Qué caro está el perejil

El Poder Judicial argentino sigue cortando por lo más delgado

 

A Joaquín Aquino le dicen “el Paisa”, declara ser albañil, aun cuando acaban de detenerlo por ser presuntamente el proveedor de la cocaína adulterada que ya costó en la Argentina 24 vidas humanas y más de 70 personas internadas con cuadros severos. Porque, quiero decirlo: el hecho que sean personas pobres o consumidores —habituales o no— o que vivan en el Conurbano no los despoja de su condición humana. Escribí esta última frase como respuesta expresa y deliberada a los muchos que cuestionaban el alerta que la provincia de Buenos Aires hizo respecto a la existencia de lotes de cocaína adulterada, a los fines de proteger a los consumidores. Escribo esto porque soy lo bastante grandecita como para conocer los efectos devastadores que tiene el consumo de estupefacientes. Los tiene para los consumidores, los tiene para sus familias y los tiene para la sociedad toda. Y sé que la droga mata. Hace ya varios años perdí a un amigo por sobredosis y esa muerte dejó una huella imborrable en mi vida y la de mis amigos. Y lo digo también mientras apago con bronca un cigarrillo, que también mata, solo que es una droga de curso legal. Y lo escribo también teniendo aún el recuerdo claro de la ausencia de un sistema de salud preparado para afrontar el problema del consumo de estupefacientes. Hace unos meses un cantante al que le dicen Chano tuvo una crisis debido a su consumo de drogas y la respuesta del sistema de salud fue enviarle a la policía. La historia terminó con el cantante baleado. Y debo señalar que Chano tiene acceso a un sistema de salud de los privilegiados, léase sistema prepago –sobre todo pago, entiéndase— pero ni siquiera ese sistema está en condiciones de afrontar el problema de modo adecuado –es decir, sin balas, al menos.

Las adicciones son un problema de salud pública. La parte de culpabilizar al enfermo —al adicto— no sirve de nada. La parte de considerar que como alguien es adicto hay que dejarlo morir solo resulta una pésima canalización de aquello que nos asusta o nos produce rechazo. Tampoco sirve, por cierto.

Quiero citar al respecto algo que escribió Fernando Soriano, que estudió y sabe mucho sobre el tema, porque me parece relevante. “El pie moral de la ley de drogas vigente aplasta la cabeza de los ciudadanos, que tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus cuerpos siempre y cuando no afecten la vida de los demás (artículo 19 de la Constitución Nacional). La moral está cargada de prejuicios. Nadie que consume quiere morir. Como ninguno de los que sufren una adicción la disfruta. Los que deberían protegerlos, en cambio los persiguen o los estigmatizan (porque usar drogas es una falta moral) o los dejan a merced del narco».

Sé que resulta contradictorio afirmar que alguien que consume una sustancia potencialmente mortal no tenga deseo de morir. Y escribe esto una fumadora. Quien esté libre de contradicción que tire la primera piedra, ¿no? Pero sé en carne propia que es así. Y el deseo de vivir tiene una legitimidad indiscutible. Y es esa legitimidad la que explica por qué el Estado salió correctamente a advertir del peligro que existía con esas partidas de cocaína adulteradas.

Voy a citar también una nota excelente que leí en la revista Anfibia, donde José Garriga Zucal señala: “El Estado tiene dos manos, dos formas de intervención: una vinculada a la salud y otra vinculada a la seguridad. Cuando el Estado prioriza la intervención policial ante la problemática del consumo de drogas ilegalizadas, muchas veces, olvida sus otras formas de intervenir. La intervención policial, desde un enfoque de la seguridad, es necesaria, sí. Pero sólo en algunos casos. De poco sirve derribar un bunker si los que consumen van a seguir comprando. Importa, obvio, que a la policía y a la Justicia siempre se les escapen los vendedores. Pero lo que más importa es que se reproduzcan los y las consumidores y ese no es un tema de ‘seguridad’”.

«Además, cuando el Estado interviene policialmente, lo hace siempre sobre los mismos prejuicios. En los barrios vulnerables se consumen drogas ilegalizadas, igual que en los barrios no vulnerabilizados y que en los countries. Pero la mirada recurrente sobre los más pobres, como parte de un problema de ‘seguridad’, ilumina sólo a unos consumidores y no a otros. Así la guerra contra las drogas es sólo una guerra contra los más pobres».

Lo que vimos fue un abordaje diferente en estos días. Entender el consumo de drogas como un problema de salud pública y tomar medidas de profilaxis y prevención, tendiente a preservar la vida de personas que tienen una enfermedad. Y también vimos el muro de prejuicios e indignaciones morales que debió enfrentar el cambio de enfoque.

Luego vino la detención del “Paisa”. Primera nota de color es que el “Paisa” y sus actividades ya habían sido detectadas por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, en el mes de agosto de 2021, a partir de información que aportó la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense. La Procuraduría solicitó al Poder Judicial que ordenase una serie de allanamientos. Que nunca fueron ordenados por Juan Martín Culotta, juez federal de Tres de Febrero. Verán ustedes que, desde la perspectiva del Poder Judicial, el problema de la venta de drogas no tendría una urgencia tan relevante. No hasta que viene la muerte de 24 personas a pegarles una patada en el culo, al menos.

