Para el barrio no hay alternativa

Denuncia ante la CIDH ante daño en salud y ambiente por la planta de Albaugh en San Nicolás

 

Foto principal: Dennis Albaugh, presidente de la empresa contaminante.

 

La última audiencia en materia penal del caso Atanor en abril de 2018 no se desarrolló como correspondía —o sea, en la fiscalía—, sino que se llevó adelante en el estudio jurídico del abogado Juan Carlos Marchetti, que representa a la empresa en la ciudad de San Nicolás llevando adelante la causa penal por los daños que genera en el medioambiente y especialmente en la salud de los vecinos del barrio Química de la ciudad bonaerense.

“Por inconvenientes con la energía eléctrica en la sede del Ministerio Público Fiscal”, fue la excusa que figura en el acta de la audiencia desarrollada en el estudio de Marchetti, que tiene buena energía y la tuvo cuando fue Juez de Menores encargándose de no buscar a la familia de Manuel Gonçalves Granada, que tardó veinte años en encontrar su identidad; el mismo ex juez con energía que instruyó y sobreseyó a Luis Abelardo Patti y los policías que asesinaron a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983; el mismo Marchetti con energía para ser abogado de la prestadora y cortadora de energía EDEN; el mismo Marchetti abogado de Ternium Siderar que realizó la presentación judicial contra la Municipalidad de Ramallo para tributar menos en concepto de Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene; el mismo Marchetti con energía para ser abogado de la cooperativa de energía eléctrica de Ramallo (COOSPRAL), que además de otros servicios presta mantenimiento y reposición de luminarias del alumbrado público para la Municipalidad que no podrá pagar ese servicio ni mantener otros de mayor importancia si la empresa de Rocca logra tributar menos. Pero no se trata de contar aquí la historia del hombre del derecho (o del torcido), sino de la empresa que representa, responsable de graves hechos de contaminación.

La multinacional Albaugh LLC es productora y comercializadora de productos para la protección de cultivos más importantes de los Estados Unidos y con presencia en Canadá, Brasil, México y países de Europa. En 2010 compró la firma argentina Atanor, que tiene una de sus plantas ubicada en pleno radio urbano de la ciudad de San Nicolás donde elabora productos químicos para la agroindustria: plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros de alta toxicidad. “Ubicada en la provincia de Buenos Aires, nuestra planta San Nicolás es la única productora y formuladora de Triazinas del Mercosur. En esta fábrica se sintetizan Humectantes y además se formulan herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos”, dice en su página Albaugh, que también informa sobre sus dimensiones: 19.500 m2 en un área de 500.000 m2 que cuenta con un total de 108 colaboradores. Además de San Nicolás posee otra planta en la ciudad bonaerense de Pilar y otra en Río Tercero, provincia de Córdoba.

El cuadro genérico que padecen los vecinos de la planta de Atanor en San Nicolás se encuentra a una distancia no mayor de los 300 metros. El barrio de seis manzanas donde se encuentra la planta  presenta casos de enfermedades graves y alto índice de muertes. Sus habitantes estiman en un número de 200 personas fallecidas en los últimos años. Una joven de 22 años con domicilio en calle Argerich del barrio Química padece hipertiroidismo, neutropenia, afecciones respiratorias, alergias. Una niña que se atiende en el Hospital  Garrahan desde los 7 años, perdió a su madre, víctima de cáncer. Otra mujer de 67 años, que desde joven padece pólipos uterinos, sufre ahora problemas cardíacos. Su hermano falleció de cáncer de hígado, su marido falleció de cáncer de pulmón y su hija también padece pólipos y quistes. Todo un entorno familiar con graves problemas de salud, teniendo a la empresa Atanor a 100 metros de su vivienda. Una mujer mayor de 70 años del barrio Química que vive a dos cuadras de la planta desde hace más de 30 años padece palpitaciones, taquicardia, alergias, alteraciones nerviosas, con diagnóstico médico de hipotiroidismo. Toda su familia presenta grave deterioro de salud. A su hijo se le detectó heptacloro en su sangre, según lo confirmó la prueba realizada en 2015 en el Laboratorio Central Hospital Español de la ciudad de Rosario. Su marido fue afectado por la polución generada por Atanor y falleció de afección cardiaca. En vida exhibió graves afecciones bronquiales. Sus dos nietas nacieron en el barrio Química, una con osteogénesis imperfecta, la otra con graves problemas neurológicos. Sus otros dos nietos varones fallecieron antes del año de edad.

