“Yo soy hijo de Eduardo Valverde, el Tero, y de María Elena Mercado. Ella me enseñó a marchar”.
Así comenzó su intervención Atilio, en una sala colmada de emociones encontradas, donde el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) daban a conocer las identidades de personas halladas en el predio de La Perla.
El 28 de junio de 1985, con un traje gris y un pañuelo violeta al cuello, María Elena ingresaba a la sala de audiencias del Juicio a las Juntas.
—¿Estado civil? —le preguntó el juez León Arslanian desde el estrado.
—No lo sé. Mi esposo desapareció el 24 de marzo de 1976 —respondió ella, con voz firme.
Allí, frente a la mirada atenta de los jueces —y en una atmósfera todavía atravesada por el humo de los cigarrillos—, relató minuciosamente su búsqueda: la infinidad de oficinas recorridas, las puertas golpeadas, las entrevistas sostenidas. Desde Alfonsín hasta Luder; desde el Tribunal Superior de Justicia hasta la Conferencia Episcopal Argentina. Contó que tanto la Iglesia como el Poder Judicial le dijeron que no podían hacer nada. También recordó las respuestas evasivas —y a veces cínicas— de los militares.
—¿Usted conoce a mi marido? ¡Porque yo sí! —increpó a un militar de la IV Brigada que intentaba inventar historias sobre supuestos viajes del Tero.
Eduardo Jorge “Tero” Valverde había sido secretario técnico de la gobernación de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, un cargo que hoy podría equipararse al de un ministro de Planificación. También era abogado defensor de presos políticos. Fue secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976, cuando se presentó en la Guardia Militar de la Fuerza Aérea, respondiendo a un requerimiento oficial.
En 1985, la Negra Mercado —como la llaman sus amigos— también relató la denuncia que cuatro familias habían realizado por enterramientos clandestinos en el cementerio San Vicente. Hace unos días, en medio de la gente que se acercaba a saludarla y todavía atravesada por la conmoción del hallazgo, me lo volvió a contar con la misma calma y precisión:
—Fue en 1982 cuando hicimos la denuncia por San Vicente. Fuimos con Osvaldo Nadra (“Abad, Angel y otros s/ Denuncia”. Expte 11-A-82)… Nos metimos en el cementerio, mezclados con quienes iban a celebrar el Día de los Muertos, para ubicar la fosa de la que se hablaba.
En ese lugar funcionó una fosa común donde fueron enterradas de manera clandestina cientos de víctimas del terrorismo de Estado. Las primeras investigaciones en democracia confirmaron su existencia, pero las exhumaciones realizadas entonces, con técnicas precarias, derivaron en la pérdida de información y, en 1985, en la cremación de restos no identificados.
Décadas más tarde, el Equipo Argentino de Antropología Forense retomó el trabajo: hasta hoy, solo 17 personas pudieron ser identificadas.
María Elena lo dijo en los ‘80, y lo repite ahora, como si el tiempo no hubiera pasado:
—Era un paso muy grande para los familiares. Tuvimos que reconocer que estaban muertos y, al mismo tiempo, que esa era la única posibilidad de que la justicia comenzara a actuar.
En el Juicio a las Juntas también contó que Elmer Fessia, sobreviviente de La Perla, la contactó para decirle que había visto al Tero en ese centro clandestino. Se encontraron en un bar.
“Como temí olvidar lo que me contaba, le pedí que fuéramos a mi estudio para tomarle una declaración”.
Ese gesto —escuchar, registrar, dejar constancia— se repetiría en el tiempo. Años más tarde, ya como funcionaria de la CONADEP a cargo del Área de Denuncias, volvió a tomarle testimonio. Esta vez, Elmer pudo reconocer el lugar donde había visto a Valverde.
María Elena Mercado siempre fue un nombre cercano. Era amiga de mi abuelo, también miembro de la CONADEP de Córdoba; en mi casa se la nombraba con frecuencia. Pero recién la conocí en la adolescencia, cuando con unos compañeros del colegio fuimos a entrevistarla para una actividad práctica. Con una calidez que no dejaba lugar a imprecisiones, nos habló de las búsquedas, del trabajo minucioso contra la clandestinidad, de las luchas contra la impunidad y el olvido. No fue una simple tarea escolar: no salimos iguales de esa charla. Eran los años ‘90.
