Peña Braun, como Joe el Precursor

El balance del jefe de gabinete de Macri parece copíado del que hizo el ministro de Economía de Videla

 

En 1981, José Alfredo Martínez de Hoz publicó Bases para una Argentina Moderna. Es un texto en el cual el ministro de economía de la dictadura terrorista de Estado intenta hacer un balance de su gestión 1976-1981, acomodando reflexiones y números para construir un relato en el lenguaje de la posverdad. Un verdadero antecedente de lo que hoy se ha normalizado como el estilo que impregna el discurso neoliberal. Escribía: “El saneamiento y sinceramiento que se intentó… sólo tiene justificación en nuestra más íntima convicción de que ello era en favor de la Nación… los beneficiarios del programa eran… todos los habitantes del país, aun cuando careciesen de un organismo o representante especial para hacer oír su voz… Este es el significado esencial de haber optado por una República, se procuró crear el marco adecuado para que a través de su propio esfuerzo ellos alcanzaran mejores condiciones y calidad de vida, con igualdad de oportunidades, con justicia y libertad.

 

La excusa de las expectativas

Respecto de la primera gran crisis de las políticas económicas neoliberales, el ministro de la dictadura justificaba: “La reducción de precios y costos que se logró a partir del segundo semestre de 1979 y se consolidó hacia fines de 1980, lamentablemente coincidió en su etapa final con el período de seis meses, desde la designación del nuevo Presidente hasta su asunción del cargo… (en los que) las expectativas que llegaron a despertarse… respecto de la futura política cambiaria… se traduj(eron) en una severa presión sobre las reservas internacionales y la tasa de interés. Mientras las primeras declinaron, las segundas treparon a niveles fuertemente positivos, preparando… una recesión”. En la misma línea respecto de inculpar a las transiciones y de fundar el devenir de la vida económica en las expectativas presentes sobre el futuro, el jefe de gabinete y el ministro de economía del gobierno de Macri sostienen en el informe Ocho puntos sobre la economía que “la confianza sobre el futuro define el presente. Al principio de nuestra gestión pudimos levantar los controles cambiarios porque la gente mira al futuro para decidir hoy. Ahora los tuvimos que reponer, contra nuestra voluntad, porque esa gente tiene miedo a qué pueda pasar en el futuro”. La coincidencia del enfoque—responsabilizando a las expectativas por incertidumbre frente al futuro— de ambos textos merece ser analizada, considerando que en el primer caso se trataba de un cambio de mando en el marco del régimen terrorista de estado y en el segundo de un cambio del gobierno por la expresión ciudadana con vigencia de la institucionalidad republicana. Situaciones que resultan incomparables, ya que en el primer caso la transición suponía continuidades, mientras que en el segundo ha de significar un cambio de proyecto.

Ninguna de las dos versiones, cuando justifican las razones de los graves desequilibrios cambiarios, se refieren al grave daño a la economía nacional que produjeron sus políticas de liberalización cambiaria, financiera y comercial. Ahí se encuentran las coincidencias, porque la matriz de ambas se ha basado en la profesión de la fe neoliberal. Y en ambas situaciones el grave deterioro económico y social del país y del bienestar del pueblo tiene su base en la restricción de divisas y por el sobreendeudamiento externo, sin contrapartida alguna en activos que mejoren la producción y las condiciones de vida populares.

Es justamente en el sexto de los ocho puntos del informe de Peña Braun y el ministro Hernán Lacunza, donde se presenta de manera escandalosa la cuestión del endeudamiento durante el gobierno de Macri. El discurso de la posverdad a pleno expone una pretendida gestión de la deuda pública en función del ordenamiento de la “pesada herencia”. El déficit fiscal heredado es esgrimido como causa central del endeudamiento. No se exponen cifras que distingan las obligaciones en pesos de las asumidas en dólares, lo que resulta inobviable en la situación actual argentina, cuando se perdió el crédito internacional y la posibilidad de obtener los recursos para pagar la deuda en divisas, mientras que sobre las tomadas en moneda propia tiene la facultad de emitir moneda, recurso que anula la amenaza de un default involuntario. El texto gubernamental no discute la descontrolada fuga de capitales, de la cual da cuenta la nota “Retomar el debate sobre los controles cambiarios” de Magdalena Rúa publicada en este mismo número de El Cohete a la Luna, que revela que su monto en los últimos dos años supera largamente el de las importaciones. Rúa encontró que se fueron 62.017 millones de dólares de egresos brutos por formación de activos externos (FAE) contra 23.911 millones de dólares de importaciones de bienes en lo que va de 2019. En 2018, fueron 57.354 y 42.675 millones de dólares, respectivamente. El informe de Peña Braun y Lacunza se desliga de datos duros y construye causalidades fruto de una inventiva justificatoria. También el informe se ufana del pago a los Fondos Buitre, con los que se hizo un “acuerdo” humillante sobre la base de la aceptación irrestricta de sus condiciones, que abrió paso a nuevo ciclo de endeudamiento de la Argentina. Sus autores señalan la recuperación del crédito en los mercados internacionales voluntarios, cuando la desmedida desregulación financiera y el abultado endeudamiento provocaron, ya hace casi dos años, la pérdida de esa posibilidad. Presentan, también, como virtuoso el acceso al inédito endeudamiento que el tercer gobierno neoliberal contrajo con el FMI, cuando el mismo implicó la concesión del manejo de la política económica y monetaria a ese organismo, como así también el compromiso a realizar reformas estructurales regresivas, nunca consensuadas por el voto popular.

