PUF PUF, EL TURNO DE LA AFI

La causa del espionaje político se mete en el Operativo Puf

 

El 1 de marzo de 2018, a las 16.15, Darío Nieto entraba a la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia para reunirse con Gustavo Arribas, de acuerdo a una compulsa del Libro de Visitas realizada por la interventora Cristina Caamaño, quien acaba de remitir el hallazgo al juzgado federal de Lomas de Zamora donde se investiga el papel del secretario del entonces Presidente Mauricio Macri en el seguimiento prohibido a dirigentes políticos. A la misma hora y al mismo encuentro, llegaba el entonces Interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gustavo Mórtola. El Presidente terminaba la apertura de sesiones en el Congreso, reclamó la sanción de la reforma laboral mientras Puertos celebraba una caída de 40 por ciento en el costo del trabajo de estiba a partir de la detención del líder del Sindicato de Obreros Marítimos, Omar Caballo Suárez, en septiembre de 2016. Suárez sigue detenido, ahora con domiciliaria. Nieto está procesado. Y Mórtola emergió esta semana a puro festejo. Ya no por la reducción de costos sino por el tuitter de la cuenta oficial del Ejército que reivindicó el Operativo Independencia. Cuando el Ejército lo eliminó, obligado por los repudios, Mórtola lo sacó del estado fantasma.

 

 

 

Un espía en la cocina

La semana de investigaciones en la causa de espionaje político en Lomas de Zamora culminó el viernes con la indagatoria a Susana Martinengo, quien presentó un escrito. Coordinadora de la mesa de entrada de Presidencia, estuvo pensada inicialmente como eslabón muy importante de la cadena que ciñe a la alianza Cambiemos en la causa. Con el cambio de juez, ella y Nieto empezaron a pensarse como canales secundarios en la transmisión de información con Casa Rosada, con una línea principal dirigida por Arribas y Silvia Majdalani. Martinengo explicó por escrito que ella no estaba en condiciones de discriminar lo legal de lo ilegal, contó que hasta los 44 años de edad era ama de casa, que recién entonces pasó a la militancia, y que conoció a los agentes de la SuperMarioBros en la cocina de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando coordinaba la mesa de entradas de aquel Mauricio Macri.

“Para este rol muchas veces resultaba necesario contar con ayuda de la fuerza policial, circunstancia que hizo que mi relación con los señores Araque y Sáez se volviera casi cotidiana”, dijo. “Además, la esposa de Jorge Sáez trabajaba en la cocina del edificio que era la sede del Gobierno de la Ciudad. Por ello, mi relación con Araque y Sáez fue evolucionando, pasando del trato laboral a una relación de amistad”.

 

 

Susi fuera de campo.

 

 

Ella no estaba en los grupos de chat de los espías. Lo explicó. Pero Araque y Sáez la visitaron doce veces en La Rosada. Ella pedía y pasaba información, que a su vez trasmitía a Darío Nieto. En el escrito sostuvo que esas visitas no eran espurias sino costumbre de larga data. Mañana lunes va a declarar Diego Dalmau Pereyra, quien suplantó al ingeniero Antonio Horacio Stiuso como director nacional de Contra Inteligencia hasta junio de 2018. Dalmau se retiró a Chile. Para algunos, castigado por su fracaso en el operativo para que Ibar Pérez Corradi acusara a Aníbal Fernández en el tráfico de efedrina. Para otros, desplazado a un destino estratégico, sede regional del Mosad y desde donde el gobierno argentino podía seguir la agenda mapuche. Dalmau Pereyra será indagado en ese frente: ocho casos, entre ellos los seguimientos a comunidades y dirigentes mapuches y el trabajo de los espías durante el caso Santiago Maldonado.

Por esos días, Jorge Sáenz compartió información con el grupo de espías sobre uno de los supuestos destinos. Los datos provenían del sur y sostenían aquella hipótesis disparatada de Maldonado en el asalto a un puestero. Leandro Araque le pidió más precisiones: si era cierto o si existía denuncia concreta. Según recuerda la imputación, Sáez dijo que no sabía: «Me dicen que lo vieron salir de la casa de Lino Pisolon, un profesor de Esquel que tiene una 4×4. Estaba con una mujer de pollera larga».

–Pero eso no dice nada –dijo Araque, y agregó que Dalmau Pereyra iba a preguntarle lo mismo.

La otra agenda importante de Lomas es el espionaje en cárceles. El juez Juan Pablo Augé pidió información al representante legal de la empresa Radioset SA por la compra de parafernalia de vigilancia, secuestrada de la cárcel de Melchor Romero: cámaras marca Smart Pixel, equipo DVR marca Alhua, un Power Supply modelo UP 1210, una batería marca MicroCell MC7 y un derivador de 4 canales. Mientras tanto, la fiscalía tomó declaración a un detenido común que fue trasladado a fin de 2017 al Módulo 6 destinado a políticos y empresarios encausados judicialmente. Y dio un paso más: pidió a la AFI y a Comodoro Py los expedientes del Operativo Puf para comenzar a investigar el trámite administrativo que autorizó dos años de escuchas continuas en 12 teléfonos públicos del penal de Ezeiza, un hilo que conducirá a las responsabilidades en la filtración de las escuchas a los detenidos y el rol del área de Jurídicos de la AFI.

