Durante el año que culminó, el 75% de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad se produjo fuera del horario de trabajo, informó el CELS. El dato cobra actualidad a partir de que un policía disparara borracho 14 veces en una barriada de Villa Crespo. El cabo de la Federal, fuera de servicio, usó su arma reglamentaria e hirió a un vecino, sin acertar en nadie más, aunque los tiros entraron en algunas casas.
El episodio no es aislado, como lo demuestra el historial estadístico del CELS. A lo largo de las últimas tres décadas, el Centro de Estudios Legales y Sociales tabuló los hechos de violencia en los que participan funcionarios de seguridad estatales o privados. Esto incluye tanto las muertes y lesiones causadas como las que reciben, con atención a tres unidades: el hecho, los funcionarios y las víctimas. Su método permite observar tendencias.
Así, en cuanto al uso de armas fuera del servicio, arriban a claras conclusiones: en esa circunstancia ocurre la mayoría de las muertes causadas o de las que son víctimas. El centro de tal cuestión es el “estado policial”, una disposición que habilita a quienes integran o integraron las fuerzas a portar el arma las 24 horas. En muchas no es obligatorio, pero en casi todas lo hacen porque asocian “ser policía” con portar el arma. Muchas dependencias no tienen lugares adecuados para dejarlas. Su portación fuera de horario confluye con la creencia de que deben intervenir en toda circunstancia. La portan con cartucho en la recámara y el martillo bajo, como permiten las regulaciones. “De esto deriva uno de los patrones principales de la violencia policial; es un peligro para la vida de particulares y de funcionarios”, incluso de los retirados, afirma el CELS. El uso del “arma otorgada por el Estado para resolver conflictos personales (y) la portación fuera del horario laboral desplazan la violencia hacia los hogares y sus barrios”, concluyen.
La Policía bonaerense concentra la mitad de los hechos letales. Una cuarta parte es atribuible a la Policía de la Ciudad Autónoma y la otra cuarta parte, a las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario).
Borrachos
Al igual que el de Villa Crespo, otros efectivos ebrios han afectado a la comunidad. Como muchos casos no han sido letales, carecen de una estadística que los contenga. No obstante, varios fueron noticia en la televisión nacional durante la última década.
En 2015 fue llevado a juicio un efectivo que mató a dos de tres jóvenes por manejar alcoholizado en Mendoza.
Hacia junio de 2017, el inspector Pablo Ernesto Espindola, de la Comisaría 35ª en Núñez, manejaba ebrio su camioneta cuando embistió y mató al joven Facundo Pereyra. Seguía en funciones tres meses después, cuando el caso llegó a la TV.
De igual modo, en julio de 2018, otro policía borracho al volante chocó a tres vehículos estacionados en San Juan. Aunque estaba en vacaciones de invierno, el secretario de Seguridad dijo que se es policía las 24 horas, por lo que debe ser responsable siempre, aun de licencia.
En el mismo mes de 2018, otro policía borracho atropelló y mató a una colega.
En marzo de 2019, el cabo 1.° de la Policía de Córdoba Adrián Carlos Pérez chocó en menos de diez cuadras a dos vehículos estacionados y a un remisero, a quien le estropeó tanto el auto que lo dejó sin trabajo: “No podía ni hablar; sólo logró decir que era policía. Un vecino contó que quiso beber el agua destilada de un bidón que tenía, pero se lo impidieron”.
Cuatro meses después, un efectivo con 2,7 gramos de alcohol en sangre fue detenido luego de chocar a un vehículo con otros dos policías. Tanto la agente que acompañaba al borracho como los ocupantes de otro auto y el conductor terminaron heridos.
A finales de ese año, Franco Darío Mingo, de la Comisaría Vecinal 13ª, disparó con su arma reglamentaria once tiros en pleno Belgrano: acertó dos veces en un auto estacionado. Con el torso desnudo, recostado sobre la vereda, quiso abrazar a quienes fueron para detenerlo.
Para fin de año, en 2021, dos policías que iban a tomar su turno en la Comisaría del Partido de la Costa fueron filmados mientras avanzaban en zigzag hasta detenerse en medio de la ruta 11, donde se quedaron dormidos debido a los 1,8 gramos de alcohol que llevaban en sangre.
A comienzo de 2023, un agente borracho subió a un colectivo de la línea 88 y, sin motivo, empezó a los tiros, uno de los cuales dio en la mochila de un sobreviviente que brindó testimonio a la televisión porteña.
Hacia abril de ese 2023, en José C. Paz, un policía borracho tiroteó una pizzería, cuyo propietario creyó que se trataba de un intento de robo.
A comienzos de este 2026, un Policía Federal de 38 años conducía borracho por la ruta 6 cuando se cruzó de carril, chocó contra un auto en el que viajaba una familia y mató a una mujer. Como quedó libre, el marido de la víctima acudió a la prensa para pedir justicia.
