Policías en acción

Brutal operativo de la Bonaerense, sin brújula y sin orden de allanamiento

 

Fuerzas policiales del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Delegación Distrital de Investigaciones (DDI) de la ciudad de Pergamino irrumpieron el 12 de marzo en el domicilio de Daniel Domingo Glasinovich, que se encontraba en un galpón de la vivienda junto a su hijo Diego, su nieto Axel y un amigo. Fueron arrojados al piso, maniatados con precintos, esposados y golpeados. Daniel fue quien más golpes recibió: un culatazo de un arma de un uniformado impactó en su rostro. Mientras estaba de rodillas lo golpearon con un elemento de fierro que utiliza la fuerza para romper puertas en los operativos y le quebraron dos costillas. Ni la DDI ni el GAD tenían orden de allanamiento. La excusa de la Bonaerense fue la búsqueda de un detenido de la comisaría cuarta del partido de Moreno, de donde se habían fugado cuatro personas limando los barrotes de la celda. Lejos de encontrar a un prófugo, sólo protagonizaron una brutal golpiza. Glasinovich contó a El Cohete a la Luna la violencia policial sufrida:

 

 

El galpón de Glasinovich donde irrumpió la Bonaerense.

 

A través del registro de las cámaras municipales que obtuvo el fiscal Francisco Furnari, a cargo de la investigación, se puede observar a un móvil del GAD, de la DDI y otro que sería de Moreno. Esto indicaría que el ingreso al domicilio de Glasinovich se dio en la búsqueda de los detenidos fugados de la comisaría. Lo increíble fue que lo hicieron sin orden de allanamiento y utilizaron incluso testigos para la ilegalidad cometida. Más de veinte uniformados formaron parte del operativo. Luego de cometida la tropelía, uno de los policías realizó un llamado a la fiscalía en turno expresando que una fuerza policial se había sobrepasado. Informado por el secretario, el fiscal decidió tomar contacto con las víctimas y comenzó a trabajar en la causa. El jefe de la DDI, comisario inspector Gustavo Almada, junto a otra persona de esa fuerza se presentaron ante la fiscalía poniendo de manifiesto lo sucedido. Furnari los cortó, expresándoles que hasta ahí había llegado la conversación en esos términos y que si querían hablar debían volver con un abogado. “De este tema con ustedes no voy hablarlo, los voy a investigar”, les aclaró.

Según el relato y la declaración de la víctima, un policía de apellido Garrido fue quien comandó el operativo. Se trata del comisario inspector Marcelo Fabián Garrido, jefe de turno de la DDI, que fue quien hizo retirar del lugar al GAD después de la golpiza. Se fueron del domicilio llevándose las llaves de las esposas que le habían colocado al nieto de Glasinovich, de 23 años, por lo que tuvieron que ir hasta su destacamento a buscar las llaves para liberarlo. Almada no brinda respuestas por el descontrol de la fuerza que conduce. El Cohete quiso obtener de su parte las explicaciones del caso pero en forma reiterada el jefe de la DDI se excusó de brindarlas alegando que toda respuesta se debía buscar en fiscalía:

 

 

Si Almada no da respuestas, tampoco lo hace Marcelo Garrido. Cuando observó que Glasinovich se ahogaba por el golpe que había recibido en sus costillas pidió a los del GAD que lo levantaran y le quitaran las esposas y precintos. En comunicación para esta nota, en principió se sacó el lazo diciendo que nada tenía que ver; luego admitió que participó pero –igual que su jefe– dijo que toda información la debe brindar la fiscalía:

 

 

Desde la DDI de Pergamino hablan poco pero se sabe que es una fuerza que muerde mucho. La comunidad gitana que se dedica a la venta de autos padece sus métodos extorsivos. Por no estar registrados para la comercialización de automóviles le pagan a la fuerza para poder continuar con la compra y venta. La policía sabe muy bien olfatear los negocios que no están en regla, ese es el primer paso para su recaudación ilegal. Para retirar el dinero visitan a la comunidad gitana pergaminense con el propio vehículo de la DDI. Cuando no está el aporte correspondiente es Garrido quien envía los mensajes a los gitanos para que no se olviden de cumplir.

Producto de los golpes recibidos, Glasinovich fue intervenido en una clínica el 24 de marzo por un estrangulamiento de hernia umbilical. La familia cree que todo se debió a los golpes y patadas de la policía. Diego, su hijo, recibió estando en el piso una piña en uno de sus oídos. “No sé si me reventaron el tímpano pero no escucho”, dice para esta nota. Diego se dirigió luego de lo ocurrido a pedir explicaciones al GAD, donde le dijeron que fue la DDI la fuerza que pidió su apoyo. Buscó a un abogado para que esa brutalidad no se repita y también confía en el fiscal que prometió a la familia identificar a los culpables.

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino repudió el episodio y acompaña a la familia en el reclamo de Justicia.

 

 

A la ilegalidad del procedimiento policial subyace otra ilegalidad: la de los detenidos en comisarías, donde no deberían estar. Pero la saturación de los servicios penitenciarios ocasiona que las comisarías oficien en los hechos como continuidad de los penales, pese a carecer de instalaciones y personal capacitado para esa tarea. Ese es el motivo que explica la fuga de la comisaría de Moreno, que termina con el brutal operativo sin orden de allanamiento en el domicilio de Glasinovich. “Este tipo de causas debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, dice el fiscal Furnari, que le tomó declaración a las víctimas, tiene los registros de las cámaras que confirman las fuerzas que actuaron, y que con los registros en los libros de la policía podría identificar a los autores del atropello y la violencia institucional. “Por algo el Código Penal agrava los delitos cuando son cometidos por funcionarios públicos, porque somos más responsables de las acciones que ejercemos”, señaló el fiscal.

El 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora en memoria de la “Masacre de Ingeniero Budge”, La Ley 26.811 así lo estableció porque fue ese día de 1987 cuando la policía bonaerense fusiló a los jóvenes Agustín Olivera de 26 años, Roberto Argañaraz de 24 y Oscar Aredes de 19, en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, intentando luego simular un enfrentamiento.

A 45 años del golpe de Estado cívico-militar, las prácticas abusivas y de violencia de las fuerzas de seguridad que no se enmarcan en la legalidad deben ser juzgadas inmediatamente y no deben ser toleradas ya que son contrarias a nuestra democracia. Rubén Santucho es militante de los derechos humanos y presidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino. Consultado para esta nota, manifestó que harán un seguimiento del caso. “Venimos atravesando desde la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino episodios dolorosos y para prestarle atención por los abusos policiales. En ese sentido le manifestamos al fiscal Furnari que queremos tener las novedades correspondientes del caso a medida que se vaya avanzando, y porque así nos comprometimos con la familia, a quien acompañamos”, expresó.

 

 

 

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