Patriotas norteamericanos

Relanzamiento de la economía de Estados Unidos, debate sobre la Hidrovía y lobby cambiemita por Pfizer

 

El Presidente norteamericano Joe Biden ha completado los primeros 100 días de mandato, produciendo un conjunto de hechos políticos y económicos muy significativos tratándose de la primera potencia mundial.

Ha dado un giro dramático en cuestiones ambientales en relación al negacionismo de su predecesor, asumiendo un liderazgo concreto en la reducción de gases efecto invernadero, en el marco de una apuesta de mayor aliento en relación a la reconversión “verde” de la economía norteamericana. Ese viraje estratégico tendrá posteriores repercusiones en la forma de producir y comerciar en todo el planeta. Y también en represtigiar diplomáticamente a Estados Unidos.

Pero sobre todo Biden ha lanzado gigantescos paquetes para la reconstitución de la economía y la sociedad norteamericana. El paquete total de gasto gubernamental para los próximos años supera los 6 millones de millones de dólares. Incluye un Plan de 1,8 billones para las Familias (Norte)Americanas, que abarca importantes apoyos educativos y asistencia a las familias más pobres. Otros 2,3 billones de dólares irán a un Plan de Empleos para Fortalecer la Infraestructura, que incluye desde el impulso a la industria de semiconductores, la construcción de la infraestructura para una banda ancha nacional y la construcción de una red de estaciones de servicio para autos eléctricos, además de la muy demorada reparación de la infraestructura tradicional.

Estos planes se agregan a los paquetes por 1,9 millones de dólares en distintas partidas de apoyo en la emergencia pandémica, que incluyen subsidios directos a las familias, continuidad de los pagos por desempleo y fondos para apoyo a pequeñas empresas, entre otras transferencias.

En su discurso reciente frente el Congreso norteamericano, Biden se mostró dispuesto a escuchar todas las ideas pero señaló que “el resto de mundo no nos está esperando”, enfatizando en la premura para tomar decisiones y poner la economía en marcha. “No hacer nada no es una opción” reforzó.

 

 

 

 

¿Un cambio político de fondo?

“Tenemos que demostrar que la democracia aún funciona y que el gobierno puede cumplirle a la gente” señaló Biden, con una audacia que sorprende dada su trayectoria moderada. Mostrar que la democracia funciona está en directa relación con los hechos que llevaron al intento de toma del Capitolio: hay una parte de la sociedad norteamericana que no confía en que la “democracia” tal cual se venía presentando en su país sirva para resolver los problemas de la vida cotidiana. Trump fue el eco político de ese malestar previo, y parte de los demócratas comprendieron que algo tienen que hacer, en serio, para llenar de contenido al término democracia.

Luego de ponderar los logros de los laboratorios privados, Biden señaló que en las grandes inversiones científicas, como fue el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19, sólo el gobierno está en condiciones de realizarlas. Ese señalamiento es importante, no sólo porque refleja la realidad sino porque pone conceptualmente las cosas en su lugar: hay grandes empresas que sólo el Estado puede realizar. Esto contradice los océanos de tinta volcados en las últimas décadas sobre las bondades infinitas del sector privado. Este tiene límites muy precisos incluso cuando funciona bien, y para resolver problemas sólo vigorosas políticas públicas pueden dar la respuesta adecuada.

Los grandes paquetes de ayuda y relanzamiento de la economía que promueve la administración Biden contemplan la necesidad de incrementar la financiación del gasto público con impuestos a los más ricos y a las corporaciones. Está previsto llevar la tasa máxima del Impuesto a las Ganancias hasta el 39,6% y avanzar en la eliminación de las lagunas fiscales y ciertos vacíos legislativos que permiten a los sectores más pudientes eludir el pago de impuestos.

Ojalá que la lógica de este proceso que apunta a controlar la evasión y elusión impositivas lleve a los norteamericanos a combatir en serio las guaridas fiscales y todo el entramado financiero global disponible para que las corporaciones de todo el planeta eludan sus responsabilidades impositivas. Hasta ahora los Estados Unidos vinieron actuando en el sentido inverso.

El nuevo Biden, que favorece la expansión del gasto y los ingresos del Estado, parece revertir la idea que los propios demócratas apoyaban hace 25 años del “gobierno pequeño” como gran solución a los problemas económicos. Esa idea típica del manual neoliberal de ideas fijas, era un “consenso” que no había sido modificado hasta la fecha.

El replanteo de la visión norteamericana llega hasta campos inesperados. La nueva administración está tomando diversas iniciativas políticas para promover y proteger la organización sindical de los trabajadores. Partes del partido Demócrata han llegado a la conclusión de que para volver a una economía robusta los asalariados norteamericanos no pueden seguir en un estado de indefensión completa frente a las grandes corporaciones, que persiguen y despiden a lxs empleadxs que quieren organizarse. Algunas mentes más lúcidas en Estados Unidos comprenden la necesidad de ciertos equilibrios sociales para que el propio capitalismo pueda funcionar con mejores perspectivas. El mercado interno norteamericano siempre ha sido un argumento de peso en sus propias negociaciones internacionales.

