Cuando se ponen en contexto los dichos irresponsables y las reacciones contradictorias del gobierno de LLA frente al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, es posible inferir intenciones precisas y jugadas coordinadas.
Durante la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández, las visitas de diplomáticos y militares estadounidenses y documentos del Departamento de Estado nos informaron que Estados Unidos tiene dos prioridades para la Argentina y la región. La primera es la desconexión geopolítica y geoeconómica de China, considerada amenaza existencial. La segunda es la captura al menor costo posible de los minerales estratégicos para dar la batalla por la recuperación de la supremacía hegemónica. En este escenario, la formación de Vaca Muerta (Neuquén) —la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta en petróleo no convencional— es la joya más codiciada de la Argentina. Y el control de YPF hace posible el acceso preferencial a Vaca Muerta.
En el minuto uno del gobierno de LLA vemos salir a escena el “Plan Sturze”. El primer paso fue un ingente pegote de apetencias dictadas por los estudios jurídicos de los grupos concentrados, que se plasmó inicialmente en el mega DNU 70 del 20/12/23, que actualizó las ilusiones de “un reseteo que pueda desarrollar el capital humano y los recursos naturales”, según Paolo Rocca en el 22º Seminario Propymes. En esta línea, Rocca sacó de pista a Macri y logró que se designara como presidente y CEO de YPF a Horacio Marín, desde 1988 en Tecpetrol —grupo Techint—, que lidera la producción de shale gas desde el área Fortín de Piedra. Rechazado en el Senado y nunca tratado en Diputados, el DNU 70/23 se refiere a YPF, el Banco Central y el Tesoro como los principales deudores estatales: “(…) las deudas del Banco Central de la República Argentina y de YPF suman 25.000 millones de dólares”.
El segundo paso del “Plan Sturze” se completa con la ley 27.742 de Bases del 8 de julio de 2024, que en su primera versión presentada por LLA incluye a YPF entre las empresas sujetas a privatización, si bien luego de las discusiones terminó excluyéndose de la versión final sancionada. Esta ley incluye también el RIGI, que se encuadra en el paradigma dominante del “desarrollo como reducción de riesgos” para las inversiones, por encima de cualquier consideración de soberanía, bienestar y/o desarrollo social, generación de encadenamientos productivos, formación de proveedores y creación de empleo. “Derisking” es el principio-fetiche, fundamento del Consenso de Wall Street, según Daniela Gabor [1], que hace del RIGI un manual de extranjerización, financiarización y destrucción de capacidades nacionales.
Completa este contexto tenebroso, en el que ocurre el fallo de Preska, la ostentosa y humillante mimetización de Milei como felpudo de Trump, que nos exime de cualquier evaluación sobre la Argentina como experimento regional de alineamiento colonial a la política exterior del poder decadente a cambio de la complicidad del FMI y otros organismos de crédito para la provisión alegre de dólares para la timba y el poroteo electoral.
El sendero tortuoso del desmembramiento de YPF
En esta sección presentamos un par de “fotografías” que nos ayuden a aproximarnos al laberinto de destrucción y desposesión de los activos de YPF en el período 1976-2001.
Si bien la ley 21.382 “de inversiones extranjeras” del 19 de agosto de 1976, promulgada por Videla y Martínez de Hoz, no establecía mecanismos de arbitraje de disputas entre inversores y el Estado, dejaba abierta la posibilidad de resolución de disputas fuera de la jurisdicción argentina, aplicando otros marcos legales o tratados internacionales ratificados por la Argentina. Ahora bien, el gobierno de facto genocida comenzó a firmar acuerdos bilaterales de inversión que incluyeron la resolución de disputas a través de tribunales internacionales.
Si bien Martínez de Hoz no pudo iniciar un proceso de privatización de empresas públicas, inició lo que Mariano Barrera llamó “privatizaciones periféricas”: las empresas seguían siendo del Estado, pero la mayor parte de sus actividades se transferían a los grupos económicos a través de contratos de obras y servicios. Este fue el mecanismo inicial de desarticulación de YPF y de transferencia de la renta petrolera, a través de la proliferación de contratos que beneficiaron a los grupos Pérez Companc, Astra, Bridas, Alpargatas, Techint y Socma, entre los más visibles. En paralelo, YPF fue plataforma privilegiada para el endeudamiento. Entre 1976 y 1983, la deuda externa de la petrolera estatal aumentó un 1612,9%, al pasar de 372 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. Diego Mansilla señala que “YPF pasó a tener más importancia para el gobierno de facto como actor en el mercado financiero internacional que como empresa estratégica” [2]. En 1984, YPF cargaba en sus espaldas el 18% de la deuda externa pública argentina.
