Puerta giratoria

El Banco del Chubut lanzará una licitación para tercerizar el cobro de impuestos

 

A dos años de fracasado otro intento de reforma estructural del régimen de recaudación de recursos propios del Estado de Chubut, la administración de Mariano Arcioni buscará otra vía de incorporación de capitales privados para el diseño, ejecución y control de liquidación y cobro de impuestos, regalías, tasas y cánones provinciales. El Banco del Chubut S.A. llamará a una licitación pública internacional para la modernización y unificación de la liquidación y cobro de los impuestos que hoy ejecuta la Dirección General de Rentas (DGR) y otros organismos públicos, según afirmó Oscar Antonena, ministro de Economía, en declaraciones a la prensa.

El funcionario fue impreciso respecto a esa futura licitación y no mencionó a Karstec S.A., la consultora que contrató en forma directa el año pasado. En su defensa hay que reconocer que tampoco el entrevistador identificó la empresa ni pidió precisiones sobre el contrato ejecutado.

Los hermanos Karsten, fundadores de la firma en 1993 en Corrientes, accedieron por doble vía al contrato con Chubut: con su sociedad de origen y a través de Servicios y Consultoría S.A. (SyK), empresa formada en Neuquén por una familia del partido de gobierno local a la que se asociaron los correntinos. Lo mismo sucedió en Rosario, donde a comienzos de este año el gobierno local adjudicó a una UTE (Unión Transitoria de Empresas, integrada por esas dos mismas firmas) un contrato para la implementación de un sistema integral de captación de imágenes para la captación electrónica de infracciones de tránsito y la asistencia a la gestión de su cobro.

“No hay tercerización”, aseguró Antonena. “La empresa viene a colaborar. La expectativa es aumentar la recaudación entre el 15 y 20%, dependiendo de la implementación” de la reforma a la que el ministro no le puso nombre. Descartó que el pliego de la licitación vaya a pasar por la Legislatura, como reclaman algunxs miembrxs del cuerpo unicameral. De ser así, el mecanismo será comparable al que usó Corrientes en 2004 cuando el Ministerio de Hacienda de esa provincia y el Banco de Corrientes S.A. firmaron un contrato para tercerizar la recaudación de la Dirección General de Rentas (DGR). Días después, ese banco firmó un contrato con SyK S.A., representada por Hermann Karsten, que se hizo cargo de la recaudación hasta la actualidad.

En cambio, el municipio de Córdoba Capital no tomó atajos en 2000. El intendente local firmó un contrato directo para la provisión de tecnología informática y de asistencia técnica de gestión para la implementación del municipio digital y el programa Córdoba 24 horas con una UTE integrada por Karstec. Pocos años después, a través de SyK, accedió a la recaudación de esa provincia como ganadora de la licitación internacional que convocó el Ejecutivo cordobés en un proceso a la medida, según se denunció en sesión legislativa y consta en las versiones taquigráficas.

 

 

 

Apuesta redoblada

En diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo envió el proyecto de creación de una agencia provincial de recaudaciones que absorbería a la DGR y funcionaría como un ente autárquico. Sus fundamentos eran abiertamente neoliberales y se auto-inscribían en los lineamientos de la reforma del Estado de los ’90. La iniciativa no consiguió el respaldo legislativo. “No funcionó”, reconoció Antonena, y lo citó como antecedente de la decisión de Arcioni sobre la reforma tributaria. “De ninguna manera estamos pensando en delegar una función del Estado. Todavía trabajamos con informes manuales, usamos planillas Excel. Tenemos que brindar servicios modernos al contribuyente”. Chubut es una de las provincias que accedió a financiamiento internacional para modernizar Rentas. Incluso, su calidad fue reconocida en su momento con las Normas ISO.

 

 

 

 

Tampoco en esta entrevista precisó si existe un análisis técnico propio que evalúe la recaudación en la provincia, al menos desde la salida de la convertibilidad, por suponer un período. En 2002, el gobierno nacional cerró una nueva negociación con los Ejecutivos provinciales, centrado en transferencias de recursos a las provincias, meta de déficit y renegociación de la deuda. Chubut fue una de las firmantes de ese nuevo Acuerdo Federal, por el que la cartera de Economía implementó un Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) que incluyó, entre otras metas, el aumento de la recaudación impositiva.

