¿Presos políticos?

Por qué es posible disentir con Cafiero y entender a su jefe el Presidente

 

Es claro que no acuerdo con Santiago Cafiero respecto de que en la Argentina no hay presos políticos. Porque los hay. Y añado, también aquellos presos que lo están por pobres, son presos de una política judicial que no les reconoce a los pobres el derecho a defensa, ni el derecho a un juicio justo ni mucho menos el estado de inocencia. Nunca encontré la cláusula de la Constitución que excluyese a los pobres de las garantías procesales. Pero no haberla encontrado en forma expresa no evita que, desde hace años, vea cómo se aplica inexorablemente.

Que no esté de acuerdo con Santiago Cafiero no quiere decir que vaya a salir a defenestrarlo. Lo vi una vez en mi vida, hace casi un año, cuando me lo crucé en un programa de TV. Recuerdo que me pareció buen mozo y su mujer, con quien charlé mientras él daba la entrevista, me pareció muy amable. No tengo obligación ni compromiso alguno por el cual defenderlo.

Distinto me pasa con Alberto Fernández, su jefe y Presidente de la Nación. Y mi amigo, además. No soy su exégeta ni pretendo serlo. Yo creo entender por qué Alberto no puede llamar presos políticos a los presos políticos. Básicamente porque Alberto es el Presidente de la Nación y no puede decir que en su gobierno hay presos políticos. Cierto es que él no los puso presos, ni los persiguió ni mucho menos presionó a jueces y fiscales para que hubiese gente presa por motivos políticos. Llegó a Presidente y había presos por motivos políticos. Algunos en prisión preventiva, otros por condenas que no están firmes. La enorme mayoría de quienes ya cuentan con condena –aun no firme, reitero— fueron condenados en procesos que están sospechados de vicios tan severos y jueces tan arreglados que, si fuesen revisados por un tribunal medianamente ecuánime, serían anulados y se ordenaría un nuevo juicio. Pero, estando en instancia de revisión sus sentencias, es decir no estando firmes sus sentencias, esas personas están en prisión.

 

 

Detenidos por opositores

Es precisamente lo que señala Alberto Fernández. En particular, como hizo en enero de este año en la reunión con organismos de Derechos Humanos: “Un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”.

Mi amigo Lao mandó un mensaje que comparto y que dice algo que me pareció sensato: “Si el Poder Ejecutivo llegara a sostener, sin probar judicialmente, que los compañeros presos políticos son presos políticos, estaría obligado a actuar en el marco de sus competencias. Esto es, utilizando la herramienta constitucional del indulto. Esto, sin dudas, pondría fin a una injusticia brutal sufrida por varios compañeros. Sin embargo, traería consigo la paradoja de la culpa (el indulto perdona, no prueba inocencia) para quienes sean inocentes con lo que se enfrentan, entonces, el honor y la libertad, la alegría de ver a nuestros compañeros con sus familias y la afrenta de dar por cierto aquello de que nuestro gobierno fue una asociación ilícita de 12 años».

«Además el Presidente faltaría a su palabra. Él sostuvo en campaña que el indulto era una rémora monárquica que no pensaba utilizar».

«Por ello, el Poder Ejecutivo no puede sostener que son presos políticos. Por eso sostiene que están detenidos arbitrariamente. Yo pienso que hace bien».

«Sostener que son detenciones arbitrarias no es correrle el cuerpo».

De más está decir que yo creo y afirmo sin espacio para dudar o titubear, que son presos políticos, porque esos procesos están viciados de modo que ninguno de los mismos podría ser calificado como un proceso legítimo.

Tengo además clarísimo, al menos en el caso de Amado Boudou, de quien soy abogada defensora, que Amado no quiere ni de casualidad que lo indulten. Lo que quiere Amado es que se revise su juicio y se le permita ejercer el derecho a defensa y que no le paguen desde el Estado a los testigos para que declaren contra él. Quiere un juicio justo. Eso que le negó el Poder Judicial bajo las órdenes de Mauricio Macri.

También tengo clarísimo que no es el Presidente de la Nación quien debe dictaminar sobre los procesos, sino esos señores tan raros que llamamos jueces. Y que hasta ahora han permanecido en su habitual, irritante e injusto silencio. Y creo que estaría siendo tiempo que dejemos de presionar al Poder Ejecutivo con cosas que no puede hacer el Poder Ejecutivo y miremos y reclamemos a los que deben hacer lo que no hacen. A los jueces y al Poder Judicial. ¡A ver si van moviendo el culo, Vuestras Señorías! Y no es que quiera ser irrespetuosa, es que estoy harta y cansada de que no hagan nada. Hubo gente que se murió sin que ustedes dijeran una palabra, como Héctor Timerman. Hay gente presa arbitrariamente y ustedes siguen sin decir una palabra.

También sé que Alberto Fernández acompañó a Milagro Sala en su injusta detención, mucho antes de ser siquiera candidato a Presidente. Como lo hizo Alberto Rodríguez Saá. Y he sostenido hasta el cansancio que la situación de Milagro Sala es y fue una línea divisoria en términos éticos y políticos. No es que no pueda hablar con dirigentes que no se manifestaron en contra de una situación de tan evidente injusticia, pero asumo que considero especialmente valientes y buenas personas a quienes, en épocas de pocas garantías elevaron su voz para decir NO. Pese al macrismo. Y pese a lo poco redituable en términos mediáticos que eso resultaba en el apogeo del gobierno de Macri.

 

 

 

Lo que ya ha hecho en materia de Justicia

Conozco además lo que ha hecho, en materia de Justicia, Alberto Fernández como Presidente, en apenas dos meses de haber asumido como tal. Intervino la AFI y puso a una de las mejores fiscales que conocí nunca a conducir esa intervención. Casi todos los días tenemos novedades sobre los desaguisados que se descubren. Y como abogada he sufrido, junto con mis defendidos, los efectos de esos desaguisados. Pero a una semana de haber concluido la feria judicial de enero, tal vez lo más dramático que he visto es precisamente lo que no he visto. Hay caras que no se ven más en los pasillos de Comodoro Py. No sé si es como una lluvia de verano, si concurren a los despachos en otros horarios o se juntan en otros lugares, pero hay caras que yo sabía lo que implicaban cuando los veías salir de los despachos y que ya no veo más. Me reía hoy con un colega, cuando a las 13.30 me iba de Comodoro Py y comenzaba la desinfección por el hallazgo de murciélagos en ese edificio y le decía: “Bueno, ahora van por los vampiros sin traje”. Casi que quiero interpretarlo como un presagio favorable.

