Plan Estratégico de Protección Social

Diez medidas para generar una política ética que transforme la realidad

 

El gobierno nacional y los medios de comunicación han creado una nueva falacia: si se logra bajar la inflación a niveles tolerables con un razonable crecimiento económico, se podrá ganar las elecciones en 2023. Conviene recordar que el ser humano es capaz de chocarse no sólo dos veces con la misma piedra, sino mil. Albert Einstein enseñaba que “la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Creo que eso nos pasa a diario en nuestro país.

Veamos si es verdad que un país con una baja inflación y con un razonable crecimiento económico es condición suficiente para ganar elecciones. Tenemos un ejemplo incontrastable que le pone un mentís a todas estas especulaciones. Durante el segundo mandato de Carlos Menem, la Argentina no registró casi inflación, a la par que registraba un fuerte crecimiento del PBI. Sin embargo, fue derrotado en los comicios de 1999. Eso se debió a que, en paralelo, se produjo una enorme concentración de la riqueza en pocas manos y el menemismo abdicó de cualquier política de distribución del ingreso. Algo muy parecido a lo que ocurre en este momento. Por lo tanto, el crecimiento y la baja de la inflación son condiciones necesarias, pero de ninguna manera suficientes para un triunfo electoral.

Todos los días me hago una pregunta: si la economía creció en 2021 el 10,5% y los salarios de los trabajadores registrados le empataron a la inflación, los no registrados perdieron por mucho frente a ella, los jubilados también le empataron a la inflación y los planes sociales se achicaron, alguien podrá explicar: ¿quién se quedó con ese 10,5% de crecimiento económico?

Para que se tome conciencia, todo el sistema previsional ronda el 8% del PBI, y mientras la economía creció en 10%, la prestación mínima jubilatoria es de $32.630,40. La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que nos dejó el macrismo asciende a $26.104 y las pensiones por discapacidad a $22.841. Con estos valores prestacionales, ¿alguien cree que por más que pulvericen la inflación, es posible ganar una elección? Para colmo, nada hace suponer que el FMI acepte renovar alguna moratoria para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65, lo que va a implicar una caída estrepitosa de la cobertura. Quiero llamar la atención acerca de que si no hay un plan de ampliación de la cobertura que permita incorporar a las mujeres al sistema de seguridad social, sólo podrán acceder al beneficio 3 de cada 10 mujeres, por lo que 7 quedarán en la marginalidad. Al menos espero que, si esto efectivamente sucede, nadie se llene luego la boca con la importancia de las políticas de género, porque en la práctica será una burla hacia todos los avances que hubo en este tiempo.

Por ello, me permito transmitir los lineamientos básicos de un Plan Estratégico de Protección Social que permita, por un lado, generar una política ética y por el otro, la posibilidad de transformar la realidad.

 

 

Decálogo

 