La segunda nota de color es el sesgo de la investigación, ya con 24 personas muertas. Detuvieron al albañil que vendía –presuntamente— la droga adulterada. Pero yo no dejo de pensar en el producto con que adulteraron la cocaína. Dicen los periodistas que se trata de un opiáceo llamado fentanilo y que es una droga 300 veces más potente que la morfina y entre 30 y 50 veces más poderosa que la heroína. Pero además es carísima, no se produce en la Argentina y debe ser importada, previa autorización del Ministerio de Salud. En pocas palabras, un producto con bastante trazabilidad respecto a quienes tienen acceso al mismo y respecto a la existencia de fentanilo en el país y en manos de quién. En los hospitales te cuentan historias de médicos que la consumen e inexorablemente son detectados, porque se trata de un producto controlado. Y yo me permito preguntar: ¿alguien va a averiguar de dónde salió el fentanilo que se usó para cortar la cocaína? ¿O la detención del “Paisa”, un villerito más, es la conclusión última de la investigación? Porque me cuesta no pensar en quienes vendieron fentanilo a un narco. Sé que no son villeritos sino señores muy respetables. Esos que siempre zafan. Esos que nunca salen en los medios. Esos que muchos conocemos que forman parte de las peores maquinarias que existen y que nunca son responsables —ni ante el Poder Judicial, ni ante la sociedad— de las barbaridades que sus actos provocan.

Y no puedo dejar de notar que este sesgo tan claro del propio Poder Judicial y esta falta de prisas –salvo la hipótesis de la patada en el culo— es parte de los problemas y reproches que buena parte de la sociedad le hace.

Escribo esto y pienso en la marcha ante la Corte Suprema convocada el 1 de febrero. Yo fui, mi lista de reclamos contra el funcionamiento de dicho poder es larga. De hecho, escribo esta columna en El Cohete a la Luna para contar lo que pasa en el Poder Judicial. Y lo que no pasa también. Mi forma de catarsis, digamos.

Pensaba eso el viernes, cuando salió la noticia de que en la AFI habían encontrado 105.000 escuchas ilegales perdidas en un disco duro. Escuchas ilegales hechas en un penal de este país. En plena democracia. Algunos de los miembros del gobierno que las realizó también marcharon a la Corte Suprema, pero no para reprocharle nada sino para preservar –decían los organizadores— la independencia judicial. Claro que bastó con escuchar sus consignas para darse cuenta que más bien querían ellos determinar el accionar de dicho poder. En lugar de exigir garantías para todos, exigían prisión para ciertas personas.

Y pensaba que fue esa Corte Suprema la que entregó escuchas ilegales a la AFI de Mauricio Macri. Y también quien le entregó esas escuchas a Claudio Bonadío para proveer a la defensa de Carlos Stornelli. Y la que observó impasible cómo las escuchas se trasmitían en TV. Y nadie marchó en defensa de las garantías de nadie.

También es la misma Corte Suprema cuyos miembros se excusaron de intervenir en la causa de espionaje ilegal que nos tiene a muchos como víctimas y querellantes. Cuenta Luciana Bertoia que “a mediados de noviembre, cuando los recursos ya llevaban varios meses en la Corte, los cuatro integrantes del tribunal empezaron a excusarse para no intervenir. El primero en hacerlo fue Juan Carlos Maqueda, quien, al igual que sus colegas Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, dijo que no intervendría por razones de delicadeza y decoro. No se conocen cuáles son esas razones. En el caso de Carlos Rosenkrantz, la justificación es distinta. El actual vicepresidente del máximo tribunal sostuvo que él podría haber sido damnificado por el espionaje”.

Y añade: “Hasta el reclamo de CFK, los supremos venían aplicándole a la causa de espionaje la ‘cronoterapia’ –como decía el supremo fallecido Carlos Fayt cuando un caso era cajoneado en los tribunales–. Ahora deberá hacerse el sorteo para ver quiénes serán los camaristas que intervendrán en el caso».

«CFK denuncia que mientras la Corte miraba hacia otro lado, dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal –Mariano Borinsky y Javier Carbajo– intervinieron irregularmente para sacarle la causa a[l juez de Lomas de Zamora Juan Pablo] Augé. El planteo del abogado de CFK, Carlos Beraldi, está en sintonía con lo que dijo la camarista Ángela Ledesma, quien sostuvo que nunca debió haber intervenido la Sala IV de la Casación porque el expediente estaba inicialmente radicado en la Sala I. La causa salió con 38 procesados de Lomas. Sin embargo, desde entonces, no registró ningún avance. Por el contrario, la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– solo dejó en pie diez de esos procesamientos y dio crédito a la versión del macrismo de que los casos de espionaje fueron, en realidad, obra de espías que actuaban por su propia cuenta”.

La causa tendrá jueces recién a partir del 22 de febrero de este año. Mientras tanto, todos los que estamos ahí seguimos esperando justicia.

Por tanta impunidad —como la de los que proveyeron el fentanilo— también marchamos.

 

 

 

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