 

 

Línea de tiempo de la intervención en Ezeiza: febrero 2017 a febrero 2019.

 

 

 

El otro caso Segovia

Matías Faubel estuvo detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza entre abril de 2014 y agosto de 2019. Permaneció alojado en el Pabellón H del Módulo 1 destinado a presos comunes hasta fines de 2017 cuando una noche le dijeron que junte todas sus cosas porque iban a trasladarlo.

“Mi mayor preocupación era que me habían autorizado a trabajar, a gestionar mi empresa, a través de apoderados”, dijo a los fiscales. “Yo estaba detenido, pero podía seguir mis actividades a diario, era una pyme, una empresa familiar, y el juzgado había entendido que podía seguir gestionando”.

Intentó preguntar al director del Pabellón si podía evitarlo. Pero no, le dijeron: la orden viene de arriba. Lo alojaron en el Pabellón B del Módulo 6, un espacio sucio y descuidado, donde estaba Amado Boudou desde noviembre de ese 2017, y al que iban llegando Jorge Chueco y el empresario Alberto Lara Guerra. Allí permaneció hasta ser liberado.

“Llamativamente, un día después de llegar me dicen que tenía que ir a la Universidad pero yo nunca había ido. Les dije que no era alumno, pero me dijeron que me presente. Llegué al Módulo de la Universidad, me entrevistó el señor Segura y me dijo: sabemos que vos manejas la gestión de tu empresa y ahora se te va a poner difícil. Nosotros te vamos a ayudar”.

Claudio Segura era Jefe de Seguridad del Complejo de Ezeiza. Un día después, volvió a llamarlo, en ese caso acompañado por el abogado Fernando Carrá. Carrá había ingresado al SPF como asesor del director nacional Emiliano Blanco, obtuvo estado penitenciario y era su mano derecha, llevaba adelante el contacto directo con los detenidos más célebres, una característica que ahora se investiga como parte de una estrategia destinada a recabar información con distintos propósitos, entre otros quebrarlos.

Carrá y Segura “me hicieron una serie de preguntas”, dijo Faubel. “Me preguntaban: cómo estaba cada quién, y cómo no estaba. La persona más mediática que estaba conmigo era Amado Boudou. Me preguntaban si yo sabía en qué andaba, me preguntaban por el día a día. Yo no conocía a nadie, estaba afuera de todos esos temas”.

A Faubel le prometieron un escritorio. Le dieron una salita con Internet. Luego le pidieron, como forma de pago, un auto y 400.000 pesos, de los que entregó una parte. Al cabo de unos diez días denunció a los funcionarios del SPF en Lomas y luego en Comodoro Py y entregó una tarjeta de Carrá. Segura lo amenazó, él dejó de acudir al centro de estudios y se recluyó en el Pabellón B hasta la salida. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide volvieron, una y otra vez, al encuentro con Carrá.

–¿Sobre quiénes específicamente te preguntaban?

– Boudou –dijo él.

–¿Qué querían saber?

—Querían saber qué hacía, qué no hacía, qué hacía todo el día. Yo les contaba la verdad: a mí me asombraba el desastre, la celda prendida fuego y les conté de manera un poco graciosa que le habían puesto recortes periodísticos en las paredes en los cuales estaba el ex Presidente Macri con la esposa en un poster.

El testimonio situó a Carrá pero también mostró en primera persona la experiencia a la que fueron sometidos otros detenidos, antes y durante ese mismo período, como parte de una práctica de inteligencia ilegal naturalizada en el servicio de penitenciario.

 

–¿Usabas el teléfono público del pabellón? —preguntó Incardona.

–Contínuamente –dijo él—. Todo el tiempo.

–¿Tuviste conocimiento de que eras escuchado?

–Era lo que se comentaba en el pabellón —explicó—: que los teléfonos estaban pinchados. Pero como no tenía nada que esconder, se hubiesen dado cuenta de todo lo que trabajaba.

 

 

Los papeles de la AFI

Los teléfonos continúan siendo un punto clave. Los fiscales ahora intentan reconstruir la legalidad del trámite burocrático que habilitó la intervención de los teléfonos públicos, es decir, una parte del alambrado. Un papel importante es un expediente de la oficina de escuchas de la Corte que contiene el tramite administrativo completo del caso Segovia, y que fue entregado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de organismos de Inteligencia. Esos papeles cuentan las fechas y dan pistas de la difusión.