También ha propuesto a Daniel Rafecas como procurador. Yo estoy contenta y conforme con eso. Espero que los votos lo acompañen, porque cuando nadie hacia valer las garantías constitucionales, Daniel Rafecas como juez sí lo hizo. Y yo que lo vi tres veces en mi vida, una de ellas en un ascensor, nunca tuve la valentía de pararlo y agradecerle, porque leía en los diarios los costos que pagó por hacer lo que ordena la ley y no lo que ordenaba la mesa judicial del macrismo. Y aunque nunca pude agradecérselo, nunca olvidé quiénes fueron las poquitísimas personas que no se olvidaron de la ley en estos años. Daniel Rafecas fue una de ellas y me alegra, por justo, el reconocimiento.

También ha retirado los pliegos que había enviado Mauricio Macri para las designaciones de jueces. Muchos de esos pliegos son de personas que sin lugar a dudas serán buenos jueces. Pero correspondía la revisión de las propuestas, para corregir aquellas donde la mano invisible –para nada invisible, a decir verdad— hubiese intervenido.

Y para qué negarlo, estoy que me muerdo los codos de intriga y ansiedad por el proyecto de reforma del Poder Judicial. Voy a confesar desde mi ego herido que, si había dos cosas que quería hacer el día después de la asunción de nuevas autoridades era a) irme de vacaciones (las últimas vacaciones que tuve fueron en enero de 2013 y las pase mayormente en un hospital con una infección renal) y b) trabajar en el proyecto de reforma del Poder Judicial. Verán que la concreción de lo que quiero no parece el espacio más feliz del mundo ni el más satisfactorio. Pero más allá de mis frustraciones, estoy emocionada y mucho con la idea de esa reforma. ¡Es tan necesario hacerla!

Pero mientras muchos se peleaban con el Cafiero junior y buen mozo, a mí me sacudía de un golpe una nota de Ari Lijalad que salió publicada en El Destape y que se reproduce en esta edición del Cohete. En esa nota, Ari publicaba la información sobre el legajo como testigo protegido de Alejandro Vandenbroele. En ella se daba cuenta del dinero que le había pagado el Estado Nacional conducido por Mauricio Macri a este señor, para declarar como testigo en contra de Amado Boudou en la causa por la compra de Ciccone Calcográfica. Condena que NO está firme, pero pese a ello ha implicado la prisión de Amado hasta el día de la fecha.

La historia es bastante simple. Acusaron a Amado Boudou de una serie de delitos vinculados a la compra de esa empresa. Lo llevaron a juicio oral conforme un cronograma electoral. Antes de eso, buscaron la famosa foto de Amado con Vandenbroele para probar que se conocían. Pero pese incluso a la denuncia de periodistas que constan en el expediente, respecto a que en tal o cual hotel había un video que daba cuenta de una reunión entre ambos, al final nunca apareció. Y miren que lo intentaron.

Como no apareció la foto fueron por Vandenbroele en persona. Y lo presionaron para que declarase conforme el régimen de testigo arrepentido. Pero mientras Patricia Bullrich y sus asesores le ofrecían arrepentirse, Vandenbroele parecía más interesado en no ir a la cárcel y en recibir dinero a cambio de poner su cara en una foto. Cuestión de prioridades, imagino. El gobierno de Macri quería a Boudou preso y Vandenbroele no quería ir preso. Negociaron muchísimo tiempo, con idas y venidas. Tanto tiempo insumió la negociación que, para cumplir el cronograma electoral, tuvieron que elevar la causa Ciccone a juicio, aunque la mitad de la causa no se elevó. Lo cual, claro, era un absurdo jurídico, pero salvo para unos pocos, el detalle les pareció irrelevante. Por ejemplo, le pareció irrelevante al Poder Judicial, ante la premura del gobierno macrista por tenerlo sentado a Boudou en el banquillo de los acusados. Porque entre cumplir la ley y complacer al macrismo, en esas épocas a Comodoro Py le resultaba mucho mejor inversión complacer a Mauricio. Cuestión de prioridades, imagino. Por ahí se asesoraban con Dujovne.

 

 

Operación Vandenbullrich.

 

 

Con todo el tiempo que perdió Patricia Bullrich, con su habitual ineficiencia de malos modales, no consiguió que Vandenbroele se arrepintiese a tiempo en la causa Ciccone. Y para cuando Vandenbroele se arrepintió, habiendo conseguido todo lo que le había pedido a Patricia, esto es libertad y dinero –que por cierto demostró ser una negociadora peor que los que negociaron con los buitres y les dieron todo y más—, ya era muy tarde para que Vandenbroele declarase como arrepentido en la causa Ciccone, porque como la causa ya estaba elevada a juicio, la ley no lo permitía.

Pero ya sabemos lo que le importaba la ley al macrismo –y a Patricia Bullrich— y por dónde se las pasaban –pobrecitas las leyes de mi país—, así que hicieron que Vandenbroele se arrepintiese igual en otra causa. Y lo mandaron a declarar de nuevo en la causa Ciccone. Fue tan absurdo todo el episodio que quien oficiaba de defensor de Vandenbroele comenzó el pedido de declaración pidiendo disculpas. Cosas que vimos en Py estos años, que cuando las contás no te las creen.

Por supuesto que protestamos y pataleamos, sin que nos dieran ni un poquito de atención los tribunales. Condenaron a Boudou y lo metieron en cana ese mismo día. Y por supuesto dejaron en libertad a Vandenbroele.

Durante el juicio, la defensa de Boudou –o sea nosotros, Alejandro Rúa y yo— reclamamos los antecedentes del “arrepentimiento” de Vandenbroele. Nos dijeron que NO. Fuimos a Casación con el mismo reclamo. Nos dieron solo una parte y omitieron los antecedentes que pedimos específicamente sobre el proceso de “arrepentimiento” de Vandenbroele y lo que estuviese en agencias del Poder Ejecutivo Nacional.

Le contamos esta situación donde no nos daban los antecedentes que necesitábamos para ejercer la defensa al mejor procesalista que tiene la Argentina, el doctor Julio Maier. Quien además de ser brillante y sabio, es una bella persona. Y se conmovió y nos dijo: Yo me presento y le explico a esos jueces que eso está mal y que ustedes como abogados tienen el derecho a acceder a esa documentación y que, si no se las dan, esa sentencia debe ser dejada sin efecto, porque es nula. Nunca puede ser válida una sentencia donde el acusado no tuvo acceso a todos los elementos para su defensa y donde no sabemos cómo alguien llegó a ser arrepentido. Así lo hizo Julio Maier. ¿Y adivinen qué? También le dijeron que NO.

Presentamos un recurso extraordinario pidiendo esos antecedentes. Nos rechazaron el recurso. Y entonces fuimos en queja a la Corte Suprema… que nunca nos contestó, hasta la fecha.

