Al pueblo argentino se le quiere imponer un modelo económico intolerable que lleva a un cuadro de profundo subdesarrollo y amplia pobreza extendida.
Se están tratando de construir las trabas políticas, jurídicas, diplomáticas, locales e internacionales, para que nada del modelo de subdesarrollo extremo que están implantando ante nuestros ojos pueda ser revertido por ningún gobierno posterior.
Se pretende que no puedan existir alternativas reales a los Milei-Bullrich-Macri y todo el ejército de políticos serviciales al capital rentístico que vienen detrás de ellos.
En un almuerzo convocado esta semana por el CICyP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción) —ante cientos de dueños, CEOs y dirigentes de grandes empresas—, el canciller Pablo Quirno afirmó: “A medida que el RIGI sea exitoso, se genera una base de capital que está protegida contra el control de capitales. Entonces, cualquier delincuente (SIC) que, a futuro, trate de poner control de capitales en la Argentina, no va a poder porque va a tener un stock de capital que tendrá derecho a irse. Los futuros gobiernos van a estar, de alguna manera, encorsetados; las herramientas que utilizaron el pasado en contra de los argentinos (SIC) no van a poder ser utilizadas”.
Quirno llama delincuentes a quienes quieran proteger el patrimonio nacional, o al menos establecer algún tipo de negociación con las grandes empresas para que la extracción de minerales, hidrocarburos y otros productos de la naturaleza no constituya un exclusivo beneficio para las corporaciones.
Lo dice en un momento en el que el gobierno está acelerando el impulso privatizador con AySA, con la CONEA y otros organismos que quiere vender con el propósito de conseguir dólares para dos objetivos: 1) ir emparchando vencimientos de deuda externa, mediante la venta a precio vil de empresas nacionales y 2) lo más importante y estructural, destrozar las capacidades soberanas de la Argentina para controlar sus recursos y definir su propio perfil productivo.
Vale la pena reiterar lo dicho por Diego Chaher, ex funcionario macrista y hoy funcionario mileísta, en la misma línea que Quirno: “Buscamos que, si alguien intenta reestatizar AySA, le resulte carísimo al país y enfrente sanciones internacionales”.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada apunta exactamente en la misma dirección, y está actualmente en tratamiento parlamentario. Otro cerrojo contra la soberanía nacional.
Es clarísima la decisión política del gobierno y de sus mandantes, de que las medidas antinacionales que se tomen ahora no puedan ser revertidas por gobiernos futuros. Para eso están tratando de crear un entramado legal-jurídico que impida que algún gobierno democrático revierta la cesión de soberanía y el despojo que está haciendo el gobierno.
La ultraderecha que gobierna, en representación de capitales concentrados locales e internacionales, pretende que un gobierno circunstancial, que en numerosos temas no refleja la opinión de la mayoría de la población —ni siquiera la de muchos de sus votantes—, genere hechos consumados inmodificables para jibarizar a la economía y la sociedad argentina.
Dirigentes que quieren garantizar
Juan Manuel Olmos, dirigente peronista de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo en un reportaje en el sitio Cenital: “Cuando ganamos (los peronistas), los activos se van a pique y cuando perdemos, rebotan hasta la estratósfera. ¿No vamos a tomar nota de eso? Eso quiere decir que tenemos un problema de confianza. En cuestiones económicas. En cuestiones de 'brecha', 'cepo', de tipo de cambio, de riesgo país, de déficit”. Más adelante en el diálogo, reivindicó la gestión de Néstor Kirchner, en la cual se mantuvieron durante un tiempo el superávit fiscal y el superávit externo. Criticó el actual superávit fiscal “vicioso”, logrado a costa de recortes en áreas fundamentales. Dijo Olmos: “Hay que primero ordenar lo que está desordenado y el peronismo tiene que ser también sinónimo de ese orden. Nosotros no trabajamos para los mercados. Ahora, ¿ignorarlos? (…). Nosotros no somos los que le damos garantías a los mercados, pero sí tenemos que dar garantías de estabilidad. Porque la gente también sufre cuando no hay estabilidad”.
