La búsqueda de la identidad para dar continuidad a sí mismo nunca se da de forma sencilla; está hecha de continuidades y discontinuidades, es decir, de reconocimiento e indiferencia, de rituales y sorpresas, de regularidades y sobresaltos o fisuras. Mientras las cosas fluyen y el joven es realmente el que es o cree ser, la identidad no representa ningún problema. Pero cuando el joven deja de reconocerse como tal y se rompe la reciprocidad de los demás, entonces el individuo está obligado a redefinirse y ensayar otras búsquedas, a tomar otros riesgos para saber quién es.
La búsqueda de sí
“¿Quién soy yo?”, “¿cuál es mi lugar en el mundo?”. Estas son las dos preguntas con las que se miden los jóvenes, tanto los de hoy como los de ayer. Preguntas recurrentes, que no se responden de una vez y para siempre, sobre las que habrá que volver una y otra vez, por lo menos hasta que dure la moratoria laboral. La “búsqueda de sí” está hecha de identidad y diferencia; se trata de componer una identidad y distinguirse de los demás. Todo eso en el mismo movimiento. Son preguntas mediadas por la clase social, el género, la nación, el barrio, el club. Quiero decir, no sólo las respuestas a esas preguntas serán siempre distintas, sino que las preguntas se vivirán de forma diferente.
Durante mucho tiempo esas dos preguntas se respondieron con la familia, la escuela y el mundo del trabajo o, mejor dicho, con la familia estable, la escuela estable y el trabajo también estable. Las preguntas tenían un contexto universal y sólido, más o menos invariable. Los insumos que proveían estas instituciones eran un material para encontrar un punto de apoyo y proyectarse en el tiempo. A través de distintos ritos de paso que organizaban el diálogo entre las distintas generaciones, los jóvenes iban tanteando respuestas provisorias para aquellas grandes preguntas. Respuestas que iban siendo monitoreadas por los adultos, porque entre los adultos y los jóvenes no había una frontera; los jóvenes no estaban solos. Esas instituciones eran espacios de encuentro donde tenían lugar los diálogos, a veces tensos y otras veces cordiales, donde se negociaban los estilos y las apuestas subjetivas.
Pero cuando la familia implosionó, no sólo la familia nuclear con jefatura masculina, sino también la familia monoparental con jefatura femenina; cuando los jóvenes empezaron a entrar y salir de la escuela, y esta se volvió un lugar de fracaso recurrente, cada vez más aburrido, alejado del mundo que le toca a los jóvenes; cuando el mundo del trabajo dejó de formar parte de la biografía familiar y los pibes crecieron viendo a sus padres repartidos en múltiples trabajos, rebuscándosela, rotando por distintos lados, cada vez más cansados, sin batería, con la mecha corta, entonces, estas instituciones se volvieron impotentes. Las instituciones se volvieron menos atractivas, perdieron autoridad y referencia. Dejaron de ser una brújula que orienta a los jóvenes, y muchos de ellos dejaron de confiar y de creer en esas instituciones.
En esos casos, el desconcierto social se vivirá también de formas distintas. A veces, llevará a los jóvenes a encerrarse en sus casas y a replegarse sobre su teléfono celular. La incertidumbre y desesperanza disminuyen la disposición de intercambio social; los jóvenes se vuelven menos excéntricos, no participan de interacciones, se van alejando de sus entornos, se vuelven cada vez más indiferentes a los acontecimientos. En ese repliegue, la tristeza y la depresión, la anorexia, los intentos de suicidio y las autolesiones se vuelven una tentación expresiva.
Otras veces, los jóvenes están dispuestos a tomar riesgos y vivir peligrosamente, a veces poniendo las motos a toda velocidad o cruzando los semáforos en rojo, manipulando drogas o el alcohol de manera descontrolada, haciendo apuestas en distintas plataformas o saliendo a robar de caño al boleo. Las distintas formas que asume la violencia abren espacios de experiencia para saber lo que puede un cuerpo, para testear y desafiar los límites, para poner a prueba la paciencia de los adultos que los miran de lejos y cada vez más preocupados y odiados.
Entre la cultura de la fragilidad y la de la dureza no hay distancias. Los mismos barrios que se entregan a la fragilidad están dispuestos a militar la dureza para hacer frente a las humillaciones de las que son objeto en la lucha por el reconocimiento.
