¿Qué pasó con los archivos AMIA?

A 28 años del atentado, las víctimas reclaman acceder a todos los archivos de Inteligencia

 

El juez federal Daniel Rafecas se expidió el último 29 de junio acerca de una reunión que tres semanas antes había mantenido con familiares de víctimas del atentado a la AMIA que cuestionaron “la forma de acceso a la información de lo que ocurre en el proceso”.

La información a la que se referían es la más sensible, la secreta, cuya develación no llega a ser satisfactoria a pesar de los avances de tres Presidentes tendientes a desclasificarla:

  • El 3 de marzo de 2005, Néstor Kirchner entregó al fiscal Alberto Nisman 1.700 carpetas con informes de Estado que no podía compartir ni con las partes, producida por los servicios de inteligencia nacionales y de otros Estados sin identificar.
  • El 12 de marzo de 2015, por decreto 395 y a pedido de los fiscales, Cristina Fernández desclasificó los documentos de la causa AMIA.
  • El 5 de marzo de 2020, por decreto 213, Alberto Fernández otorgó el carácter público “a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado, su encubrimiento y delitos conexos”.

Estas disposiciones generaron expectativas respecto de la información que pudieran tener esas cajas que, alineadas, ocuparían tres kilómetros. Pronto surgirían voces de escepticismo, corroboradas en la práctica: la Unidad Fiscal del caso optó por seguir la pista iraní, de la que descreen los familiares, que presionan por otras opciones. La novedad es que el juez les da la razón a las víctimas.

 

Juez Rafecas, comprometido con la memoria, la verdad y la justicia.

 

 

 

 

El planteo de los familiares

A seis meses de la asunción de Fernández y a tres de su decreto, la Sala I de la Cámara Federal expresó la necesidad de “otorgar una respuesta que defina, en el menor tiempo posible, la situación de las personas” acusadas. A partir de ese 25 de junio de 2020, la Unidad Fiscal pasó a preparar la solicitud de sobreseimiento de la llamada conexión local.

A ese pedido respondió de manera negativa María Eugenia Capuchetti (quien desde octubre de 2020 pasó a subrogar en el Juzgado Federal 6 a Julián Ercolini, a su vez sucesor de Rodolfo Canicoba Corral). El 21 de septiembre de 2021, la juez instó a que “deberá digitalizarse la totalidad de la documentación y (ser) puesta a disposición de las partes”. Ya había dejado constancia de que “las querellas han manifestado la imposibilidad de acceder de manera adecuada (…) a los fondos conformados con la documentación desclasificada por el Poder Ejecutivo… Se pudo comprobar la existencia de documentación que no ha sido procesada, sistematizada ni analizada de conformidad con la resolución PGN 1872/15”. Se refería a la resolución de la Procuración General de la Nación que prorrogaba el funcionamiento del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD).

Dos días después, el Juzgado organizó una videoconferencia con las organizaciones de víctimas Memoria Activa y Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune a la AMIA (APEMIA), más Fernando Pojaghi (ex secretario de Canicoba), la secretaria Verónica Coda y la Unidad Fiscal de Investigación (UFI). La Fiscalía trató allí de justificar su negativa a brindar un informe actualizado de su actividad en el “carácter dinámico de los acontecimientos”, según detalló a El Cohete Pablo Gitter, de APEMIA.

Al mes siguiente, en una visita, el Juzgado verificó la “existencia de cantidad de documentación que no ha podido ser procesada y gran cantidad de registros audiovisuales”. Capuchetti terminó su gestión en el Juzgado 6 con tres renglones dedicados a esta causa: “no se pudo aún garantizar a las partes el acceso a las piezas documentales”, después de 21 años en que se negara su existencia.

Ante Rafecas, que la sucedió en el Juzgado, Laura Ginsberg con el patrocinio de Martín Alderete (APEMIA), más el acuerdo de los abogados Rodrigo Borda (Memoria Activa) y Horacio Etcheverry (18J y otros familiares) presentaron hace dos meses un escrito en el que pidieron “un acceso directo a la prueba, en particular a los archivos secretos y con las/los profesionales integrantes del GERAD involucradas/dos en el relevamiento y digitalización de los archivos secretos de la SIDE y de cualquier otra dependencia” a futuro. Pidieron que fuera sin la intervención ni mediación de fiscales.

La Fiscalía que conduce Sebastián Basso tiene material que –según APEMIA– a simple vista permite colegir posibles vínculos de “responsabilidades en órganos de seguridad del Estado”. Se lo dijeron al juez: “La UFI tiene conciencia de la existencia de esa documentación oficial, manifestamos en qué legajo (421), pero se niegan a ‘encontrar’ lo que ellos mismos dejaron allí, analizarlo y abrir una investigación”.

 

Fiscal Sebastián Basso, a cargo de la UFI-AMIA.