Olmos expresa a una importante cantidad de dirigentes del “campo nacional y popular” que no pueden salir de una trampa discursiva conservadora, y no pueden apartarse de la fenomenal hegemonía que un sector de negocios completamente fracasado ejerce sobre ellos. Por empezar, el famoso tema de la “confianza”. ¿Quién es el que debe otorgar la confianza a un gobierno popular? Supongamos que no es el pueblo, sino los grandes empresarios. ¿Pero qué empresarios? Sí, son los mismos empresarios a los que les da mucha confianza el gobierno de Milei, los que lo alientan y sostienen, y que también le tuvieron “confianza” a los otros experimentos económicos fracasados que protagonizó la derecha argentina.
Algunos políticos nac and pop parecen no entender que la “confianza” que pretenden lograr de los sectores dominantes argentinos no tiene que ver con la solidez económica, con la consistencia de las variables, con el equilibrio fiscal y externo, sino con intereses de negocios concretos. Nunca esos intereses se opusieron al endeudamiento externo, a la evasión impositiva, a que al Estado lo roben por todos lados los contratistas del Estado, o que no se puedan controlar los recursos que entran y salen por las fronteras del país.
Esos dirigentes deberían pasar por algunos cursos de historia económica reciente, porque parecen creer la versión de la historia fraguada por los ideólogos liberales sobre los males económicos peronistas y sobre la supuesta seriedad y responsabilidad económica de los ortodoxos. Nuestra historia es muchísimo más compleja, pero lo que es seguro es que los Martínez de Hoz, Cavallo, Broda, De Pablo, Sturzenegger, no están en condiciones de erigirse en jueces de ninguna recta política económica.
Por supuesto que eso no exime a un gobierno popular de respetar ciertas leyes de la economía, que es distinto de respetar a los grandes intereses económicos, cuyo horizonte no es la coherencia, no son los equilibrios, sino los grandes negocios a como dé lugar.
A esta altura del desastre mileísta, la dirigencia que se pretenda ofrecer como reemplazo a esta gestión debería haberle perdido todo respeto intelectual a los poderes que alientan estos experimentos antipopulares —que siempre vienen con toda la parafernalia de los equilibrios, la moneda sana, la confianza, etc.— si es que no quieren quedar atrapados en el miedo y la impotencia en la futura gestión pública. La dependencia intelectual y psicológica frente al poder económico, o el miedo a este, puede llevar a la inexistencia de una opción realmente alternativa.
Los mercados son los grandes empresarios
Pero veamos dos ejemplos muy recientes de lo que son “los mercados”, esos que caen cuando llegan gobiernos populares y suben cuando vienen los antipopulares.
El lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial un gigantesco recorte para áreas, programas y obras públicas. El gobierno aplicó un ajuste de alrededor de 2,5 billones de pesos mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
Según Clarín, “la orden fue un recorte adicional del 20% del gasto de capital y del 2% del gasto corriente para cumplir con la meta de superávit primario del 1,4% del PBI en 2026 con el Fondo Monetario”. Debemos decir que el personal de este gobierno no necesita ninguna orden del FMI: están completamente convencidos de su tarea de demolición nacional. La élite económica local aprueba plenamente la motosierra.
El recorte que se hizo esta semana modifica al único presupuesto nacional aprobado por el Congreso en lo que va de esta gestión. ¿Para qué está el Congreso si aprueban una ley nacional y después el Ejecutivo hace lo que quiere?
Entre los estragos que incluye la nueva disposición mileísta, figuran, por ejemplo:
- Recortes al Programa de Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, al que se le aplicó un recorte de 5.000 millones de pesos.
- Recortes al programa para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmuno-prevenibles, al que se le quitaron 500 millones de pesos.
- Al Programa de Acceso a Medicamentos se le sacan 20.000 millones de pesos destinados a la compra de productos farmacéuticos y medicinales para población necesitada.
- En total, en salud pública, la quita es de 63.000 millones de pesos.
