Playas ferroviarias para Horacio

Macri le cedió a la Ciudad diez terrenos en Caballito y Palermo con la excusa de financiar espacios públicos

 

1.

Una saga taquillera reincide en la fórmula: los personajes, ya familiares, vivirán variaciones de una trama conocida. Fuera del cine, el negocio de hacer lo mismo también es rentable. La política de transferencia de recursos públicos a manos (amigas) privadas ejecutada por Cambiemos –tanto en el mandato expirado a nivel nacional como en la añosa gestión en la Ciudad de Buenos Aires– volvió a quedar expuesta en el último dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA), que detectó, en 2019, el traspaso de Nación a Ciudad de diez terrenos ferroviarios –seis en Caballito y cuatro en Palermo, tasados en millones de dólares– con la excusa de financiar un plan de obras destinadas al espacio público. El hecho es irregular porque no suele desembolsarse por adelantado la financiación total de algo que no está ni empezado (lo habitual es verificar el avance de las obras y recién girar el dinero), e ilegal porque viola la Ley 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (RFRF) que establece la prohibición de realizar “cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato”. Como buen argumento trillado, a nadie sorprende que, a casi dos años, el proyectado espacio público conserve su paisaje de baldío.

 

2.

El plano general muestra a un mago cabizbajo, globos amarillos, no se escucha música. Sobre el escenario, el protagonista promete seguir trabajando para los argentinos. En vez de baile, ensaya una pronta retirada.

El 28 de octubre de 2019, al día siguiente de perder en primera vuelta, el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 740/19, que le otorgó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la potestad de dar en pago bienes inmuebles para cancelar deudas asumidas por el Estado Nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Para la Oficina Anticorrupción, “no puede descartarse que la derrota electoral hubiera disparado el dictado del DNU con la finalidad de permitir el traspaso de los 10 inmuebles de marras a favor del GCBA (…) y de esa forma evitar el control y evaluación de estos actos por parte de las nuevas autoridades nacionales”.

“De este modo –agrega el dictamen– quedaría expuesto que la real premura por concretar las transferencias aquí descriptas, estaría más amparada en la finalización del mandato presidencial y del de las autoridades de la ABBE que en el desarrollo de las obras de infraestructura, las que 21 meses después siquiera comenzaron”.

 

3.

Los personajes secundarios también son recurrentes. El presidente de la ABBE durante la administración 2015-2019 de Cambiemos, Ramón María Lanús, y su segundo, Pedro Martín Comín Villanueva, fueron nombrados en paralelo presidente y director, respectivamente, de Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA), una sociedad compuesta por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y por la propia ABBE para el desarrollo de “proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios” de los terrenos de Palermo, Liniers y Caballito.

El 5 de octubre de 2018, PFBA y el gobierno porteño suscribieron un Convenio Específico de Colaboración nombrado “Master Plan Playas Palermo” que obligaba a la Ciudad “por sí o por la contratación de terceros” a ejecutar obras en la ex playa ferroviaria de la Estación Palermo. La construcción de una plaza de 5.000 metros cuadrados y la apertura de tramos de calles tuvieron, según la copia fiel del contrato, un costo total de “PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 77/100”. Dicha cifra se expresó en números de la siguiente manera: $76.084.379,82.

No hace falta ser un perito contable para descubrir un faltante de 200.000 pesos entre una transcripción y la otra. El error, según los auditores de la OA, “vendría a demostrar la comunidad de intereses existente en ese momento entre PFBA y el GCBA, ya que jamás existieron planteos de ninguna de las partes sobre los más de $ 200.000 de diferencia entre ambas cantidades”.

Un nuevo convenio entre la empresa controlada por la ABBE y el gobierno de Rodríguez Larreta firmado el 8 de noviembre de 2019, es decir a un mes de la finalización del mandato de Macri y en consecuencia de las autoridades de PFBA, confirmó la mala intención.

La auditoría de la OA describió que el Convenio Específico Playas Ferroviarias Palermo Etapas II, III y Caballito Etapa I “fue suscripto para el desarrollo de obras de nuevos espacios verdes públicos e infraestructura a cargo del GCBA en las Playas Palermo y Caballito, las que no han comenzado, aun cuando fueron abonadas en su totalidad mediante la ‘dación en pago’ de los 10 inmuebles mencionados”.

También destacó que al momento en que PFBA transfirió los bienes al gobierno local “no existía una deuda exigible en tanto las obras no estaban concluidas, ni mucho menos auditadas, y los plazos para su concreción siquiera se encontraban cerca de haber vencido”.

Con respecto a las actuaciones de Lanús y Comín Villanueva como presidente y director de PFBA (actualmente cobijados con cargos por el favor de Horacio Rodríguez Larreta), la OA consideró que “habrían administrado de modo infiel el patrimonio de dicha sociedad, perjudicando los intereses que le fueron confiados, mediante la presunta imposición de obligaciones abusivas que favorecieron al Gobierno de la Ciudad de Buenos”.

 

4.

El 14 de febrero de 2020, el gobierno nacional dictó el Decreto 149/20 que instruyó a la AABE “a revisar en un plazo no mayor a sesenta días la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019”.

La ABBE elaboró el informe “Playas Ferroviarias” y lo remitió a la OA, que luego del análisis concluyó: “Todo este cúmulo de decisiones que habrían sido arbitrarias y los incumplimientos normativos señalados denotarían un verdadero plan criminal orquestado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de perjudicar el patrimonio de PFBA en beneficio del GCBA”.

La misma OA fue la encargada de llevar a la justicia, una vez más, las pruebas de la administración fraudulenta de los funcionarios macristas. El hábito de financiar obra pública en el distrito más rico del país con patrimonio nacional, sumado a irregularidades en las licitaciones y al incumplimiento de normas vigentes, engendró una pila de denuncias que se montaron, una sobre otra, en una mega causa que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Si la historia contada de funcionarios a contramano del bien público fuera una de esas películas con varias secuelas, el protagonista terminaría bien. Por suerte la vida es menos previsible.

 

 

 

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