Qué hacer con un mal juez

El Estado no puede ofrecer jueces que sus funcionarios consideran que no son imparciales

 

 

Comodoro Py

Desde los ’90, y cada vez más, es tema la situación del fuero federal penal con sede en Capital Federal: los doce juzgados de Comodoro Py. Mediáticamente es furor desde la alusión de Cavallo a los jueces de la servilleta.

Cualquier análisis de su desempeño es negativo. Sería positivo si allí se sustanciaran las imputaciones penales a funcionarios federales con razonable objetividad, sentido de la relevancia institucional y económica, imparcialidad y cierta celeridad. Cumpliendo una función institucional: contribuir a que la gestión púbica sea más honrada.

No hay que atribuir a Comodoro Py la responsabilidad exclusiva por la inmoralidad en la función pública. Tampoco se puede aspirar a que todos los delitos sean perseguidos. Pero sí a que los de mayor relevancia económica o institucional sean investigados profesionalmente y se disciernan las responsabilidades. Que la amenaza de sanción opere como disuasión.

Tomando como inicio 1990, pasaron tres décadas. Casi no hubo condenas. Las imputaciones prescriben o, luego de décadas, los procesados son absueltos porque se viola el principio del plazo razonable, que es un principio sano, pero que en nuestro país aumenta la discreción judicial. ¿Es por desidia o es una política? Para algunos observadores la mejor causa para producir poder en un juez o fiscal no es que concluya con penas o absoluciones, sino que vegete. Que no termine. Como en el chiste de épocas de Ulpiano: un abogado viejo y mañoso que, en lugar de felicitar a su hijo que apenas recibido había concluido aquella sucesión de tantos años, lo reta amargamente porque de ese sucesorio habían vivido por años.

Las decisiones de Comodoro Py no dan prestigio a los absueltos, ni generan el repudio social a los condenados. Conozco sobreseidos que merecían —a mi criterio, obvio— la sanción penal, y cautelados por años o aun condenados por los que pongo las manos en el fuego.

Lo anterior lo digo eludiendo la grieta, que acá constituye una dificultad adicional. Porque si bien es posible analizar con objetividad una conducta y sus pruebas, la grieta es una excusa que desacredita cualquier conclusión. Cuando el resultado del proceso no gusta, los jueces son políticos. Cuando sí, “se pronunció la Justicia”. Esto contribuye a que el sistema actual no le sirva a la República y a “justificar” la arbitrariedad. Reitero: no da certezas de que el absuelto sea inocente ni de que el cautelado sea, en principio, culpable. Ningún ex funcionario estará tranquilo, aun sabiendo que no tocó un peso, pues con cualquier imputación, aun disparatada, un inocente puede tener que soportar, no digo ya la privación de la libertad injusta (que es de las aberraciones más graves para el derecho penal liberal), sino una cautelar patrimonial por años, sin comerla ni beberla.

 

 

El plan institucional

Alberto Fernández describió la situación crudamente al asumir ante la Asamblea Legislativa. Dicen los medios que también se lo planteó a Macri en privado. No se conoce su respuesta, esto es, si asumió la construcción de una política de Estado para la reforma del fuero penal federal; el que usó hasta el abuso y, si los ciclos se mantienen, ahora enderezaría las imputaciones sobre él y su legendario “mejor equipo”. Otro asunto es si Macri sería capaz de conducir a la oposición en esa decisión, ante la profusión de líderes en ciernes (Larreta, Vidal, Jorge Macri, Monzó, Cornejo, Lousteau, cuando reaparezca Carrió, etc.). Por ahora, nada dijeron la UCR, el PRO ni la CC.

Según los trascendidos, persiste la idea de diluir el poder de los jueces de Comodoro Py por dos vías. Una es unificar ese fuero con el criminal ordinario de Capital Federal; el que, si CABA fuera una provincia, no sería parte del Poder Judicial de la Nación, sino local. La segunda es darle más poder a los fiscales en desmedro de los jueces aplicando el nuevo código procesal. Esto último supondría que el problema está en una condición de los jueces (o de estos jueces), y que los fiscales son más eficientes, profesionales, etc.

No critico ninguna de las dos soluciones como reformas institucionales, si bien la de unificación de fueros supone extender el pago por la Nación de servicios judiciales a CABA en asuntos donde no hay interés federal, que jueces que no aplican derecho federal incidan en el nombramiento y remoción de los jueces federales, y habría que revisar algún fallo no muy feliz de la Corte que recortó las —a mi juicio claras— facultades del Congreso para disponer sobre la jurisdicción material de los juzgados nacionales. No obstante, puede ser útil como medida temporal.

