Que al salir, salga cortando

 

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) expresó su "profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que resultan de denuncias de corrupción mezcladas con operaciones de inteligencia, que ponen en jaque a la justicia argentina, en especial a la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, superando cualquier límite de razonabilidad, acentúan la pérdida de confianza, credibilidad y prestigio que la sociedad le reclama".

La F.A.C.A. constata con inquietud que "la percepción negativa que se tiene del Poder Judicial supera incluso al descontento social referido a las restantes autoridades políticas del Estado", dada "la sospecha generalizada de parcialidad y falta de independencia que hoy prevalecen en la consideración social". En una transparente alusión a la denuncia del Presidente de la Nación y del ministro de Justicia contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, las asociaciones de abogados de todo el país recuerdan que "las garantías que la Constitución Nacional reconoce a los magistrados para permitirles el adecuado cumplimiento de su delicada misión de juzgar, deben ser un compromiso republicano efectivo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La denuncia por mal desempeño es un acto de extrema gravedad institucional que no puede ser banalizada, al punto de servir como un recurso ordinario más, destinado simplemente a saciar el interés particular del denunciante o generar una cuestión mediática".

La declaración fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en Villa Mercedes, San Luis, y lleva la firma de su Presidente, Eduardo Massot, y su Secretario Marcelo C.C. Scarpa. Con una mención a la reforma constitucional de 1994, la F.A.C.A. afirma que no se cumplió su objetivo de independencia, jerarquización y despolitización de la justicia, ya que el Consejo de la Magistratura tiene una participación cada vez más preponderante de quienes representan a los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo), y algo similar sucede con las diferentes integraciones del Jurado de Enjuiciamiento.

A juicio de la Federación, el predominio de los estamentos políticos "origina en gran medida la pérdida de confianza en el Poder Judicial, generando sospecha sobre la idoneidad de un candidato selecto en un concurso o posibilitando presumir que los enjuiciamientos dependen más de la cercanía de los jueces al poder de turno, antes que a su buen o mal desempeño. El rotundo fracaso de la justicia y su falta de legitimidad social en los últimos tiempos ha sido recientemente reconocido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal al que hemos visto, en los últimos meses, mayormente sumido en una aparente fricción interna que en el cumplimiento de sus misiones constitucionales. A pesar de ello, no mencionó ninguna decisión de política institucional para revertirlo, sino que más bien admite la existencia de una magistratura débil y dependiente de los poderes políticos para su funcionamiento".

Sin embargo, añade, "no cabe atribuir esta situación exclusivamente a la justicia, sino a los poderes políticos que, en sus diferentes integraciones pasadas y presentes, han despreciado su necesaria independencia. Es hora de la toma de decisiones que reconstruyan los vínculos de respeto y consideración de la ciudadanía argentina que nunca debieron romperse. Solo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Justicia". Para ellos solicita "medidas y políticas activas" a los poderes del Estado Nacional; al Consejo de la Magistratura; a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso Nacional.

 

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