Pobreza y soberanía

Sin un fuerte impulso estatal, ninguna mejora de la economía privada alterará el cuadro de situación

 

Como era previsible, dado el impacto económico de la pandemia y las limitaciones político-institucionales del país, la última medición de la pobreza realizada por el INDEC en 31 conglomerados urbanos mostró la existencia de 12 millones de personas pobres. De ese total, 3 millones están por debajo de la línea de indigencia. El porcentaje de personas pobres, proyectado a la totalidad de la población equivaldría a 19 millones de habitantes. El 58% de lxs niñxs menores de 14 años es pobre en la Argentina actual.

Los datos son contundentes y exigen respuestas serias. No fantasías ideológicas.

 

 

 

Para atacar la pobreza, enriquecer el pensamiento

La derecha utilizó el dato de la pobreza para hacer dos cosas que sabe perfectamente. Una es atacar con muy poca seriedad al gobierno nacional, ignorando que existe una durísima pandemia global y que es la propia derecha local el obstáculo principal para mayores estrategias distributivas. Si no amenazaran constantemente con corridas cambiarias y alzas especulativas de precios habría mayores márgenes de acción fiscal en ese tema.

La otra actitud típica de la derecha es volver a presentar sus viejas recetas económicas –cuyo único fin es aumentar la rentabilidad de ciertas corporaciones–, ahora para atacar el problema de la pobreza. Así, se escuchó decir que para reducir la población cuyos ingresos están bajo la línea de pobreza sería crucial bajar la inflación. Con el cuento de “abatir la inflación” la derecha termina imponiendo recetas exterminadoras de la economía, como lo fue la convertibilidad, con inflación 0 y niveles enormes de desempleo y pobreza. Abatir la inflación, en el recetario neoliberal, es lo mismo que decir ajuste drástico del Estado, apertura indiscriminada, hundimiento de la economía y quiebras masivas.

Que el movimiento incesante de precios que venimos observando debe ser contenido es cierto y necesario, pero no es toda la verdad.

En todo caso, la pobreza es tanto un problema vinculado al nivel de precios como al nivel de los ingresos de los pobres e indigentes. Supongamos que el gobierno lograra mágicamente inflación cero el mes que viene. Nos quedaríamos cómodamente instalados en 42% de pobres, infinitamente. No es un mal horizonte para los irresponsables de la derecha. Que hubiera 0 inflación no nos eximiría de pensar cómo hacer para que una familia cuyos ingresos mensuales son hoy de 30.000 pesos llegara a los 50.000 para empezar a sacar la cabeza arriba del agua.

Por lo tanto, no se puede separar el tema de los ingresos, es decir de la distribución del ingreso, de la discusión sobre la pobreza.

La segunda receta del canon ortodoxo suena atractiva: promover la inversión privada.

Desde ya que la inversión productiva sería positiva y bienvenida. Pero debemos hacer dos salvedades: la primera es que la enorme dimensión de la pobreza y el desempleo hacen que se requiera un monto gigante de inversiones, absolutamente imposible de obtener en el corto plazo. Y adicionalmente debemos recordar que las inversiones (extranjeras) que se fantasea atraer requieren muy poca mano de obra, como ocurre en varios complejos productivos que son básicamente intensivos en capital. Enclaves inversores, básicamente conectados a la economía global y con escaso vínculo con el entramado productivo local, no son solución alguna para el problema de la pobreza. El impacto en la pobreza de una masa de inversiones de corporaciones multinacionales sería escaso, irrelevante, si no se complementara con muchas otras inversiones de empresarios pequeños y medianos, productores agrarios, cooperativas de producción y el Estado en todos sus niveles.

Se debe abandonar, por obsoleto, el viejo reflejo de esperar que la reactivación económica esperada para este año y el próximo eliminará el desempleo, o reducirá fuertemente la pobreza.

Bienvenida la reactivación, porque ayudará y mejorará el cuadro macroeconómico, pero no resolverá la situación de fondo. Fue el kirchnerismo el que descubrió que a pesar de las muy altas tasas de crecimiento en sus primeros años no se lograba bajar significativamente la indigencia, y con sabiduría recurrió al lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo, una transferencia estatal directa que fue contundente para reducir en serio el problema. Se comprobaba que la economía de mercado, y encima periférica, no tenía respuestas convincentes para nuestros problemas sociales estructurales.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tiene previstos una serie de planes interesantes de creación de empleo. En varias provincias hay planes de construcción de vivienda, conocidos por sus efectos positivos sobre el empleo. Pero valdría la pena revisar el alcance de todos estos proyectos, para que no sean parches menores frente a la montaña de la pobreza.

