Proyecto, sistema y ley

Debemos salir del decimononismo e intentar pensar al ritmo del siglo XXII

 

«Siempre parece imposible, hasta que se consigue».

(Nelson Mandela)

 

La Argentina precisa un claro rumbo en la construcción de un Proyecto Nacional de Comunicaciones, que contenga lo vinculado al mundo digital, las nuevas tecnologías, el aspecto cuántico del área y la Inteligencia Artificial.

Proyecto que delinee un sistema acorde al ya avanzado siglo XXI y que defina con moderna literatura los temas que hacen a infraestructura necesaria, fondos a invertir, libertades a proteger, accesibilidad e inclusión, federalismo en su aplicación y una clara valoración ontológica sobre las formas democráticas del manejo, uso y explotación de ese sistema.

Acrecentar el espectro mediante porciones de devolución y revisión completa de asignaciones y licencias que no han cumplimentado disposiciones regulatorias, pero también con la digitalización, concreta y cierta de las bandas en UHF que en el caso de la televisión asegura multiplicar las frecuencias. Y, a pesar de algunas experiencias negativas en otros países, impulsar la digitalización radial para armonizar y equilibrar el espectro y la enorme demanda para frecuencias de radio, sobre todo en la Frecuencia Modulada.

Establecer normas amplias, de validez democrática y de fácil acceso para productores en la utilización de medios streaming, podcast, canales de YouTube y todo contenido dado desde Internet en forma de procedimiento audiovisual para garantizar un incremento en la industria de contenidos a la vez que un extendido y mayor ejercicio de la libertad de expresión.

Respetar el uso del espectro radioeléctrico dándole valor a su calidad de recurso natural, de carácter limitado y que constituye un bien de dominio público. O mejor aún tomarlo en la excelente definición que hace el especialista argentino Damián Loreti, cuando dice: “El espectro es un bien común que no puede ser de propiedad de un Estado y menos de un Gobierno, sino patrimonio común de la humanidad”.

Si con la primera definición planteamos el respeto al uso del espectro, con esta segunda hacemos más exigente la necesidad de acatamiento al sentido ético, solidario, democrático y racional que la utilización del espectro merece. Ese respeto pasa, desde el Estado, por la aplicabilidad en legalidad absoluta de las normas que lo regulan, el control no abusivo ni censurador pero estricto del mismo, y la distribución y atribución de sus porciones de espacio de acuerdo a criterios que hagan al interés nacional, la defensa nacional, la cultura, la información, el entretenimiento, el adelanto tecnológico, la prestación de calidad a usuarios y consumidores y otras calidades de excelencia que mejoren la vinculación entre “ese conjunto de ondas electromagnética, propagadas por el espacio sin guía artificial” y las poblaciones usuarias.

Veamos que no sólo en lo conocido de televisión, telefonía móvil y radio usamos espectro, también está presente en la radarización de uso militar, en la posibilidad de seguir armas misilísticas, en la navegación aeronáutica, en el uso de walkie talkies, comunicaciones marítimas, radioterapia, alarmas, vuelos de drones, implantes médicos como audífonos y marcapasos, radioastronomía y mucha de la investigación espacial, usos de GPS, sistemas de transporte comercial inteligente, Wi Fi y Bluetooth, radares de meteorología, Wireless (comunicaciones inalámbricas) de uso industrial sobre todo en la automatización.

Y de existir un claro respeto por parte del Estado hacia el espectro radioeléctrico deberá contraprestarse con el mismo sentido de la responsabilidad por parte de quienes hacen ejercicio de su derecho al uso de las porciones, bandas y longitudes de onda. Sean estos públicos o dados en explotación a terceros privados. El respeto al espectro pasa por su correcto uso en términos de límites internos, tanto en frecuencias como en longitud de ondas como en bandas y por la utilización estricta para los objetivos planteados en cada adjudicación. Pero también ese respeto, en el tema de los medios de comunicación con espectro, pasa por no desvirtuar lo presentado para ganar una licencia y el cumplimiento estricto de la regulación permanente, tema este dejado de lado en los últimos tiempos. Las frecuencias, en medios audiovisuales, parecen ser de “propietarios” y no de “posesionarios” como son. El respeto es no hacer lo que cada uno quiere sino lo que la ley impone.

