Pasará y será carátula

Los peligros de terminar siendo víctimas del "efecto Cristina"

 

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia.

No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

                                   ¿Quién mató a Rosendo?, Rodolfo Walsh

 

Los jueces federales transitan un proceso para zafar de los problemas que tienen —y tendrán— en el Consejo de la Magistratura por su presunto mal desempeño.

La denuncia que le hizo José María Núñez Carmona al juez Ariel Lijo sobre cómo administró el expediente Ciccone sostiene que el magistrado manipuló las pruebas para castigar a algunos y zafar a otros. Pero esa denuncia no es el único problema del juez. En las próximas semanas habrá novedades en otros expedientes del Consejo, cuyo objetivo es conocer el patrimonio del magistrado.

Y ahora, además, debe resolver en esa misma causa si procesa o sobresee al banquero Jorge Brito. Con Brito —dicen en los pasillos de Py— lo une un vínculo que trasciende lo procesal.

Rodolfo Canicoba Corral no corre mejor suerte: está en el medio de las derivaciones surgidas tras el modo en que instruyó la causa del “Caballo” Suárez.

Canicoba está denunciado por la hija del gremialista por exigir un soborno a cambio del encarcelamiento domiciliario. Sobrevuelan así las posibles denuncias de algunos prestigiosos abogados que cuestionan su rol como juez en procesos terminados.

Fuentes judiciales dicen, además, que cuando este magistrado levante el secreto de sumario en la causa del robo de datos en la AFIP podría haber demasiadas sorpresas sobre, por ejemplo, cómo entraron por la puerta equivocada en un procedimiento. Y también acerca del uso de ese expediente para resolver disputas entre empresas dedicadas a la venta de información comercial.

Lijo y Canicoba Corral no son los únicos cuestionados. Por ejemplo, al juez Martínez de Giorgi lo interpela el ala judicial “republicana” de Cambiemos por la velocidad con que investiga las presuntas irregularidades en el soterramiento del Sarmiento.

Ante este frente y encuestas muy negativas, los jueces federales se defienden de dos maneras:

1) Hacia la opinión pública tramitan la certificación de calidad ISO 9001 que garantiza un acceso más rápido a la justicia para los ciudadanos y vuelve más ágil el proceso judicial. Lijo obtuvo la certificación, Martínez De Giorgi también y el juez Sebastián Ramos está en camino, por ejemplo.

2) Pero hacia las entrañas del poder, buena parte de los magistrados mantienen las viejas prácticas de otras épocas. Es decir, manejan las causas sensibles para el poder de turno de acuerdo a sus problemas personales. Para muestra, Canicoba Corral cerró en tiempo récord la causa contra el jefe de la AFI Gustavo Arribas. Y Ariel Lijo mantiene con especial celo bajo su órbita la investigación sobre el vaciamiento del Correo que afecta a la familia presidencial y la causa contra Luis Caputo.

 

Buscando la legitimidad perdida

La desesperada búsqueda de legitimidad del Poder Judicial, golpeado por las encuestas que muestran un bajísimo grado de credibilidad, se ve en las reformas anunciadas por la Corte Suprema.

El hiperactivo presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, rápido de reflejos, dispuso que en la apertura del año judicial la prioridad sea discutir entre los judiciales y expertos cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia.

En la segunda mitad de marzo también se publicarán los resultados de la auditoría sobre las demoras en las causas de corrupción del Consejo de la Magistratura.

Fuentes vinculadas al Consejo dicen que algunos no lograron explicar los retrasos. Entre ellos, Ariel Lijo y Daniel Rafecas.

El gobierno de Macri, de manera poco inocente, también recoge el guante. Tanto el ala judicial “pragmática” como la “republicana” miran, con intereses opuestos, las encuestas negativas sobre la Justicia e impulsan sus propios cambios.

Sobresalen las tensiones para cubrir las vacantes en la Cámara Federal y el reemplazante de Oyarbide. Además, el Gobierno refuerza la implementación del proyecto Justicia 2020 y acelera la designación de la Procuración que podría definirse este mismo mes.

Pero quizás no están comprendiendo del todo las reglas del juego que plantea Comodoro Py y estos esfuerzos no sean suficientes.

 

Py y la misma partitura

El ala judicial “pragmática” del gobierno de Macri comete el mismo pecado capital que todos: el de la confianza en tener controlada a la Justicia. Pero la Justicia es heterogénea. Tiene sus propios intereses. Algunos están del lado de la ley, otros no. Quienes confían deberían mirar más qué pasó con “el efecto Cristina Kirchner”.

La ex presidenta fue denunciada durante su gestión. Mientras estuvo en el poder no sufrió consecuencias procesales, pero sintió el rigor judicial durante los dos años posteriores.

De hecho, el propio Mauricio Macri con la causa de las escuchas sufrió las consecuencias de ese juego de “tire y afloje” que algunos jueces tan bien conocen. Juró como procesado y rápidamente fue exculpado una vez que ocupó el sillón de Rivadavia.

La causa contra el ministro Luis Caputo, la del vaciamiento del Correo, Panamá Papers, las de Odebrecht, Dólar futuro por conflicto de intereses y las que rozan al ministro Aranguren no se han cerrado.

Tan solo se mueven al compás de la tradicional partitura de Comodoro Py que dice que al poder hay que acompañarlo de suaves melodías y saber elegir el momento de aplicar un ritmo más intenso.

La historia enseña de manera contrafáctica que, más allá de las dos alas judiciales de los gobiernos, siempre triunfa la autonomía de Comodoro Py. Ya que sus enemigos algún día, seguro, “serán carátula” como dicen algunos magistrados.

¿Quién le garantiza a Macri que no va a sufrir “el efecto Cristina"?

 

 

* Este artículo fue publicado originalmente por Catalina de Elía en el blog Dos Justicias

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