No puede hacerse el boludo. Esas fueron las palabras textuales de Maximiliano Pullaro después de declarar en el juicio contra dos ex jefes de la policía de Santa Fe, acusados de explotar una red de recaudación clandestina montada sobre reparaciones ficticias de patrulleros. Se refería a la corrupción institucional, un boomerang lanzado durante su gestión como ministro de Seguridad de la provincia que ahora retorna para golpearlo en su etapa como gobernador.
El juicio oral y público contra Omar Odriozola y Rafael Grau comenzó el jueves pasado y llega casi una década después de la denuncia, presentada el 4 de mayo de 2016. Son los tiempos habituales de la justicia santafesina para investigar la corrupción policial. En principio los hechos que se ventilan parecen desconectados de la actualidad, pero en realidad trazan una línea que se extiende hasta la reciente intervención de la policía de Rosario, por el descubrimiento de otra estructura de recaudación clandestina y la prisión preventiva de trece comisarios.
La causa tuvo su origen en una denuncia anónima, que el entonces ministro Pullaro llevó ante la Justicia y que lo forzó a desplazar a Grau de la jefatura de la policía provincial. El sucesor, Luis Bruschi, fue a su vez acusado de desviar fondos de la División Logística y duró cuatro meses en el cargo. El siguiente, José Luis Amaya, pudo seguir en funciones aunque fue descripto como un voraz recaudador del juego clandestino, junto con otro policía de máxima confianza para el actual gobernador de Santa Fe, el entonces jefe de la Policía de Investigaciones Daniel Corbellini.
Tan cíclica como las olas de violencia que atraviesan a la ciudad de Rosario, la corrupción policial emerge ahora con un fraude descubierto en la carga de combustibles en los patrulleros. El método consistía en la sobrefacturación de cargas reales y en la facturación de cargas jamás realizadas, los pagos se realizaban con puntualidad cada quincena y según la estimación provisoria del fiscal José Luis Caterina el beneficio redondeaba 45 millones de pesos al mes. Fue otra denuncia anónima la que reveló un sistema que apareció monitoreado desde la jefatura de la policía de Rosario, aunque la imputación todavía no afecta a su responsable en el momento, el director de policía Daniel Alejandro Acosta, otro hombre de confianza de Pullaro.
Según la fiscalía, la línea de la recaudación alcanzó al comisario supervisor Rodrigo Domínguez, secretario privado de Acosta, quien se presentó como “comisario, abogado y profesor universitario” en la audiencia de imputación, aunque los investigadores lo apodan Chamuyo, como se dice del mentiroso.
El presente de la corrupción policial remite al pasado por otra vía: si bien no está determinada la fecha exacta, el armado de la estructura, que también incluye a propietarios y empleados de una estación de servicio, habría fraguado en 2018. Este fue el año en que el ministro Pullaro firmó un protocolo para controlar la carga de combustible en los móviles policiales a través de un programa de tarjetas de débito que se convirtió en el instrumento del fraude.
El jueves, cuando terminó de declarar ante el Tribunal que juzga a Odriozola y Grau y enfrentó a los periodistas, Pullaro no se refirió a ese escándalo ni recibió preguntas al respecto. El gobernador de Santa Fe reivindicó haber presentado la denuncia contra los ex jefes cuya suerte resulta indiferente para la policía provincial y además parece echada después de que otros nueve imputados –tres ex policías— firmaran acuerdos de juicio abreviado donde reconocen los delitos. “Nosotros no toleramos la corrupción institucional: eso es un mensaje muy claro”, agregó Pullaro, y enfatizó con la exigencia de “no hacerse el boludo”.
Pero Pullaro no pierde la confianza en una institución con vínculos reiteradamente comprobados con el delito: “La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la policía de la provincia de Santa Fe es gente buena”, dijo. El problema consiste en que la causa actual afecta al ariete de su política de seguridad y empaña la imagen de eficacia policial que tan empeñosamente construye. Y el impacto alcanza de lleno al símbolo de la gestión que el gobernador pretende exitosa: los patrulleros en las calles de Rosario representan el orden recuperado ante las bandas criminales y también la supervivencia de estructuras corruptas que no dependen de nombres particulares –“manzanas podridas”, en la jerga—, sino de una práctica que acompaña a los cargos.
Pullaro asumió la gobernación de Santa Fe en diciembre de 2023, diciendo que iba a hacer en seguridad lo que ya había hecho como ministro. Repuso a gendarmes y ex policías en lugares clave como la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Seguridad Pública, promovió reformas en el Código Procesal Penal de la provincia y en el Ministerio Público de la Acusación que otorgaron mayores facultades a la policía y restringieron las de los fiscales y expresó una y otra vez su espíritu de cuerpo con una policía con la que dice trabajar “codo a codo”.