Quizás haya que pensar enfoques más amplios, nuevos instrumentos, sumar más protagonistas a un esfuerzo que debe abarcar a toda la sociedad. Sin mediar un fuerte y decidido impulso estatal, no habrá mejora de la economía privada que altere drásticamente el cuadro de situación.

El tema del combate en serio a la pobreza debería ser transversal a varias áreas de la economía, del trabajo y del desarrollo social. Debería impactar en el diseño de la estructura impositiva –desde ya en la capacidad recaudatoria y de lucha contra la evasión–, en la planificación nacional y regional de actividades productivas, de infraestructura y sociales. Pero también debería incidir en la propia negociación con el FMI, organismo que por trascendidos recientes parece estar reclamando ¡equilibrio presupuestario! en un período de tres años.

Teóricamente, es posible arribar al equilibrio presupuestario sin ajuste a los sectores populares, mejorando dramáticamente la percepción de los impuestos a los actores económicos que se resisten exitosamente a pagarlos.

Pero políticamente eso implica un drástico vuelco en la actual estrategia de gobernabilidad, en la movilización de fuerzas sociales, que le permita a la actual administración contar con todos los mecanismos técnicos y punitivos necesarios para lograr esa meta que pone en juego la esencia del Estado.

La burocracia del FMI demanda, casi inocentemente, equilibrio fiscal en tres años, sabiendo que manda al gobierno popular a una misión muy difícil, en la que puede crujir su base social y política y arriesgarse a maniobras desestabilizadoras.

 

 

El acuerdo con el FMI: dos miradas antagónicas

El FMI sigue insistiendo en que no piensa ampliar el plazo de pago de sus Préstamos de Facilidades Extendidas a más de diez años en atención al caso argentino. Sin embargo, circulan rumores de que dadas las difíciles condiciones globales, el organismo procedería a una reforma interna de sus estatutos para extender estos préstamos a plazos mayores.

A nosotros el FMI nos exige saldar la deuda de 44.000 millones en diez años. Las matemáticas más simples dicen que cuando empiecen a vencer los principales tramos del crédito del FMI, coincidirán con los vencimientos de los pagos comprometidos con los bonistas privados, generándose a partir de 2025-26, una carga abrumadora de vencimientos de deuda que precipitaría otro default de nuestro país, más allá de quien gobierne.

¿Por qué debería Argentina firmar un acuerdo así?

Aquí los senderos se bifurcan. Desde la perspectiva de un sector del gobierno, un acuerdo de estas características, si bien no es bueno, puede ser modificado más adelante, aprovechando diversas flexibilidades y situaciones de crisis globales que se puedan presentar. Y tendría la enorme ventaja coyuntural de terminar de aquietar las aguas financiero-cambiarias en el corto plazo, eliminando un frente de presión sobre el gobierno. Quedaría “sólo” para este año el tema de poner en caja los precios, ya que la reactivación está en marcha, y rezar para que la crisis sanitaria no fuerce a otro enfriamiento económico.

La mirada antitética en cuanto a su filosofía social profunda es la que expresó con suma claridad el analista Marcos Novaro, alineado férreamente con la derecha local y escritor del libro Así lo viví, que reúne un conjunto de conversaciones del autor con Héctor Magnetto.

El 30 de marzo, en el sitio electrónico de TN, Novaro explicitó con mucha claridad la importancia que tiene para la derecha el acuerdo con el FMI y las expectativas que les produce:

“El problema tampoco son los asuntos de los que habla Cristina y repite como loro Alberto. Son los asuntos que no quieren ni mencionar: las demás condiciones que el Fondo exige para no pagarla, sino patearla hacia adelante. Es eso lo que el gobierno no quiere aceptar. Y es parte de una historia ya conocida. La misma que llevó a la Argentina a romper con el organismo a fines de 2005, a pagarle cash casi 10.000 millones con reservas y a endeudarse desde entonces con Venezuela, abonándole tres veces la tasa que pagaba la deuda liquidada: esos malditos querían meterse a opinar sobre cómo íbamos a manejar la economía, cuánto iba a gastar el sector público, qué haríamos para frenar la inflación, ese tipo de asuntos. Néstor sabía que, si aceptaba esas condiciones, se comprometía a respetar reglas y no iba a poder manejar a las empresas según su capricho. No iba a poder decidir discrecionalmente sobre precios, sobre la obra pública, sobre las licencias de importación y exportación o las de los medios, sobre quién ganaba o perdía dinero según si apoyaba o no a su gobierno, a qué partido financiaba y con quién y a través de quién hacía negocios. No habría radicalización política posible sin radicalización económica”.

