Lejos de atemperar el conflicto abierto con las universidades nacionales, durante la última semana de abril el gobierno intimó a sus rectorados a informar las medidas adoptadas para garantizar el derecho de enseñar y aprender, un modo más simpático de enunciar la pretensión de que el creciente descontento docente y no docente no se haga sentir en paros que mantengan el tema en agenda. Para el martes 12 está convocada la cuarta Marcha Federal Universitaria. Si mantiene el nivel de las tres anteriores, reunirá en las calles de las principales ciudades del país a muchedumbres plurales, de cientos de miles de personas.
El eje del conflicto continúa siendo la pérdida de los salarios, las becas y los presupuestos a manos de la inflación, resultado bienal que el propio Presidente Javier Milei debió reconocer para vetar la ley que lo hubiera obligado a actualizar esos ítems. Ratificada tras el veto con la mayoría especial requerida al Congreso, la normativa sigue siendo incumplida por el Ejecutivo, pese a dos fallos favorables al reclamo universitario.
La intimación del Ministerio de Capital Humano a los rectorados amenazó con actuaciones administrativas o judiciales, y la posible interrupción de las transferencias de recursos. El Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todas las universidades públicas, rechazó el emplazamiento, señaló que las instituciones continúan funcionando y respondió que el derecho de enseñar y aprender se encuentra en riesgo por el incumplimiento de la ley sancionada para recomponer las condiciones de estudio y trabajo.
El tema estuvo presente en el cuestionario que diputados y diputadas destinaron al jefe del gabinete de ministros, Manuel Adorni, que eludió respuestas precisas sobre la política universitaria oficial y descargó responsabilidades en el Poder Legislativo, el Judicial o las propias universidades.
Verbos y adjetivos
Tras imponer a docentes y no docentes un incremento salarial de 1,7% en abril, contra una inflación que en marzo había trepado al doble, el gobierno ingresó en tiempo de descuento. Durante este mes, la Justicia debería resolver su último recurso: el intento de apelar ante la Corte Suprema los fallos que le ordenaron cumplir los artículos de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria referidos a la actualización de salarios y becas según el salto inflacionario registrado desde diciembre de 2023.
El miércoles 27, el Ministerio de Capital Humano dejó en claro que no enfrentaría la espera acercando posiciones. A través de una publicación en redes sociales, comunicó que había intimado a los rectorados para que en 48 horas le informasen medidas o planes de contingencia para evitar el impacto de los paros que evidencian el creciente malestar de trabajadores y trabajadoras del sector. Según el comunicado, el Ministerio “observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país”.
La adjetivación elegida es al menos dudosa. Como contestó el CIN, las universidades siguen funcionando y la suspensión no es total, sino que se limita a los días en que se efectúan medidas de fuerza y a la adhesión que en cada caso obtienen. El grado de preocupación oficial parece desmentido por la ausencia de recomposición sobre salarios que han resignado alrededor de un tercio de su poder de compra, incluso según los cuestionados relevamientos inflacionarios del INDEC. En menos de treinta meses de gobierno anarcocapitalista, docentes y no docentes han perdido una decena de sueldos, lo que refuta el eslogan tuitero que los acusa de cobrar sin trabajar cada vez que realizan un paro. Matemáticamente, sucede exactamente lo contrario.
𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 🧑⚖️
Respuesta del @CINoficial al Sr. Subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
El texto de la nota enviada se puede consultar en el link de nuestra bio 🔗 pic.twitter.com/gMatTMTDuG
— CIN (@CINoficial) April 29, 2026
Las medidas del tiempo
Para incumplir la ley de recomposición salarial y presupuestaria, el gobierno argumenta que su articulado no prevé el origen de los recursos. Sin embargo, el noveno artículo de la norma descubre que la decisión estuvo en manos oficiales, porque la Ley de Administración Financiera faculta al Ejecutivo a readecuar partidas en caso de no existir un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso.
