La decisión del gobierno nacional de eliminar retenciones sobre las exportaciones de 231 productos de la actividad minera actualiza la necesidad de poner foco en el sector, su incidencia en la economía, el empleo y el mapa federal. Esto se debe a que se trata de recursos extraídos en tierras alejadas de las coordenadas en que se firman y comentan los decretos.
El decreto publicado en la madrugada del jueves menciona dos veces al “trabajo nacional” y cuatro a la generación de empleo, entre los objetivos con que busca justificar el recorte a los ingresos públicos. Por detrás aparece la inveterada vocación de seducir inversiones, aunque el ítem impositivo sea intrascendente para los márgenes de los capitales internacionales volcados al extractivismo.
La creación de empleo y circuitos productivos locales a partir de la actividad extractiva no ha sido uno de los resultados logrados, a pesar de que en las últimas décadas se usó esta argucia para justificar cada entrega. Es previsible que lo mismo ocurra con su reencarnación anarcocapitalista. El primer año y medio de mandato de Javier Milei deja como resultado un incremento en las divisas por exportaciones mineras, pero con caídas en los puestos de trabajo. En los segmentos más ligados a la generación de entramados económicos locales, las retracciones estuvieron cerca de alcanzar dos dígitos.
Por otra parte, se advierte una centralidad creciente de los productos mineros en la canasta exportadora argentina, porque el resto de las actividades no crece a su ritmo. Desde el ámbito académico consideran prácticamente inevitable que la extracción de ese tipo de recursos incremente en la próxima década su peso dentro de las exportaciones totales, lo que aumentará correlativamente los riesgos del país ante impactos externos en las compras o precios internacionales.
Las más de dos centenares de posiciones sobre las que se aplicarán los beneficios son indicadas por número en el anexo del nuevo decreto, dificultando su identificación. Los diarios La Nación y Ámbito Financiero destacaron con un dejo de curiosidad que entre los enlistados está el cobre, que el país no exporta desde 2018. Quienes han estudiado bien esta clase de dinámicas aconsejan observar los movimientos que se produzcan o conozcan en torno a ese metal.
Más allá del caso específico, la opacidad no es extraña al rubro. A mediados de 2024, cuando se discutía el llamado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales formuló un pedido de acceso a la información pública relativa a los beneficios otorgados por la Ley de Inversiones Mineras promulgada en 1993. La respuesta, que consumió incluso el tiempo formal de prórroga, enumeró a las empresas receptoras, pero no las cuantías ni la generación de empleo derivada.
De ese modo, el gobierno perdió una gran oportunidad para mostrar los notables beneficios que, de acuerdo con el argumento repetido, supondrían para el país las concesiones del sector público al capital. La fundación solicitante concluyó que el RIGI engrosaría las transferencias de recursos de la legislación previa, que “se ha traducido en grandes pérdidas para el fisco”, mientras “la creación de empleo y el desarrollo económico no terminan de llegar”. Lejos de interrumpir la receta, la carencia de resultados se presenta como una realidad a modificar con la siguiente entrega.
A través del espejo
Con datos cerrados a mayo de este año, el último informe oficial sobre exportaciones mineras evidencia números positivos en la variación interanual en todos los meses entre agosto de 2024 y el mayo de 2025. Con esa serie, el rubro dejó atrás la oscilación exportadora que había caracterizado al tramo pospandémico del gobierno del Frente de Todos.
Los datos asociados al empleo del sector, en cambio, muestran variaciones interanuales negativas. En febrero, la actividad minera había perdido 2.064 puestos de trabajo respecto del mismo mes del año anterior, con un retroceso del 5% interanual.
De ese modo, al último registro disponible corresponde la octava caída consecutiva, una tendencia que comenzó en julio de 2024 y que contrasta con el crecimiento observado en el último año de mandato de Alberto Fernández y el primer semestre del de Milei.
Para febrero, la menor retracción de puestos de trabajo se verificó en la producción, que lamentó menos de la mitad del porcentual general perdido: fue de 2,4% en los minerales metalíferos y en los no metalíferos su caída fue aún menor, con 1,1%.
Distinto es el panorama cuando se observa un rubro de mayor vinculación con la generación de entramados económicos locales. Lo que la Subsecretaría de Desarrollo Minero llama “servicios y actividades relacionadas con la minería” experimentó un desplome de 8,2% en sus puestos de trabajo. Tal retracción sólo fue superada por la de 8,8% en el empleo asociado a la producción de rocas de aplicación, extracciones no metalíferas que se utilizan como insumo en la construcción.
Otro aspecto relevante es el de las condiciones que acompañan a la producción en el sector. De acuerdo con los todavía provisorios resultados del Censo Nacional Económico recogido en 2020 y 2021, entre las empresas agrupadas como de Minería, Agua y Electricidad sólo el 9,5% realizaban actividades de investigación y desarrollo. Ese porcentual era mayor al del agro, pero se ubicaba más de dos puntos por debajo del de la industria manufacturera.
Bienes y vas
El informe trimestral sobre exportaciones argentinas publicado en julio por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP) de la UBA exploró un riesgo de mediano a largo plazo. Sus manifestaciones ya comenzaron a hacerse visibles: que la minería reemplace al boom agrícola y constituya el nuevo rostro de la dependencia exportadora del país. Para ello incide no sólo el desarrollo del sector, sino, en particular, el estancamiento de una década en las exportaciones de los llamados bienes diferenciados, que son aquellos de características únicas y distintivas, como vehículos o maquinarias.
Sería difícil catalogar los números y proyecciones del informe entre la bibliografía populista que el gobierno desprecia. De su supervisión se ocupó Juan Carlos Hallak, en 2019 subsecretario del Ministerio de Producción y Trabajo a cargo de Dante Sica, que durante la última semana elogió la orientación económica del actual Presidente.
Basado también en proyecciones oficiales sobre las exportaciones de combustibles y minerales, el estudio del DESIP advierte que ambos sectores desplazarían al agro como principal rubro exportador. El carácter de “no renovable” de esos recursos añadiría un factor al riesgo de impactos externos sobre una balanza comercial dependiente de las materias primas. Como el país cuenta con ellas, pero lejos está de decidir sus precios, queda inevitablemente atado a las decisiones, pujas y cisnes negros que dancen aguas ajenas.
De cumplirse los pronósticos sobre el comportamiento de esos sectores, para que los niveles de concentración de 2024 se sostengan en 2030, las exportaciones de bienes diferenciados deberían crecer a una tasa de 20% anual, que el propio DESIP estima imposible.
Destinos
Si el interés presidencial pasa por incrementar, a como dé lugar, el extractivismo minero, debería prestar atención a su clientela, compuesta por varios de los países a cuyos gobiernos Milei cataloga como enemigos.
De acuerdo con el informe oficial de exportaciones mineras correspondientes a mayo, el peso de China (14%) y Brasil (2%) como destinos continuaba por debajo de los Estados Unidos (15%). Sin embargo, ambos demonios comunistas habían evidenciado una variación interanual sustancialmente mayor: mientras la participación del país gobernado por el adorado Donald Trump creció 23 puntos entre enero y mayo, el gigante asiático incrementó la suya en 45% y el sudamericano, en 54%.
En materia específica de litio, Estados Unidos redujo su participación en 8% y China la incrementó en el mismo porcentual, representando el 73% del total de las exportaciones argentinas de ese mineral en los primeros cinco meses de 2025.
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