 

 

Pero el primer día hábil judicial de este año, el 3 de febrero, Ari Lijalad publicó una nota con la información a la que no habíamos podido acceder, pese a reclamarlo insistentemente. Y en esa información apareció una nota oficial del responsable por la custodia del testigo protegido Alejandro Vandenbroele. En esa nota, Carlos Linsalata, entonces responsable por Vandenbroele en el programa, el 24 de agosto de 2018 decía: “Solicito al Sr. Director Nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados, se otorgue al protegido de marras la suma de pesos un millón y medio ($1.500.000) para dar cumplimiento al proyecto laboral que le brinde al protegido la posibilidad de una relocalización definitiva y autosustentarse. Y señalaba: “Cabe destacar que el día 07 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou. Confirmada la prisión de los nombrados, por ante la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en el día de ayer”.

 

La nota de Linsalata.

 

En pocas palabras, lo que decía Linsalata es que ya habiendo obtenido la condena y la prisión de Amado Boudou, había que pagarle a Vandenbroele $ 1.500.000. Lo curioso del tema —y lo trágico— es que NO fue en la causa donde condenaron a Boudou donde Vandenbroele declaró como arrepentido. Le estaban pagando por una causa donde Vandenbroele también había sido condenado, como Amado, aun cuando no ordenada su prisión.

El Ministerio de Justicia, que entonces conducía el inefable German Garavano, autorizó e hizo el pago.

En pocas palabras, Vandenbroele había obtenido lo que siempre pidió: no ir a prisión y, que le pagaran por declarar. Y Patricia Bullrich había fracasado en su misión de conseguir un arrepentido de verdad. Consiguió un falso arrepentido y encima carísimo.

El jueves 6 de febrero, el juez que había admitido a Vandenbroele como arrepentido en una causa distinta a la que determinó la condena de Boudou, ordenó la extracción de testimonio de esas actuaciones y junto con la nota de Ari Lijalad, envió la causa a sorteo. Pareciera que, junto con «los horribles», como los llama Tato Young, y los murciélagos, también estaría desapareciendo ese hábito, bastante ilegal, de no cumplir con las leyes.

Paradojas de la vida, se ve que aún no actualizaron el servidor de sorteos fraudulentos de Comodoro Py y sigue funcionando como cuando gobernaba Macri. Salió sorteado el juzgado que pertenecía a Claudio Bonadío.

Como Bonadío había solicitado licencia por el mes de febrero, ya habían sorteado el juez que lo reemplazaría. Era Sebastián Casanello. Un juez insospechado de ser influenciado por el macrismo.

La última vez que Comodoro Py se olvidó de “actualizar el sistema” fue cuando se sorteó la causa de la muerte de Nisman. Se hizo el sorteo y de pronto el monitor se puso negro. Había salido sorteado Sebastián Casanello. Nunca nadie explicó cómo ni por qué se le terminó asignando la causa a Julián Ercolini.

Frente a la súbita certeza de que Bonadío no regresará a su juzgado, alguien debe haberse golpeado la cabeza diciendo: “Maldición, olvidamos actualizar el sistema”.

La Cámara de Apelaciones de Py, lenta en actualizar sistemas pero rápida en reaccionar, ordenó un nuevo sorteo para que otro juez cubra el juzgado de Bonadío. Será quien investigue el curioso caso de cómo un gobierno le pagó a un arrepentido para que declarase y adjuntó la prueba de dicho pago a un expediente. Al menos en la causa del encubrimiento del Atentado de la AMIA, el menemismo tuvo el decoro de pagar en negro.

Sospecho y temo que, para entonces, ya habrán actualizado el sistema. El domingo que viene les cuento.

 

 

 

 

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21 Comentarios
  1. Néstor Lugones dice

    Lo digo como alguien que apoya la gestión del gobierno del Frente de Todos.
    Que algunos funcionarios del Gobierno justifiquen con tecnicismos jurídicos estas atrocidades es realmente una vergüenza.
    Lo menos que el Gobierno debe hacer es dictar por decreto la excarcelación de los presos políticos y llamar a las cosas por su nombre. Dicha medida no hubiera interferido con las gestiones con el FMI y sus gobiernos “subordinados” de Europa.
    Que el Ingeniero Agrario Felipe Sola se ponga a dar definiciones jurídicas me parece realmente fuera de lugar. Y que además de otras cuestiones no sepa inglés (la lingua franca de la diplomacia en este momento) me hace dudar sobre algunas designaciones del Gobierno.
    ¡Libertad a Milagro Sala y sus compañeras, a Julio de Vido, a Luis D’Elía etc, etc, etc.
    Y al compañero Amado Boudou, un cuadrazo del Movimiento Nacional y Popular.

    Y no olvidemos que cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete ante el reclamo en una reunión en Carta Abierta de por qué, mientras los canales gorilas bajaban continuamente línea, la TV pública pasaba programas insustanciales como por ejemplo los partidos de la NBA. Alberto lo justificó diciendo que como llegaba a todo el país y a todo público, los programas tenían que ser de un interés más general!!!! Memoria, Señor Presidente.
    Alberto, si no quiere que nos peleemos entre nosotros que sus ministros no salgan a hacer declaraciones que realmente indignan.
    Macrì nos pisoteó durante cuatro eternos años y Vd. se anda con tecnicismos de profesor de Criminalística y no como cabeza del Poder Ejecutivo.
    Decrete ya la excarcelación de los compañeros Milagro Sala y de sus compañeras de la Túpac, de Amado Boudou, de Julio de Vido, de Luis D’Elia, etc. etc.
    Hay casos en que en política la debilidad es complicidad o, peor aún, traición.
    ¡A ponerse las pilas, compañero Presidente! Se lo dice un peronista desde su infancia en los años 40’s.
    y si no queríamos que nos dividieran, que los ministros se hubieran callado la boca.
    Yo entendí muy bien la nota. Lo que está esperando “la oposición“ me importa un bledo. Nos hemos pasado años temiendo lo que va a decir “la oposición” y Clarín & Co. yo hablé de “excarcelación”, por una prisión arbitraria, como es archisabido y admitido. El juicio, Por demás fraudulento, puede seguir el rumbo que se quiera. Ya es por demás tragarse el sapo de $ergio Thoma$ Ma$$a & Co.
    Le reitero, compañero, la debilidad en política es complicidad. Nos hartaron de DNUs durante cuatro largos años, y nosotros seguimos jugando a “la niña bonita”.
    Muy prestigioso profesor; ahora se trata de encabezar el Ejecutivo.
    y si no queríamos que nos dividieran, que los ministros se hubieran callado la boca.
    Alberto puede priorizar sus pruritos de académico prolijito sobre sus obligaciones como jefe del Ejecutivo, pero yo como peronista de la primera hora tengo todo el derecho del mundo de decirle que está meando fuera del tarro.
    Entiendo que no intervenga el Poder Judicial, que es lo que debiera hacerse, para no alborotar el avispero y alarmar al FMI, en este momento. Pero que los ministros pisen el palito y salgan a decir sandeces, y él se ponga ex cátedra a decir lo que dijo, es demasiado.
    Entonces que intervenga el Poder Judicial, lo que sí está a su alcance, que lo mande a Richard ‘Güevo Duro’ Lorenzetti a su Rafaela natal a dirimir juicios por medianeras y desavenencias testamentarias. Claro eso sería patear el hormiguero y el FMI no retorcería las gónadas.
    Entonces que haga liberar a los compañeros presos políticos. Si no puede eso que vuelva al rebusquito de Repsol.