Creo que la solución debe ser integral, e incluir a la política. Mejorar los sistemas, pero también las designaciones. Aumentar los controles, institucionales y sociales. Y, fundamental, modificar la actitud de la política. Si los funcionarios son venales, prefieren jueces y fiscales “conversables”, tanto para dar impunidad como para perseguir opositores. El fin de los operadores judiciales, como propuso Fernández, es una excelente noticia. También controlar que no haya operadores judiciales de intereses de agencias extranjeras, de grandes empresas, etc.

 

 

El mal desempeño

Respecto del juez que incurre en mal desempeño, no creo que estas medidas sean contradictorias con aplicar la Constitución que, en su artículo 115, prescribe que debe ser removido por un Jurado de Enjuiciamiento, previa acusación del Consejo de la Magistratura.

Dicho de otro modo: si para el gobierno un juez incurre en mal desempeño, la solución no es “diluir” su poder y que le toquen menos causas. ¿Qué le explicamos al imputado al que le toca ese juez que el gobierno cree que no es imparcial? No alcanza el consuelo de que la probabilidad de que le tocara el juez venal fue reducida. La obligación del Estado es remover al mal funcionario. O al menos intentarlo. Y que quien lo proteja ante una imputación de mal despeño correctamente formulada sea públicamente responsable.

 

 

Renovar la Corte en el siglo XXI

En los ’90 la Corte Suprema había llegado a un punto límite de desprestigio. La del ’83 había dado un aire liberal y de renovación que quedó en la nada (o en minoría) con la ampliación y la conformación de la mayoría automática de Menem. Cabe ser crítico de muchos períodos de la Corte, especialmente de los que corresponden a gobiernos militares o fundados en proscripciones. Pero aun con decisiones impresentables como la Acordada del ’30, “Spangenberg”, etc., mantenían cierta compostura. La mayoría automática se dio todos los gustos.

Luego de la renuncia de De la Rúa hubo consenso entre el PJ no menemista, la mayoría de la UCR, Carrió, el socialismo y sectores importantes de la opinión pública respecto de que había que cambiar. Y hubo una política de Estado. Primero para la remoción, y luego para la conformación de una Corte digna.

Comenzó con el juicio político en 2002, con cargos contundentes respecto de la mayoría automática. No reunió los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, aunque sí la mayoría absoluta. Tal vez un error de 2002 fue haber acusado a los nueve juntos. Las imputaciones a los cuatro que eran minoría en la Corte fueron de poca relevancia y no se hizo mérito de la conducta global. Pero fue un hito. Cuando asumió Néstor Kirchner, la estrategia varió. La comisión, presidida por Falú, fue acusándolos de a uno. Antes Kirchner le dio visibilidad y volumen político al asunto con un discurso histórico en TV.

Fue una política de Estado porque la UCR acompañó, salvo algún legislador aislado. Hubo especial cuidado en las imputaciones. A tal punto que, a pesar de que el principio non bis in idem no rige para una remoción política, la comisión decidió no incluir los cargos de 2002, y formuló nuevos. Así surgieron los casos ”Meller”, “Macri” y “Magariños”, seleccionados entre un conjunto muy variado. Se buscaron casos contundentes.

Esto fructificó en la renovación de la Corte con las designaciones hechas por Duhalde y Kirchner, quien además incluyó la participación social previa. Se produjo una renovación en la jurisprudencia y, más allá de gustos por cada periodo (mi preferencia es la de la presidencia de Petracchi), se mantiene como una institución confiable. Tal vez lo más discutible de las cortes del siglo XXI es la asunción de funciones ajenas a la jurisdicción con profusión de oficinas, etc. Lo más criticable, haber aceptado la oficina de escuchas judiciales.

 

 

La aplicación del modelo            

Si funcionó con la Corte, por qué no preguntarse si ese modelo es aplicable a Comodoro Py. ¿Por qué no ahondar la idea de Fernández de construir una política de Estado y, así como se reconfiguró la Corte desde la política, con decisiones públicas, consensuadas, transparentes, la intervención de ONGs y de la opinión pública, no intentar lo mismo con el fuero federal penal?

La solución análoga al proceso sobre la Corte sería conformar un piso de coincidencias entre las fuerzas políticas para constituir un fuero federal penal que cumpla su rol institucional, y avanzar en el estudio de las conductas de los jueces objetados.

Para que esta idea funcione debe ser aislada de la grieta. Así como en 2003 la comisión resignó imputaciones para evitar debates leguleyos, acá la selección de los cargos debería evitar la grieta. E ir de a uno. Con absoluta transparencia, claridad y publicidad de los cargos y las pruebas. Nada de escobazos.