 

Basso prefiere insistir con la pista iraní: “No se pone en duda. Se lo adjudicó una agrupación terrorista, que es un sello de goma de Hezbollah, en un diario del Líbano días después, un periódico vinculado a Hezbollah”, dijo en radio Perfil hacia julio de 2020.

Desde APEMIA detectaron que eso se desmiente con uno de los documentos desclasificados que alcanzaron a ver, un informe de la SIDE del 16 de agosto de 2001: “SE RECTIFICAN TOTALMENTE VUESTROS INDICIOS. EL PERIÓDICO AN NAHAR ES EL MÁS CONSERVADOR, EL QUE TIENE EL MAYOR TIRAJE Y UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DEL LÍBANO. NO PERTENECE AL HEZBOLLAH… SIENDO LA MAYORÍA DE SUS EMPLEADOS CRISTIANOS… SIENDO TAMBIEN UN SISTEMÁTICO OPOSITOR DE LA POLÍTICA CASTRENSE DEL HEZBOLLAH”.

La oposición de la UFI a analizar esa documentación “bordea el incumplimiento de sus deberes”, evalúan los familiares. A la vez, ven una continuidad prejuiciosa en seguir la línea de Nisman contra Irán y Líbano que nunca pudieron probar.

Esa es la línea que respondía a los intereses de los Estados Unidos e Israel y que el gobierno de Carlos Menem intentó imponer pocas horas después del atentado cuando recibió el cable EISRA 010365/1994 de uno de sus embajadores, según reveló en 2004 Horacio Verbitsky.

En el impasse de la Alianza, el gobierno tuvo un entredicho con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a raíz de la difusión de la foto de su jefe de Estación en la Argentina. Con la posterior administración de Eduardo Duhalde, su secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma se ufanaba de restablecer aquellas relaciones mediante el armado de un informe oficial sobre el atentado –aún secreto 20 años después– acordado con la inteligencia estadounidense e israelí.

Luego de judicializar el Informe Toma, los fiscales del caso AMIA “habitan la zona de confort burocrático/administrativa en que se codean y autoprotegen con los funcionarios de los otros poderes del Estado; se acomodan a las presiones o necesidades políticas de sus socios internacionales. Así, no es el paso del tiempo ni la inexperiencia lo que obstaculiza la investigación, sino el obstinado recurso de oponerse a abrir y analizar la documentación, comprenderla, confrontarla con los viejos relatos, textos y prejuicios”, creen en APEMIA. Así, la Fiscalía “se libera de la investigación y pasa a ser un equipo diletante, un observatorio internacional con base local al servicio de otras agencias de inteligencia para dificultar los viajes y vínculos de los extranjeros acusados”.

 

 

La respuesta del juez

Para Rafecas resulta clara la disidencia entre el cumplimiento de las normas procesales y el derecho de las querellas.

La Fiscalía afirma que todos los elementos aportados por la desclasificación se publican y se ponen a disposición de las partes, pero las querellas sostienen que dado el volumen es imposible conocer todo y que el sistema informático es tan complejo que entorpece el acceso a la información.

Luego de subrayar el carácter sesgado de que la fiscalía se limite a una línea de investigación, Rafecas firmó que “la discrecionalidad del fiscal instructor al llevar adelante la pesquisa nunca puede prevalecer en desmedro de las partes y sus garantías (… Su) respeto absoluto implica buscar alternativas institucionales innovadoras. No puede perderse el imperativo ético de ser solidarios con las víctimas, lo que exige un compromiso de los operadores del sistema judicial. El Estado debe satisfacer dicha expectativa mínima. La existencia formal de un proceso no alcanza para dar por cumplida la obligación”.

El juez reconoció que “las víctimas pueden buscar un camino distinto al del expediente”, por lo que agregó: “Debo velar por el cabal respeto a la dignidad e igualdad de armas de las víctimas nucleadas en las querellas que anhelan verdad y justicia; toda ayuda que podamos hacer, debe hacerse, en homenaje a múltiples principios, garantías y valores, desarrollados en esta resolución, pero también por un sentido básico de humanidad”.

En función de ello exhortó a la UFI-AMIA a que provea a las partes con periodicidad la documentación procesada y analizada por relevancia; que habilite el acceso al personal del GERAD; que se suministren los recursos necesarios para dar cumplimiento al espíritu del decreto 213/20 y a tener reuniones semestrales de seguimiento.

En tanto, los familiares señalan que hasta la televisión internacional presta más atención a otras pistas. Exhiben como ejemplo la serie sobre José Iosi Pérez, un oficial de Inteligencia de la Policía Federal que reconoció que su actividad pudo estar al servicio del atentado. La suya fue una de las últimas denuncias que entró en tiempos de Nisman, el 4 de julio de 2014 (fojas 134.911 y 134.929 vta.). Apuntan, no sin ironía, que contra la ficción de “investigación judicial” se comercializa la “ficción” de una serie de TV basada en esa confesión.

 

 

 

 

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