Ni en los fundamentos del proyecto de creación de la agencia ni en el incipiente debate actual el gobierno diferenció las debilidades de la estructura recaudatoria (de orden administrativa y de tecnología) del régimen tributario en la Argentina y las provincias. Al asumir en el cargo, la ministra Silvina Batakis argumentó la necesidad de un sistema no sólo más eficiente, sino más equitativo entre los contribuyentes, al anunciar que se migrará el sistema fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, lo que va a permitir que se puedan comparar las valuaciones en todas las provincias con mayor equidad. Ese anuncio reciente otorga un marco de referencia para leer el llamado a licitación internacional que lance el Banco del Chubut; a la vez, parece imponer al menos una revisión parcial al informe de la consultoría que entregó este año Karstec y SyK a Chubut.

 

 

 

Pasión federal

En este proyecto confluyen la materialización particular de líneas estratégicas del modelo neoliberal en los territorios (vaciamiento del aparato estatal para la transferencia de recursos públicos a capitales privados, considerando tanto el dinero de la recaudación como base de datos) en el largo plazo, por sobre las gestiones de gobierno. Y la conformación de alianzas económicas, financieras, tecnológicas y políticas altamente flexibles, con capacidad de (entre) cruzar jurisdicciones y hacer de hechos masivos y cotidianos fuentes de negocios con poco riesgo: desde el cobro de un impuesto a la fotomulta, pasando por el control satelital de las construcciones clandestinas, por mencionar algunos ejemplos.

“Especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994 (con la consagración que allí se ha logrado del principio de autonomía municipal del artículo 123), y de sus reflejos en las distintas jurisdicciones provinciales, se han arbitrado en los municipios, con independencia de su magnitud poblacional o geográfica, mecanismos tendientes a optimizar su funcionamiento a partir de la aplicación de un peligroso dispositivo recaudatorio consistente en lo que se conoce como privatización o tercerización de las funciones municipales. De esta forma, los municipios delegan en empresas privadas o estudios de profesionales (generalmente bajo la forma legal de “consultoras”) la función pública consistente en determinar la existencia y cuantía de los créditos fiscales cuya retribución, casualmente, consiste en un porcentaje de lo que se recaude”, planteó para el caso de provincia de Buenos Aires Valeria Verdolini, abogada especializada en Derecho Tributario.

Contemporánea a la reforma constitucional y la reforma estructural del Estado del gobierno de Carlos Menem, los Karsten iniciaron un polirrubro federal, como se advierte en el objeto social amplio de su primera sociedad anónima. En lugar de competir por una porción del mercado, fueron fusionándose con otros potenciales competidores, según surge de la lectura de los boletines oficiales y la conformación y cambios en algunas de las firmas que integran o integraron para ofrecer servicios a municipios y provincias.

En 2001, se transformó en S.A. la vieja S.R.L. Servicios y Consultoría de Silvio Luis Ferracioli, ministro de Economía de Neuquén fallecido a fines del año pasado. Con Hermann Karsten como socio, se propusieron objetivos que están cumpliendo, a juzgar por las licitaciones en las que intervienen y contratos que consiguen. Conocida como SyK, ofrece servicios de relevamientos aéreos para elaboración de mapas, cartografías, catastros rurales y urbanos, digitalización de documentación en cualquier soporte, procesamiento de imágenes satelitales y, claro, el cobro y gestión de tasas y contribuciones.

Roberto Aníbal Ferracioli, hermano del ex ministro del Movimiento Popular Neuquino (MPN), continúa en el directorio de SyK. Con F2 Compañía Inmobiliaria y Agropecuaria S.R.L. es uno de los ganadores en el estratégico cruce de obra pública y acceso a tierras fiscales en el gran Neuquén.

 

 

Ferracioli, un negocio emblemático de Neuquén.

 

 

Los hermanos neuquinos y los hermanos correntinos conforman en Córdoba una UTE con Relevamientos Catastrales S.A. y Recovery S.A., alzándose con un acuerdo en la capital provincial. Por entonces, Relevamientos Catastrales ya había conseguido un contrato por 20 años en Chaco. En cambio, Recovery fracasó primero en Bariloche (Río Negro) y meses después en Villa La Angostura (Neuquén) en un intento por quedarse con los jugosos catastros municipales de esos ejidos en plena expansión inmobiliaria para comienzos del milenio.

Estos recorridos, muy parciales, sugieren que ni la consultora ni la provincia se conocieron por azar.

 

 

 

 

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