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo la doctora Peñafort se pregunta si hay presos políticos en la Argentina. Su respuesta no admite duda alguna: sí, hay presos políticos en la Argentina. Considera que el presidente de la nación se ve imposibilitado de llamar presos políticos a quienes son presos políticos (Amado Boudou, por ejemplo) porque de hacerlo no haría más que reconocer que en su gobierno hay presos políticos. De ahí que, apelando a sus conocimientos de Derecho Penal, haya expresado recientemente que “un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”.

    Lo cierto es que en nuestro país hay dirigentes kirchneristas que no deben estar en prisión. No deben estarlo por una simple y contundente razón: porque todavía no hay sentencia firme. La tristemente célebre “doctrina Irurzun” le hizo un daño enorme al sistema de garantías y libertades individuales consagrado por nuestra Carta Magna. Su objetivo no fue otro más que hacer tronar el escarmiento, satisfacer la sed de venganza de los votantes de Cambiemos, obsesionados por ver entre rejas a Cristina Kirchner y compañía. Las fotos que le tomaron a Amado Boudou en su domicilio en el momento de su detención fue un escarnio público. Si eso no es persecución política pega en la base del poste derecho. Para la doctora Peñafort, quien es su abogada defensora, Amado Boudou es un preso político. Para el presidente es un ciudadano detenido de manera arbitraria. Se trata, entonces, de una detención ilegal.

    El tema está íntimamente vinculado a la cuestión ideológica. Para los partidarios del Frente de Todos hay presos políticos en la Argentina. Para los partidarios de Juntos por el cambio, lo que hay son políticos presos. Es imposible, por ende, soslayar la cuestión subjetiva en este tema. Sin embargo, hay que tratar de abordarlo de la manera más objetiva posible para obtener una cabal comprensión de un problema que hace a la esencia de la democracia liberal y republicana: la garantía del debido proceso. Es por ello que paso a continuación a transcribir un artículo muy didáctico y esclarecedor que sobre el tema escribió Iñaki Rivera Beiras.