  1. Lo primero que es necesario repensar es la estructura institucional. Si las políticas sociales deben depender directamente del Presidente mediante una agencia social o ente descentralizado al estilo de ANSES, pero no dependiente de ningún ministerio. Necesita ser una estructura muy dinámica, que centralice todas las prestaciones dinerarias que otorga el Estado en sentido amplio y donde la mecánica y la reglamentación pertinente queden bajo su órbita. Objetivo: Lograr dinamismo en la acción de gobierno, evitar las interconsultas entre los distintos ministerios y desburocratizar la implementación de las políticas sociales.
  2. Es necesario crear un Consejo Federal de Protección Social que asesore al Presidente respecto a las medidas a tomar. Allí deberían estar representadas todas las gobernaciones y, en forma indirecta, los municipios, las ONGs nacionales e internacionales –que deberán ajustar su accionar a las normas que dicte el Consejo–, los movimientos sociales y los representantes de los trabajadores activos. Objetivo: Evitar la superposición de prestaciones en algunos casos y la falta de cobertura en otros en las que esas prestaciones son muy necesitadas. Esto ocurre diariamente porque hay algunos lugares donde las necesidades son atendidas por las municipalidades, las organizaciones sociales, diversas ONGs, las distintas iglesias, etc., lo cual resulta inequitativo y oneroso y, en reiteradas oportunidades, ineficiente.
  3. La primera acción que debe desarrollar el Consejo Federal de Protección Social es la determinación de un piso básico de protección social, que debe contemplar los requerimientos básicos de una familia para no estar inmersa en la pobreza. Dicho piso debe tener en cuenta las distintas etapas de la vida de las personas: la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. También deberán evaluarse si las personas tienen o no familia, y/o grupos de pertenencia, si viven solas, en pareja, en familia ampliada o en comunidad. Ese piso básico de protección social será un piso de justicia debajo del cual no sería tolerable aceptar que ningún ciudadano de nuestro país viva. Será obligación del Estado alcanzarlo y obligar a todas las jurisdicciones de la Argentina a respetarlo. Si una persona tiene ingresos parciales, el Estado debe completar dichos ingresos hasta alcanzar el piso de protección social. Objetivo: Mucho se habla de las distintas formas de medir la pobreza y la marginalidad; del costo de la canasta básica; del impacto de los servicios púbicos en el ingreso de la población, etc. Cada organización tiene su propio número, pero todos cargados de ideología y subjetividad. El más serio parece ser el del INDEC, pero su encuesta está inmersa en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), que obviamente controla por muestreo estadístico. El camino propuesto recorre en forma inversa la medición, ya que se pretende construir un consenso según el cual se determine el monto básico de ingresos que requiere una persona para no ser pobre, algo equivalente a establecer un piso mínimo de justicia social.
  4. Es necesario identificar un mapa de la pobreza que determine las necesidades sociales y los puntos críticos de pobreza y marginalidad. Lo peor que nos pasa en la actualidad es la dispersión de políticas sociales sin ningún tipo de coordinación. Municipalidades, gobiernos provinciales, el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social o ANSES, ONGs, organizaciones sociales, la Cruz Roja, UNICEF, las distintas iglesias e infinitas personas de buena voluntad se entrecruzan con prestaciones diversas sin ningún tipo de coordinación. Objetivo: Construir un mapa de la pobreza que permita focalizar las necesidades y accionar en conjunto sobre aquellos problemas que hacen a la pobreza estructural.
  5. Se ha repetido hasta el cansancio que el acuerdo con el FMI no afecta los fondos que financian a los jubilados y pensionados, y seguramente sea así. Pero lo que se omitió decir es que en julio ya no habrá plan de inclusión que permita incorporar años de servicios con aportes. Esto significa que a partir de allí, sólo podrán obtener su beneficio 3 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 hombres. Por ello, un nuevo Plan de Inclusión Jubilatoria es un prerrequisito para la implementación de cualquier programa en materia social. Es necesario institucionalizar mecanismos de mantenimiento e incremento de la cobertura previsional. Objetivo: Institucionalizar los sistemas o esquemas de incremento de la cobertura en materia previsional mediante planes de moratoria o de inclusión social o similares.
  6. Se hace imperativo aplicar un Ingreso Básico Universal que en forma paulatina derrote a la pobreza y a la indigencia. Objetivo: El Ingreso Básico Universal es la herramienta más importante de cualquier plan estratégico. Se trata de un imperativo ético que permita garantizarle a la población un modo de supervivencia para él o ella y su familia.