Destaco que el Estado ejerce sobre el espectro su soberanía. Y en ese sentido sería correcto aplicar similares criterios de derecho soberano como se hace con el territorio nacional, nuestro mar argentino y el espacio aéreo. No existen distintas formas de soberanía. Hay una sola.

Por supuesto que un Proyecto Nacional de Comunicaciones que conforme un sistema ad hoc debe alentar políticas sociales, culturales y económicas que lo hagan posible. En ese sentido, ir cerrando la brecha digital es un paso imprescindible. El desequilibrio de apropiación popular de tecnología es enorme. Así como el país tiene un promedio de uso de banda ancha y conectividad de cerca del 65%, esto se forma con más del 100% en CABA, el 35% en el norte y menos del 40% en la Patagonia. Federalizar el uso de Internet y redes es clave para darle musculatura a un sistema de comunicaciones.

Y en este desarrollo deben explicitarse reglas y regulaciones claras. Sin preconceptos ideológicos que limiten la mirada sobre los actores del área. El Estado, la educación, la academia y la industria (privada, tanto pyme como grandes empresas y cooperativas) son los cuatro actores necesarios para generar un poderoso modelo de comunicaciones que no sólo vincule a la mayoría de los habitantes y permita desarrollos locales en el interior del país, sino que fortalezca por su propio dinamismo la economía nacional, tanto en la mejora de condiciones para el comercio, la productividad y la creación de empresas con demanda laboral y profesional cuanto en la alternativa exportadora de tecnología argentina.

Los privados, con su lógica de lucro que no significa algo negativo. Las cooperativas, con su tracción al capital social y su histórica presencia en lugares de escaso atractivo comercial. La academia, con su investigación aplicada, que permita tener al sistema siempre actualizado en las más novedosas prácticas y técnicas para el sector. El Estado, con una presencia equilibradora y garantizando impulsos económicos que armonicen y brinden ecuanimidad ante disparidades regionales, de densidad poblacional y de carencia infraestructural. El mercado no asegura que Ñorquincó (pequeña localidad rionegrina) o Montecarlo en Misiones tengan la misma conectividad, pero sí puede hacerse desde la educación y sus políticas públicas.

Esta sinergia público-privado, en todas sus variantes, deberá recorrer un camino de cordialidad en la búsqueda común de objetivos y en definir una estrategia que una sus intereses y, una vez acordada, adquiera el carácter de interés nacional.

También hay que ir equilibrando las asimétricas situaciones que viven empresas argentinas, que por más posición dominante que tengan sufren cierta disparidad de regulación al estar sujetas a tributos y legislación nacional que sociedades extranjeras no tienen. Hay fuertes jugadores del sistema comunicacional, más allá de dominar posiciones que deben revisarse, que se atienen a regulaciones en cuanto a su personal en lo salarial y leyes sociales y además tienen posiciones físicas hallables y concretas en el territorio también sujetas a determinadas regulaciones inmobiliarias y fiscales, como asimismo otras disposiciones normativas que alcanzan a cualquier espacio comercial de la Argentina. Todo eso es un costo. Situaciones estas que no vive por ejemplo la compañía Netflix, que es competencia en cuanto a audiencias y contenidos.

En todo el mundo hay una nueva realidad de los mercados audiovisuales y de las comunicaciones y telcos. Las persistentes innovaciones tecnológicas nos colocan ante el desafió de tener la velocidad política y jurídica necesaria para que ningún aspecto se desmadre.

El rol jugado en los últimos diez años por las empresas digitales y la economía algorítmica ponen en juicio las miradas tradicionales sobre los temas infocomunicacionales y el papel de los consumidores y la defensa de sus derechos. Todo es otra cosa. Todo es nuevo. Algunos siguen en el siglo 20 mientras otros investigan la comunicación cuántica y la Inteligencia Artificial (IA) como parte del universo de las comunicaciones.

En esto tenemos que poner énfasis institucional y apoyo a iniciativas privadas.

Dentro del marco conceptual que definimos para este sistema de comunicaciones es necesario renovar también las formas que adoptan los derechos fundamentales referidos al sector y cómo se compatibilizan con los plexos constitucionales y normas del derecho internacional. Esta actualización requiere la calidad de mantener la sustancia original de los derechos referidos (derechos humanos, libertad de prensa, expresión, opinión) y actualizar su aplicación para que sea eficiente y vinculada a la justicia.