- La Educación Pública sufrió un recorte de 78.000 millones de pesos.
- En la Cancillería, desfinanciaron el programa correspondiente a “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”. (Todo hecho “apolíticamente” en nombre del equilibrio de las cuentas públicas.)
- A las Fuerzas Armadas les cortaron 46.000 millones de pesos. En el modelo neocolonial, las Fuerzas Armadas están de adorno.
- Al proyecto de diseño y construcción de cuatro satélites, de gran importancia civil, se le quitan 900 millones de pesos.
- Un hachazo alcanza casi 9.000 millones en los programas de formulación y ejecución de políticas en ciencia y técnica. Están dejando sin fondos a nuestros científicos.
- También se recortaron obras públicas en todo el país, por 970.000 millones de pesos, algunas prometidas a los gobernadores como pago por votaciones parlamentarias a favor de leyes del oficialismo.
Todo esto para decir que al día siguiente de este recorte bestial, “los mercados” reaccionaron en forma muy positiva, ya que consolidan el equilibrio fiscal. Es decir, mientras desde el gobierno se bombardea la salud, la educación, la ciencia y el progreso de las regiones del país, los mercados miran otra cosa. El bienestar de la gente no les importa en lo más mínimo, ni tampoco el desarrollo del país. Pero se supondría que a la dirigencia popular sí.
Pero vayamos a otro ejemplo del comportamiento de los “mercados”, también esta semana, en el vecino Brasil. No cabe duda de que el gobierno de Lula, con todas sus limitaciones, tiene una preocupación popular genuina que no le impide exhibir buenos resultados en varios aspectos de la economía. Su rival en las próximas elecciones es el ultraderechista Flavio Bolsonaro, hijo del ex Presidente hoy preso por golpista, Jair Bolsonaro.
En estos días, la publicación The Intercept Brasil reveló que Flavio Bolsonaro mantenía estrechas relaciones de financiamiento con Daniel Vorcaro, un oscuro personaje involucrado en la quiebra de una importante casa bancaria y acusado de fraude.
El dato afectó, lógicamente, a la figura del ultraderechista y a su proyección a la presidencia del país. Entonces, los “mercados” hicieron que la moneda de Brasil cayera al día siguiente de la noticia, así como las cotizaciones bursátiles en el índice IBOVESPA, mientras se deterioraban otros datos financieros y crediticios.
Como se puede ver, los mercados no sólo piensan en términos de negocios, sino también en términos de ampliar sus márgenes de libertad para hacer más negocios a costa del resto de la sociedad.
El discreto equilibrio social que mantiene la coalición que sostiene a Lula no les alcanza, y prefieren mayor barbarie en las políticas públicas. Su hombre, el de los sabios mercados, es el violento y extremista Flavio Bolsonaro.
Si alguien aquí quiere lograr “confianza” de la ultraderecha de negocios, que se prepare a traicionar completamente cualquier expectativa de mejora popular.
Ajuste de emergencia porque no cierran las cuentas
La ficción que vive la Argentina es sostenida a rajatabla por el gobierno, sus apoyos empresariales locales y extranjeros y el conjunto de intereses internacionales asociados al modelo Milei.
Siguen insistiendo con que tienen superávit fiscal, aunque estén en un desequilibrio creciente las cuentas públicas nacionales, provinciales, municipales y las de un conjunto de organismos que hacen al funcionamiento normal de la sociedad.
Producto de un desequilibrio inocultable, en donde la caída constante de la recaudación tributaria obliga a seguir profundizando la asfixia de la economía real mediante nuevos recortes, fue el decreto emitido por sorpresa por el gobierno nacional el día lunes de la semana pasada, algunos de cuyos aspectos reseñamos más arriba.
Caputo declaró en varios medios que a partir de junio vendrán los 18 mejores meses de la gestión. Según él, la baja de la inflación, la estabilidad macroeconómica, la ampliación del crédito, la vigencia de las nuevas leyes laborales y el incremento de las exportaciones empujarán los nuevos brotes verdes.
