La salida de Marco Lavagna del INDEC ocurrió a ocho días de la difusión del nuevo índice de precios al consumidor (IPC). No fue casual. Enero iba a inaugurar una metodología actualizada, con ponderadores más cercanos a los consumos reales de los hogares argentinos. Ese dato estaba listo desde hacía meses. Lavagna lo tenía terminado, validado y acondicionado para publicar. Lo demoró para que no interfiriera en el año electoral. La sospecha era evidente: el número iba a ser más alto.
El economista decidió no convalidar el final de esa maniobra. El nuevo índice marcó 3,4 por ciento para enero. El gobierno le pidió que no lo difundiera. Lavagna eligió irse.
La renuncia llegó después de que el Banco Central de la República Argentina dejara asentado lo que hasta entonces era un murmullo. El viernes 30 de enero, en su Informe de Política Monetaria, el BCRA admitió que si el nuevo IPC se hubiera aplicado antes, la inflación de los últimos dos años habría sido más alta.
La clave de toda la secuencia está en la nueva medición, lista desde marzo del año pasado. El INDEC tenía el instrumento. Pero el gobierno tenía motivos para frenarlo. Primero lo dilataron para que no interfiriera en el año electoral. Ahora, con el dato ya calculado y un resultado más alto sobre la mesa, le pidieron que volviera a postergarlo. Esta vez, Lavagna no aceptó.
Lavagna se va tras una gestión erosionada. Fue acusado de intervenir no solo el índice de precios, sino también los de pobreza y crecimiento, para mejorar la imagen estadística del gobierno de Javier Milei. El episodio más grosero fue el de septiembre de 2025, cuando el INDEC revisó seis meses de series de actividad y mostró una mejora inesperada que evitó la recesión técnica. Hubo retoques, datos inusuales y explicaciones a destiempo.
También acumuló roces con el Central que preside Santiago Bausili, cuando se aceptaron estadísticas de turismo a medida de Daniel Scioli para maquillar el déficit del sector. Y recibió críticas persistentes por los datos de pobreza, celebrados por el gobierno pero cuestionados por especialistas y por el Observatorio Social de la UCA, que reclamó públicamente una actualización de los parámetros.
Las renuncias previas marcaron el camino. En agosto de 2025 se fueron Guillermo Manzano, director del IPC y diseñador de la nueva metodología de pobreza, y Georgina Giglio, responsable de la medición. Lavagna quedó expuesto.
El reemplazo será Pedro Lines, con pasado en la gestión macrista y un perfil alineado al gobierno. Un dato menor resume la escena: hasta hace poco, en su LinkedIn figuraba como “Open to work”. Ya no hace falta.
El índice
La caída de Marco Lavagna no derriba un índice. Derriba algo más caro: la credibilidad que exigen los acreedores. La que nunca se concede del todo y siempre puede retirarse a discreción. En la Argentina, cada crisis reabre el mismo expediente. Y cada fisura, real o amplificada, se convierte en una excusa perfecta para correr el arco. Siempre falta algo más. Siempre hay una nueva condición. Esta vez, el INDEC vuelve a quedar en el centro de la escena.
El INDEC no es una oficina administrativa. Es el corazón del sistema de indexación de la economía. De sus números dependen los bonos CER, los créditos y plazos fijos UVA, las jubilaciones, los alquileres, las asignaciones sociales, la medición de la pobreza y hasta las bandas de flotación del dólar. No es un dato más. Es el andamiaje completo.
Por eso la salida de Lavagna tiene un impacto que excede a la coyuntura política. Refuerza la idea, instalada desde afuera, de que la Argentina nunca termina de ser confiable. Y le ofrece a los acreedores una coartada nueva para endurecer condiciones, exigir más ajuste y prolongar un esquema de endeudamiento que ya mostró su lógica extractiva.
La paradoja es conocida. El gobierno adopta un programa diseñado para ganar credibilidad ante los mercados, pero a cada paso expone nuevas vulnerabilidades que esos mismos mercados aprovechan para exigir más.
La renuncia de Marco Lavagna no fue un trámite administrativo. Fue un síntoma. Un ruido seco en el corazón de un gobierno que hizo de la confianza su religión y del relato su instrumento. Cuando se cae el árbitro, el partido entra en zona gris. Y en economía, la zona gris siempre cotiza caro.
El Fondo
El perfil institucionalista que Marco Lavagna heredó le permitió atravesar cambios de gobierno sin sobresaltos. Designado en 2019 por Alberto Fernández y ratificado luego por Javier Milei, fue además un actor clave en las negociaciones internacionales durante la gestión de Sergio Massa, con vínculo directo con el Fondo Monetario Internacional que conduce Kristalina Georgieva.