  7. La experiencia demuestra que en materia social nadie se salva solo: es necesario construir puentes entre los distintos sectores del pueblo. En el caso de los jubilados y pensionados, sus haberes tienen directa relación con el ingreso de los trabajadores activos, ya que el cálculo de la movilidad depende de la variación salarial de los trabajadores activos. Cuando el macrismo disminuyó salarios, en la misma magnitud disminuyeron beneficios previsionales. Por lo tanto, tanto los trabajadores activos como los pasivos son dos caras de una misma moneda y necesitan compartir objetivos y planes de inclusión social. Objetivo: Mejorar sensiblemente los ingresos de los trabajadores activos, dado que el salario es el principal motor de la fórmula de movilidad jubilatoria.
  8. Es necesario romper las políticas destinadas a subsidiar servicios y transferir directamente ese dinero a aquellos que se ven afectados por el incremento de las tarifas, pasando a formar parte de los ingresos de la seguridad social. Es sabido que los subsidios a los distintos servicios son inequitativos: el transporte, la nafta, la energía eléctrica, el gas, Internet y el agua corriente tienen precios tan dispares como jurisdicciones hay en el país. Generalmente, la más beneficiada es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en perjuicio del interior del país. Lo justo es que todos puedan pagar los servicios y no recibir tarifas ficticiamente más baratas, porque la experiencia muestra que los subsidios se los quedan los empresarios y no reinvierten. Lo que corresponde hacer es igualar los precios, la calidad de los servicios y dotar a la población más vulnerable de la capacidad económica para abonarlos ellos mismos. Así se terminaría con las patrañas de las empresas que dan malos servicios bajo la justificación de que el Estado no abona en tiempo y forma los subsidios, mientras se despilfarran importantes recursos que podrían permitir que millones de personas salgan de la situación de pobreza. En otras palabras, el Estado debe controlar el precio de los distintos servicios e imponer topes racionales a los abusos para luego, con independencia, determinar las inversiones necesarias y exigir su cumplimento. Objetivo: Eliminar los subsidios a los distintos servicios, igualar los precios y la calidad de servicio y dotar a la población mas vulnerable de la capacidad económica para hacer frente a esas tarifas.
  9. El macrismo nos dejó de regalo, a través de la Ley de Reparación Histórica, la llamada PUAM, que abona el 80% de la jubilación mínima y prorrogó la edad de las mujeres más vulnerables de 60 a 65 años de edad. Esta prestación no genera derecho a pensión, ni siquiera en los hijos discapacitados. Por otro lado, el sistema otorga una pensión por discapacidad que abona el 70% del mínimo jubilatorio. Es imperioso que todo aquel que percibe una prestación del Estado no reciba algo menos que el mínimo establecido por el propio Estado, entendiendo el mínimo como todo piso inferior de cualquier prestación. Objetivo: Eliminar haberes inferiores al mínimo jubilatorio, no sólo por razones éticas, sino por cuestiones de coherencia legislativa, normativa y gramatical.
  10. La aplicación de encuestas socioeconómicas, además de ser extrañas a un sistema de previsión social, son fácilmente burladas por los sectores más acomodados y de muy difícil prueba para los sectores humildes. Por otro lado, obliga a una persona a acreditar su pobreza y su estado de necesidad, en una palabra, a obtener un “carnet de pobre”, lo que es violatorio de los principios instaurados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado cuenta con infinidad de bases con las cuales analizar la situación económica de una persona sin necesidad de humillarla. Objetivo: Eliminar las encuestas socioeconómicas por discriminatorias e injustas.

Imagino a los economistas y pseudo-dirigentes del establishment leyendo esta propuesta y pienso en la furia que les producirá. Se les deben parar los pelos como a un gorila enceguecido y esbozo una sonrisa. A mí me pasa algo parecido, por ejemplo, cuando los escucho desparramar cualquier inmundicia para justificar la conducta egoísta, y moralmente repudiable, de sus mandantes del poder real.

La semana que viene abordaré la propuesta de financiación de un plan de las características del aquí delineado. Pero, mientras tanto, quiero recordar una frase de quien ha estudiado profundamente experiencias sobre el Ingreso Básico Universal, el holandés Rutger Bregman, en Utopía para realistas: “La principal razón por la que la gente pobre es pobre es que no tiene suficiente dinero y no debería sorprender tanto que entregarles dinero sea una forma eficaz de reducir ese problema”.

 

 

 

 

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