Lo que se está jugando es cómo hacer grande a (Norte)América nuevamente. Ya Trump hizo su apuesta, más chapucera que real, para relanzar a los Estados Unidos. Ahora viene otra versión de la misma preocupación. Porque hay un consenso norteamericano básico entre los grandes partidos: reconstruir el poder y la influencia global norteamericana y asumir la confrontación estratégica con China. Pero en la versión Biden queda atrás la idea de que con bajar impuestos a las corporaciones ya está pavimentado el camino a la prosperidad. El Estado tiene que jugar, y muy fuerte, en muchos campos.

 

 

¿Qué se hace frente al legado del menemismo?

La incipiente discusión pública frente al tema “Hidrovía” ha empezado a ganar intensidad, y seguramente en atención a ese clima el gobierno decidió postergar la decisión sobre el llamado a una nueva licitación para otorgar su explotación por unos meses. En realidad, no se trata de una licitación puntual, sino que se relaciona con el gran tema del Río Paraná y de su importancia estratégica como vía de salida de una parte significativa de la producción nacional, no sólo agropecuaria sino también industrial y minera. El control público sobre esa zona puede permitir poner en orden una situación abiertamente desmadrada, en la que sólo priman intereses privados sectoriales que han logrado independizarse de las necesidades del resto del país.

 

 

Dentro del gobierno parecen estar presentes tanto las posturas que promueven que el Estado nacional, asociado a las provincias, retome el control de las tareas de dragado, como aquellas que promueven una nueva licitación, continuando con la modalidad privatizadora adoptada durante la gestión de Carlos Menem en los años ‘90.

Este año vencen también las concesiones de una serie de puertos privados establecidos a orillas del Paraná y también en ese punto crucial habrá que tomar decisiones en torno al posicionamiento del Estado.

El menemismo gobernó en un momento de borrachera global en torno a la caída del comunismo. El clima general favorecía todo lo que tuviera que ver con el desmantelamiento de las capacidades estatales, el retroceso del sector público de casi todas sus funciones y la habilitación para los negocios privados de cuanta actividad social pudiera imaginarse.

Para nuestro país, ese período significó la liquidación de instrumentos que se habían construido en las décadas precedentes para promover y orientar el desarrollo nacional, entre los cuales figuraban las Juntas Reguladores de Carnes, Granos y muchas otras actividades agropecuarias, así como el Banco Nacional de Desarrollo. Además el Estado contaba con grandes empresas públicas, una fuerte intervención en el mercado bancario y una capacidad muy significativa de incidir en los precios internos y en el perfil productivo nacional.

No basta realizar esta enumeración, que podría inducir a una idealización. Muchas de estas instituciones funcionaban mal o no cumplían con los objetivos para los cuales habían sido creadas. Habían sido muy maltratadas y dañadas por sucesivas gestiones, a propósito o por desaprensión, y el golpe de gracia lo dio la dictadura cívico-militar que apuntó a endeudar y debilitar las empresas públicas y los organismos de control.

El alfonsinismo heredó una situación fiscal desesperante, por el peso de una deuda externa enorme, que le creaba una situación de insolvencia estructural. Esa trampa financiera dramática no fue reconocida ni por el FMI ni por los norteamericanos, que obligaron a nuestro país y a otros grandes deudores latinoamericanos a seguir pagando como si nada ocurriera. Resultado: la década perdida de América Latina y el final hiperinflacionario para la gestión de Alfonsín.

La frustración del intento alfonsinista derivó en el ingreso del menemismo al gobierno y en su viraje hacia el neoliberalismo salvaje. El desmantelamiento de las capacidades estatales para producir bienes y servicios, y controlar y regular actividades estratégicas, complementado por la reforma constitucional de 1994 y su federalismo desintegrador, son parte de la historia reciente y factor importante en el proceso de deterioro de nuestro país.

El derrumbe estrepitoso de la convertibilidad bajo el gobierno de la Alianza, y la irrupción reparadora del kirchnerismo probablemente contribuyeron a que en el peronismo no haya habido un debate profundo sobre lo que significó el menemismo.

Aún hoy hay numerosas interpretaciones políticas, desde quienes reivindican básicamente lo actuado porque “el peronismo siempre es transformador”, pasando por quienes interpretan lo ocurrido como la traición de una persona –Carlos Menem– a los ideales del movimiento, hasta quienes hacen una lectura crítica de todo ese momento nacional y de las propias limitaciones de ese espacio político.

¿Fue el menemismo una actualización de la doctrina peronista o fue la reversión completa de la misma? ¿Se podría haber hecho otra cosa desde el gobierno o era lo único que cabía hacer? ¿Tenía sentido contradecir las tendencias mundiales o había que adherirse con fervor a lo que estaba ocurriendo? ¿Era la forma de modernizar a la Argentina o de volver para atrás el reloj de nuestra historia política y social? ¿Los negocios de la elite local se podían compatibilizar con las necesidades de las mayorías nacionales?

