En las recientes elecciones porteñas, el vocero presidencial Manuel Adorni usó su lugar en el Estado para hacerse propaganda electoral, arrojando cotidianamente novedades que entusiasman y alimentaban a su base electoral, como medidas contra los inmigrantes o la baja del precio del iPhone.
Pero eso ya pasó. Ahora le toca al presunto candidato ultraderechista para la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, hacerse propaganda preelectoral usando su propio lugar de diputado que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa Cámara baja.
Ya el 22 de mayo, el ministro de Economía Luis Caputo había lanzado el plan de “Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”, que impulsa la reducción y eliminación de controles estatales y el aumento de los montos mínimos exigibles por las autoridades para que los contribuyentes le informen al fisco sobre consumos y transferencias de dinero.
Ahora el gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, que permitirá “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones, para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo”.
El lanzamiento público del proyecto fue el show de un pensamiento a la vez antisocial, demagógico e hipócrita.
Lo expresó muy bien Espert: “El objetivo es blindar al ciudadano de bien (sic), que preservó el ahorro de la maldita casta política (sic), para que tenga la posibilidad de formalizar el ahorro sin que lo persigan (sic)”, explicó el legislador. Así van asentando un relato delirante sobre esa supuesta casta maligna que recauda impuestos para sus bolsillos. A unos cuantos les gusta ese cuento.
Según Espert, la combinación de un “sistema impositivo asfixiante” y de “controles de cambio e inflación alta” empujaron “a millones de argentinos a la informalidad”. Vuelven sobre el latiguillo de sistema impositivo asfixiante. Según los parámetros fiscales de esta gente, la Unión Europea ya debió haberse hundido en el Mediterráneo sin dejar rastros.
“Alguien que compraba 200 dólares era tratado como Al Capone”, dramatizó el diputado extremista, y siguió inventando relato para los evasores: “La política (sic) armó un circo donde todos los argentinos eran tratados como delincuentes y fueron forzados a infringir la ley para salir a delante”. O sea: la “política” contra los argentinos, que son sometidos a pagar impuestos. La derecha no es tonta: mezcla a la gente de ingresos medios bajos con los de ingresos altos o muy altos, en pie de igualdad. Es tan perseguido un kiosquero como un monopolio evasor. Ambos son víctimas del maldito Estado, con esos malditos impuestos que cobra.
Espert no se privó de usar una frase de John Fitzgerald Kennedy (“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país”), pero al revés: “No son los argentinos los que están en falta con el Estado sino el Estado el que está en falta desde hace muchas décadas con los argentinos”. Más demagogia individualista, imposible.
Sigue Espert: “Los argentinos que durante años han salvado su plata de la mano de los políticos, podrán usar su plata para lo que quieran sin tener que explicarle nada a nadie”. Eso, no queremos explicarle nada a nadie. Esa es la libertad… ¿o era la idea de impunidad de Alfredo Yabrán?
En un diario de negocios se pudo leer la siguiente consideración referida al proyecto: “Es que, si bien ARCA contará con menos información de parte de las personas, eso no quiere decir que se quede sin mecanismos para controlar evasión, de manera tal que siguen existiendo riesgos”.
¿Qué se entiende de esto? ¿Que faltan borrar más regulaciones, o disolver directamente el ARCA, para que “la gente” se quede tranquila y exteriorice dólares?
Ese mismo medio cita a Diego Fraga, un abogado especializado en temas tributarios, quien consideró que el problema “es político, de confianza y de si la gente cree que este modelo o este sistema va a seguir durante varios años”. “Ante el mínimo riesgo la gente en general no va a exhibir lo que tiene”. ¿Qué debería pasar en la Argentina para acrecentar la “confianza” de quienes tienen cientos de millones de dólares escondidos? ¿Una monarquía mileísta perpetua? ¿Una alianza entre contrabandistas y narcos apoyados por la OTAN?
De todas formas, esta segunda tanda de demagogia libertaria preelectoral se restringe a un público que no es muy numeroso, que en buena medida ya está fidelizado electoralmente por la derecha, y que no está pasando necesariamente por un momento de gloria económica, como lo atestiguan los dos restaurantes porteños que figuran en la prestigiosa Guía Michelin y que anunciaron que cierran sus puertas esta semana, según el diario La Nación.
El cajero automático de la felicidad
Durante abril, más de un millón de personas compró dólares al Banco Central, disfrutando de la desbordante libertad que dio la eliminación de los controles cambiarios para las personas humanas.
Se llevaron del Central más de 2.000 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad migró a las cuentas en dólares de los bancos. El resto fue al querido colchón, contrariando las crecientes exhortaciones del gobierno. Los bancos, a su vez, empezaron a pedir que los dejen prestar esos dólares que les están llegando a alguien, aunque no tenga un dólar partido por la mitad. Eso ya se hizo y salió pésimamente mal. Le decían “convertibilidad”, y terminó en “corralito”.