En las demandas presentadas en sede judicial se pudo comprobar que Atanor funcionaba sin Certificado de Aptitud Ambiental ni el permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos, ambas habilitaciones a cargo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Tampoco contaba con el Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos, que debió otorgar y fiscalizar la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (A.D.A.).

Ante la falta de estadísticas oficiales, los propios vecinos confeccionaron lo que denominan «el mapa de la muerte». En un sencillo croquis del barrio marcaron con cruces cada uno de los fallecimientos registrados en cada hogar. Fue presentado ante numerosas autoridades, en el amparo ambiental y también ante el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, que solicitó al fiscal Giagnorio se realice un estudio sanitario en el barrio Química de San Nicolás. El estudio nunca se realizó.

 

Siel testimonio de los afectados del barrio Química no alcanzara para demostrar el daño que generó y genera Atanor, el de ex trabajadores de la planta prueba la negligencia, la desidia y la responsabilidad por haber afectado el medioambiente y la salud de los vecinos. Los peritajes así lo confirman.

  • Un ex supervisor de Atanor SCA declaró en la causa penal ante la Unidad Fiscal Nº6 de San Nicolás en 2011 que en la planta de trifluralina, también se fabricaban otros productos como MCPA y todas las sales de amina del acido 2,4 D y también el Herbifem 100. Las borras de estos productos que caían por distintos derrames iban a parar a la pileta decantadora de la planta, que cuando rebalsaba se derramaba al río Paraná. Contó también que un escape de trifluralina produjo una nube amarilla. Expresó que esos productos eran enterrados sobre la barranca del rio Paraná y que hoy se pueden ver las marcas — unas vetas. Declaró también que entre la bajada al Paraná se dejaba la zona contaminada, porque hacían allí quemazones de los envases de los distintos productos. Señaló que el glifosato llevaba un emulsionante que hacía espuma y los niveles de los tanques rebalsaba y que se produjo un escape de unos tambores. El supervisor de producción que trabajó en la planta Atanor desde el año 1986/87 al 2003, agregó en su declaración poder indicar los lugares donde enterraban los productos que enumeró: endosulfan, soda cáustica, dimetuato, glifosato, 2,4 D, sales de aminas, trifluralina, atrazina, monocrotofos, sistémico, dinito 3,5, clorbenzo, cloruro de cianurillo, aminas, formol, ácidos y fenoles. Productos que son fungicidas, plaguicidas, insecticidas y herbicidas.
  • Otro ex empleado que comenzó a trabajar en Atanor a través de una empresa contratista realizando mantenimiento del parque de la fábrica, declaró en la causa penal en la Unidad Fiscal Nº 6 de San Nicolás. Se ocupaba del derrame de productos químicos tanto como herbicidas, plaguicidas y fungicidas, que lo hacían en la zona de la barranca e inclusive dentro del predio de la planta. Contó que parte de la tarea era desparramar el producto que ellos no tiraban a la quema para ahorrar plata, contaminando el ambiente porque tapaban con una topadora lo que desparramaban, todo se cubría con tierra y se construía pavimento, dijo. Después colocaban mallas de hierro y pavimentaban arriba de la zona contaminada. Señaló tener conocimiento de que otro compañero de la planta que trabajaba en el mismo lugar, contrajo cáncer de médula y en menos de un mes falleció. Expresó que la causa de la muerte fue por los productos que manipulaba, como el paration. Que todos esos productos se mandaban al río Paraná. También indicó los lugares específicos donde se derramó el producto químico.
  • Un ex trabajador señaló ante el fiscal los lugares de los enterramientos de residuos peligrosos, declaró que los días de lluvias hacían abrir las piletas de tratamientos para mandar todo al Paraná y que también existieron derrames que fueron a parar a la tierra. Dijo que en Atanor hay un cementerio de productos enterrados y los enumeró: endosulfan, dimetuato, glifosato, 2,4D, sales de aminas, trifluralina, atrazina, monocrotofos, citérmico, todos fungicidas, plaguicidas, insecticidas y herbicidas. Contó que en fabricación de esos productos se utilizan filtros de carbón activado a través de los cuales pasa agua que una vez limpia se volcaba al río pero cuando ese carbón activado se saturaba y dejaba de servir como filtro, se vaciaban y se mezclaban con las borras sobrantes y eso era lo que se enterraba. Algunos se aprovechaban para hacer construcciones. También se enterraban en otras partes del predio para lo cual se hacían algunas excavaciones y se enterraban los productos con envases y sin envases y luego pasaban la motoniveladora alisando el terreno.