    Sobre el concepto y la existencia de presos políticos

    Quisiera tratar con una tranquilidad reflexiva, a veces difícil de realizar debido a la vertiginosidad de los acontecimientos y la tensión e intereses que rodean a ciertos temas, desde un punto de vista fundamentalmente analítico y académico, la expresión tan discutida en los últimos meses, sobre si existe, o no, la categoría de preso político en España. Con frecuencia, la negación a aceptar su existencia se argumenta señalando que en una democracia la disidencia está permitida y legalizada y por tanto supondría una contradictio in terminis aceptar una categoría semejante.
    1. La noción de «delito político». Orígenes y contornos de una polémica político conceptual
    Para comenzar, creo que pocas veces se repara en el hecho de que, antes de tratar sobre la existencia o no de presos políticos, debería pensarse en el estadio cronológicamente anterior a la situación de privación de libertad que la determina. Aludo a la categoría de «delito político» (antigua y muy conocida en el derecho penal), especialmente pensada, discutida y legislada en las postrimerías del siglo XIX y durante buena parte del XX y siempre rodeada de una polémica que la situó entre los temas más controvertidos de la doctrina jurídica. En realidad, desde finales del siglo XIX, como desde Franz von Liszt en Alemania y Jiménez de Asúa en España quedó de manifiesto, parecería tratarse de un binomio de aceptación imposible para las dos partes en conflicto. Repasemos brevemente los principales contornos de la discusión aludida. Los orígenes, modernos, del concepto de delito político, se encuentran en el combate (y esta palabra es relevante pues pone de manifiesto la dimensión bélica sobre la que se asienta la cuestión) contra el movimiento obrero, contra sus manifestaciones más organizadas y «radicales» y en concreto contra lo que se dio en llamar «el anarquismo» por numerosos autores. Muchos autores y líneas de la criminología positivista y tardo-positivista pueden dar testimonio de cuanto se indica. Repasemos brevemente algunos antecedentes. En Italia, su denominada Scuola Positiva, que formuló una primera Criminología, tuvo a sus más preclaros autores dedicados al combate con el anarquismo decimonónico. Cesare Lombroso y Raffaele Garofalo, con sus planteamientos antropológicos el primero e inocuizador el segundo, escribieron sendas obras sobre los anarquistas para realizar las primeras teorizaciones sobre el concepto de delito político, llegando a la propuesta inocuizadora para sediciosos y rebeldes de reclusión perpetua y eliminación. En Alemania y desde Marburgo, Franz von Liszt, en su Idea del fin del Derecho penal, construyó para el anarquismo la tipología de los «incorregibles» atribuyéndoles el nombre de «la célula cancerosa del proletariado» y recomendando penas privativas de libertad de por vida y duración indefinida para ellos. Bélgica y Francia también tuvieron escuelas que, con Guerry y Quetelet, a partir del descubrimiento de la estadística, trataron la categoría de la «desviación» a partir de las concepciones sobre «el hombre medio» para combatir las expresiones extremas de la disidencia política y socio laboral. España, por su parte, tuvo un nutrido grupo de autores como Rafael Salillas, Pedro Dorado Montero, Fernando Cadalso y el propio Luis Jiménez de Asúa que teorizaron sobre la disidencia política y dieron sus contribuciones para el diseño de una figura penal en torno a la misma.Todo ello, señalado aquí en extrema síntesis, tuvo su plasmación en numerosas iniciativas legislativas que conformaron las primeras normativas que luego serían conocidas como «antiterroristas» para el combate e inocuización de la disidencia política radical. Diversos ejemplos podrían citarse. Sin duda fue el anarquismo el gran movimiento perseguido por el Positivismo Criminológico, con leyes especiales para ello de donde muchas de las figuras penales, procesales, policiales y penitenciarias que luego fueron permeando en los ordenamientos jurídicos posteriores: Inglaterra en 1861, Alemania en 1884, Austria en 1884, Bélgica en 1886, Francia en 1892, Suiza en 1894, Italia en 1894, Dinamarca en 1881, Portugal en 1896. También fue conocido el Protocolo antianarquista de San Petesburgo en 1904 que recogió específicamente la ideología de la «defensa social» como argumento legitimador. En España, en 1870 la Ley de Orden Público se estableció contra el movimiento obrero, contra sus líderes, contra su aparato de propaganda, a través de una especial reserva procesal con la jurisdicción militar. Durante la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público, como es bien sabido, fue uno de los principales órganos encargados del enjuiciamiento del amplio espectro de la expresión política de la disidencia.
    2. Delincuentes políticos: ¿quién define a quién? Un problema de poder
    Como se ve, existe una larga tradición doctrinal y legislativa en torno al tema objeto de estas reflexiones. Desde al menos 150 años ya, uno de los aspectos más problemáticos del concepto mismo de «delito político» y que tal vez sea el de mayor envergadura. Aludo a la controversia del propio binomio, originada en el hecho de que para quienes lo cometen, no puede haber delito: sólo aceptarán, normalmente, la existencia de una confrontación política anulando así la noción «delictiva» de sus acciones. En cambio, para quienes lo persiguen, sólo habría delito («común»), sin implicaciones políticas de ninguna índole. Es decir, el conflicto en uno de sus grados máximos: perseguidores y perseguidos, cada uno niega uno de los términos del binomio, ¿quién decide pues?, evidentemente quien esté en situación un ostentar mayor poder para la imposición de su tesis. Pero claro, si se trata de una cuestión de poder, entonces el carácter precisamente «político» del asunto aflora con mayor intensidad. El primer problema con el cual se enfrenta todo estudioso de estas cuestiones reside en el concepto mismo de «delito político». Tales problemas derivan, como mínimo, de las siguientes razones. En primer lugar, porque desde la irrupción del llamado «constitucionalismo social» (tras la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial, e iniciado con las Constituciones italiana y alemana), se ha pretendido siempre su «desaparición». Como antes se dijo: en un régimen democrático no puede haber delitos políticos porque la disidencia está legalizada. Así se expresan numerosos autores, medios de comunicación, representantes gubernamentales, etc., todo lo cual pretende instalar, efectivamente, una imagen que teñiría de falaz cualquier pretensión de mencionar que existen delitos (y presos) políticos. Sin embargo, semejante pretensión se va a contradecir por sí misma. En efecto, como tendremos ocasión de ver más adelante, quienes niegan la existencia de delitos (y presos) políticos, deberán aceptar, al menos, que sí existen leyes (sustantivas y procesales), cuerpos de seguridad, magistraturas y regímenes penitenciarios, todos ellos «especiales», «excepcionales» o, en todo caso, no ordinarios ni normales y, por ello mismo, distintos para el tratamiento de una conflictividad que también es distinta a la que de ordinario trata el derecho penal. Retomaré esta cuestión más adelante. Con todas estas dificultades (que sólo son iniciales pues hay otras) que impiden una conceptualización homogénea o consensuada, diversos autores intentan una definición de «delito político» señalando que el mismo traduce aquellas infracciones a las leyes penales cometidas con una intencionalidad política (López Garrido 1987, Serrano Piedecasas 1988: 136 y ss.). Otros autores alcanzan a reconocer que se trata en efecto de infracciones que se cometen en el contexto de una lucha o conflicto político y surgen de la ausencia de homogeneidad social (Olarieta). Mas, pese a tales intentos, inmediatamente surge otro inconveniente que dificulta, aún más, su tratamiento. Aludo a su naturaleza «colectiva o grupal» que, sin duda, constituye una de sus características sobresalientes pues normalmente se pretende acudir a una comisión grupal, tumultuaria o similar. Y, en efecto, semejante naturaleza causa nuevos problemas de conceptualización pues la misma choca frontalmente con un Derecho penal anclado en la tradición y en los principios de culpabilidad y responsabilidad «individual» (cfr. Serrano Piedecasas op.cit.). A ello se une, muy estrechamente, la circunstancia representada por la progresiva tendencia a la criminalización de nuevas figuras, distintas en todo caso al autor material y directo de las infracciones: colaboradores, cómplices, encubridores, inductores, difusores de comunicados de ciertos grupos (ya sea de medios de comunicación, de imprenta o de empresas editoriales), etc. En síntesis, de todo lo dicho emerge no sólo la conclusión de la existencia de una antigua categoría político-jurídico-penalística, sino la constatación de una contradicción irresoluble: cada una de las partes del conflicto, niega a la otra la atribución que ella pretende, una niega lo delictivo, la otra niega lo político. El antagonismo es claro, el conflicto es profundo y posiblemente sea necesario acudir a otras variables para su aclaración final, si es que la misma es posible.
    3. ¿Qué sistema penal se emplea para el combate?
