La Argentina es uno de los países que más ha retrocedido en los parámetros internacionales de libertad de expresión. Y eso, en un mundo que también empeora. La cuestión acaba de ser cuantificada por organizaciones globales humanitarias y de defensa de la libertad de expresión. Estos días son propicios ya que el 8 de septiembre se recordó el Día Internacional del Periodista, en memoria de Julius Fucik, el checo ahorcado durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, que le hicieron pagar la osadía de contar la verdad de lo que estaban haciendo los invasores de su país.
La sección argentina de Amnesty International y las Naciones Unidas (ONU) acaban de llamar la atención sobre la libertad de expresión y de prensa aquí. De acuerdo a la evaluación de Amnistía Internacional, tal prevención se alinea con la necesidad de salvaguardar derechos básicos de cualquier democracia.
La iniciativa partió del Comité de Derechos Humanos mundial, que ha visto declinar el estándar humanitario, por lo que la ONU ha pedido informes a Javier Milei, para que aclare el estado de situación. El pedido llegó justo después de que el gobierno operara una restricción a la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia.
A propósito, la ONU expresó interés en conocer las “medidas de lucha contra la corrupción”. Otro punto de su solicitud es el “derecho a la reunión pacífica”, a la vez que solicitaron informes sobre los avances en temas de “igualdad de género y violencia contra la mujer”.
Prensa y mujeres
Un mes antes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) habían firmado un memorando de entendimiento para trabajar en iniciativas conjuntas que promuevan la equidad de género, la inclusión y la participación de las mujeres en el ámbito periodístico del continente.
Hasta Clarín permitió publicar que esto se da “en un contexto mundial de avance de las ultraderechas que buscan terminar con las conquistas de derechos de los últimos tiempos y pretenden acallar las voces que informan sobre los reclamos de igualdad”. Su lectura política en la Argentina se concatena con la reducción de las políticas de género en un país con un centenar y medio de femicidios en lo que va del año, cometidos por quienes –en dos de cada tres casos– fueron sus parejas. Ese es el nivel más terrible de una violencia contra las mujeres, tan estructural que no puede excluir el acceso de ellas a los niveles de toma de decisiones en la generación de la agenda noticiosa.
Nosotras
Las mujeres periodistas en la Argentina constituyen un blanco recurrente en los discursos de odio que bajan desde el poder político. Tales fueron los casos de María O’Donnell o Nancy Pazos. Según Periodistas Argentinas, “hay tres veces más ataques a periodistas mujeres que a periodistas varones” (ver Redes vs. periodismo).
Un caso paradigmático es el de Julia Mengolini, quien el 15 de julio había descripto ante el Congreso la campaña en su contra por parte de trolls o influencers vinculados al gobierno, ya que el propio titular del Ejecutivo la denunció por difamación. Su radio sufrió cinco inspecciones de organismos oficiales, un ciberataque y agresiones contra sus instalaciones; durante tres noches seguidas, desconocidos arrojaron excrementos en la puerta, lo que por supuesto mereció una respuesta institucional muy diferente a la del caso similar que padeciera el diputado José Espert.
El caso de la fundadora de la radio independiente Futurock incluye deepfakes pornográficos, amenazas de muerte y de carácter sexual, denuncias penales, 93 publicaciones en 48 horas de Javier Milei en la plataforma X y difamaciones de sus aliados, por lo que el mandatario fue imputado por parte de un fiscal.
La situación de Mengolini llegó a la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que consideró la campaña en su contra como “emblema de la intensificación del hostigamiento a periodistas bajo el gobierno de Milei”.
“Debe cesar la inadmisible campaña de intimidación contra Mengolini y Futurock. Durante una misión al país en julio, documentamos una fuerte escalada de ataques coordinados –digitales, políticos, judiciales y mediáticos– impulsados por el Presidente y sus aliados contra voces críticas”, declaró Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros sin Fronteras.
La organización también recordó los ataques a Roberto Navarro y la demanda por difamación contra Ari Lijalad, luego de que escribiera que el Presidente “gobierna incitando a la violencia y al odio contra la disidencia”.
Reporteros sin Fronteras advirtió sobre “la grave amenaza a la libertad de prensa tras la imposición de censura previa a las grabaciones filtradas de Karina Milei”. Consideró la orden judicial “una de las amenazas más graves a la libertad de prensa en el país desde el regreso de la democracia” y expresó “alarma” por el intento gubernamental de criminalizar al canal Carnaval y a los colegas Mauro Federico, Jorge Rial y su equipo, allanados luego de difundir las grabaciones, cuya continuidad fue prohibida por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello.