Si bien los enterramientos de residuos peligrosos fueron confirmados mediante el peritaje, no existió condena a los empresarios ya que desde la fiscalía a cargo de Rubén Dario Giagnorio se produjo el llamado del por entonces fiscal general Héctor Tanus —actualmente jubilado, pero con su hijo Julio ocupando una fiscalía—, y con suma celeridad se decidió arribar a un acuerdo con la empresa contaminante en ausencia de los denunciantes, víctimas y damnificados. Otra de las irregularidades del acuerdo es que Atanor le paga al perito oficial ingeniero Luis Bianchi. “Se generó una apariencia de peritaje pero no existió profundidad para analizar lo que los datos de laboratorio revelaban”, dijo el abogado Fabián Maggi, del Foro Medioambiental San Nicolás (FOMEA). “El fiscal tomó apenas unas pocas medidas que aparentan un examen pericial donde Atanor, en connivencia con el OPDS, retiró una porción mínima de tierra y con eso pretende decir que remedió el suelo — lo cual es una falacia terrible”.

Los enterramientos detallados en las declaraciones testimoniales fueron corroborados por examen de laboratorio sobre las muestras de suelos obtenidas dentro del predio industrial, en los lugares indicados por los testigos. El estudio concluyó que los niveles de trifluralina enterrada confirman contaminación del suelo y que debían “tomarse acciones urgentes de biorremediación y disposición final de los mismos”, ya que se trata de un “residuo peligroso tóxico para la biota y riesgoso para el ser humano”. La sustancia “tiene movilidad en el suelo por escurrimiento y se debe constatar su presencia o los productos de su descomposición en el agua subterránea”, expresan las conclusiones del ingeniero químico Martín Solé. Pero nada de eso se hizo.

 

 

“Dados los hechos de contaminación que cobraron numerosas víctimas, entre ellas una niña de seis años, realizamos el 5 de noviembre una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de cumplimiento de resolución en plazo razonable que hacen a la falta de garantía de gozar un ambiente sano”, señaló el abogado Fabian Maggi. Y explicó que la petición ante la CIDH no es solamente por la contaminación ambiental que genera la empresa Atanor, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, que en pleno radio urbano elabora productos químicos de alta toxicidad, sino que pese a las numerosas acciones judiciales contra la planta el Estado no garantizó el acceso a la Justicia dado que ninguna acción contra la empresa de agrotóxicos tuvo resolución definitiva. Resta saber si los vecinos seguirán sumando cruces en su croquis de muerte en el barrio o existirá justicia para reparar los daños causados y lograr la relocalización de la planta. “Albaugh Your Alternative” (su alternativa), dice el multimillonario estadounidense, fundador y presidente Dennis Albaugh, porque esa sería “la forma corta de describir de qué se trata”. Aunque “su alternativa” no es la misma que la de los vecinos del barrio Química de San Nicolás, donde se encuentra una de sus plantas.

 

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1 comentario
  1. Miriam dice

    En la Argentina el medio ambiente no interesa a nadie, ni ciudadanos ni gobiernos (en plural). Nunca debieron haber entrado las semillas transgénicas ni el glifosato y demás químicos, ni la soja transgénica, nada de todo esto debió ocurrir (Felipe Sola fue el que lo autorizó en la provincia de Buenos Aires, en los 90. Hace poco, poquísimo, dijo que el glifosato es el más suave de los herbicidas, pero se lo utilizó mal; siguen en los negocios…). Tampoco las mineras a cielo abierto como la famosa barrick gold debieron instalarse en nuestra cordillera. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos argentinos hicieron la vista gorda. Se priorizaron las ganancias, los dólares y las víctimas de estas políticas que se jodan. Mientras tanto se viaja por «el mundo», se construyen y venden edificios de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires sólo como inversión (no como vivienda para el pueblo) para invertir esas ganancias sucias, gestadas en la muerte y el sufrimiento. Ahora las cosas sólo pueden empeorar. No hay gobierno que frene esto y mucho menos lo va a hacer un gobierno conservador neoliberal como el que padecemos.

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