenciales no alcancen a disuadir expresiones de su descontento.