Entre tanto, el turismo emisor en abril superó los 1.100 millones de dólares. Su antecedente inmediato es abril de 2018, donde se fueron en actividades turísticas 1.299 millones. Ese mes de 2018 resultó fatídico para Macri, lo que explica que pocas semanas después corriera a pedirle a Donald Trump ayuda financiera para que no capotara su gobierno, mediante el rescate vía FMI.
Ahora, el rescate del Fondo ya se produjo el 6 de abril (los 12.000 millones que les enviaron a la velocidad del rayo para parar la hemorragia de divisas que se verificaba en las semanas previas) y sólo quedaría por delante un eventual rescate directo del Tesoro norteamericano al primer gobierno libertario del universo.
El gobierno parece muy confiado en que cuenta con el respaldo incondicional de la administración norteamericana. Eso puede observarse en la absoluta displicencia que han mostrado las autoridades económicas en relación a la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI, que hoy ya es de imposible cumplimiento.
En realidad no les importó cumplirla, porque saben que esas minucias se arreglan con un waiver –un perdón transitorio, a cambio de alguna rectificación de la política cambiaria– que va a salir con fritas gracias al control que Estados Unidos tiene sobre el organismo y las fichas que está poniendo en su nueva semi colonia argentina.
Cambios que no se ven, pero que están
Hemos señalado en esta columna que están en marcha un conjunto de procesos económicos en el nivel microeconómico, en las personas y las empresas, que en principio no parecen preocupantes vistos desde las alturas del poder y su macroeconomía de pacotilla, pero que pueden ser relevantes para comprender repentinas situaciones de crisis o de vuelcos del clima público.
Hay noticias sobre el creciente fenómeno de mora bancaria y con las tarjetas de crédito, que reflejan un caldo que se está cocinando en el país del “ajuste más exitoso del mundo”.
Según datos del Banco Central, los saldos vencidos de las tarjetas de crédito aumentaron al 2,8% en marzo –el nivel más alto en tres años–, mientras que la morosidad en los préstamos personales se disparó hasta el 4,1% –el nivel más alto en nueve meses–.
En el ámbito empresarial, se menciona reiteradamente un incremento de los cheques sin fondos y un aumento de los impagos empresariales. El pensamiento económico bizarro que sostiene que cuanto más se asfixia una economía, más rozagante está, empieza a hacer agua.
El BCRA registra que los cargos por deuda incobrable en el sistema financiero argentino alcanzaron un máximo en cinco años, medidos como porcentaje del total de activos.
Si piden magia, dales magia
Otra información relevante es la que suministra la Oficina de Presupuesto del Congreso, en relación a un problema muy grave que niegan sistemáticamente todos los adeptos al modelo neoliberal extremista en marcha.
Durante la gestión Caputo, el Ministerio de Economía está utilizando mecanismos de endeudamiento que tienen la particularidad de capitalizar los intereses. Esto significa que en el corto plazo el Estado no tiene que pagar esos intereses, porque se están acumulando y se pagan totalmente en el momento de vencimiento de cada bono de deuda.
Eso ha permitido una “trampita”: que no se computen esos intereses –como si no existieran– y que se pateen contablemente hacia el futuro. Esa es la razón por la cual Milei puede proclamar todo el tiempo que tiene superávit financiero. No es cierto, y es un engaño en el que participan todos los factores de poder que conocen realmente la situación fiscal argentina.
Los bonos caputistas que permiten la magia de no computar por ahora los intereses que ya debemos son las Letras Capitalizables (LECAP), los Bonos Capitalizables (BONCAP), las Letras del Tesoro atadas a tasa de política monetaria (LEFI) y los bonos PR17.
Se están acumulando pasivos ocultos (millones de dólares que deberemos pagar) que están disimulados por el machacón discurso mágico del superávit fiscal y la complicidad de todos los socios del modelo, incluidos los organismos internacionales de crédito y la prensa financiera internacional.
Por ejemplo, en abril de 2025 el Tesoro Nacional informó un superávit financiero de 572.341 millones de pesos. Si se computaran, en cambio, los intereses que se devengaron, y que se están agregando a la deuda, el resultado daría un ¡déficit! de 4.190.377 millones de pesos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el total de intereses devengados en el primer cuatrimestre de 2025 equivale al 4,8% del PBI, una brutalidad que llevaría a una crisis ministerial en cualquier país con una clase dirigente responsable. Pero aquí impera una realidad paralela que sólo puede explicarse por el apoyo del capital global a una política de bancarrota y endeudamiento exponencial de nuestro país.
En realidad, la “confianza” de los mercados está atada con alambre.
Los datos deberían preocupar porque la recaudación impositiva de mayo registró un derrumbe dramático que debería prender luces naranjas. Mientras que en términos nominales la recaudación impositiva mostró un crecimiento interanual de 18,6%, su variación real implicó una caída del ¡18%!