Pero conviene no exagerar y resistir la tentación de incurrir en las generalizaciones recurrentes en las que caen las interpretaciones economicistas. Los jóvenes pueden tener las mismas limitaciones, pero las derivas de estos pueden ser múltiples y muy distintas, y cambian de un barrio a otro. Por ejemplo, las apuestas pueden usarse para comprar drogas o ropa; las motos pueden usarse para delinquir, pero también para salir del barrio o poder rebuscársela haciendo algún delivery; a veces simplemente es para enamorarse, para sacar a pasear a la piba o para que una piba le dé bola. Ganar en una apuesta virtual también es tener un peso más en el bolsillo para invitarla a salir y comprarle un trago y que acepte ser su novia. Acá hay mucho para seguir explorando, y hay que hacerlo no perdiendo de vista las propias vivencias de los actores. La capacidad de agencia excede a este artículo, pero siempre es algo que conviene tener presente para evitar que las interpretaciones se pongan más allá de la realidad.
¿Jóvenes en conflicto con la ley penal?
Tal vez una de las instituciones del Estado alrededor de las cuales orbitan todavía los jóvenes de muchos barrios plebeyos es el sistema penal. Jóvenes que se la pasan entrando y saliendo de las comisarías, que son paseados en patrulleros, que deambulan por los pasillos de los tribunales, siempre mudos, por consejos de sus defensores y dispuestos a firmar el “abreviado” que le imponga el fiscal. Son jóvenes objeto del hostigamiento policial, pero también de la pereza judicial. Jóvenes reclutados por la policía para formar parte del elenco estable de la justicia. Poco importa acá si se trata de la justicia penal juvenil o la justicia penal para adultos. La frontera que separa a un joven de 17 años y otro de 20 sólo existe en la ley, aunque los jóvenes lo saben y especulan con ello.
Hablamos de una justicia adultocéntrica y endogámica, que subestima a los jóvenes y desconoce el mundo con el que se miden, y que además no tiene la capacidad de empatizar o ponerse en el lugar de ellos ni del de sus familiares o amigos. La justicia es otro enclave institucional que tiene no sólo muchas dificultades para estar cerca y tramitar los problemas con los que se miden los vecinos de los barrios plebeyos, sino para mirar de cerca al mundo que les tocó a estos jóvenes. Son pocos los jueces que se recuestan sobre otros saberes y programas sociales, y apuestan por los rituales de la justicia restaurativa. La mayoría de ellos son personas que confunden la autoridad con el conocimiento. Creen que saben y se sienten el centro del mundo por el solo hecho de ser jueces, de haber contado con el lobby suficiente para ocupar un cargo en la justicia y por tener un séquito de escribas a su alrededor. Se sienten paradigma del ciudadano ejemplar, la medida de las cosas. Por supuesto, y me consta, hay notables excepciones. Hay jueces, fiscales y defensores que trabajan todos los días y con sensibilidad social, que formaron equipos de trabajo donde se piensa colectivamente, que están dispuestos a tomar decisiones que pueden costarle otro jury de la política o unos cuantos zócalos en la televisión.
Una de las fórmulas que usa el sistema penal, y que organiza gran parte de la política criminal, es “jóvenes en conflicto con la ley penal”. Una frase que, como todas las frases que se repiten sin pensar, se transformó en un cliché, otra “palabra alada”, que levantó vuelo hasta ubicar las cosas muy por encima del contexto histórico que viven estos jóvenes y los vecinos, alejados de los conflictos sociales que estos protagonizan.
Mejor sería señalar que son los propios operadores judiciales del sistema penal los que tienen conflictos con los jóvenes que viven en barrios plebeyos. De hecho, cuando se mira de cerca, con las rutinas judiciales, nos damos cuenta de que la clientela del poder judicial comparte los mismos rasgos sociales, es reclutada incluso casi siempre de los mismos barrios. No hay que apresurarse, entonces, a cargar la reincidencia delictiva a la cuenta de las decisiones inoportunas de los jóvenes. Un joven que está en el radar de la policía tiene muchas chances de empezar a formar parte de la clientela judicial. Y un joven que pasó por un instituto o un penal tiene muchas probabilidades de volver a pasar por la cárcel.
Como había dicho Vincenzo Ruggiero, en un viejo artículo, “Castigar a los chicos”, las agencias de control y los tribunales, lejos de corregir o contener a los jóvenes, operan activamente en la construcción y aceleración de trayectorias criminales forzadas mediante la sobre-imputación, la estigmatización de clase y la inacción de las agencias de asistencia: “Se asumirá que la pena, incluidas las medidas que no son de custodia, puede crear más criminalidad a través de los efectos del etiquetamiento negativo, la ruptura de los lazos sociales y el alejamiento de los lugares en los que es posible hallar las oportunidades sociales”.