 

El fake de la obra pública

El camino elegido por Martínez de Hoz para abordar la justificación del abrupto crecimiento de la deuda externa argentina durante la dictadura adopta un sentido similar. Más aun, abunda en la descripción de desarrollos particulares de la obra pública, aduciendo que fueron la contrapartida de la deuda. También invoca su destino a desarrollos privados. Se explaya en comparaciones internacionales, e igualito que Peña Braun y Lacunza acude a alquimias para sostener la existencia de una subestimación de la deuda pública heredada. Nada dice el superministro de la dictadura cívico-militar encumbrado por el CEA (Consejo Empresario Argentino), antecesor de la actual AEA, respecto a la popularizada “bicicleta financiera”, a los autopréstamos que justificarían después la pesificación de deudas inexistentes. Tampoco se refiere a la elevación de la tasa de interés interna muy por sobre la internacional, con el objetivo de retener las divisas en el país, que provocó la quiebra de pequeñas y medianas empresas. Su conclusión es que “el crecimiento de la deuda externa… lejos de ser motivo de preocupación refleja, pues, un éxito importante”.

 

Endeudar y fugar

Eduardo Basualdo y Leonardo Bona señalan en Endeudar y fugar que “para el sector oligopólico de la economía, la deuda externa dejó de ser un modo de financiamiento de la inversión o formación de capital de trabajo y se convirtió en una vía para obtener renta financiera… (y que) la subordinación del endeudamiento del sector estatal al del sector privado puso de manifiesto un fenómeno más amplio: la transferencia de la capacidad de fijar las líneas estratégicas del funcionamiento de la economía en su conjunto desde el aparato estatal (mediado por las expresiones de clase que en este se cristalizaban) hacia las fracciones dominantes del capital”. Aunque la legalidad de origen del gobierno de Cambiemos fue el sufragio popular, la característica visualizada por Basualdo y Bona adquirió una nueva dimensión durante su gestión, pues el manejo de áreas estratégicas del gobierno fue concedido a los CEOs de los conglomerados oligopólicos de las esas fracciones dominantes.

La coincidencia argumentativa elusiva de la realidad de los “Ocho puntos” no sólo tiene lugares de encuentro con el primer neoliberalismo, sino que también los posee con el segundo de Menem-Cavallo. Con el mismo recurso excusatorio de este, cuando se refiere al desempleo sostiene en el punto quinto del informe “que hay más gente buscando trabajo”, y que esto no ocurre porque se destruya empleo sino porque hay más personas que se vuelcan al mercado laboral sin que éste pueda crear los puestos necesarios. Cae de cajón la pregunta consecuente con lo expuesto: ¿por qué hay más gente buscando trabajo? La omisión de la pregunta y su respuesta es comprensible, sería poco efectivo sostener la rigurosidad del modelo explicativo del paradigma neoclásico (el de la corriente principal) que asocia una mayor oferta de trabajadores en el mercado laboral cuando el salario sube y/o el trabajo resulta más apreciable por su calificación. En realidad, la cuestión funciona al revés que en el modelito apologético que sustenta al neoliberalismo. Cuando el trabajo se precariza y descalifica y el salario baja sustancialmente, la vida de los sectores populares se desorganiza, los jóvenes dejan sus estudios para buscar proveer ingresos al núcleo familiar, se abandonan los regímenes de vida normales y se emprende la búsqueda de segundos empleos. Todo esto se esconde en el informe Peña Braun-Lacunza. Pero el escrito no se ahorra asegurar que el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior, cuando probablemente en el final del mandato la tasa casi duplicará la del año 2015. Sin referirse a la mortalidad de las pequeñas y medianas empresas durante estos años, el informe deposita la esperanza de generar más empleo y de mejor calidad en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al que califican de “histórico”. Sobre el cual se desconoce mucho por la falta de transparencia de sus contenidos, pero lo sabido es que apunta a profundizar las asimetrías entre el centro y la periferia, y que se festeja su concreción cuando se suceden los rechazos de países a incluirse en el mismo.

