A pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el juez federal Pablo Quirós resolvió el miércoles 22 extender a todo el país la medida cautelar de reponer la cobertura total de PAMI a 170 medicamentos que conforman la canasta urgente de adultos mayores. Quirós, a cargo del Juzgado Federal 2 de Mendoza, ya había hecho lugar a solicitudes similares de organizaciones de varios distritos. Todas las demandas presentadas se tramitan en estrados cuyanos, porque allí se presentó la primera.
Para extender a todo el territorio su disposición, el juez tomó en cuenta el argumento de la APDH, que recordó que desde su creación en 1975 sumó una treintena de regionales y solicitó representar a los distritos cuyas poblaciones no pudieron llevar a la vía judicial la defensa de sus derechos.
La totalidad de los casos precedentes fueron resueltos de modo favorable también por la Cámara Federal mendocina, luego de las apelaciones de la obra social administrada por el oficialismo. La Corte Suprema ya está en condiciones de posicionarse, porque recibió el primer expediente a fines de junio. Desde entonces salta entre secretarías, en cuyas bandejas dormita. El carácter de amparo de la demanda y la imposible reparación posterior de los derechos lesionados deberían apurar una respuesta. El máximo tribunal ha estado ocupado en fallos en serie contra dirigentes opositores y a favor de los oficialistas, que Cristina Fernández enlistó en la carta abierta que compartió el viernes 31.
Uno de los postulados en los que se basó el magistrado mendocino para fundar su determinación fueron los precedentes que en la última década fijó la propia Corte, indicando la procedencia del ejercicio colectivo de derechos y señalando la especial vulnerabilidad de los sectores involucrados como motivos de respuestas diferenciadas por parte del Estado. Dos de los tres fallos citados por Quirós tuvieron intervención de quienes componen la actual Corte de Los Tres, como la llama la ex Presidenta.
Vulnerabilidades
La vulnerabilidad de la franja etaria que compone el grueso de la masa de afiliación de PAMI no remite únicamente a cuestiones biológicas, a las que se agregan los impactos acumulados de decisiones políticas y económicas.
El Cohete ya comentó un problema inminente: de acuerdo a datos de la propia Anses, apenas el 17% de los varones de 64 años y el 10% de las mujeres de 59 tendrán completos los aportes al cumplir la edad requerida para jubilarse, dentro de los siguientes doce meses.
De la respuesta que a ese riesgo ofrezca el Estado dependerá la incidencia en el llamado mercado laboral y en la situación salarial y sanitaria que vivan quienes integran las franjas etarias superiores a los 60 o 65 años. Los censos realizados en 2001, 2010 y 2022 marcan que con la salida redistributiva de la Convertibilidad, la recuperación del rol del Estado se tradujo en un alza notable en el porcentaje de personas con edad jubilatoria que efectivamente recibían jubilación o pensión. Para 2022, rondaba el 84%.
El acceso a tales beneficios resultó un factor determinante para que en 2022, un sexenio después del último mandato de Cristina Fernández, el 94,1% de la población de 65 años o más contara con obra social o prepaga.
El censo recogido ese año ofrece a grandes trazos la pintura del país que recibió Javier Milei. De acuerdo a esos registros, para entonces
- cuatro de cada diez personas de entre 60 y 74 años, continuaban formando parte de la población económicamente activa;
- entre las mujeres, cuya edad jubilatoria son los 60 años, seguían en actividad una de cada cuatro;
- uno de cada diez adultos mayores de 75 años integraban aún la población activa;
- dentro de la población ocupada, 64,7% de las personas de más de 75 años complementaban trabajando sus ingresos previsionales;
- 54,7% de quienes dentro de esa franja etaria se desempeñaban como empleados, obreros o personal doméstico, trabajaba sin aportes ni descuentos; y
- entre los pueblos originarios, la cobertura de jubilaciones y pensiones era cinco puntos menor a la general, con casi una de cada cuatro personas en edad jubilatoria fuera de los beneficios previsionales regulares.
Desde ese punto de partida podrá medirse la experiencia anarcocapitalista. El proyecto de Presupuesto que pretende convertir en ley para 2026 supone que, siempre que se mantenga la inflación soñada, los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones crecerían 6% en términos reales interanuales. Los haberes sin bonos recuperarían así alrededor de 2,2% en promedio, y se consolidarían las asimetrías en el sector.
El cálculo general agrupa a las disímiles cuantías previsionales. Sin embargo, de acuerdo a los propios números del proyecto oficial, los haberes mínimos retrocederían el año próximo un 0,6% en relación a 2025, por el congelamiento en 70.000 pesos de los bonos que mitigan el despojo.
El gobierno también prevé una caída interanual de 0,3% real en los recursos destinados a las prestaciones previsionales de las cajas del personal militar y de seguridad, y recortes de 7,1% en pensiones no contributivas y de 10,6 en las otorgadas por invalidez por la Agencia Nacional de Discapacidad, célebre este año por otro tipo de porcentajes.
El proyecto prevé la continuidad de la eliminación paulatina de subsidios a los mal llamados servicios públicos. Con los recortes proyectados, usuarios residenciales y comercios pasarían a pagar el 67% del costo de generación de la energía eléctrica, cuando este año cerraría en torno al 53%. En el caso del gas, la carga pasaría de 54% a 61%. Son dos ejemplos de salario indirecto en retracción.
La amarga espera
Desde que en diciembre pasado el juez Quirós concedió la primera cautelar, el PAMI persiste en desconocer lo resuelto, y no repuso la cobertura total de medicamentos al conjunto de sus afiliados de Mendoza, Salta, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, la Capital Federal y el padrón de la CTA Autónoma. Como informó El Cohete, la conducta dio lugar a una denuncia penal por desobediencia contra los responsables de la obra social en los niveles local y nacional.
Con el cambio al sistema acusatorio, que supone la oralidad en la Justicia federal, es posible el contrasentido de que la causa penal esté en condiciones de avanzar antes que la civil. La demora podría ser aprovechada por los funcionarios acusados, que ya argumentaron la improcedencia de la denuncia penal, dado que aún está pendiente una palabra judicial final sobre el planteo que dio lugar a la cautelar desobedecida.
El VAR de corbata aún está chequeando si había posición adelantada en el inicio de la jugada. A diferencia del de la Copa Libertadores, el eje de su discusión no es publicitado masivamente, pese al pedido explícito y reiterado de difusión del juzgado mendocino. Hasta el cierre de esta nota, los medios de mayor llegada no se habían ocupado de informar a lectores y lectoras de más de 60 años que se está discutiendo la afectación de su derecho constitucional de acceso a la salud.
Es factible que la determinación de Quirós de extender a todo el territorio nacional los alcances de la cautelar sufra el mismo destino que sus precedentes. Al cierre de esta nota, el juez había concedido a la obra social el recurso de alzada, con efecto devolutivo. Significa que, mientras tanto, la orden no queda suspendida.
No es un problema para el oficialismo anarcocapitalista, que no sólo desoye lo resuelto por el Poder Judicial, sino también por el Legislativo. Con la práctica del veto presidencial, evitó la recuperación de haberes previsionales que había hecho ley el Congreso, luego claudicante. La otrora llamada clase pasiva viene perdiendo así salario directo e indirecto: en haberes, en cobertura de medicamentos y –como el grueso de la población– en subsidios a energía y gas.
El año próximo no luce más prometedor.
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