Esta saga de desmembramientos de YPF y concentración de la producción en las fracciones del capital dominante se profundizó en la década de 1990 a través de una transformación tectónica de los marcos jurídicos y económicos nacionales. Por un lado, se garantizó la igualdad de tratamiento para el capital nacional y extranjero, y se consolidó la resolución de disputas entre el Estado y las corporaciones en tribunales internacionales. En 1994, la adhesión al CIADI (Banco Mundial) y el artículo 75 de la Constitución, que otorga jerarquía superior a las leyes a los tratados bilaterales de inversión (TBI), institucionalizaron el arbitraje internacional. A lo largo de esa década se firmaron más de 50 TBI con Estados Unidos, Alemania, España, entre los principales países.
Por otro lado, se modificaron los marcos regulatorios para favorecer la balcanización de las políticas energética, hidrocarburífera y minera bajo una modalidad de desregulación, desintegración y privatización cooptada por los grandes grupos económicos. Este proceso incluyó el desmembramiento y privatización de las cinco principales empresas públicas de energía: YPF, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, SEGBA e Hidronor. El proceso de fragmentación de YPF se plasmó en el decreto 2778/90 de “Plan de transformación global de YPF” y la Ley 24.145/92 de Privatización de activos y acciones de YPF. Entre 1990 y 1993, la petrolera fue despojada de cuantiosos y variados activos [3]. A mediados de 1999, el gobierno autorizó la venta a la petrolera española Repsol.
Callen al imbécil
El ciclo de gobiernos kirchneristas, que heredó un país devastado por la crisis terminal de 2001, impulsó un proceso de desendeudamiento, recuperación de las capacidades del Estado y definición de sectores estratégicos que puso en marcha una fase de reindustrialización. El país volvió a tener una política energética orientada a la producción y al mercado interno. La convalidación de las demandas de los sectores populares y los procesos redistributivos desencadenaron la creciente reacción de los grupos económicos concentrados y del poder financiero internacional.
En diciembre de 2007, el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, firmó un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones a través de dos empresas del grupo radicadas en España. En 2008, este grupo accedió al financiamiento de 1018 millones de dólares de un conjunto de bancos y otros 1015 millones de dólares de la propia Repsol —en la jerga del sector, un “vendor’s loan”— para adquirir el 14,9% de las acciones de YPF. En 2011, accedió a un crédito de 670 millones de dólares de un grupo de bancos para adquirir el 10,1% restante. El acuerdo de reparto de utilidades en YPF le permitía al grupo Petersen pagar los préstamos.
Ante el persistente descenso de la producción de Repsol YPF, el gobierno fue aumentando las importaciones de combustible. El 21 de febrero de 2012, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, explicaba en La Nación: “Si YPF no cumple con su obligación de proveer combustible […], el Estado va a garantizar el abastecimiento del mercado”. Y agregaba que “quieren obligarnos a que los precios locales sigan a los internacionales, pero de ninguna manera vamos a ceder a esta extorsión”.
El 4 de mayo de 2012, ante la tendencia a la caída de la producción de petróleo (desde 1998) y de gas (desde 2004) y el creciente deterioro de la balanza comercial, el Congreso aprobó la ley 26.741 que declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de YPF Sociedad Anónima”, con el objetivo de retomar el control de la empresa, dinamizar la producción de gas y petróleo no convencional en la formación de Vaca Muerta y recuperar capacidades soberanas a partir de la disputa por la renta petrolera. En 2014, Repsol aceptó la oferta del gobierno de 5000 millones de dólares en concepto de indemnización.
Las dos empresas del grupo Petersen, propietarias del 25% de las acciones de YPF, fueron a la quiebra por la prohibición del giro de utilidades luego de la estatización del 51%. En abril de 2015, el fondo buitre Burford Capital le compró al grupo Petersen, por 70 millones de dólares, los derechos del litigio, que le otorgaron el 70% de los derechos sobre el reclamo, e inició la demanda contra la Argentina en la Justicia de Estados Unidos. El argumento es que se violaron los derechos de los accionistas minoritarios al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 49% de las acciones de la empresa, como establece el estatuto de YPF, y que justificaría que las dos empresas del grupo Petersen hubieran recibido una oferta por su 25%. Dejamos a expertos legales aclarar si “expropiación” equivale a “compra de acciones”, concepto al que se aplica la OPA.
