Poca prueba y mucho show

 

El primer lunes de agosto, apenas pasadas las 8:30, el fiscal Diego Luciani inició el alegato en la causa “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/infracción art. 174 inc. 5, y 210 del Código Penal”, conocida como “Vialidad” u obra pública en Santa Cruz. El funcionario judicial, vía Zoom, habló de una “asociación ilícita piramidal” que habría comenzado en mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia y continuado en las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, hasta diciembre de 2015. Luciani habló de una “matriz de corrupción extraordinaria de características inusuales” en el reparto de obras públicas viales en la provincia en la que Kirchner fue intendente y gobernador.

“La finalidad de esta asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para uso personal o para terceros”, dijo. Entre las anomalías, mencionó que “de la noche a la mañana” se transformó en empresario de la construcción a Lázaro Báez, antes empleado bancario. Luciani quiso enhebrar fechas: remarcó que Austral se fundó el 8 de mayo de 2003 –con un aporte de $3.000—, pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia.

Sostuvo que hubo licitaciones públicas que “jamás fueron autorizadas por el Congreso en el presupuesto anual”. Un argumento que buscaba oponerse a lo que declararon como testigos en este juicio los ex jefes de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner: el Presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Todos coincidieron en que los planes de obras que integran el presupuesto nacional los define el Congreso. La fiscalía aseguró que “17 licitaciones nunca pasaron por el Congreso nacional, no tuvieron previsión presupuestaria”.

El lunes, mientras la declaración del fiscal se trasmitía en vivo en los portales, Luciani y Mola pasaron el audio de la declaración de Alberto Fernández, en el tramo que cuenta cuándo conoció a Lázaro Báez: entre 2003 y 2004 en el parque de una casa que estaba construyendo Kirchner en El Calafate, una historia pintoresca. Mientras Luciani alegaba, en Twitter periodistas y comentaristas políticos de los medios masivos lo comparaban con al menos dos fiscales: El “Fiscal Luciani, el Strassera del SXXI #CausaVialidad”, escribió pasadas las 10 un ex integrante de una conocida consultora, que ahora es panelista de TV. “Las cosas que pasan cuando los fiscales llegan vivos a un lunes”, tipeó un diseñador y humorista gráfico.

Los fiscales cuestionaron el alegato de la UIF, cuyos abogados el 11 de julio pasado dijeron que consideraban “irresponsable avanzar en una acusación” por no haber llegado “al grado de convencimiento sobre la existencia de sobreprecios”. Leandro Ventura y Alejandro Irachet pidieron la absolución de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Abel Fatala, Carlos Kirchner, Nelson Periotti y del empresario Lázaro Báez y una pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para los ex funcionarios de Santa Cruz Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

 

 

 

Las obras

La fiscalía dijo que las obras fueron “abandonadas” para el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ese argumento fue descartado de plano por Justo Pastor Romero, uno de los ingenieros de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que firmó la auditoría encargada por el ex titular de la entidad, Javier Iguacel, que descartó “desvíos de importancia” en las obras contratadas para construir rutas nacionales en Santa Cruz. Pastor, que viajó a Santa Cruz en el verano de 2016 para hacer la auditoría, dijo que fue un momento de “gran convulsión”. “Había piquetes y el personal de Austral protestaba por la falta de pagos de la compañía”, precisó. Pastor subrayó que las obras no fueron abandonadas por el gobierno que terminó en diciembre de 2015 sino por el que lo siguió. Dijo que a partir de 2016, cuando se rescindió el contrato con Austral Construcciones, Vialidad se debió haber hecho cargo de continuar con las obras para que no hubiera “ruina de obra”. Pero “a  partir de ese año hubo abandono de las rutas argentinas y no sólo en Santa Cruz sino también en Córdoba, Entre Ríos y otros distritos”.

Luciani también habló de un supuesto plan de limpieza para que Austral cobrara todo antes de las elecciones de 2015 que involucraría a José López, Lázaro Báez, CFK y Nelson Periotti.

“Son tantas las irregularidades que perdimos la capacidad de asombrarnos”, dijo Luciani en un tramo de su alegato, que continuó el martes y viernes y seguirá en las próximas dos semanas, durante seis audiencias. Consultado por El Cohete a la Luna, un abogado defensor dijo que el alegato de la fiscalía era un “rejunte de muletillas y lugares comunes”. Para el defensor se trató de un alegato “autocontradictorio con indicios para concluir de manera categórica frases armadas” que incluso utilizó pruebas que el Tribunal Oral Federal 2 había prohibido, como declaraciones de “arrepentidos”. “Poca prueba y mucho show”, concluyó.

Uno de los “arrepentidos” que se volvió a escuchar esta semana fue el empresario Patricio Gerbi, ex directivo de Coarco, que declaró en este juicio hacia fines del año pasado, en el tramo en el que testimoniaron empresarios de la construcción. Gerbi, como otros de sus colegas del rubro construcciones, está imputado en la causa “Cuadernos”, en la que confesó haber acordado sobornos. Dijo que le habían pedido una “colaboración monetaria” en 2004 o 2005.

 

 

Un guión sin sustento en la causa

Luciani y su colega Sergio Mola apelaron a argumentos conocidos para cuestionar la supuesta corrupción. Dijeron que se dio una “pérdida de la concepción ética que generó un grave daño a los sectores más desfavorecidos” y que “se encubrió con un fin noble la comisión de un delito”.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, habló del alegato de la fiscalía con el periodista Juan Amorín en C5N. Dijo que con dicha exposición se veía “la persecución política que llevó adelante el gobierno anterior” en conjunto con una parte de la Justicia. Para Mena se trata de un “alegato cinematográfico y coacheado que sigue un guión que no tiene que ver con el contenido de los tres años de juicio”.

“Los alegatos son para hacer un análisis razonado de la prueba”, sostuvo el funcionario. Mena subrayó que de las 51 obras que se juzgan en este juicio solo se peritaron cinco, sobre las que incluso no hubo acuerdo entre los peritos sobre la metodología para el peritaje. “Acá lo único que les interesa es sentar en el banquillo a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, indicó. Mena también se refrió a José López. Dijo que el ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal “participó de un hecho probado y confeso de corrupción. El macrismo lo sacó de prisión: tendría que haber cumplido su condena y le ofrecieron una reducción de la pena para que confiese”. “¿Por qué no se investiga el origen de los 9 millones de López?”, se preguntó Mena. El funcionario sostuvo que ese dinero lleva a dirigentes del club Boca Juniors ligados al ex Presidente Macri, al igual que la investigación por el  soterramiento del Sarmiento. “Un gobierno democrático no puede ser nunca una asociación ilícita”, concluyó Mena.

 

 

 

 

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