    Una dimensión poco considerada en los últimos meses, a consecuencia del conflicto entre Catalunya y España, y que puede ser útil para aclarar la existencia, o no, de presos políticos que se pretende en este trabajo, es analizar qué sistema penal se ha empleado para el tratamiento de lo que se llamó «la cuestión catalana». Antes de abordarlo, convendrá señalar que por sistema penal se entiende algo preciso y no cualquier concepto. Citando a Bergalli y a Baratta (quienes elaboran sus definiciones a propósito de los trabajos de Max Weber), podemos decir que la expresión «sistema penal (originariamente perteneciente al ámbito cultural británico y norteamericano, en los cuales el concepto de penal system posee una larga tradición) comprende algunas grandes esferas que se relacionan con la producción, la interpretación y la aplicación del derecho. Sí, se ha acuñado la expresión «sistema penal estático» para identificar el proceso de producción de un determinado derecho (en principio reservado al Poder legislativo y cada vez más al ejecutivo en desviación de una estricta separación de poderes) y se ha reservado la de «sistema penal dinámico» para aludir a las actividades desarrolladas por las policías, la jurisdicción y la cárcel, en las tareas de interpretación y aplicación del derecho. Dicho de modo sencillo: sería muy ilustrativo ver, acerca del «conflicto catalán» cuáles han sido las agencias del sistema penal que se empleado para el tratamiento del mismo. Resulta bastante claro, tras un año de agudización de los episodios de dicho conflicto, que el mismo ha sido tratado, fundamentalmente, por agencias del sistema penal que no son las estrictamente «ordinarias» sino otras de carácter especial (por más que hayan sido «normalizadas» a golpe legislativo o de reales decretos). Aludo a la actuación de cuerpos y fuerzas de seguridad no autonómicas que literalmente «desembarcaron» en Catalunya para la represión de quienes organizaban y votaban el pasado 1 de octubre de 2017 en el referéndum de autodeterminación. También se alude a la inicial tramitación judicial de la causa contra el Gobierno catalán por parte de la Audiencia Nacional (conviene siempre recordar que su creación se produjo el día 4 de enero de 1977 por un Real Decreto que, primero suprimió al Tribunal de Orden Público y acto seguido creó la Audiencia Nacional el mismo día, en el mismo edificio y con los mismos jueces intactos). Y por supuesto, también se alude a la intervención del Poder ejecutivo en Catalunya, cesando a su presidente democráticamente elegido, a todo su Gobierno y decretando la disolución del Parlament de Catalunya, en tanto que los Juzgados Centrales encarcelaban a los líderes sociales del movimiento independentista y a la mitad del Gobierno en prisiones a 700 kilómetros del lugar de residencia de sus familiares [1]. Asimismo, se alude a la acusación de un delito pensado para alzamientos armados y otros supuestos terroristas que requieren el empleo de la violencia, elemento que no concurre (afortunadamente) en el caso examinado como han tenido ocasión de pronunciarse centenares de profesores de derecho penal en España y distintos estamentos judiciales de Alemania, Bélgica y Escocia hasta la fecha. Este «torcimiento» del derecho, implica la paulatina inutilización de los instrumentos «ordinarios» del Sistema penal en el sentido antes indicado y el cada vez más frecuente empleo de herramientas «extraordinarias o de excepción» que a su vez permiten un subsistema penal extra legem propio de una guerra sucia que se expresa en ataques de la ultraderecha a disidentes en la actualidad y en la ejecución de una estrategia de la tensión» que sorprendentemente no activa a la Fiscalía en su persecución, como claramente ha advertido Queralt recientemente. Esto requiere de alguna consideración aún de mayor calado, de ámbito europeo continental. Como es bien sabido, tras el fin de la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial comenzó a desarrollarse el movimiento conocido como «constitucionalismo social». En tal sentido, paradigmática fue la Constitución italiana de 1948, la cual supuso un modelo que sería seguido por otros Estados europeos. La articulación de la fórmula del Estado social y democrático y derecho, la consagración de amplios catálogos de derechos fundamentales y garantías procesales junto a mecanismos de protección de ambos, la plasmación constitucional de la finalidad resocializadora de las penas privativas de libertad, junto a otras notas, dibujan esquemáticamente el movimiento aludido. Mas, pese a todo ello, pronto los cimientos mismos de esas operaciones reformistas se verían subvertidos por nuevos acontecimientos. En efecto, casi contemporáneamente a la época que se está describiendo irrumpió en diversos países europeos el fenómeno de la violencia política (cierto es que en algunos países, incluso, semejante irrupción ya se había verificado anteriormente). Irlanda, la República Federal de Alemania, Francia, Italia o España, por citar a los más emblemáticos en este sentido, conocieron el problema del terrorismo e, inmediatamente, reaccionarían contra el mismo. En el convencimiento que para combatirlo eran insuficientes los instrumentos ordinarios de que disponían los Estados, se decidió echar mano de nuevas herramientas que se consideraron extraordinarias. Se iba inaugurando así la denominada legislación, o más precisamente, la «cultura» de la emergencia [2]. Y ello se verificaría, rápidamente en distintos frentes:
    – En el ámbito legislativo sustantivo: a través del surgimiento de las llamadas leyes antiterroristas que aumentaron las penas para estos delitos, previeron cierres editoriales y de periódicos, etc. En el caso del conflicto catalán, conviene no olvidar de dónde proviene la creación de los delitos de rebelión y sedición y la naturaleza política que motivó su adopción en la legislación.
    – En las competencias y prácticas policiales: dotando de mayores márgenes de maniobra a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados o creando cuerpos de élite en aras a fortalecer el fetiche de la eficacia policial. En caso de Catalunya, el «desembarco» de cuerpos policiales no autonómicos para la represión de los votantes del referéndum del 1 de octubre es un dato de la realidad.
    – En la creación de Jurisdicciones y Tribunales especiales: para el enjuiciamiento de los delitos fuera de las áreas geográficas donde aquellos eran cometidos (y vulnerando así el constitucional principio del «juez natural»). Ejemplo paradigmático en España de ello es la ya aludida transformación del TOP en la Audiencia Nacional que permite la «centralización» de las causas judiciales en Madrid aunque los supuestos delitos se hubieran cometido en un territorio que tiene otro «juez natural» cuya competencia queda así expropiada para ser atribuida al juez central estatal.
    Naturalmente, también esta irrupción de la «emergencia» produjo sus especiales consecuencias en el ámbito penitenciario, en donde el recurso a la prisión preventiva contra disidentes políticos y miembros de bandas terroristas armadas fue la práctica habitual. Interesa ahora señalar, rápidamente, que todo el nuevo entramado normativo «de emergencia» surgía en Europa hace unas tres décadas con una doble presentación y justificación: de un lado, se afirmaba que nacía para combatir un fenómeno especial (el terrorismo); de otro lado, se señalaba que estaría vigente sólo el tiempo estrictamente necesario para aquel combate. Pues bien, hoy puede afirmarse que, prácticamente desaparecido ya el fenómeno para cuyo combate se edificó la legislación «de emergencia», ésta no ha sido desmantelada y ha terminado por invadir muchas otras esferas de la vida y de la legislación penal ordinarias. La «aureola o el fetiche de la eficacia» (policial, judicial, penitenciaria) se fue convirtiendo en un nuevo discurso legitimador, ahora, de la «expansión de la emergencia» hacia nuevos ámbitos. La supuesta eficacia de la prevención general, alimentaba también la dirección señalada. Como han indicado los autores citados, la misma ha permitido mantener normas y prácticas «de excepción» sin necesidad de tener que acudir, formalmente, a la declaración del «estado de excepción». Elemental resulta señalar, frente a todo ello, que cuanto más se recurre al sistema penal –y a la excepcionalidad penal– más se resiente, más afectado resulta el sistema democrático y el principio de igualdad ante la ley, al irse sancionando paulatinamente un sistema punitivo dual.
    4. Conclusiones
    Parece incuestionable a estas alturas de las reflexiones vertidas que existe una relación especular entre los conceptos de «preso político» y «delito político». De los delitos y las penas no es sólo el título de la conocida obra de Cesare Beccaria a quien se atribuye la paternidad del inicio de la Modernidad penal de la Ilustración a partir de 1764. También los delitos y las penas son las dos caras de una moneda –la cuestión criminal– que las convierte en inseparable. Y habrá de reconocerse que si para combatir una cara el Estado precisa recurrir a la excepcionalidad legislativa, policial, judicial y penitenciaria, es que en algo diferente a lo ordinario está convirtiendo y calificando a la otra cara de la moneda…Es evidente que en el caso del conflicto político entre Catalunya y España, no estamos en presencia de delitos comunes, callejeros, de bagatella, con afán de lucro y enriquecimiento personal o figuras similares para las cuales el sistema penal ordinario tiene lógicamente sus instrumentos de respuesta. La lucha por la autodeterminación de una nación, se esté a favor o se esté en contra de la misma, parece claro que refleja un problema de orden y dimensión política. Pretender situarlo en el ámbito del derecho penal ordinario no es un error de ignorantes; es precisamente la prueba (aunque burda) de su naturaleza política. Y para terminar: si para su combate se debe echar mano de la excepcionalidad antes señalada es que se trata de algo distinto. La auténtica anomalía es pretender sustituir la racionalidad política del conflicto por otra de corte penalístico. Lamentablemente, parece que estamos abocados a asistir en breve (cuando comience el juicio oral contra los acusados) a la perpetuación y a la profundización de la anomalía. Es esa la debilidad y no la fortaleza del sistema democrático.
    1. Durante este tiempo, desde diversos sectores trabajamos para reclamar el acercamiento de los presos a cárceles de Catalunya, lo cual se produjo justo al comenzar el verano de 2018, pero que posiblemente dicha estancia se interrumpa nuevamente cuando deban ser trasladados a prisiones de Madrid ante el inicio del juicio oral contra los acusados de delitos de rebelión y sedición.
    2. Al respecto indica Bergalli que la «emergencia» definió en Europa la penetración de una auténtica cultura «específica» producida como resultado del desarrollo de una conflictividad social inédita y de una tensión extrema entre los polos del sistema capitalista de producción. Agrega este autor que, la difusión de una «cultura» semejante, fue socavando los principios garantistas sobre los que se asentó el Estado de Derecho y definió, con gran crudeza, una de las últimas crisis del Estado Social (cfr. 1988).

