Petróleo, cárcel y escalera

El golpe en Irán del ’53 y la persecución contra Cristina

Foto: Luis Angeletti.

 

 

No hay nada nuevo en el mundo excepto la historia que desconoces”.

Harry Truman

 

El 19 de agosto de 2020 fue el día del estreno en línea de Coup 53 (Golpe 53), coincidiendo con el 67º aniversario del golpe de Estado en Irán que retrata el documental. El director iraní Taghi Amirani contó con la ayuda de Walter Murch —editor de Apocalypse Now, El Padrino y La Conversación— y ambos logran transformar las imágenes de archivo en un thriller apasionante. Ralph Fiennes interpreta a Norman Darbyshire, agente del MI6 que planeó el golpe junto a la CIA, y agrega a la historia un humor refinado digno de John Le Carré.

 

 

Para Michael Moore, Coup 53 es “uno de los mejores documentales de los últimos años”. Peter Bradshaw, de The Guardian, lo consideró un “documental fascinante sobre un golpe de Estado muy británico”. En realidad, fue un golpe más bien norteamericano, como lo señala el propio Bradshaw: “El triunfo en Irán fue tratado por Estados Unidos como el equivalente a la fusión fría. Se había descubierto una forma milagrosa y aparentemente libre de riesgos de afirmar los intereses estadounidenses sin guerra ni tropas terrestres. El golpe de Mosaddeq los inspiró a desestabilizar gobiernos en todo el mundo”.

Mohammad Mosaddeq, el protagonista de la historia, fue un político iraní que propició la nacionalización de la industria petrolera de su país. Consideraba, no sin razón, que los acuerdos entre Irán y el Reino Unido dejaban la parte del león para los británicos, pese a que tanto los hidrocarburos como los obreros que los extraían eran iraníes. Desde 1909 los británicos eran los principales accionistas de la compañía petrolera y ganaban dos veces más que Irán. En un primer momento, Mosaddeq exigió desde el Majlis (parlamento iraní) auditar los balances de la compañía británica para controlar que las regalías que recibía Irán fueran las correctas, y también para limitar el control de la empresa sobre las reservas petroleras del país. La negativa de los británicos a ser auditados hizo escalar el conflicto y, luego de intensos debates, Mosaddeq consiguió que el Majlis aprobara la nacionalización. La Compañía Petrolera Anglo-Iraní (AIOC) devino la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC). Gracias a esa iniciativa —lanzada en un período crucial de descolonización y resistencia contra el dominio imperial, marcado por la guerra de Indochina, los movimientos de independencia en África y Asia y, luego, la crisis de Suez—, Mosaddeq se transformó en un líder muy popular. El parlamento lo nombró Primer Ministro y llegó a ser elegido hombre del año por la revista Time.

 

 

La reacción de Gran Bretaña no se hizo esperar: lanzó un cerco económico contra Irán e impidió la venta de crudo. Tras amenazar con el envío de buques de guerra (la Royal Navy llegó a detener barcos que transportaban petróleo iraní al considerarlo propiedad robada), el Primer Ministro laborista Clement Attlee optó por el reclamo diplomático ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Exigió que se respetara el acuerdo de 1933 y que Irán pagara daños y perjuicios por haber reducido los beneficios de la empresa constituida en el Reino Unido. La Corte decidió que no tenía jurisdicción en este asunto, convalidando así la posición de Irán.

El Reino Unido decidió entonces cambiar de estrategia y aceptar la amable propuesta de la CIA, llamada Operación Ajax, que consistía básicamente en derrocar al Primer Ministro electo democráticamente. El director de la CIA, Allen Dulles, consideraba que Mosaddeq representaba un peligro geopolítico que podía impulsar a Irán hacia el bloque soviético. “En Irán, los agentes de propaganda de la CIA y el SIS debían llevar a cabo una campaña cada vez más intensa a través de la prensa y el clero de Teherán, con el objetivo de debilitar al gobierno de Mosaddeq por todos los medios posibles”, escribió Donald N. Wilber, uno de los planificadores de la operación. El sha de Irán, Mohammad Reza Pahleví, fue informado por la propia CIA del proyecto. La agencia le exigió la renuncia del Primer Ministro bajo la amenaza de dejar de contar con el apoyo de las compañías petroleras occidentales. Un primer intento de golpe fracasó, gracias a algunos oficiales leales a Mosaddeq, y generó el breve exilio del monarca. Una segunda tentativa logró el éxito buscado. El sha volvió a Irán y anuló la nacionalización de la industria petrolera. El Primer Ministro depuesto y sus colaboradores más estrechos fueron juzgados con premura por tribunales militares, cuya legitimidad nada tenía que envidiarle a la runfla judicial de nuestro país. Finalmente, Mosaddeq fue condenado a tres años de prisión y al posterior confinamiento en su casa, bajo vigilancia y prohibición de visitas, hasta el final de su vida. La Anglo-Iranian Oil Company se transformó en British Petroleum.

 

Mosaddeq durante su arresto domiciliario, en 1965.