Como siempre, desde la mirada de ese sector moralmente degradado, en la política no pueden habitar sino intereses personales mezquinos, ambiciones espurias y negocios turbios. No habla de Macri intocable, sino de Kirchner. Y a partir de esa matriz “chorrocéntrica” para mirar los gobiernos populares, interpreta toda acción de gobierno –tanto en el plano local como internacional– como un juego de rufianes. Aspirar a mayor independencia en el control del rumbo de la economía nacional es una bajeza imputable a las peores intenciones. Modificar precios relativos sólo puede ocultar ambiciones siniestras. Decidir en qué gasta y qué prioriza el Estado Nacional debe ser arrebatado de las ladronas manos del tiranuelo local para ser puesto en las prudentes manos de los funcionarios extranjeros. El gran Aldo Ferrer sería, en este esquema, el ideólogo de todas las delincuencias públicas.

Prosigue Novaro: “(Cristina Kirchner) lo alentó (al Presidente de la Nación) a abandonar la idea de una renegociación rápida de la deuda, tanto con el FMI como con los bonistas, en el marco de un plan de estabilización… Iba a ser necesario mantener el ajuste que venía haciendo Macri en las cuentas públicas, y proponer algún esquema de salida del congelamiento de tarifas y el cepo. Y algo aún peor para Cristina: el nuevo gobierno se habría vuelto dependiente, como lo había sido el de Macri, de la confianza de los empresarios y la opinión pública, interna y externa. Tendría que haber hecho también buena letra, o aparentarla al menos, en el manejo de la prensa, la corrupción y la Justicia. La moderación económica iba a exigir moderación institucional. Una desgracia segura para los intereses de la jefa, de su familia y su gente”.

Todos estos temas, eminentemente políticos, son presentados como caprichos o extravagancias de la malvada Cristina, quien no cesa de producirnos daño…

Extraordinario párrafo, en la que se explica para quien quiera entenderlo la importancia de un acuerdo tradicional con el FMI para hacer abandonar a Alberto Fernández todo impulso reactivador, traicionar su propuesta electoral y someter plenamente las decisiones de su gobierno a “la confianza de los empresarios y la opinión pública, interna y externa”. Grandes empresarios, medios de comunicación concentrados, capital global, Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir: el Frente de Todos debería ser lo que es Juntos por el Cambio, espacio político al que nadie tiene que presionar para que se someta a todos esos poderes fácticos, ya que es su fiel representación. Y Novaro explicita los efectos colaterales de tal subordinación al FMI, los empresarios, los de afuera: buena letra con la prensa, con la corrupción y con la Justicia. Toda la agenda del poder conservador que mantiene al país en el estancamiento y la dependencia, derivada políticamente a partir de las consecuencias del acuerdo con el FMI. Todo el entramado semicolonial a la vista.

No quiero privar a los lectores de un último párrafo que representa una de las cumbres del ideologismo de la derecha que vive en un mundo de ficciones: “Visto así, lo que le debemos al Fondo no es tanto un problema, sino un alivio. Porque es uno de los últimos lazos que nos mantiene unidos al mundo democrático y a las economías libres. Y es un recurso extremadamente valioso para que, en algún momento, se recupere la sensatez y sea viable una política más o menos razonable”. Mundo democrático sería, en esa mirada afiebrada, el que acaba de pedir la libertad de los golpistas bolivianos luego de haberlos reconocido, en su momento, como demócratas. Y las economías libres serían aquellas sometidas al gobierno de las corporaciones monopólicas y los banqueros impunes, que olvidaron hace rato que quería decir libre competencia.

Más allá de que todo el aparato comunicacional de la derecha argentina y global esté hace más de doce años dedicándose a demonizar cotidianamente a Cristina Kirchner, por ser la líder de un espacio social que no pudo ser deglutido por el orden global neoliberal, el problema central no lo tienen con Cristina sino con la soberanía argentina.

 

 

La honda de David

Conviene saber que estamos en presencia de un escenario fluido y complejo, donde los poderes fácticos no le quieren dar margen para triunfar a ninguna experiencia mínimamente progresista.

Lo que en los ’90 llamábamos “pensamiento único”, porque parecía no haber ningún cuerpo teórico en circulación capaz de disputar en serio con el neoliberalismo global, hoy se ha transmutado en “política única”.

Ya se sabe –luego de diversas experiencias latinoamericanas post-neoliberales– que se pueden hacer políticas diferentes, salirse del libreto, crear otras realidades mejores para las mayorías.

Pero el empeño actual de las fuerzas conservadoras –locales y externas– es mostrar la inviabilidad política de las experiencias progresistas, o nacionales y populares. Simplemente no pueden ocurrir, son bombardeadas y boicoteadas desde que nacen, atacadas de mil formas, y se busca que fenezcan en el intento de ponerse en pie.

En algo la lucha de los gobiernos que no aceptan ser telecomandados por los poderes fácticos se parece a la lucha de David frente a Goliat.

Lo que no es recomendable, para David, es ir a esa pelea sin su honda.

Y sin la voluntad de usarla.

 

 

 

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