Que la pandemia no tape la justicia

Presentan propuesta para que se reanuden los juicios por crímenes de lesa humanidad

 

El juicio de lesa humanidad más grande que se ha llevado a cabo en Mar del Plata terminará mañana, en plena pandemia de coronavirus. Con cuarenta acusados por 272 víctimas, el proceso por la subzona 15 marcó un hito en la ciudad balnearia. La continuidad de los juicios por crímenes durante la dictadura es una de las preocupaciones para organismos, familiares y víctimas que hace más de 40 años buscan verdad y justicia. Esta semana, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentará una propuesta para avanzar con los procesos y, en una primera etapa, concluir con los que ya estaban cerca de su finalización antes de que se declarara la emergencia sanitaria.

 

 

Final de juicio

La sentencia debió ser el 31 de marzo, pero todo quedó postergado después de que el Presidente Alberto Fernández decretara el 20 de marzo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tres días antes, el gobierno le había aceptado la renuncia a uno de los tres integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Alfredo Ruiz Paz. Pese a que los abogados de los represores pusieron el grito en el cielo, el cuarto juez, Martín Bava, tomó su lugar.

Bava estuvo durante un mes analizando la prueba junto a sus colegas Roberto Falcone y Mario Portela. En el tribunal había una preocupación adicional, que fue decisiva para no seguir esperando qué pasaba con la feria extraordinaria: si a alguno de los jueces les pasaba algo, un juicio que duró dos años podría desmoronarse.

El tribunal dispuso que la audiencia sea con presencia mínima. Desde la sala estarán los jueces, algún defensor, algún integrante del Ministerio Público Fiscal y uno o dos querellantes. A las 10 de la mañana dirán sus últimas palabras dos de los imputados: uno desde su casa y otro desde el penal donde está detenido. El tribunal se tomará dos horas para terminar de deliberar y dará a conocer el veredicto, que se espera que sea extenso porque hay 40 imputados.

Como no podrá haber presencia en la sala ni en la calle, los jueces estuvieron tramitando que el veredicto se transmita desde el Centro de Información Judicial (CIJ), que ya habría confirmado que así sería. Si esa transmisión falla, la idea del tribunal es que lo filme algún querellante o alguna institución o espacio de memoria. Así será la primera sentencia en tiempos de coronavirus.

 

 

Una de las pocas veces en la que hubo asistencia casi perfecta de los acusados. Foto; Marcelo Núñez.

 

 

 

La causa

La subzona 15 incluyó a todos los partidos que rodean a General Pueyrredón en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esa subzona estaba dividida en dos áreas: la 151 y la 152. Ningún responsable del área 152 llegó en condiciones a este juicio. La represión en la zona mostró el solapamiento y la cooperación de las distintas fuerzas armadas, de la Prefectura y de la Policía Bonaerense.

Hasta ahora, en Mar del Plata, se habían juzgado hechos aislados o centros clandestinos. Este juicio permitió ver la película completa, explican desde la fiscalía, que estuvo representada por Juan Pablo Curi y los auxiliares fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail. Durante las audiencias, se reconstruyó que hubo al menos cinco espacios concentracionarios dentro del circuito de la subzona:

  • La Cueva, un centro clandestino que funcionó dentro de la Base de la Fuerza Aérea sobre la Ruta 2, junto al aeropuerto. Era una construcción subterránea. De ella, lo único que se veía desde afuera era un radar;
  • Base Naval de Mar del Plata. Dentro del predio de la Armada, hubo secuestrados en los calabozos, la enfermería, el polígono de tiro, la sede de la Agrupación de Buzos Tácticos, las aulas de la escuela de Buceo y hasta en las carpas de la playa privada que aún hoy conserva la Marina;
  • La Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) en el Faro de Punta Mogotes;
  • La Sede de la Prefectura Naval;
  • La Comisaría de Miramar.

 

 

Fiscales Eugenia Montero, Nicolás Czizik y Julio Darmandrail. Foto: Marcelo Núñez.

 

El juicio comenzó con 43 imputados, pero concluye con 40. Todos ocupaban puestos jerárquicos y 31 de ellos no habían estado jamás sentados en el banquillo desde que se reanudaron los juicios en 2006. Diez pertenecían al Ejército, dos a la Fuerza Aérea, 25 a la Armada, cinco a la prefectura y el restante fue el jefe de la comisaría de Miramar.

De las 272 víctimas, 133 permanecen desaparecidas y se recuperaron los cuerpos de otras 28. El juicio también incluyó lo padecido por 111 sobrevivientes. Más de 90 casos se reconstruyeron durante las audiencias.

Los hijos y las hijas tuvieron un lugar central. Muchos todavía se estremecen al recordar el testimonio de las dos hijas y de los dos hijos de la socióloga Cristina Fernández y el pediatra Roberto Colomer, secuestrados de su casa el 20 de mayo de 1977. La hija mayor, de siete años, con su hermano bebé en brazos. La otra de las nenas que recuerda a un soldado armado diciéndole que volviera a la cama. Y el tercero, que por entonces tenía tres años, dice que el televisor de su vida se prendió ahí. Su primer recuerdo es de cuando se llevaban a sus padres y a su tío. No hay vida familiar ni imágenes felices previas.

 

 

 

Otro que termina

En Rosario hay un juicio que también comenzó en 2018 y estaba previsto que terminara a fines de marzo. Se trata de la causa Feced III, en la que están acusados diez integrantes del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe por 188 casos.

Las partes fueron convocadas para el miércoles para que las defensas concluyan con los alegatos. Por la fiscalía intervienen Adolfo Villate y Ana Oberlin. El tribunal dispuso que se siga por videoconferencia o que haya distintos puntos de conexión. Para eso, tuvieron que llevar sus computadoras a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para que les instalen un programa. Después de esa audiencia, se espera que el Tribunal fije fecha para la sentencia, que podría ser en el plazo de una semana, estimaron.

 

 

 

Para que la justicia no se detenga

Hay otros procesos que estaban cerca de la sentencia y quedaron en suspenso. Uno es el cuarto juicio por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se estaban escuchando los alegatos de uno de los defensores. En La Plata, quedó suspendido el juicio por los crímenes en la Brigada de San Justo cuando iba a comenzar a alegar la defensa oficial.

La fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, está trabajando en un proyecto para recomenzar estos juicios, en consulta con abogados querellantes y que deberá presentarle en los próximos días a la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma.

La idea es que se reanuden por videoconferencia o con presencias mínimas desde la sala, por ejemplo, aquellos juicios en los que ya se tomaron todos los testimonios, y que eso sirva para discutir cómo avanzar con los otros que estaban en trámite o los que ya tienen fecha de inicio.

“Es fundamental dar un cierre en aquellos debates donde ya se culminó con la producción de prueba, utilizando para ello los medios electrónicos que ya dispone el Poder Judicial o con la asistencia mínima de las partes y guardando distancia”, insiste Ramos.

“Prolongarlo por tiempo indefinido afecta el debido proceso y el derecho a la verdad. Es imperioso retomar esos debates”.

 

 

 

 

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3 Comentarios
  1. Leo musiquero dice

    Para la construcción de la comunidad que deseamos, tan nociva como COVID 19 es la impunidad de los genocidas. Memoria, verdad y justicia.

  2. Luciana Bertoia dice

    Gracias, Santiago. Un abrazo.

  3. Santiago dice

    Gracias por la publicación, por estar atentos a las causas y reivindicar la lucha por Justicia Verdad y Memoria. Soy Santiago uno de los hijos de Cristina Y Roberto nombrados en esta. Otra

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