Su renuncia ocurre en un momento especialmente sensible. El gobierno negocia con el Fondo en un contexto en el que necesita exhibir orden, previsibilidad y disciplina técnica. Son, en teoría, los atributos que los acreedores dicen valorar. En la práctica, funcionan como una herramienta de presión permanente. La cuestión de la credibilidad opera como amenaza latente.
El acuerdo con el Fondo dejó explícito que la Argentina debía avanzar con la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor, basada en la Encuesta Permanente de Hogares 2017/2018. Se trataba de una exigencia técnica orientada a “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos” y a mejorar la calidad de los datos oficiales.
El organismo no sólo exigió el cambio. Lo acompañó. Brindó asistencia técnica al INDEC y lo incorporó al staff report. El cronograma era claro: publicar el nuevo IPC hacia fines de 2025 y tenerlo plenamente operativo para la segunda revisión del programa. Esa revisión, originalmente prevista para noviembre, fue corrida a febrero de este año. El detalle no es menor. En los plazos se juegan los equilibrios.
En su último informe, el Fondo agregó una frase clave: el “timing preciso” de la implementación del nuevo IPC se discutiría en la próxima revisión. Esa línea funcionó como un waiver implícito. Una cláusula de flexibilidad escrita en letra chica que habilitó la postergación del cambio. La técnica, una vez más, cedió ante la coyuntura.
El Fondo volverá al país en febrero para revisar el acuerdo. De esa instancia depende un desembolso crucial de 1.000 millones de dólares, que quedó demorado y tensionó toda la ingeniería financiera del gobierno.
La Argentina llega a esa revisión lejos de las metas de reservas. Las divisas que el Banco Central se esfuerza por comprar para llegar al examen se sostienen, en buena medida, sobre el carry trade: tasas en pesos extraordinariamente altas que enfrían la dolarización. Una dinámica frágil e insostenible en el tiempo. En ese contexto, presentar el nuevo IPC era un guiño. Una señal de buena conducta. Un gesto para acercarse al waiver.
La escena se completa con un dato incómodo. Mientras el desembolso del Fondo no se aprobó, el Tesoro de Estados Unidos envió 808 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro para cubrir un vencimiento inmediato con el organismo. La intervención de Scott Bessent permitió al Gobierno pagar 833 millones de dólares de intereses el 1° de febrero. Fue un financiamiento puente, forzado por la demora del Fondo. Discreto, pero elocuente.
En ese tablero, la salida de Lavagna deja al gobierno sin escudo técnico justo cuando más lo necesita.
Hay, además, un elemento determinante que vuelve a quedar expuesto. El acuerdo con el FMI es inflacionario. Impulsa cambios metodológicos que reconocen mayor incidencia de los servicios en tanto promueve la desregulación de los públicos. La renuncia de Lavagna confirma que la estabilidad prometida descansa sobre precios más altos y márgenes cada vez más estrechos para la economía real.
Los servicios
La actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor dejó al descubierto un cambio decisivo. La inflación ya no está empujada por el consumo ni por los salarios. Está impulsada por la desregulación de los servicios públicos que promueve el gobierno de Milei.
Con el pasaje de la canasta base 2004/2005 a la 2017/2018, el INDEC no empezó a medir “más inflación”. Empezó a medir otra cosa. Lo que se modificó fue la estructura de gastos que se toma como referencia: qué consumen los hogares urbanos y cuánto pesa cada rubro en el índice general.
El cambio más relevante es el peso de los servicios. En la canasta anterior, los servicios representaban entre el 40 y el 45% del IPC. Los bienes —alimentos, indumentaria, electrodomésticos— explicaban más de la mitad del índice. La nueva canasta refleja otra realidad: hogares más inquilinos, más dependientes de tarifas, transporte, salud privada, educación y comunicaciones. En ese esquema, los servicios pasan a representar entre el 58 y el 60% del IPC, mientras que los bienes caen entorno del 40%. Es un giro estructural: la inflación deja de estar dominada por bienes transables y pasa a estar determinada por precios regulados y servicios.
El cambio metodológico no crea inflación. La expone. Muestra con claridad que rubros como energía, transporte y telecomunicaciones ocupan hoy una porción mucho mayor del ingreso de los hogares. No por un cambio cultural, sino por decisiones de política económica: tarifas liberadas, precios dolarizados y retiro de subsidios.
Según el INDEC, la inflación general de 2025 cerró en torno al 31,5% interanual. Ese es el promedio. Pero cuando se observa qué ocurrió con los servicios públicos y semirregulados, el cuadro se modifica.
El rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba cercana al 41,6% en el año. Diez puntos por encima del índice general. No fue un desvío estadístico, sino el efecto directo de la quita de subsidios energéticos combinada con fórmulas de actualización de rentabilidad empresarial que corrieron por encima del IPC mensual.
Las telecomunicaciones —telefonía móvil, internet y servicios digitales— aumentaron alrededor del 35% en 2025. También por encima del promedio. En un contexto de ingresos en pesos, la conectividad pasó a pesar mucho más en la canasta real de los hogares.
El transporte registró una suba cercana al 32% interanual, apenas por encima de la inflación general. Detrás de ese número conviven aumentos de combustibles, ajustes tarifarios y recomposición de costos que impactaron tanto en el transporte público como en el privado.
El contraste es claro. Mientras el IPC general marcó 31,5%, los servicios esenciales crecieron entre tres y diez puntos por encima del promedio. No fue la comida. No fue la ropa. Fueron las tarifas.
Leído en conjunto, el dato revela algo más profundo que una foto inflacionaria. La dinámica de precios de 2025 estuvo empujada desde los servicios, es decir, desde sectores donde no hay competencia real y donde la desregulación traslada decisiones políticas directamente al bolsillo de los usuarios.
La inflación bajó en términos agregados, pero en la vida cotidiana se reordenó. Dejó de estar dispersa y se concentró. Pasó de la góndola a la boleta.
El nuevo IPC deja atrás la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 y adopta la estructura de consumo relevada en 2017/2018. Entre una canasta y otra, la economía diaria se transformó. Los servicios dejaron de ser complementarios. Se volvieron determinantes.
Por eso ocupan el centro de la escena. No por una cuestión estadística, sino porque revelan el traslado de los costos del programa económico hacia los hogares.
Los servicios públicos satisfacen necesidades esenciales y permanentes: electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones. Su encarecimiento o interrupción afecta de manera directo la vida cotidiana, la producción y la cohesión social. No hay margen de elección real.
No son un bien más del mercado. Son indispensables. El usuario no puede prescindir de ellos. Esa asimetría vuelve estructural el poder del proveedor.
Además, tienden al monopolio natural. Las redes que los sostienen requieren inversiones de gran escala que solo garantiza el Estado. Por eso estuvieron históricamente regulados. Y por eso su desregulación no es neutra.
Liberar las tarifas de los servicios públicos no ordena la economía. Ordena la rentabilidad de las empresas. Convierte decisiones políticas en aumentos automáticos y empuja la inflación desde los servicios hacia toda la estructura de precios.
Las inflaciones
La inflación suele explicarse como si fuera un fenómeno único, homogéneo y repetible. Una palabra que pretende ordenar realidades muy distintas bajo una misma etiqueta. Pero la experiencia histórica muestra otra cosa. Las inflaciones no son todas iguales. No tienen las mismas causas, ni los mismos mecanismos, ni producen los mismos efectos sociales. En la Argentina, esa diferencia no es un matiz académico. Es la clave para entender por qué las recetas fallan.
La mirada ortodoxa insiste en una explicación lineal. La inflación sería el resultado mecánico de un exceso de dinero. Emisión que supera la demanda. Un problema de cantidad. Esa definición no solo es pobre: es directamente incapaz de explicar la dinámica inflacionaria argentina. No ahora. Nunca. Y mucho menos en un contexto donde la política monetaria fue llevada a un ajuste extremo sin lograr desactivar el proceso.
El problema de fondo es que esa explicación ignora la estructura. La economía argentina no funciona como una economía cerrada ni como una economía integrada de manera armónica al mercado mundial. Es una economía profundamente extranjerizada. El tipo de cambio no es una variable más. Es un organizador central de precios. Buena parte de lo que se produce incorpora insumos importados, energía valuada en dólares o tecnología comprada afuera. Cuando el dólar se mueve, los precios reaccionan.
Esa reacción no responde solo a costos efectivos. También opera sobre expectativas. La historia económica argentina enseña que los movimientos cambiarios rara vez son neutros o transitorios. Por eso, ante cualquier señal de devaluación o atraso cambiario percibido, los precios se cubren. Se adelantan. Se remarcan antes de que el costo llegue. No es una distorsión cultural. Es una conducta aprendida en décadas de crisis.
A ese rasgo estructural se suma otro, igual de determinante: la indexación. La Argentina convive con mecanismos de ajuste automático que atraviesan contratos, tarifas, alquileres y listas de precios. La inflación no solo se mide. Se anticipa. Esa anticipación no es neutra. Alimenta la dinámica inflacionaria y la vuelve persistente, incluso en contextos de caída de la actividad.