¿Es fácil? No. Requiere acuerdos políticos, estudiar con profesionalismo las imputaciones de enriquecimiento y de mal desempeño. Trazar una estrategia de análisis, etc. Y luego de selección. De nada serviría cambiar los nombres pero que se mantengan las conductas.

Es probable que por el modo en que se conforma el Consejo de la Magistratura y las mayorías exigidas, el poder de convicción de las imputaciones deba ser mayor. Tampoco en 2003 era seguro que se iban a lograr los dos tercios de cada cámara. Se construyó por la fuerza de convicción de las acusaciones. Tiene que generarse un consenso social, además de político.

El Estado no puede ofrecer jueces que sus funcionarios consideran que no son imparciales o que, dicho en términos constitucionales, incurran en mal desempeño. Debe hacer el esfuerzo institucional y usar la vía constitucional. Y que cada uno se haga cargo de lo que vota.

 

 

 

 

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9 Comentarios
  1. Gabriel Méraud dice

    Es fundamental para conservar la legitimidad de ejercicio. Lo que acá pasó es muy grave. Pone en tela de juicio la vigencia del estado de derecho durante los últimos años. Si nadie es responsable y acá no pasó nada o peor aun, si esa maquinaria ilegal sigue funcionando como si no hubiera habido cambios va a ser difícil encontrarle un sentido a la política.

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    Enrique Hidalgo trata una cuestión que hace a la esencia de la democracia como filosofía de vida: que la Justicia sea impartida por jueces dignos, probos, idóneos. Comodoro Py es hoy el emblema de una Justicia que ha perdido su significado, su función esencial de preservar las garantías y derechos individuales. El autor comienza su disección de la decadencia de la justicia a partir de los fatídicos noventa, época en que el país era presidido por Carlos Menem. Su decisión de incrementar el número de miembros de la Corte Suprema para garantizar su apoyo incondicional atentó contra su credibilidad y honorabilidad. Lejos estuvo ser una casualidad que uno de los funcionarios más relevantes del menemismo, el inteligente Carlos Corach, reconociera que había escrito en una servilleta los nombres de los jueces amigos del poder. El menemismo necesitaba imperiosamente contar con jueces dóciles, maleables. Necesitaba contar con lacayos suyos, en definitiva.

    Con el paso del tiempo Comodoro Py se transformó en un poder monolítico que supo adecuarse a los vientos políticos que soplaban. Los jueces del fuero federal penal fueron conscientes de la importancia de ser condescendientes con el gobernante en su momento de esplendor y de ser impiadosos con ese mismo gobernante en el momento de su caída. De esa forma lograron ser más poderosos que el presidente de turno. Néstor Kirchner, como bien señala Hidalgo, reconstruyó la Corte Suprema a partir de su asunción el 25 de mayo de 2003. Lamentablemente, no hizo lo mismo con el fuero federal penal enquistado en Comodoro Py. Pasó Kirchner, pasó Cristina, pasó Macri y los jueces venales del fuero federal penal permanecen en sus despachos.

    El 10 de diciembre de 2019 asumió como presidente Alberto Fernández. Como antiguo profesor de Derecho Penal conoce muy bien lo que es Comodoro Py, las miserias morales de los jueces del fuero federal penal, el poder que detentan, el daño que son capaces de hacer. Hidalgo duda de la eficacia de la pretensión del presidente de diluir semejante poder. El autor sugiere que Fernández debería seguir el ejemplo de Néstor Kirchner. Debería, por ende, utilizar una topadora para arrasar con ese antro de corrupción y venalidad.

    Los argentinos necesitamos imperiosamente jueces dignos, probos, que sepan administrar justicia, que estén al servicio del estado de Justicia y no al servicio del poder. Sería bueno que el presidente leyera-releyera, en realidad, porque seguramente lo leyó varias veces-esta brillante reflexión del doctor Juan Carlos Esguerra titulada “Lo que significa ser juez”.

    Lo que significa ser juez

    “Soy hijo de juez, de un juez que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y para quien el ejercicio de esa dignidad significó la enorgullecedora coronación de su carrera. Fui alumno de jueces, de jueces que llegaron a la Corte Suprema de Justicia y algunos a la presidencia de esta, y que no solo me enseñaron con sus lecciones magistrales, sino ante todo con el ejemplo de sus propias vidas –siempre austeras– y de sus impolutas conductas.