 

Mosaddeq falleció en 1967 y el sha prohibió las manifestaciones públicas durante el funeral. Ya para entonces, Reza Pahleví, el heredero de pacotilla de Ciro el Grande, era visto por una parte de la población como una marioneta de los Estados Unidos y las empresas extranjeras como enemigas del pueblo iraní. En 2013, la CIA reveló formalmente su participación en el golpe: “El golpe militar que derrocó a Mosaddeq y a su gabinete del Frente Nacional se llevó a cabo bajo la dirección de la CIA como un acto de política exterior estadounidense, concebido y aprobado en los más altos niveles del gobierno”. Para muchos analistas políticos, el golpe de Estado de 1953 sentó las bases de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al sha y lo envió al exilio. En Irán, cada 20 de marzo se celebra el Día de la Nacionalización del Petróleo.

El 16 de abril de 2012, CFK anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para estatizar el 51% de las acciones de YPF, que pertenecían entonces a la empresa española Repsol. Sobre el contexto de la expropiación explicó: “Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo, y esto nos significa un pasivo hidrocarburífero, por primera vez en la historia, de más de 3.000 millones de dólares”. Según la Presidenta, ese pasivo no se debía a la falta de reservas sino a la ausencia de exploración y explotación: “(De) proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos, con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo (...) luego de China y Estados Unidos en tener gas shale de reciente descubrimiento, pero igualmente no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe”. Como secretario de Política Económica, Axel Kicillof fue quien llevó adelante el proceso de expropiación, que recibió un apoyo contundente en el Congreso (votaron en contra los diputados del PRO y el llamado peronismo federal). La cofradía neoliberal de nuestro país no tardó mucho en reaccionar contra la expropiación. Ricardo López Murphy el Breve, uno de sus mayores referentes, rechazó firmemente la decisión, calificándola como una violación brutal de la Constitución y de la propiedad privada. Sostuvo que la medida no resolvía la crisis energética y que el país necesitaba atraer grandes inversiones en lugar de confiscar activos. Asombrosamente, coincidió con el diagnóstico de CFK que justificó la expropiación: “Se están agotando las reservas porque no exploramos”.

 

 

La expropiación tan denostada por nuestros economistas serios otorgó al Estado argentino la capacidad de direccionar la estrategia de la empresa, permitiéndole liderar la exploración, los acuerdos con socios internacionales y el desarrollo inicial del área de Vaca Muerta. Sin esa decisión tan criticada por la extrema derecha que nos gobierna, Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) nunca hubiera afirmado, como lo hizo la semana pasada durante la visita a dicho yacimiento: “Vaca Muerta muestra que también tiene ingenieros talentosos, emprendedores y líderes públicos y privados comprometidos a desarrollarlos. Y lo hace en un momento en que el mundo busca suministros de energía seguros y confiables”. Georgieva concluyó su estadía en nuestro país afirmando que la infraestructura, la educación y el Estado de derecho son los tres pilares fundamentales que un país necesita para transformar una economía en crisis en una nación próspera y desarrollada. Parece ser una broma búlgara: ninguno de esos supuestos pilares del desarrollo está en la agenda del gobierno que, sin embargo, logra los elogios sostenidos del Fondo. En efecto, el Presidente de los Pies de Ninfa frenó la obra pública (incluyendo el mantenimiento de las rutas que llevan a Vaca Muerta), desfinancia la educación y, como sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, con el DNU 70 y la Ley Pasta Base impuso una reforma constitucional de queruza (con el consentimiento tácito de la caterva de operadores aterciopelados de la Corte Suprema). En nuestro país, el Estado de derecho está tan destruido como las rutas nacionales.

Catorce años después de la expropiación, CFK está encarcelada por un delito sin pruebas y que, según las atribuciones que la Constitución Nacional asigna a nuestros Presidentes, jamás podría haber cometido. Esta semana sus abogados presentaron un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar su condena. En todo caso, la persecución política contra CFK —que incluyó el intento de asesinato de septiembre de 2022— no tiene que ver con los presuntos delitos sino con la contundencia de sus políticas. Si existiera alguna duda al respecto, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, tuvo la cortesía de despejarla durante la audiencia previa a su asunción en el Senado de su país. Entre otros asombros, afirmó que su rol consistiría en “asegurar que CFK reciba la justicia que se merece”. En esa audiencia también vinculó a la ex Presidenta con el atentado a la AMIA: “Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento. Y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman”. Con honestidad brutal, también adelantó que buscaría frenar los proyectos chinos en las provincias argentinas. Inversiones en infraestructura que relacionó con la corrupción, sin aportar prueba alguna al respecto.

En Patear la escalera, ensayo publicado en 2002, el economista surcoreano Ha-Joon Chang denunció el mayor truco del sistema económico global: las potencias industriales construyeron su riqueza gracias a políticas proteccionistas, subsidios y una fuerte intervención estatal, pero luego impiden que los países periféricos como el nuestro utilicen esas mismas estrategias. Patean así la escalera una vez que accedieron al desarrollo. La historia nunca es circular, las circunstancias son diferentes y las épocas difieren, pero es difícil no relacionar la persecución que padeció Mohammad Mosaddeq hace más de 70 años con la que padece CFK desde hace una década; ni tampoco el rol de marioneta de los Estados Unidos que aceptó el sha Reza Pahleví con el que hoy retoma con cipayismo efervescente el Presidente de los Pies de Ninfa.

Parafraseando a Arturo Jauretche, podríamos concluir: “Si malo es el gringo que nos patea la escalera, peor es el criollo que lo ayuda”.

 

 

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