En el tercer punto del informe, respecto de la inflación, los autores consideran que durante décadas se buscaron atajos en lugar de abordar las causas de fondo. De seguido apuntan que las crisis argentinas son imputables al deseo de una economía (una sociedad, si se quita la recurrencia al velo-fetiche, típico del mainstream) que parece querer vivir por encima de sus posibilidades. A continuación, el jefe de gabinete especialista en recursos publicitarios posmodernos y el ministro de economía de locuacidad mediática no son demasiado creativos en hurgar en esas “causas de fondo”, en forma similar a Milton Friedman, Llach, Melconian, Lousteau, Espert, etc, repiten “el equilibrio fiscal es importante porque cuando el Estado gasta menos de lo que le ingresa no necesita financiarlo con emisión de pesos (inflación) o deuda”. No es la línea del documento sumergirse en la reflexión crítica respecto a la brusca suba de la tasa de inflación durante dos años de restricción monetaria creciente, que llegó hasta la emisión cero.

 

Las correcciones del PRO

Con el lenguaje de la posverdad a pleno se bautiza el brutal aumento de tarifas como “corrección” de las mismas, y a las devaluaciones en cascada producto del desmadre del sector externo, y sus consecuentes corridas cambiarias, como corrección del tipo de cambio.

¿Cuál es el objetivo de los Ocho puntos sobre economía emitidos por el gobierno nacional?Escritos en claro código distorsionador de la realidad, sin omitir falsedades y recurriendo a reflexiones sobre causalidades tan erróneas e incomprobadas, como afirmadas por los medios de comunicación concentrados, en el sentido común de una gran parte de la ciudadanía.

Alejado y antagónico de un discurso humanista, cada vez más ajeno a los valores de igualdad y fraternidad, el neoliberalismo extermina derechos excusándose en argumentos de eficiencia y crecimiento, mientras su objetivo es la protección sin limitación de los derechos de propiedad durante el agudo proceso de concentración de la riqueza que favorece y comanda. La posverdad, como velo e inversión de la verdad, le resulta una herramienta poderosa para impedir la rebelión, en sus diversas formas y manifestaciones, contra este movimiento conservador y regresivo.

Al principio se ha citado a Martínez de Hoz, cuando en pleno terrorismo de Estado expresaba que “se había optado por una república” y que “se perseguían objetivos de justicia, libertad y calidad de vida”. El perverso referente del CEA resultó ser un precursor de un estilo discursivo que el neoliberalismo iba a complejizar y extender como parte inseparable y constitutiva del régimen.

Hoy Peña Braun y Lacunza comienzan el texto del informe sin escatimar en el recurso. Dicen: “A fin de 2019 el país está listo para crecer. Sin magia, sin mentira, sin ficción”. Vaya el uso extremo del recurso: la promesa construida sobre el falseamiento del presente. La traducción formalizada del “Sí se puede”.

Pero sobre el final del punto dos, parece estar la meta de esta proclama, difundida por un gobierno del bloque de poder económico en retirada. Los autores se pronuncian por la consolidación de consensos, afirmando que no es sano comenzar nuevamente cada cuatro años. O sea, promueven que el gobierno entrante no sustituya el proyecto de nación neoliberal y dependiente por otro que persiga el desarrollo, el buen vivir y la igualdad. Plantean dos prioridades: un consenso pro-exportador y un consenso pro-empleo, por supuesto que no lo traducen en clave de disciplinamiento salarial y flexibilización laboral, que es lo que realmente pretenden. Peña Braun y Lacunza militan consensos opuestos a una mejora en la distribución del ingreso y de la riqueza, y a un proceso que recupere derechos desmercantilizando las áreas que producen los bienes y servicios para la atención que esos derechos requieren. Es la lógica consensual y de “políticas de Estado” que reclaman Juan Llach, Jaime Campos y la AEA. En épocas de la dictadura el bloque de poder concentrado la había garantizado con el terrorismo de Estado. En el presente ese poder quiere construir la “gobernabilidad” sobre la base del sometimiento de todas las conducciones políticas. Esa es la viabilidad de la “alternancia” con un proyecto único. Como en el Chile pospinochetista que hoy cruje. Esa propuesta de consensos también es un falso llamado. No se trata de tal cosa, se trata de una presión inaceptable para el gobierno del Frente de Todos electo recientemente.

 

 

* Profesor de la UBA , ex Director del CEFID-AR

 

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