    (*) El diario.es contrapoder, 8/8/018.

  3. Horacio Godoy dice

    «Todo muy lindo Doctor», me soltó Sánchez, cuando había terminado de explicarle que la decisión que confirmaba su prisión preventiva era un dislate jurídico, que el recurso a la Cámara debía prosperar, porque por la doctrina del «fruto del árbol prohibido» y así de seguido; pero sabe que:» Ud. se va y yo me quedo».
    Por ello Dra. todo muy lindo, pero los presos políticos o en situación irregular siguen con su libertad cercenada y no existen señales de la política que por ejemplo la Corte recepcione «la queja» y le permita a Ud. actuar ante Casación con esos «nuevos elementos» y restablecer al menos el debido proceso y la pregunta seria: ¿Por qué la Corte no se ve presionada?, simple, porque el poder ejecutivo: No lo hace e incluso da señales confusas al poner al Jefe de Gabinete en situaciones dialécticas, donde evidente no esta preparado. En política se ejecuta o no y las señales son importantes.

  4. Atilio dice

    Totalmente de acuerdo con Antauro, tanto cuesta meter pedidos de juicio político a los jueces que se pasan las leyes por las partes íntimas ubicadas debajo del ombligo. Esto se está demorando mucho, mucha retórica, mucho piripipi y mientras tanto.. Amado preso, Milagro presa. Cómo se nota que los que hablan, opinan, justifican y bla bla bla no han pasado un puto minuto aprehendido ni detenido. A esta altura el HDRP del gato M.M, ya se había cargado a miles de despedidos, devaluado de 9 a 16. Revisado sus redes sociales etc, etc.

  5. Elida de Bianchetti dice

    Gracias. Una vez mas.

  6. Jorge Núñez dice

    Compromiso tomado para el próximo domingo, Graciana, impecable nota la de éste, me pregunto cómo harás para, al menos, presentar el mismo nivel. Comparto con muchos compañeros la ansiedad porque se resuelva la situación de encierro de los que están -en palabras de Alberto Fernández- detenidos arbitrariamente, pero al mismo tiempo me contengo pensando que no tenemos equivalencia con lo que fue el gobierno de Macri y la Justicia; ambos funcionaron en tándem, lo cual ya establece la primera y fundamental diferencia. Será inevitable esperar hasta que se proceda con la reforma del Poder Judicial.

  7. Jorge Mariano dice

    Impecable compañera. Gracias por poner luz en este asunto. Esperemos que lxs compañerxs dejen de hacer oposición al gobierno popular.

    1. María Elena Magallanes dice

      Excelente testimonio que pone en claro la oscuridad de accionares de algunos representantes de la Justicia. Compañera, quien suscribe, ignorante del tema en lo que se refiere a leyes , intendió perfectamente el enramado judicial, sobre todo, la injusta medida tomada con el compañero Amado. Un abrazo.María

  8. gerardo senderowicz dice

    Misma pregunta que a HV…
    No habria que investigar las computadoras que realizan los sorteos?
    Seguramente cuando en las denuncias figuran los nombre de CFK o simil, caían en ese juzgado. Si no, ya dijo Paenza las posibilidades estadísticas que existen.
    Imposible

  9. FRANCISCO LAMBERT dice

    EL «PODER JUDICIAL» QUE LOS TIENE DETENIDO NO MOVERÁ NINGUNA PIEZA PARA LIBERARLOS, LE QUIERE HACER PAGAR EL COSTO POLITICO AL GOBIERNO PARA DEMOSTRARLE A LA SOCIEDAD EL : » LIBERAN A LOS CORRUPTOS, SON TODOS IGUALES»

  10. Lujan dice

    Brillante Dra. Graciana. Siempre esclarecedora.

  11. FPV dice

    AB y todos los presos encarcelados por ordenes de macrigato deberían ser liberados… Ayer! Podrá hacer todo bien en lo económico, pero en esta que es esencial si no la desactiva, el bote da una vuelta de campana.

  12. Tereal dice

    Antauro creo q te falta comprensión de texto, Graciana explica muy bien x ejemplo q Amado no quiere un indulto que es lo q podría hacer AF, quiere q se revise su causa y eso no lo puede hacer el Presidente!

  13. Hector dice

    Creo que hay que poner nombres a esta situacion, porque no solo es 11, es iron montain, nisman pero nos olvidamos de quien prendio cromañon y lo eligirieron para CABA

  14. Oscar dice

    Que admiro a Graciana desde hace mucho tiempo ni vale la pena mencionarlo ahora, pero cuando una mujer como ella asume una defensa es garantía de ética, toda una definición filosófica y política que debería ser enseñada desde los colegios primarios. Cada palabra de esta mujer, cada gesto, tiene una carga de responsabilidad y verdad que resuena en la memoria civil. Espero con todo mi corazón en juego que algún día, no lejano, su voz sea La Voz de la justicia en nuestro país. Porque la libertad depende de ese canto.