Hubo momentos en los que otro componente ganó peso. En el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la puja distributiva fue visible. Los salarios de trabajadores registrados lograron empatar o superar a los precios. Ese avance no se tradujo en mayor inversión ni en expansión sostenida de la oferta. Fue capturado por los formadores de precios. De ahí la insistencia en el “ancla salarial” como herramienta para desactivar ese canal inflacionario.
Ese escenario no describe el presente. Hoy no hay salarios presionando precios. Hay salarios corriendo desde atrás. No hay consumo expansivo. Hay recesión. No hay exceso de demanda. Hay caída del poder adquisitivo. Tampoco hay una expansión monetaria que explique la dinámica inflacionaria. El ajuste monetario fue severo. El crédito se contrajo. La actividad se desplomó. Y, aun así, los precios siguen subiendo.
La inflación bajo el gobierno de Javier Milei tiene una fisonomía específica. Está impulsada por la desregulación de los servicios públicos: energía, transporte, telecomunicaciones. Precios que estuvieron administrados durante años fueron liberados de manera abrupta.
Ese tipo de inflación no responde al manual clásico. No corrige desequilibrios. Redistribuye ingresos. Aumenta costos en toda la economía y reduce el ingreso disponible de los hogares. Impacta en la producción, en la logística y en el consumo. Es una inflación de oferta, pero con una particularidad muy argentina: se monta sobre una estructura indexada, dolarizada y con expectativas frágiles.
Por eso, insistir con explicaciones universales para un fenómeno específico no solo es ineficaz. Es funcional a un diagnóstico errado. La inflación puede bajar. La historia lo demuestra. Pero nunca lo hizo ignorando su propia estructura. En la Argentina, la inflación no es un accidente monetario. Es una construcción económica y social. Y como toda construcción, revela siempre la misma pregunta incómoda: quién fija los precios, quién pierde ingresos y quién termina pagando el ajuste.
La confesión
Fue el ministro de Economía quien propagó el incendio. Salió a negar que la inflación de enero hubiera superado el 3% con el nuevo índice de precios y, en el intento, confesó algo más grave: que conocía el dato antes de tiempo y que lo había compartido. No fue un desliz. Fue una admisión con consecuencias gravísimas.
Caputo dijo que el nuevo índice daba una décima menos que el anterior. Lo dijo para tranquilizar. Pero la frase dejó una pregunta flotando en el aire: si el número era mejor, ¿por qué pedir que no se publique? ¿Por qué exponer la credibilidad de las estadísticas por una diferencia marginal? La respuesta no está en la matemática.
Lo más delicado vino después. El ministro contó que Marco Lavagna y el nuevo director del organismo, Pedro Lines, le habían informado el resultado. La inflación de enero, según su propio relato, cerró en 2,5%. El problema es el calendario. El dato oficial se conoce el 10 de febrero. Caputo accedió a esa información al menos ocho días antes. Y no solo accedió: la difundió.
El secreto estadístico no es una formalidad. Es una de las pocas barreras que separan la información pública del uso privado. Caputo la cruzó sin rodeos. Regaló un activo sensible a los operadores del mercado. En un país donde los bonos ajustan por inflación y cada décima mueve millones, ese gesto no es inocente. Es una ventaja indebida.
La justificación fue aún más inquietante. En una entrevista radial explicó que el cambio metodológico debía aplicarse cuando la desinflación estuviera “totalmente consolidada”. Lo dijo con naturalidad, como si fuera obvio. La lógica es sencilla y brutal: se miden las cosas cuando conviene medirlas. Como si el médico anunciara que va a tomar la fiebre cuando ya bajó.
Esa frase expone el corazón del problema. El gobierno que se presenta como guardián de la credibilidad admite que ajusta las reglas según el resultado esperado. La independencia técnica queda subordinada a la conveniencia política. El índice acompaña a la realidad cuando es amable y la esquiva cuando resulta incomoda.
La confesión tiene consecuencias que van más allá del escándalo del día. Al reconocer que frenó la actualización del índice por razones políticas, el ministro abre una puerta peligrosa. Los tenedores de bonos que ajustan por inflación escuchan con atención. Una nueva ola de juicios contra la Argentina no es un temor abstracto. En los tribunales internacionales, los antecedentes pesan. Los bonistas conocen la historia argentina y saben dónde buscar fisuras. Cada discusión sobre estadísticas oficiales vuelve a ser citada como antecedente, como prueba de fragilidad institucional. No importa si el reclamo prospera o no. El solo hecho de que exista ya encarece el crédito y condiciona el futuro.
No sería la primera vez. En los litigios internacionales posteriores al default de 2001, la manipulación de estadísticas fue mencionada una y otra vez como argumento político y jurídico. El INDEC sigue apareciendo en escritos, fallos y memoriales. La historia no se repite, pero deja rastros. Y los acreedores saben capitalizarlos.
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