Esa era la situación en 2025, cuando el Parlamento insistió en la sanción de la normativa de protección de las universidades nacionales. Adicionalmente, su artículo 9 habilitó a financiar las recomposiciones de salarios, becas y presupuestos con eventuales aumentos de los ingresos recaudatorios.
La última palabra en ese diferendo la tendrá la Justicia, pero mientras tanto el gobierno avanzó en otras dos líneas legislativas. Con la contribución de la oposición complaciente, logró la aprobación del Presupuesto de 2026, en el que se basan las respuestas oficiales para las retracciones que continúan en el nuevo año. A su vez, presentó un proyecto de modificación de la ley que incumple. De aprobarse, recuperaría en cómodas cuotas lo perdido por los salarios universitarios en 2025 y consolidaría definitivamente la merma más significativa, producida durante el primer año de gobierno de Milei.
El proyecto contempla también el llamado a paritarias, aunque sin establecer pisos de aumento compatibles con el alza de precios al consumidor. Los antecedentes inmediatos diluyen cualquier esperanza, porque en los primeros tres meses de este año el oficialismo decidió unilateralmente incrementos por debajo de la inflación reconocida.
Obsequio de una porción de la oposición, el Presupuesto 2026 permitió al gobierno insistir en su intimación de la última semana de abril a los rectorados. El duodécimo artículo, que fija los recursos para inversión y funcionamiento de las universidades, faculta en vaga redacción al Ministerio de Capital Humano a interrumpir las transferencias si las instituciones educativas no remiten “la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.
El texto menciona que los datos requeridos deberán ser enviados “en tiempo y forma”, formulación que el Ministerio tradujo en las 48 horas que otorgó a las universidades para responder a su intimación. El CIN consideró que fue un plazo “irrazonable por lo breve” y agregó que “no reconoce basamento normativo alguno” para lo que caracterizó como “un requerimiento difuso y no fundado en acto administrativo o norma aplicable, bajo un apercibimiento que anuncia conductas más allá de cualquier competencia ministerial”.
Preguntas y renuncias
Dentro del cuestionario elaborado en ocasión del informe de gestión presentado por Adorni ante la Cámara de Diputados, los bloques que la componen incluyeron más de una treintena de preguntas específicamente enfocadas en la situación universitaria.
Las respuestas ofrecidas por el estelar jefe de gabinete incluyeron:
- una reiteración del argumento por el que el gobierno no aplica la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, al menos hasta ser obligado por la Justicia;
- la mención al proyecto con que intenta modificarla, sin haberla cumplido; y
- la cita de lo dispuesto en el Presupuesto 2026, obtenido en la regalería de la oposición complaciente.
El único dato adicional fue la pretendida desmentida oficial al número de renuncias registrado en las universidades nacionales, que el CIN cifró en diez mil ya a mediados del año pasado. Ante una consulta del bloque del Frente de Izquierda, Adorni ofreció datos sobre el crecimiento en las cantidades de cargos y personas que los ocupan. Dado que los puestos renunciados no se mantienen vacantes, sino que son abiertos a concursos para su ocupación, los indicadores acercados por el jefe de gabinete no refutan por sí mismos la cantidad de dimisiones.
En cambio, los registros aportados sí evidencian modificaciones en las composiciones de las plantas docentes universitarias y preuniversitarias, que distribuyen sus cargos entre diferentes dedicaciones horarias y remuneraciones acordes. La cantidad de cargos docentes por persona fue en 2025 de casi 1,52, mientras que en 2023 había sido de 1,49 y en 2015, de 1,4. Dado que la acumulación horaria tiene un límite, esas cifras descubren un incremento en los puestos de menores dedicaciones horarias, con remuneraciones proporcionales a ellas. Si la merma del poder adquisitivo se sostiene, se acentuarán los riesgos de renuncias masivas, en particular entre profesionales que cuenten con oportunidades de trabajo fuera de la docencia universitaria.
La categoría más alta del escalafón es la de profesor titular. El salario básico neto de quienes la ejercen con dedicación simple y una década de antigüedad no superó en abril el medio millón de pesos.
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