    He tenido alumnos que luego han sido jueces, llegado a las altas cortes y alcanzado sus presidencias, y que, con su apasionada e intachable dedicación, me han producido la mayor satisfacción que un profesor puede cosechar. Sueño con que mis estudiantes de hoy quieran ser jueces, y, como padre de un abogado, sueño con que acaso él sea juez algún día. En cada una de esas condiciones, siempre he tenido el de impartir justicia –como juez o magistrado– por el más grande oficio que puede ejercer un abogado. Porque él significa la más elevada y delicada misión que puede serle dado cumplir a un ser humano, que es la de ser investido de la función de juzgar a otros, a fin de darle efectividad, protección o reparación a un derecho desvalido, o realización a un deber incumplido, o de decidir definitivamente si alguien es o no culpable y merece o no un castigo.

    Nada, entonces, más profundamente doloroso –e indignante– que asomarse a unas noticias y denuncias que dan cuenta de conductas de las que, al parecer, son responsables unos colegas (¡qué vergüenza!) que, de ser así, mancharon –a base de traficar sentencias de absolución y cartas de recomendación– los palacios de justicia que indignamente han ocupado, y que con tanta devoción han construido sucesivas generaciones de jueces que fueron, como tiene que ser, hombres y mujeres de bien y punto de referencia en materia de probidad, de carácter y de temple moral. Nunca, entonces, como ahora, fue, por todo ello, tan desolador el silencio de las voces institucionales, de adentro y de afuera del Estado, de la academia y del foro, que tenían que levantarse airadamente en defensa de los valores que deben iluminar la ardua labor de “dar a cada quien lo que le corresponde” y han optado por no dejarse oír. Como si nada tuvieran que decir, ellas, que son, cada una en su campo, obligadas custodias de la justicia. So pretexto de rendirle culto a una presunción de inocencia mal entendida, han preferido tomar partido por un silencio encubridor. Y nunca fue más urgente la acción decidida, severa y eficaz de una justicia que se apresure a volver por los fueros de sí misma, en aras de rescatar sus urgentes credibilidad y confiabilidad.

    La corrupción de los jueces es ni más ni menos que la corrupción de la sal, de la que habla la Biblia como una hipótesis impensable. Como algo que no puede ocurrir. ¡Porque esto, en efecto, no puede ser! Y si lo es, ¡hay que ponerle fin en el acto! ¡Esclarecerlo, juzgarlo y sancionarlo sin tibieza ni contemplaciones! Y, en todo caso, ¡no puede volver a pasar! No, además, si de verdad estamos apostándole a la paz, de la que la justicia es base indispensable e insustituible. Y no en una coyuntura como la actual, en la que, más que en ninguna otra, todos los jueces deberían ser un modelo para seguir y no lo contrario”.

    (*) http://www.eltiempo, 10/9/019.

  3. Mirta gaggini dice

    Y con el resto de los fueros? y en las otras jurisdicciones?; en cada uno de ellos se encuentran aberraciones jurídicas. Comodoro Py es lo más visible, pero la matriz podrida de acuerdo a la cual se mueven demasiados integrantes del poder judicial impregna todo.

    1. Santiago dice

      Si miramos los jueces federales (que son la vidriera de los problemas judiciales, pero no los únicos) la mayoría fueron designados por el peronismo de Menem y por Kirchner. Incluso, el kirchnerismo bancó a estos jueces. No sé cómo van a solucionar el sistema que Uds. crearon. Las designaciones fueron de terror. Y ahora Rafecas como procurador es la muestra de que no quieren arreglar nada. Hasta De Vido impugnó a Rafecas que fue sancionado por el consejo y convalidado por la corte porque avisaba a un abogado lo que iba a hacer en un expediente. Un delito es eso.

  4. gerardo senderowicz dice

    perfecto!!!

  5. SELTTA dice

    Perfecto!!!

  6. gerardo senderowicz dice

    Es fundamental la demecratizacion de CPY.
    No se puede vivir de esta manera, con lacayos del poder de turno que lucran con la enajenación del derecho para sus propios beneficios (la señora cortesana con su hija a cargo de la caja, el otro Lijx con el hermano vendiendo estampitas en la puerta, en Dr. Glock asociandose con Storsionexx para encanar a quien sea.
    Alberto lo prometió, el consejo de la magistratura, si quiere las mayúsculas, tiene que ganárselas, destituir y hacer que respondan penalmente y con su patrimonio aquellos jueces que participaron de la infamia que hemos vivido durante muchos años.
    Si no pasa esto, y no se democratizan los medios, toda nuestra lucha habrá sido en vano.

    1. SELTTA dice

      Perfecto!!!

  7. Carlos dice

    Imaginate si eso es la CSJN, lo que son las justicias provinciales

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