  15. ANTAURO dice

    Graciana; Me ESPANTA que le des tantas vueltas al tema. Son INDUDABLEMENTE perseguidos y encarcelados por su militancia POLITICA. Cualquier imbecil puede ver el video en youtube y ver que el Maquinista hizo A PROPOSITO chocar el Tren en ONCE. FUE un ATENTADO no una TRAGEDIA. Y de ahi empezamos, Con Chicone y Budou, Milagro Salas. DeLia. Etc, etc. La preventiva te la dan si sos K, sino andas Libre. Lo que es INTOLERABLE es la HIPOCRESIA DE ALBERTO FERNANDEZ, El profesor de DERECHO, Hijo de Un JUEZ, visitador y demandante de la LIBERTAD DE LULA, otro preso politico, o detenido indebido, como diria Alberto. Su HIPOCRESIA NOS HIELA LA SANGRE. Ya pasaron 2 meses. Y todavia los compañeros siguen PRESOS. NO LE DES MAS VUELTA. LOS PODIA HABER LIBERADO POR DECRETO PRESIDENCIAL. O QUE ME ESTAS DICIENDO ENTONCES ? Que toda la sociedad esta a merced de Jueces Mafiosos, Vinculados con los Servicios de Inteligencia, en puestos vitalicios, sin haber sido electos por voluntad popular y pueden hacer lo que se les antoje con nosotros, y QUE EL PRESIDENTE NO PUEDE HACER NADA ? ESO ME DECIS ?. NO QUIERE HACER NADA. YA HA HECHO UN PACTO. ESO ES OBVIO. HA DADO SEÑALES DE DEBILIDAD POLITICA. VOS QUE SOS TAN INTELIGENTE. QUE ME CONTAS DE LA LARGA RELACION ENTRE SERGIO MASSA Y RUDY GIULIANI, LA MANO DERECHA DE LA DERECHA DE TRUMP ?, QUE VIENE A VISITAR A SERGIO MASSA A TIGRE ?. ES ESPANTOSO QUE USTEDES, LOS SUPUESTAMENTE PROGRESISTAS SEAN TAN COBARDES. CUANDO LO HACIA MACRI, ERA REPUGNANTE, AHORA LO CONTINUA ALBERTO Y EMPIEZAN EN INVENTAR EXCUSAS RETORICAS PARA NO DECIR ALGO QUE ES OBVIO. LOS DERECHOS HUMANOS SON DEMASIADO IMPORTANTES PARA VENDERLOS POR UNA PROMESA…….DE NO SE QUE…….. POR FAVOR, NO SEAS COLABORACIONISTA. FELICITACIONES A ALCORTA, LA MINISTRA DE IGUALDAD DE GENERO. NO ESPERABA MENOS DE ELLA. LO QUE DIJO CAFIERO ES ABOMINABLE. Y SI NO NOS MOBILIZAMOS PARA SACAR A LOS PRESOS NOS IREMOS TODOS AL INFIERNO, POR QUE SABRAN QUE SOMOS UNOS COBARDES, QUE NO DEFENDEMOS A LOS NUESTROS, NI A LOS JUSTOS. Y LO QUE DIGA CLARIN Y LA NAZION NOS TIENE QUE IMPORTAR UN BLEDO. MAS TEMPRANO QUE TARDE CREO QUE ESTE GOBIERNO TERMINARA EN UN DESASTRE……….. Y DESPUES NO SE QUE….. EL SILENCIO DE CRISTINA TAMBIEN ES MUY INQUIETANTE. LA VI EN CUBA CON SU ANECDOTA SOBRE DARLE LA MANO A MACRI. ES MUY PREOCUPANTE QUE A SU EDAD Y CON SU EXPERIENCIA POLITICA TODAVIA LE PREOCUPE TANTO EL » QUE DIRAN «. TODOS PARECEN ESTAR PRISIONEROS DE LOS MEDIOS DE PROPAGANDA……. URGENTE DEBERIAMOS ESTAR MOBILIZANDONOS A LA ROSADA DEMANDANDO LIBERTAD INMEDIATA DE ESOS PRESOS POLITICOS………. O SOLO HAY QUE HACERLO POR LULA Y PARA ANTES DE LAS ELECCIONES ????????. ESTAMOS MONTADOS SOBRE UNA BOMBA DE TIEMPO………Y NO ES MOMENTOS DE ENAMORARNOS DE LOS QUE NOS DESEAN EL MAL……

    1. Oscar dice

      No le está dando vueltas, lo explica con fundamentos. Y así va desarmando todas las bombas de tiempo, del mismo modo que lo están haciendo Alberto y Cristina. No verlo, no entenderlo, es simplemente jugar para el lado equivocado. Con todo respeto creo que deberías medir tus palabras como ella lo hace. No son tiempos para nadar en la superficie.

      1. Viktor Dellsen dice

        Oscar, lamentablemente el compañero tiene razón, la libertad de una persona no tiene precio, el tiempo en cana no se devuelve, así de sencillo.
        Si Alberto sabe que está mal, debe actuar para que se cambie la situación lo antes posible. Y cada uno tiene el derecho de decir las cosas por su nombre.
        Si estuviera en mi, suponte, clavo DNU a lo pavote, y en este caso queda claro que es una medida extraordinaria.
        Estoy de acuerdo que la política tiene sus tiempos y esto refuerza mi idea de que el poder está en manos de las clases dominantes y no de los «políticos» como sus medios de propaganda nos repiten a diario.
        A modo de ejemplo, se debería abrir ya mismo la causa por Papel Prensa, como delito de Lesa Humanidad, porque los secuestros y torturas a los involucrados son eso, y ahí deberían ser acusados y usar la «Idea Irurzun» y meterlos presos… O sea ir al hueso…
        Te imaginás meter en cana a Magneto y compañía?
        Es un ejemplo…

        Pd : Perdimos la elección del 2015 por no ser agresivos… Por dejarnos llevar la agenda… Asi de sencillo…

        1. Silvia Linares dice

          Deberían leer lo expuesto por Graciana con el respaldo de su experiencia, idoneidad en materia judicial y conocimiento de lo que implica el indulto, que ninguno de los compañeros detenidos quieren. Simplemente porque son causas armadas, arbitrarias y con testigos y arrepentidos comprados. Ellos quieren la revisión justa y su derecho a defensa con acceso completo a sus expedientes . Las movilizaciones deben organizarse ,ser masivas y marchar a tribunales, que es el poder que debe resolver, y que está paralizado, en calma chicha. Reclamamos justicia, no indultos.

          1. Néstor Lugones dice

            Aquí nadie habla de indulto. de lo que se trata es de un decretazo que termine con la arbitraria prisión preventiva de los compañeros. A ponerse las pilas y poner lo que hay que poner.

    2. Albereto dice

      No parecen estar prisioneros de los medios de propaganda, son prisioneros aterrorizados de los medios de propaganda y no es para menos quien no les teme. Los presos políticos son la demostración palmaria de quienes mandan en Argentina. Todo lo demás que se diga al respecto es «piripipí».

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