La puesta en valor de los delitos juveniles
Ahora bien, cuando los jóvenes que viven en los barrios plebeyos saben que tienen más chances de pasar una temporada en la cárcel o un instituto que de ir a la universidad o conseguir un puesto de trabajo registrado y digno, entonces empiezan a modificar sus proyecciones. Transforman la fatalidad en una expectativa o el destino en una oportunidad. La pregunta que empiezan a hacerse estos jóvenes que empezaron a quedar enredados con el sistema penal es la siguiente: “¿Qué me puede dar la cárcel cuando me toque pasar por ella?”. Todos los jóvenes tienen familiares, amigos o vecinos presos o que pasaron alguna vez por prisión. La cárcel forma parte de la conversación cotidiana, de los planes para el fin de semana cuando haya que visitar al pariente, pero también de las habladurías del barrio. La cárcel no queda en otro planeta, es un lugar familiar, no es un mundo separado y separable del barrio. Entre el barrio y la cárcel hay múltiples y contradictorios intercambios. La cárcel alimenta las energías de los jóvenes, pero condimenta los rumores en el barrio. Acá es cuando la cárcel empieza a ser referenciada como una institución paradójica: por un lado, forja lazos sociales, a través de los cuales se compone y refuerza una identidad dura. Por el otro, certifica los malentendidos entre los jóvenes y los adultos del barrio, fragilizando aún más los lazos entre ellos, haciéndolos sentir cada vez más indefensos (y resentidos) a algunos vecinos y más envalentonados (y odiados) a otros.
Ahora bien, la cultura juvenil de la dureza no es algo que se aprende mirando tutoriales en YouTube y tampoco es algo que se compra en el kiosco de la esquina. Se aprende pateando la calle, midiéndose con aquellos actores que le plantean una serie de desafíos y obstáculos, sea la policía, los vecinos alertas o los grupos de pares con los cuales mantienen broncas o picas. Los jóvenes aprendieron a hacer del hostigamiento policial, de la resistencia al destrato y maltrato policial, del aguante a la violencia policial, un insumo moral para componer ese personaje duro. Los jóvenes saben que, más allá de que hayan pasado un mal momento y les toque perder con la yuta, tendrán un crédito a su favor que lo cobrarán en otra ventanilla y en diferido, cuando tengan que enfrentar a otros jóvenes con los que mantienen alguna rivalidad. Hablamos de jóvenes que viven del robo callejero, del bardeo y ventajeo a los vecinos, las vandalizaciones y aventuras en moto, como estrategias de pertenencia, la oportunidad de adquirir una reputación y decir “yo existo”.
Es en este contexto cuando el sistema penal se presenta como la oportunidad de acumular o reforzar el capital simbólico, de poner en valor el “cartel” que venían tallando y militando a través de distintas transgresiones hechas de violencias expresivas y emotivas. Puede que se trate de “consuelo de tontos”, pero cuando les toque perder y pasar por la “casa grande”, se recostarán en esta expectativa que fueron forjando al interior de sus grupos, muchas veces para mandarse la parte o restarle importancia a los riesgos que corrían con sus transgresiones.
Estos jóvenes viven la cárcel como parte del ciclo delictivo. El encierro no detiene ni desalienta la trayectoria criminal. Por el contrario, crea condiciones para migrar de delitos y modificar las ecuaciones costo-beneficio. No es lo mismo salir de caño a buscar plata (por medio del robo) que venga a vos (a través de la venta de drogas). Los riesgos no son los mismos y tampoco las ganancias que pueden obtenerse.
A veces los jóvenes egresan de la prisión cuando las broncas todavía siguen vigentes, sólo que esta vez el cartel con el que salen no es el mismo que tenían cuando entraron, y ese cartel, ahora, los emplazará de otra manera en sus relaciones conflictivas.
Más aún, muchas de las destrezas y habilidades que llevaron a estos jóvenes a prisión pueden ser referenciadas y captadas allí dentro como recursos productivos y puestas a producir una vez que recobren su libertad. Algo que sucederá más temprano que tarde, toda vez que la estancia en prisión no será muy larga. Es decir, la violencia expresiva y emotiva puede transformarse en violencia instrumental, volverse balacera, extorsión, soldadito, sicariato.