La baja de la inflación, lo diremos por enésima vez, no es lo mismo que la baja de los precios. Si hubiera baja de precios, si los bienes y servicios costaran menos, podríamos hablar de una mejora genuina de la capacidad de compra de la gente. Pero nada de eso ocurre, salvo que se trate de algunos productos importados, que desplazan a la producción local, generando mayor desempleo.
En todo caso, de lo que se habla con la palabra “desinflación” es de una desaceleración de la suba de precios, que continúa sin miras de aproximarse a la alucinación mileísta de “empezar a ver inflaciones mensuales que empiezan con ‘cero coma’”. Las significativas alzas de precios de los últimos meses, por ahora, le vienen ganando a los aumentos salariales del segmento de trabajadores que más protegidos y organizados están frente a las inclemencias del ajuste. Si las tendencias de creciente desempleo continúan, las posibilidades de recuperar ingresos de los sindicatos y de los trabajadores informales serán nulas.
Pero además, para completar la incongruencia de sus afirmaciones, el gobierno nacional acaba de anunciar un impresionante aumento escalonado en el precio del transporte ferroviario y automotor: 18% en mayo; 15% en junio; 13% en julio; 12% en agosto, y 10% en septiembre. Esos aumentos aplicados a muchísima gente viviendo en el límite de lo posible.
Las nuevas leyes laborales mostradas como aliciente a la actividad económica por el ministro, además de buscar debilitar estructuralmente a los trabajadores frente al capital, están hechas muy especialmente para facilitar los despidos. Estos serán pagados por un fondo público con recursos que hasta ahora iban al sistema jubilatorio. Por lo tanto, sufre un desfinanciamiento adicional para generarle —a propósito— una crisis.
Si se concreta el objetivo para el que se promulgó la nueva ley laboral, que es facilitar los despidos, tornándolos gratuitos para las empresas, cualquier manual de economía vaticinaría que no va a haber mayor actividad económica, más consumo y más ventas, sino todo lo contrario. Cada nuevo trabajador que va a parar a la calle es un consumidor que se evapora. En un contexto recesivo como el actual, es una verdadera ley de promoción del desempleo y de la contracción económica.
Un orden macroeconómico basado en una economía en creciente contracción no es un orden estable, ni una señal que atraiga el tipo de inversión que genera empleo. Las empresas proyectan en base a lo que están viendo, que es un panorama crecientemente contractivo, y no en base a las alucinaciones de ministros y Presidentes.
En cuanto a las exportaciones, que efectivamente muestran una tendencia creciente como efecto de una muy buena cosecha en el campo y del crecimiento exportador hidrocarburífero, tendrán efectos positivos regionales, pero sólo un sistema impositivo progresivo y un gasto público inteligentemente orientado —nada más alejado del actual gobierno— puede transformar ese dato inicial positivo en una inyección de recursos con un impacto generalizado.
Como señala un reciente informe del centro CIFRA, “pese a un superávit comercial récord de 5.500 millones de dólares, las reservas netas siguen negativas (-13.000 millones) para enfrentar los elevados vencimientos que alcanzan a 11.700 millones de dólares en lo que resta de 2026, y de 23.800 en 2027”. El riesgo país, esa sobretasa que debería bajar mucho para que la Argentina acceda a nuevos créditos privados, volvió a subir esta semana.
En abril, la recaudación impositiva tuvo una nueva caída en términos reales. Viene cayendo ya hace nueve meses, y por eso tienen que volver a recortar el gasto y seguir profundizando un ajuste que no tiene límites. Y a pesar del ajuste cada vez más brutal, no logran acumular suficientes dólares para cubrir los pagos externos.
La democracia y el gobierno de Milei se vuelven incompatibles
El martes se realizó una nueva marcha federal universitaria, con un alto nivel de concurrencia en todo el país. La marcha reclamó algo que en un país donde, si funcionaran las instituciones republicanas, no debería estarse pidiendo.
Los universitarios y los variados sectores que los acompañaron pidieron que el gobierno cumpla la ley.