Ahora, al retirarnos de la sala donde había sido la conferencia de prensa, vino a saludarla Osvaldo Nadra; su hermano, Jorge Nadra, era militante de la UES y alumno del colegio Manuel Belgrano; continúa desaparecido. Ella le dijo: “Recién te nombré”. Se abrazaron largamente, sostenidos por años de dolor y de búsqueda compartida. Había en ese encuentro algo que desbordaba lo que podía decirse.
Más tarde, ya fuera de Tribunales, mientras fumábamos, recordó cómo preparaba las denuncias que llevó a la CIDH en 1979. Entraba a una fotocopiadora, miraba a quien la atendía: si le inspiraba confianza, dejaba los papeles; si no, seguía de largo.
La vida de María Elena se fue volviendo —cada vez más— una práctica de denuncia colectiva.
Alexis Oliva, periodista y amigo generoso, le preguntó:
—¿Qué sensación tenés desde tu doble condición de familiar y de investigadora pionera en toda esta historia?
—Es una sensación dual —respondió—. Por un lado, muy emotiva. Ha pasado tanto tiempo que una llega a pensar que es imposible obtener un resultado. Yo confiaba en el trabajo del EAAF, pero, honestamente, nunca pensé que me tocaría a mí.
Durante años, su búsqueda no estuvo centrada solo en su caso. Si no en reunir pruebas, en sostener denuncias, en hacer posible que otros aparecieran.
—Porque una buscaba a todos. La sorpresa fue que, a pocos días de cumplirse los 50 años, sea mi caso uno de los que han encontrado… 50 años del golpe, 50 años del secuestro del Tero. Y vamos a marchar: como protesta contra los golpes de Estado, por los compañeros y compañeras que todavía no hemos encontrado.
Muchas veces pienso que los juicios no alcanzan a reparar: la justicia llega tarde y no siempre de manera integral. Pero hay algo en las restituciones que desacomoda esa certeza. Saber qué pasó, reconstruir trayectorias, devolver nombres, inscribir esas muertes en una historia común es —también— una forma de justicia. Y, al mismo tiempo, una pregunta que insiste: cómo fue posible.
En el juicio a las Juntas, un sobreviviente de La Perla explicó qué significaba “el pozo”: una práctica que los propios militares llamaban “resolución final”, una ceremonia en la que participaban oficiales y suboficiales, presidida por uno de los generales, y que consistía en fusilar a las víctimas junto a una fosa previamente cavada. Nombrar ese procedimiento, reconstruirlo, fue —y sigue siendo— una forma de arrancarlo del secreto. Las identidades que emergen hoy vienen a mostrar cómo operó el terrorismo de Estado y a decirnos que vale la pena buscarlos, justo cuándo más lo necesitamos, diría Sara Waitman, ex presa y compañera de Carlos Alberto D’Ambra Villares, uno de ellos.
La causa judicial que permitió restituir la identidad de doce personas se inició en 1998. Pero la búsqueda había comenzado mucho antes. Siempre hay una historia y una prehistoria: gestos mínimos, denuncias, recorridos, nombres que se sostienen en el tiempo.
Ya casi no quedaba nadie en Tribunales. Salían los últimos abogados, los pasos apurados resonaban en la explanada de salida de “la torre”. Le pregunté a María Elena si quería que la llevara a su casa. Me dijo que no, que prefería caminar un poco.
Es cierto eso de que el tiempo no alcanza a curar y que la tierra, aun removida una y otra vez, no logra ocultar lo que no se deja de buscar.
La vi alejarse con su traje gris y su pañuelo, esta vez celeste, al cuello. Pensé en sus pasos, obstinados y firmes, y en lo que dijo su hijo Atilio, que ella —como tantas otras— nos enseñó a marchar.