“… Dedos en la lata”
A lo largo del país, puede corroborarse que “la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”, como escribiera Rodolfo Walsh en su artículo El enigma de La Matanza.
Hacia esa localidad del gran Buenos Aires iba el mes pasado la oficial de la Policía Federal María Florencia Méndez, quien salió desde Posadas, sin su arma reglamentaria ni credenciales, pero con 14 kilos de cocaína ocultos en su Fiesta negro, descubiertos durante un control en Entre Ríos.
Por esos días, un oficial de la Policía de Misiones fue detenido acusado de haber facilitado la fuga de los siete presos que pronto empezaron a ser recapturados, aunque con el dispendio propio de la intervención de medio millar de agentes y un trabajo conjunto con la Policía Militar de Brasil.
También en diciembre, dos agentes de Resistencia, Chaco, imputados por cobrar coimas en controles vehiculares, fueron sumariados y suspendidos sin haberes por el Órgano de Control Institucional (OCI), cuyo director, Ricardo Urturi, declaró a Radio Libertad: “Un empleado policial que pide dinero en un operativo comete una falta gravísima que puede terminar en cesantía, aun sin delito penal”.
En estos casos, no hubo víctimas fatales y ninguno de los efectivos estaba borracho ni alterado, hasta donde se sabe. Su inclusión en las noticias del último mes exhibe de lo que muchos son capaces en estados normales.
“Gatillo alegre…”
En enero de este año, en Mendoza, durante una pelea entre personas que se negaban a pagar a cuidacoches que hacen señas con “trapitos”, intervinieron policías vestidos de civil. Seis cuidacoches corrieron a esconderse en la casa de Cynthia Landi Rodríguez, hermana de uno de ellos, que fue alcanzada por un balazo que la mató. Los policías investigados son Víctor Cisterna Díaz, auxiliar de la Comisaría 7ª, y las hermanas Victoria y Lourdes Ricarte Muñoz, oficiales subayudantes de la Policía Científica, arrestadas mientras otros se profugaron.
El dato más promisorio del último fin de año fue la condena por un caso de gatillo fácil acaecido el 10 de diciembre de 2021. Esto ocurrió a partir de que policías recriminaran ruidos molestos a un grupo que jugaba al fútbol y escuchaba música en una plaza de Miramar, ciudad costera en la que El Cohete cubrió las primeras manifestaciones de repudio. Luciano Olivera, de 16 años, se retiró en su moto, sin saberse seguido por el oficial Maximiliano González. Pasó por un control policial ante el que no se detuvo cuando recibió un disparo entre los pulmones que le causaría la muerte y que, según González, “fue accidental”, aunque las pericias lo contradijeron. Por eso, en noviembre último, el policía compareció ante el Tribunal 1 de Mar del Plata. Declarado culpable por un jurado popular de doce ciudadanos, recibió una condena a perpetua. Otros cuatro efectivos del operativo —Nelson Albornoz, Kevin Gerricagoitía, Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda— serán juzgados por encubrimiento, aunque sin fecha definida.
Particularidades
Entre 2010 y agosto de 2021, al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías; 19 eran funcionarias de seguridad. Esas víctimas suelen integrar las fuerzas de seguridad, “lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género extendidos al interior de las policías”, dicen desde el CELS, que contabiliza entre factores que perpetúan el problema a la portación del arma reglamentaria las 24 horas y el encubrimiento policial en la escena del crimen.
El detallado informe del organismo de derechos humanos incluye cuadros estadísticos de:
- Personas muertas en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad.
- Particulares muertos/as por funcionarios/as de fuerzas de seguridad, según institución a la que pertenece.
- Particulares muertos/as por funcionarios/as de fuerzas de seguridad, según edad y género.
- Particulares muertos/as por funcionarios/as de fuerzas de seguridad, según el lugar de los hechos.
- Particulares muertos/as por funcionarios/as de fuerzas de seguridad, según condición del funcionario/a.
También de
- Funcionarios/as muertos/as en hechos de violencia, según institución.
- Funcionarios/as muertos/as en hechos de violencia, según edad y género.
- Funcionarios/as muertos/as en hechos de violencia, según el lugar de los hechos.
- Funcionarios/as muertos/as en hechos de violencia, según condición.
Desde 1996, la mayoría de las muertes violentas de funcionarios se encontraban fuera de servicio.
Conclusión
Esta retahíla coronada por el caso de Villa Crespo, que suma la irresponsabilidad a la falta de profesionalismo, sustenta la pregunta del CELS: ¿Qué esperan las autoridades para restringir la portación de armas de las policías cuando no están de servicio?
La respuesta puede estar en la política nacional que apela a las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social (con un paradigma estadounidense sin igual en décadas). Desde 2023, crece la cantidad de muertes de particulares en hechos con participación de fuerzas de seguridad: 89 en 2023; 115 en 2024; 123 en 2025. No crece en esa proporción la cantidad de funcionarios víctimas.
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