Así llegamos, a fines de marzo de 2023, al fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que sostiene que la Argentina incumplió al reestatizar sin ofrecer una compensación a los accionistas y ordenó entregar las acciones “Clase D” —el 51% en manos del Estado argentino—; en septiembre, ordenó el pago de la indemnización por 16100 millones de dólares, cifra también sujeta a interpretaciones. Finalmente, Preska ordenó el 30 de junio de 2025 la entrega del 51% de las acciones en manos del Estado para pagar la indemnización. En las conclusiones del fallo de Preska se lee: “Por las razones expuestas, se concede la moción de los demandantes. La República deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; y ordenar al BNYM que inicie la transferencia de la participación de la República en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones se depositen en la cuenta”.
Al día siguiente, Milei comprometía la posición de la Argentina vociferando culpas al gobernador de la provincia de Buenos Aires por el fallo adverso. Jugar a ignorar que la expropiación se aprueba por ley y poner el oportunismo electoral por encima de la soberanía nacional fue, sin embargo, coherente con lo que el vociferador había sostenido a los pocos días de asumir la presidencia en LN+: “Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”. Preska demostró en su fallo que es posible concretar el willing to pay sin dólares: “La transferencia de la participación de la República en sus acciones Clase D de YPF”. Que podría parafrasearse: “Dale la llave de Vaca Muerta a Burford Capital”.
A pesar de todo, a través del estudio de abogados Sullivan & Cromwell LLP, el gobierno presentó un documento al juzgado de Preska solicitando que se suspenda la sentencia. El escrito finaliza así: “Si alguna vez hubo una orden que debiera ser suspendida, es esta, ya que esta orden implica activos estratégicos de un soberano extranjero, es directamente contraria a la postura de Estados Unidos, y la apelación pendiente de la República contra las sentencias que respaldan la orden de entrega plantea cuestiones sustanciales en virtud del derecho argentino y estadounidense”.
Digamos que suena, como mínimo, extraño leer la expresión “activos estratégicos” utilizada por el gobierno de LLA.
YPF en el vórtice internacional
La guerra entre Ucrania y Rusia condujo a la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022, episodio que terminó con la era del gas barato ruso para Alemania y otros países europeos. La llamada Guerra de 12 días entre Irán, Israel y Estados Unidos puso en alerta al mundo cuando Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz. Si se hubiera concretado, habríamos asistido a una crisis energética sin precedentes y a la profundización de la disputa hegemónica.
Finalmente, la retirada de Trump del Acuerdo de París refleja la enorme incertidumbre que plantean las demandas energéticas proyectadas para los próximos años, incluido el consumo voraz de las instalaciones para la IA y la imposibilidad de Estados Unidos de pensar en el gradual abandono de los hidrocarburos cuando China lidera los principales sectores de la transición energética hacia energías renovables y limpias.
La desglobalización y regionalización de los mercados de energía, representadas en el concepto de nearshoring, han destacado para el poder dominante en declive las áreas claves de Argentina, como el triángulo del litio y Vaca Muerta. En este contexto, el ataque del fondo buitre Burford para apropiarse de YPF es parte del avance sobre la Argentina del trípode conformado por el gobierno de Estados Unidos, los fondos buitres –el poder financiero– y el orden jurídico internacional en crisis, hoy desafiado por la influencia creciente del grupo BRICS+.
Recordemos que YPF no solo es productora de gas y petróleo. Posee estaciones de servicio, refinerías y unidades de negocio y de I+D como Y-TEC, YPF-Litio, YPF-Luz o YPF-Agro. Es una empresa que cruza transversalmente toda la dinámica económica del país. Su desposesión a manos de capitales extranjeros predatorios sería una detonación de la soberanía nacional difícil de evaluar. El diagnóstico que el CEO de Burford Capital, Christopher Bogart —con contactos que llegan al Toto—, demuestra que comprende con precisión cuando, en una entrevista en Clarín, explica con sentido agudo de la polisemia: “Obtenemos una opción de compra gratuita en el litigio de YPF que tiene el potencial de generar miles de millones de dólares en daños”.
[1] Daniela Gabor. 2021. “The Wall Street Consensus”, Development and Change, vol. 52, núm. 3, pp. 429-459.
[2] Diego Mansilla. 2007. Hidrocarburos y política energética. Desregulación y privatización de los hidrocarburos en Argentina. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.
[3] Mariano Barrera. 2014. La entrega de YPF. Análisis del proceso de privatización de la empresa. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.
* Nicolás Malinovsky es doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), Ingeniero Electricista (UNRC), magíster en Gestión de la Energía (UNLa), diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT). Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky.
Diego Hurtado es profesor-investigador en Escuela de Humanidades-LICH (UNSAM-CONICET).
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