Es necesario trabajar sobre los aspectos de legitimación y legalidad de un Proyecto y de un Sistema de comunicación y eso debe hacerse desde una concepción integral y convergente donde se priorice la concurrencia de tecnologías, el interés y derecho de los usuarios y una apreciación del procedimiento de construcción que contemple aspectos culturales, sociales y de economía, tanto para el receptor último como para la inversión común o compartida. Y, por supuesto, el dato central a respetar es la comprensión del derecho a la comunicación (en términos generales) como un Derecho Humano.

Esta construcción multidimensional demanda una ajustada mirada sobre los diversos aspectos que hacen al sector. La infraestructura tiene que estar al servicio del Proyecto Nacional de Comunicaciones antes que a los intereses de lucro de los privados que participan. Pero no se deja de lado la necesaria participación de la industria con su experiencia y capacidad en el área. El correcto devenir del Proyecto y la consolidación de un Sistema, benefician por igual a sus participantes. Confianza y cordialidad en la búsqueda de objetivos comunes deben marcar esa relación.

La migración de lo analógico a lo digital no puede hacerse desde perspectivas del siglo pasado. Esta mutación puede provocar crisis en la utilización nacional, masiva, democrática y popular de los instrumentos que hacen a la comunicación como también la causan en la industria, ya que deben aflorar nuevos modelos de negocios y también deben aprenderse nuevas formas de apropiación por parte de los pueblos usuarios. Por eso, en la mejor búsqueda de esos sentidos finales comunes es tan importante la presencia de los cuatro actores que definimos (Estado, privados, educación y academia).

Hay que vincular a las comunicaciones con las Industrias Culturales ya que el mundo audiovisual es parte inescindible de ellas.

Ese debate, que debe contar con la cautela del respeto, tiene que abrir nuevas interpretaciones en el mundo de las comunicaciones, ya que las nuevas tecnologías y fundamentalmente las digitalizaciones han modificado el mundo conocido. Los límites de su continente han crecido y eso hace variar las respuestas acostumbradas, las definiciones dadas por ciertas por siempre y hasta desafía los conceptos que durante años se fueron asignando a espacios de la comunicación. El novedoso cosmos en que se ha convertido este espacio y todo su entorno requiere una heurística que lo contemple.

Las plataformas algorítmicas, las redes sociales, los micro blogging, los contenidos de streaming, la comunicación satelital extraterritorial, el lenguaje y contenido de los videojuegos, la comunicación cuántica, la inteligencia artificial aplicada a la comunicación, la vinculación entre medios electrónicos, no electrónicos y digitales, todo esto más otras variables de novedosas apariciones en la comunicación merecen esa dedicación, investigación, desarrollo y regulación de la que hablo.

Creo en la prioridad de un sistema que vaya mostrando sus virtudes y ventajas en función de lo antedicho antes que cierta legislación que pueda aprobarse con diversidad de ventajas según sea la composición temporal del Congreso. Cuando el Proyecto Nacional de Comunicaciones fortalezca como base conceptual al sistema, con la aquiescencia de sus hacedores y participantes, el paso a la normativa general será cordial y brindará un duradero marco regulatorio.

Lo aceptado siempre es más fuerte que lo impuesto.

Pero también pecamos de mirar en blanco y negro ciertas realidades que ya están en 8K. Pecamos de cierta nostalgia por el pasado y entonces seguimos creyendo que la industria de medios sigue con su modelo de “cinta transportadora” y ensamble fordista, mientras el futuro es ayer y por ejemplo en China están probando una nueva arma hipersónica que está diseñada para “generar un intenso pulso electromagnético capaz de aniquilar las líneas de comunicación y de suministro eléctrico” hasta en un alcance de 3.000 kilómetros. Y eso lo haría en menos de media hora ya que ese impulso tiene seis veces la velocidad de la luz.

Esta arma se provee de tecnología de sigilo activo y no puede ser percibida por radares en tierra y cuando llegue a su objetivo no pone en peligro vida humana alguna ya que sus potentes ondas electromagnéticas sólo provocan la quema de dispositivos electrónicos que son claves en cualquier red de información.

En la Argentina debemos salir del decimononismo e intentar pensar al ritmo del siglo XXII.

 

 

 

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