“Esta orden judicial que impone censura previa a las grabaciones de Karina Milei y la solicitud del gobierno de allanar domicilios de periodistas y una redacción contradicen las obligaciones internacionales de derechos humanos de Argentina–declaró Romeu–. Las investigaciones sobre presunto espionaje no deben servir como pretexto para silenciar a la prensa ni debilitar la protección de las fuentes. Las autoridades políticas y judiciales deben levantar la prohibición de publicación y los pedidos de allanamiento, y garantizar que los periodistas puedan informar libremente sobre asuntos de interés público”.
En su comunicación internacional, Reporteros sin Fronteras destacó que, desde la asunción de los Milei, la Argentina cayó 47 lugares en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, uno de los descensos más pronunciados debido a la hostilidad contra los periodistas, el ataque a quienes cubren protestas y el desmantelamiento de medios públicos, a lo que se sumaron los ataques verbales. La Argentina bajó del puesto 40 al 87 entre 180 países.
La situación de la prensa ha revitalizado a los colectivos profesionales de los sectores más vastos, desde las entidades patronales y sindicales hasta los Círculos de la Prensa del Conurbano bonaerense, en los que han coincidido en los últimos meses las renovaciones de conducción en Chascomús, San Vicente, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, algo que también se ha dado en el Círculo de Periodistas Bonaerenses, aunque sin una apertura de convocatoria que exceda a la ciudad de La Plata.
Amnesty en Estados Unidos
Lo que pasa en la aldea está en línea con el corrimiento a la derecha en la gran urbe. La organización humanitaria Premio Nobel de la Paz (1977) ha puesto en foco las medidas para restringir el derecho a la libertad de expresión y limitar la libertad de prensa por parte de Donald Trump, como seleccionar los medios que pueden informar sobre la Casa Blanca. Desde antes de arribar allí, había demandado a CBS News y Des Moines Register por publicaciones con las que no acordaba. Ya como mandatario, prohibió a Associated Press informar desde la Casa Blanca en represalia porque no se prestaba a dejar de referirse al “golfo de México” para llamarlo “golfo de América”. Además de bromear con encarcelar periodistas, desmanteló medios, postula reducir la financiación de emisoras, y recortó el presupuesto a la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) que ha afectado a la ayuda humanitaria destinada a periodistas en riesgo. Sus amigos empresarios de las redes Meta y X dejaron de comprobar datos, lo que facilita la desinformación.
¿Y por la casa grande?
El mundo ha visto caer sus niveles de cuidado de los testigos que le cuentan a la aldea global qué es lo que pasa en cada rincón. Por caso, en el enclave palestino, quienes sobreviven son víctimas de campañas de desprestigio basadas en mentiras repetidas, que incluyen desde fotomontajes hasta una web para desacreditarlos, con amplificación por parte de funcionarios israelíes. Uno de esos sitios es Media Watch Legal, que salió a contrarrestar el apoyo a los periodistas de Gaza por parte de Reporteros sin Fronteras y el movimiento ciudadano mundial Avaaz. MWL se propone identificar “falsos reporteros”. Sin embargo, medios independientes en Israel hallaron que es sostenida por una unidad de inteligencia militar. Una de sus campañas se basaba en afirmar que un colaborador de la agencia France-Presse no era periodista, ya que en su Facebook tenía “tres amigos comunes con tres personas identificadas como afiliadas a Hamás”.
Otra forma de batalla cultural es menospreciar a los cronistas de Gaza diciendo que registran “puestas en escena”, o puro teatro para las cámaras, con operaciones armadas como en el cine, para hacer un Hollywood de Gaza/Palestina, con lo que armaron el hashtag Gazawood o Pallywood en cuentas con decenas de miles de seguidores, detrás de la cual la organización israelí Fake Reporter ha analizado más de 700 publicaciones, de las cuales el 94% son falaces.
Israel, durante el año pasado, fue responsable de casi el 70% de los asesinatos de trabajadores de prensa en el mundo, según contabilizó el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en New York (ver Testigos molestos).
Esos hostigamientos buscan aislar la credibilidad de los periodistas antes de matarlos. La cifra de muertos supera los dos centenares desde octubre de 2023. Al menos 56, fueron blancos deliberados del ejército de Israel en la Franja de Gaza, el peor lugar para el ejercicio profesional, donde los asesinados superan la cantidad de todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial, Julius Fucik incluido.
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