Uno de los factores claves para explicar la caída es la fuerte disminución de recaudación del Impuesto a las Ganancias en relación al año pasado. Ocurre que la devaluación que generó Milei en diciembre de 2023 generó abultadísimas ganancias financieras, que este año no están presentes. La eliminación del impuesto PAIS y la baja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias también incidieron en el resultado. Lo cierto es que si bien el acumulado de 2025 es por ahora mayor que el del año pasado, no refleja ninguna dinámica económica expansiva.
Cabe señalar que el cálculo del valor real de la recaudación se realiza con el incorrecto número de inflación que viene publicando el INDEC, que como todos saben fue entre un 10 y un 15% mayor a la publicada por el organismo.
Hay que prestar atención a la situación de las provincias, cuyos ingresos coparticipables se han debilitado bajo esta gestión, lo que pone a varias administraciones frente a situaciones fiscales y sociales crecientemente complejas.
¿Cómo siguen los superpoderes de destrucción masiva?
Este es un momento económico y social incierto, en el cual los actores miran los movimientos de los otros, mientras esperan novedades imprevistas que pueden ser de cualquier signo.
Un hecho político que muestra un ambiente enrarecido, divergente del maníaco optimismo libertario, es la votación del miércoles pasado en el seno de la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó un aumento del 7,2% a las jubilaciones y una actualización del devaluadísimo bono previsional, a la suma de 110.000 pesos.
Pero además se le dio vida nuevamente a la moratoria previsional, lo que permitiría que cientos de miles de personas puedan contar con una mínima cobertura previsional. Por otra parte, la Cámara apoyó el proyecto de Declaración de Emergencia en materia de Discapacidad, lo que representaría un enorme alivio para un sector que esta administración está sumiendo en el desamparo.
Son medidas necesarias, mínimas, de ayuda y alivio, aunque sean insuficientes.
Para que no queden dudas de su esencia política, el gobierno ya anticipó que de ser ratificados estos proyectos en el Senado, recibirán el veto del Poder Ejecutivo.
El conflicto del Hospital Garrahan mostró una interesante capacidad de movilizar sentimientos positivos existentes en nuestra sociedad, largamente merecidas por el gran aporte de ese Hospital a la vida, al punto de que el gobierno debió tomar medidas rápidas para enfriar la situación y sacarla de los titulares de los medios.
El pensamiento público y explícito del gobierno lo convierte en enemigo de la mayoría de la sociedad, que no cree ni avala todo tipo de barbaries en nombre de un fiscalismo trucho.
Todos tendríamos que tener más claro que no es el equilibrio en las cuentas públicas lo que se busca, sino despojar a sectores medios y bajos de sus recursos para acrecentar los ingresos de una reducida minoría social (además de enajenar los recursos naturales del país).
El 8 de julio vence el plazo de vigencia de las facultades legislativas extraordinarias que el Congreso le otorgó a Milei, en una decisión que reflejó la extrema irresponsabilidad política y el grado de sumisión al gran empresariado de buena parte del arco partidario argentino.
Debido a esas facultades, el Poder Ejecutivo pudo legislar en asuntos administrativos, económicos, financieros y energéticos, en algunos casos violando la legalidad y modificando la Constitución sin que el Poder Judicial se inmutara. Son esos “poderes extraordinarios” los que le permitieron a Milei realizar los destrozos institucionales y promover la indefensión creciente de la población.
¿Qué pasará luego del 8 de julio? La caída de las facultades extraordinarias obligaría al gobierno a lograr mayorías parlamentarias para continuar con la política de destrucción nacional.
Como sabemos, se han desplegado una serie de conflictos dentro de lo que fue Juntos por el Cambio, que han atomizado el espacio. Los muchos gobernadores que han apoyado al gobierno se encuentran con situaciones crecientemente problemáticas, que si por un lado aumentan la capacidad de extorsión del gobierno nacional, por otro hacen crecer el descontento y la desconfianza sobre la capacidad del mileísmo de aportarles el “milagro económico” que esperan y que no va a llegar.
¿Pedirá Milei al Parlamento una prórroga de las facultades extraordinarias?
A diferencia del año pasado, cada vez son más claras las aristas antipopulares del proyecto libertario, y el desgaste al que está sometido. Ha bajado la rentabilidad política de sumarse al relato mágico del neoliberalismo salvaje, porque por más confundidas y desinformadas que estén las cabezas, no hay milagros cuando se hace un fuerte ajuste contractivo, se abre la economía para la llegada de todo tipo de bienes que destruyen la producción nacional, y se retira la malla protectora del Estado para los que se van cayendo de la economía real.
¿Utilizará Milei un DNU para auto prolongar las facultades para poder seguir jibarizando el país? Todo es posible en el marco de la audacia libertaria.
Pero también está el resto de la población, que no acuerda con estas políticas y esta falta de futuro. Necesita proyecto y organización.
Y están los pobres que siguen esperando magia, a los cuales el gobierno les enseñará, a las patadas, por qué es necesario un proyecto nacional inclusivo.
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