No es fácil ponerle un revólver en la cabeza a nadie, tampoco resulta sencillo amedrentar a una persona y pilotear un robo, o ponerse a vender falopa en el espacio público. Se necesita un cartel y otras pericias, pero también nuevos contactos. Todo eso lo aporta la experiencia carcelaria. No digo con ello que la cárcel sea una universidad del crimen. Digo que el sistema penal crea condiciones para la acumulación de capital simbólico, social y cultural, para jerarquizarse en su microuniverso social. Esto refuerza y acelera trayectorias criminales que hay que leer al lado de otros fenómenos que hacen del mundo donde viven estos jóvenes un lugar difícil. Un mundo donde las oportunidades laborales no llueven todos los días, donde no sobran los apoyos estatales y donde las redes sociales están cada vez más desfondadas y los vecinos más impacientes y tomados por las pasiones bajas.
Dicho esto, conviene no exagerar tampoco. Los lugares de encierro pueden ser lugares para curtir la dureza, pero no siempre los jóvenes entran para chapear. También puede ser la oportunidad de “rescatarse” y “bajar un cambio”, una suerte de parate de emergencia cuando vienen pasados de rosca. Es un lugar de abstinencia obligada, de regularizar el sueño, la alimentación. Es una forma de ganarse la atención y los afectos de los familiares que hasta entonces muy poca bolilla les han dado o pasarles factura por eso.
Dinámicas expansionistas
La creciente intolerancia hacia los jóvenes delincuentes se hizo evidente con la reciente legislación que baja la edad de punibilidad. Encima, el malhumor social agitado por el periodismo televisivo constituye una suerte de “carta blanca” para imponer una severidad adicional. Pero la opinión pública tiene que saber que, desde mediados de los ‘90, hay más gente encerrada, es decir, más policías, más jueces y fiscales, más cárceles, y, sin embargo, el delito no sólo no ha retrocedido, sino que incluso se volvió más violento.
Sin embargo, entre el aumento de los delitos y el incremento de sus denuncias, entre el aumento relativo de los delitos violentos y el incremento de jóvenes enviados a juicio y luego a prisión, no hay una relación mecánica de determinación. Son dos fenómenos independientes que hoy día se refuerzan e intensifican mutuamente. Dinámicas expansionistas que tienen a la cárcel como mediación fundamental. Sea la cárcel que todos conocemos o la red de vigilancia incrustada en la comunidad a través de las policías, operadores sociales o maestros.
Porque el fracaso del sistema de promoción y protección a las niñeces y adolescencias, y las limitaciones que tienen los organismos supervisores para encarar su tarea, forman parte del problema también. Con presupuestos escasos, carecen de recursos suficientes, de la infraestructura necesaria y, en muchos casos, de creatividad institucional. Frente a esa situación, los trabajadores de esas agencias se debaten entre la ideología del fracaso y la subjetividad heroica. Por eso, como señala Ruggiero, es de esperar que la inacción y la impotencia, pero también la indiferencia al trabajo sumada a las propias inercias institucionales, puedan tener consecuencias relevantes en las carreras de los jóvenes comprometidos con el delito.
No estamos solos cuando concluimos que el sistema penal no es la respuesta al delito, sino parte del problema. Por un lado, con el endurecimiento de la legislación y la propia ampliación de las agencias penales, en un clima social tomado por la ansiedad y la alarma, es de esperar que una máquina de captura pueda ponerse en marcha otra vez y volverse severa o voraz. Ya se sabe que la respuesta a los actos definidos como criminales es independiente de las características propias de estos, pero los efectos que esos procesos producen en las carreras criminales y el resto de los vecinos no son algo que debería subestimarse. Por eso la política criminal diseñada por las autoridades del poder judicial, el ministerio público y las autoridades de los ministerios de seguridad y justicia (el sistema penal) constituye uno de los factores principales a tener en cuenta a la hora de comprender la violencia agregada a los delitos predatorios, como también las violencias vecinales hacia los jóvenes referenciados como “terribles” o “malditos” (escraches, linchamientos y tentativas de linchamientos, quemas y destrozos intencionados de vivienda).
Con todo, el sistema penal no solo recrea las condiciones para que puedan expandirse los delitos callejeros violentos y el universo transa, sino también el tratamiento punitivo (por arriba o por abajo) de la conflictividad social. Lejos de contribuir a pacificar la sociedad, el sistema penal emputece la vida de la gente, les mete más presión y tensiones a los barrios plebeyos.
* Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de sociología del delito en la Especialización y Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y de la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Vecinocracia: olfato social y linchamientos; Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil; Prudencialismo: el gobierno de la prevención, y Desarmar al pibe chorro.
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