Pero el gobierno no la cumple y, para continuar con la situación de ilegalidad, apela a la morosidad y complicidad del Poder Judicial con los intereses de los poderes fácticos.
De esa forma, el gobierno colocó en un limbo un tema sobre el que no debería haber ninguna discusión: ¿las leyes se cumplen según las preferencias y caprichos del Poder Ejecutivo, o simplemente se cumplen y punto? Gracias al Poder Judicial, estamos en un país en donde una persona que vende paltas en la calle para ganarse la vida recibe “todo el peso de la ley”, y es maltratada y reprimida, pero el Presidente puede dejar sin asistencia a millones de discapacitados porque así se lo indica su marco teórico bizarro.
En este momento, dos grandes conglomerados humanos, el abarcado por el tema de la discapacidad y el de las universidades y el sistema científico-técnico nacional, están siendo sometidos a un deterioro extremo por un gobierno que se empeña en no cumplir la ley y que cuenta para ello con el evidente apoyo de un Poder Judicial de pésima calidad.
La excusa oficial de la falta de fondos para cumplir la ley cae por su propio peso en cinco segundos. No es un problema de falta de fondos, sino de las prioridades políticas de un gobierno que no gobierna para la República Argentina, sino para intereses privados locales y extranjeros.
Pero la sociedad argentina, que se comporta pacíficamente, se encuentra con la burla por parte de las instituciones de la Constitución, que no respetan las leyes, lo que priva a amplios sectores de sus derechos elementales.
¿Qué se hace cuando los reclamos son legítimos, cuando tienen respaldo social mayoritario, cuando son consagrados legalmente por el Parlamento —que representa supuestamente al pueblo—, y cuando se cuenta con recursos públicos que podrían utilizarse para los fines establecidos por la ley, pero que se destinan a otros objetivos preferidos por el gobierno (como por ejemplo bajarle impuestos a los sectores más ricos del país y subsidiar a los negocios que más plata ganan en este momento)?
¿Para qué se vota, si después un pichón de déspota hace lo que quiere él, en nombre de los sectores sociales minoritarios que lo apoyan? ¿Para qué se habla de división de poderes, si el Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo, al servicio de poderes fácticos que nadie votó?
Se comenta, en estos días, que Patricia Bullrich tendría el aval de poderosos intereses locales y extranjeros para proyectarse como Presidenta de la Nación en reemplazo de Milei, en 2027 o antes.
Nuevamente los sectores dominantes tratan de anticiparse a posibles crisis de gobernabilidad del mileísmo-caputismo, y quieren tener ya preparado un recambio político con el objetivo de continuar —bajo una batuta más gris y previsible— con el modelo económico de jibarización nacional en marcha.
A “los mercados” les gustaría ver un país sumido en una completa atonía política, mientras los individuos nos derrumbamos dentro de nosotros mismos, situación ideal que garantice que sus negocios —completamente despegados de todo progreso social— se concreten sin una sombra de cuestionamiento o limitación.
A pesar de la deserción de la mayoría de las dirigencias —que deberían estar alentando, estimulando y proponiendo horizontes capaces de movilizar a la población—, las marchas del 24 de marzo y la de las universidades —que probablemente sean continuadas por otras, como la de defensa de la salud pública y otras por causas básicas— muestran la latencia de una convicción democrática mayoritaria —no formal, no leguleya—, que hoy no está representada en cómo funciona el sistema político actual, cooptado por minorías a las que nadie votó.
No hay final feliz garantizado de esta crisis nacional, pero tampoco una condena metafísica eterna a la crueldad y el desprecio que demuestran todos los días las élites económicas y sus políticos de turno.
Hay una base social lo suficientemente lúcida, convencida y solidaria como para evitar que se concrete el proyecto neocolonial. Para ello tendrá que superar la deserción de las dirigencias que prefirieron fingir que vivíamos en una democracia normal y disimular que nos estaban convirtiendo en un territorio sin soberanía, tributario de una potencia imperial.
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