Más allá de los debates sobre ese momento, lo cierto es que buena parte del legado menemista continúa vigente, y reaparece hoy, por ejemplo, en el dilema sobre las concesiones que vencen. Esas concesiones reflejan el espíritu de aquella época, donde las naciones periféricas entraban en fila a la licuadora de la globalización neoliberal. Se debilitaban los estados periféricos para que ganaran espacio las grandes corporaciones locales, pero fundamentalmente las extranjeras.

Se decía en aquella época que la privatización y la extranjerización económica cumplirían una función novedosa: reemplazar al Estado en su rol histórico en América Latina. Tal sustitución de las grandes tareas de promoción del progreso que había asumido el Estado por parte del sector privado evidentemente no ocurrió, y la región perdió varios casilleros en materia internacional.

A América Latina tampoco nadie la está esperando, y sus gobiernos se dedicaban con entusiasmo a degradarla.

El peronismo vuelve hoy a encontrarse con sus dilemas no elaborados del pasado. En los ’90 los resolvió mal, al subordinarse pasivamente a un orden global subdesarrollante, pero podría justificarse la opción que hizo diciendo que era “el espíritu de la época” y que “todos hacían lo mismo”.

Pero en 2021 muchas cosas están cambiando.

En el Foro de Davos, lugar de encuentro e intercambio del poder global, se ha dicho recientemente que “será necesario reevaluar otras consignas de nuestro sistema económico global con una mente abierta. Una de las principales es la ideología neoliberal. El fundamentalismo de libre mercado ha erosionado los derechos de los trabajadores y la seguridad económica, ha desatado una carrera desregulatoria hacia el fondo y una ruinosa competencia impositiva, y ha permitido el surgimiento de nuevos monopolios globales gigantescos”.

El nuevo Presidente norteamericano promueve claras políticas de reparación social y combina el crecimiento con la redistribución progresiva del ingreso. El Estado está de vuelta, y se dice explícitamente que tiene funciones indelegables.

En nuestro país esto también es cierto, y en grado superlativo dados los problemas generados por los experimentos neoliberales y el impacto pandémico. En este caso, “la carrera desregulatoria hacia el fondo” se expresó, por ejemplo, en la soberanía privada –y extranjera– sobre los puertos y el cauce del Río Paraná. Y se conecta con la “ruinosa competencia impositiva”, en nuestro caso entre el fisco nacional y las guaridas fiscales, que nos lleva a renunciar a enormes masas de recursos fiscales perdidos por culpa de la aplicación del fundamentalismo neoliberal.

El Estado tiene que volver, con más inteligencia y capacidades, porque el sector privado no se hará ni puede hacerse cargo del desafío del progreso colectivo. No hacer nada no debería ser una opción.

 

 

Problemas argentinos

Uno de los problemas profundos que ha revelado la pandemia es la presencia de los lobbies privados intentando ganar plata a costa de la tragedia colectiva.

Uno de los episodios más grotescos de los últimos meses es ver cómo toda la derecha argentina se ha embanderado detrás del laboratorio norteamericano Pfizer. Juntos por el Cambio se ha transmutado en un visitador médico colectivo, empeñado en hacer avanzar los intereses de dicho laboratorio contra toda otra fuente de vacunación, utilizando los argumentos más inverosímiles.

El empeño de los grandes medios, de sus publicistas más afamados, en pos de los intereses de la vacuna estadounidense, sorprende por lo burdo e indisimulado. Sobrepasando el límite de lo grotesco aparece la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, mostrándose dispuesta a entregar las Islas Malvinas con tal de cumplir las cláusulas contractuales que demanda Pfizer. El macrismo es un menemismo del siglo XXI, más descompuesto, desentendido del país e incompetente que su predecesor.

 

 

En Argentina abundan los patriotas norteamericanos revestidos de políticos de centro, que representan una pesada carga para que nuestro país encuentre su propio camino y salga adelante. En el marco del patriotismo norteamericano, que enarbolan sin vergüenza y con orgullo los Presidentes estadounidenses, compiten por engrandecer su país y mejorarlo tanto en lo económico como en lo social. Lxs norteamericanxs tienen la suerte de que el bipartidismo compita allí por la definición de cuál es la mejor forma de defender los intereses vitales de los Estados Unidos.

En Argentina no pasa lo mismo. Una parte del espectro político apuesta al máximo debilitamiento posible del país, a la mayor pérdida posible de soberanía, al endeudamiento y la consiguiente subordinación a poderes externos.

El gobierno argentino no sólo tiene que enfrentar los desafíos del subdesarrollo, las trabas que plantea un orden global injusto e inequitativo, sino que tiene que soportar la pesada carga del enorme lobby de los que trabajan aquí para el bienestar de los empresas norteamericanas, incluidas las tenebrosas tácticas opositoras en materia de salud pública.

Para buscar inspiración para políticas nacionales en un momento tan complejo hay que mirar las políticas nacionales que ejecutan en los países centrales. Hay que ver cómo piensan los nacionales sus propios problemas, como Biden, y no las vergonzosas terminales locales de la globalización que se predica desde el norte.

 

 

 

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