De acuerdo a esos papeles, la intervención se extendió entre el 11 de agosto de 2017 y el 24 de febrero de 2019, oportunidad en que operó el vencimiento de la última línea. Fueron ordenadas por el juzgado de Federico Villena en la investigación por la supuesta fuga de un detenido, Mario Segovia. Primero sobre 13 abonados, y progresivamente alcanzó 28, 12 de los cuales eran teléfonos públicos del penal. Durante ese período, la DAJuDeCO grabó 557 CDs que a pedido del juzgado eran entregados diariamente a la AFI para su transcripción.

  • La primera intervención se hizo en el Pabellón I del Módulo I donde estaba Segovia, del 17 de agosto al 25 de noviembre de 2017 y para los teléfonos: 4295-2745, 4389-1193 y 6240-8026.
  • La segunda en el Pabellón A del Módulo 6 del 5 de diciembre de 2017 a febrero de 2019. Allí habían trasladado a Segovia y comenzaban a llegar los políticos presos. Pabellón del denominado Programa IRIC (Intervención para la Reducción de los Índices de Corruptibilidad). Los teléfonos eran 4389-3871, 4295-3681 y 4232-6196.
  • La tercera y cuarta intervención se hicieron en el Pabellón D y C desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019, también Pabellones del IRIC y para los teléfonos: 4232-1126, 4295-3767, 4295-4027 y 4295-3762, 4295-2914 y 4295-4250.

La segunda parte del informe arroja datos sobre la filtración. Hoy se sabe que parte de las conversaciones entre detenidos y abogados se difundieron en febrero de 2019 cuando estalló el escándalo D’Alessio, presentadas como complot contra la causa de los Cuadernos. Los diálogos aparecieron en distintos formatos. Hubo un twitt de Elisa Carrió un día antes de la difusión del caso; un texto más completo presentado por Carlos Stornelli pero la denuncia no prosperó y, finalmente, el círculo de Elisa Carrió presentó un tercer texto en el juzgado de Bonadío. Los papeles de la oficina de escuchas de la Corte cuentan la historia que siguió: jueces, fiscales y la AFI piden copia de los discos. Bonadío pide, Villena autoriza, Bonadío se lleva 40 discos, y tiempo después comenzaron a rodar los audios.

 

 

La presentación de la DAJuDeCo.

 

De todo esto, el dato importante está en otro lado: los nombre de los agentes que iban al edificio de los Incas a retirar cada CD. ¿Quiénes eran? Pero sobre todo, ¿de qué área? La lista está pero tiene los nombres tachados.

 

 

Desclasificar

 

 

Graciana Peñafort y Alejandro Rúa son defensores de Amado Boudou. Ellos quieren ver esos nombres. Suponen que los discos no iban al área de Contra-Inteligencia donde debían haber ido legalmente sino a Jurídicos. Eso que parece sólo un problema de nombres, no lo es. Contra-Inteligencia comienza a aparecer como un área cada vez más relegada mientras Jurídicos crecía en estructura, personal y tareas hasta convertirse en una agencia operativa dentro de la Agencia, con dependencia directa de Arribas. Bajo esa estructura creció una redacción paralela para transcripciones. La redacción se abrió a partir del caso Segovia. Es decir, la época en la que comenzaba a llegar la oposición a la cárcel.

 

El testigo

Cada uno de estos datos surgió durante las declaraciones de ex agentes ante la Bicameral de Inteligencia. Entre ellos, de una abogada de Contra-Inteligencia.

“Cuando empezaron las escuchas, el juez pidió que se escuche exclusivamente las conversaciones de esta persona. No se podía escuchar todo. Y esa orden se las bajábamos a los chicos de Escuchas que, dicho sea de paso, ellos felices, porque a nadie le gusta hacer escuchas. El tema es que –dijo–, los CDs empezaron a ser escuchados más tarde por Jurídicos”.

El testimonio, ya conocido, sorprendió hasta a los integrantes de la Bicameral. ¿Cómo?, preguntó Eduardo Valdés. ¿Perdón?, preguntó Leopoldo Moreau. ¿Jurídicos iba a buscar los CDs? ¿A dónde? ¿A la DAJuDeCO? Y ella siguió:

“Al principio, ContraInteligencia tenía que hacer una escucha, iba el chico de la ayudantía, retiraba los CDs. Se hacían las escuchas y después se devolvían. Esa mecánica cambió: Jurídicos iba a buscar los CDs y después enviaba por sobre con memos”. Y dijo: “Jurídicos también tenía un área de escucha. Era como doble tarea. Ellos también explotaban esa información y mandaban transcripciones a las áreas”.

El trabajo de Jurídicos es parte de un capítulo que todavía no está abierto en Lomas de Zamora: la dirección del Enano Juan De Stéfano. El asunto pendiente.

 

 

 

 

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