En enero de 2024 Pullaro puso en funciones a los nuevos jefes de la policía santafesina y formuló una promesa: “No los voy a dejar solos”. La referencia eran los procesos por violencia institucional y el caso testigo el de Luciano Mariano Nocelli, un agente del Comando Radioeléctrico de Rosario condenado a 25 de prisión por doble homicidio. Dos tribunales habían coincidido en que en mayo de 2019 Nocelli disparó sobre seguro, sin que hubiera riesgo para su vida, cuando provocó la muerte de Jimena Gramajo y Adrián Rosasco, quienes estaban desarmados, de espaldas y en el piso. Para Pullaro era injusto y desmoralizador hacia la policía.
En noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló la sentencia contra Nocelli y dispuso un nuevo juicio. La excarcelación del policía fue una jornada festiva: mientras las sirenas del Comando Radioeléctrico sonaban alrededor del Centro de Justicia Penal de Rosario, Nocelli salió acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni y el comisario Daniel Acosta, el mismo que aparece mencionado en la causa por la recaudación clandestina.
Pullaro designó a Nocelli como asistente técnico en el Ministerio de Justicia y Seguridad y anunció el proyecto de ley Luciano, destinado a formar a los funcionarios judiciales “para evaluar el proceso de estrés que vive un policía en un momento determinado”. Este aval a la mano dura se reiteró con pedidos de aplausos para la policía provincial en una conferencia de prensa, con manifestaciones despectivas hacia las denuncias por torturas comprobadas a presos de la cárcel de Piñero y la promesa de que velara porque no haya “un solo concepto garantista” en la Constitución provincial a reformar, pero ahora confronta con el contratiempo de la corrupción policial.
La investigación judicial en curso provocó una grieta en el círculo de policías retirados que rodea a Pullaro: el ex comisario Marcelo Villanúa presentó su renuncia a la dirección del Instituto de Seguridad Pública. Otras señales más oscuras parecen asociarse al malestar policial, como la reaparición de banderas que son colocadas en escuelas con amenazas atribuidas a narcos y el recrudecimiento de homicidios en Villa Gobernador Gálvez. Villanúa fue el último jefe de policía provincial durante la etapa de Pullaro como ministro, y también fue allanado en una causa por corrupción en 2021, cuyo denunciante sufrió dos atentados explosivos en su casa.
No obstante, Pullaro mantiene el rumbo de su política de seguridad. Su nave insignia es ahora lo que en los papeles se llama Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP) de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero y en la promoción El Infierno, una cárcel que según adelanta superará a las del llamado modelo Bukele y estará destinada a “contener y aislar” a más de mil presos. En línea con la iniciativa, el gobierno provincial intenta limitar la concesión de libertades condicionales apoyándose en una resolución de la Cámara de Ejecución Penal, un organismo creado por el propio gobierno; la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y el jefe de los Defensores Públicos de Rosario, Martín Riccardi, lo impugnaron como “abiertamente anticonstitucional”
Sin embargo, como sucede con la policía, la promoción de la nueva obra para el Servicio Penitenciario requiere de una especie de control de daños sobre irregularidades que también surgen en las cárceles provinciales, como el descubrimiento de una red de venta de drogas y tráfico de celulares dentro de la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe; el crimen del interno Agustín de la Encina Cappelletti habilitado por guardias en Piñero o un tarifario de servicios para presos vigente en la alcaidía de la Unidad Regional V, de Rafaela.
A este escenario se suma la posibilidad de que Rosario sea la primera ciudad del país donde se aplique la flamante ley de organizaciones criminales, o antimafia, como anunció reiteradamente la ministra Patricia Bullrich desde el mes de marzo y refrendó con una resolución publicada el 13 de mayo en el Boletín Oficial. Distintas fuentes judiciales confirman que “no hay nada en concreto” al respecto y que la declaración de zona especial de seguridad le corresponde a un juez ante una investigación.
En su artículo primero, la resolución 572/2025, dispone “solicitar a los magistrados federales competentes en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la declaración de zona sujeta a investigación especial” en los términos que fija la nueva ley, que concede todavía más atribuciones a las fuerzas de seguridad, y en su artículo segundo “poner a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que actualmente operan en la ciudad de Rosario, en el marco del Plan Bandera”. La ministra también invoca “informes de inteligencia”, que al menos son desconocidos en la Justicia Federal de Rosario.
La resolución fue celebrada por Pullaro, aunque encuentra a la policía de Rosario intervenida, y con el riesgo de que aquello que el gobernador expone como el principal punto de apoyo en seguridad termine por convertirse en su talón de Aquiles. Una cuestión para no hacerse el boludo.
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