Que veinte años es nada

 

En 2003, el entonces director gerente del FMI, Horst Köhler, y el encargado de Subamérica, Anoop Singh, mantuvieron una áspera reunión de dos horas con representantes de la sociedad civil (los obispos católicos Jorge Casaretto y Agustín Radrizzani; el presidente de la AMIA, Abraham Kaul; Cristina Calvo, de Caritas y Coordinadora de la Mesa del Dialogo Argentino; Lucrecia Lacroze, presidenta de Conciencia; Mario Rejtman, presidente de Poder Ciudadano; Moshen Alí, presidente de la Casa para la Difusión del Islam; Emilio Monti, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas; el economista Aldo Ferrer y el autor de esta nota).

Köhler y Singh se atribuyeron la invención del plan Jefes y Jefas de Hogar, concebido para facilitar el aumento de tarifas que reclamaban las empresas de servicios públicos y que Néstor Kirchner rechazó. Se trata de un perverso mecanismo que incrementa el endeudamiento público. El Estado se endeuda, para que los pobres paguen y las empresas privadas incrementen sus beneficios. Ese subsidio indirecto no molesta al FMI. (En el borrador de este año del Ministerio de Economía se postula “garantizar que las tarifas de energía reflejen mejor los costos, a la vez que protejan a los usuarios de menores ingresos a través de las tarifas sociales y las transferencias de asistencia social. Este plan se publicará (finales de [septiembre] 2022 (punto de referencia estructural). [Pendiente: Reunión con equipos técnicos del Banco Mundial/FMI; inclusive para discutir opciones de financiamiento]”.

El ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna, dijo que la Argentina no pediría fondos frescos al Fondo Monetario. "El país ya está sobre endeudado, aplastado por su deuda, más que cualquier otro país del mundo. Sólo queremos reestructurar los vencimientos". No refinanciarlos.

 

 

 

 

Los sucesivos expositores cuestionaron una política monetaria al margen de la justicia social; la acción del capital financiero en detrimento de la economía real; el asistencialismo en lugar de la reactivación económica y el trabajo digno; la dolarización de la convertibilidad; la creación deliberada de una deuda impagable para mantener la dependencia con un tributo anual; la moralidad de esa deuda y la imposibilidad de aumentar tarifas.

A mi turno recordé que cuando comenzó su relación con el FMI, la Argentina era el país con mayor integración social y equidad de América Latina, con pleno empleo y altos salarios. Pero medio siglo después vivía en la marginalidad y la desintegración, como resultado de los sucesivos ajustes, e informé que el CELS, junto con varias entidades de usuarios y consumidores, denunció ante la Oficina de Evaluación Independiente del FMI que la presión ejercida para que aumenten las tarifas de los servicios públicos violaba la legislación argentina y el convenio constitutivo del propio organismo y contradecía las finalidades del FMI de "mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales" de la población. Los funcionarios del Fondo también tienen prohibido defender intereses particulares o de sus países de origen. En este caso, actuaron como agentes de las empresas prestadoras de servicios, cuyos accionistas mayoritarios lo son también del FMI. Además violaron la ley de emergencia económica, que desconoció la legalidad de todas las indexaciones aplicadas a partir de 1991 y estableció que en la renegociación con las prestatarias se consideraría el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y, recién en último lugar, la rentabilidad de las empresas.

Por los privilegios concedidos por el poder político la facturación de las privatizadas creció entre 1993 y 2001 casi siete veces más que el Producto Bruto. Sus márgenes de rentabilidad fueron 14 veces mayores que los de las empresas más grandes del país que no participaron en las privatizaciones y entre dos y cuatro veces mayores que las de las prestadoras de los mismos servicios en otros países, incluso los de sus casas matrices. Esas firmas fueron generosas en la distribución de dividendos a sus accionistas y para invertir contrajeron endeudamiento externo. Una parte significativa de esa deuda fue para importar bienes de capital e insumos de firmas vinculadas, lo que les permitió inflar costos y eludir impuesto a las ganancias, mientras se desmantelaba la industria local de proveedores. Otra parte no se invirtió en el proceso productivo sino en la especulación financiera. También contribuyeron al crecimiento del desempleo en un 2,2% de la Población Económicamente Activa, mientras los incrementos tarifarios hicieron que el pago de servicios pasara a insumir casi el 15% del presupuesto de los hogares más pobres, que postergaron otros consumos esenciales. Las ganancias que así obtuvieron esas empresas se fugaron del país. Por cada dólar de deuda pública se depositó o se invirtió en el exterior entre ochenta y cinco centavos y un dólar originado en la Argentina. Todas esas cosas nos gustaría que monitoreara el FMI en lugar de exigir ajustes sobre ajustes.

Köhler se declaró desilusionado. "Buena parte de las exposiciones insisten en que los culpables no están en la Argentina. Hubiera preferido oírlos hablar de los errores propios. Ustedes juegan un rol en la sociedad argentina. ¿Qué hicieron ustedes para tener una sociedad mejor? En la primavera de 2001, tuve oportunidad de conversar en Canadá con un obispo argentino. Le dije que para que hubiera paz y prosperidad, era necesario el crecimiento con equidad y le hablé acerca de cómo lograrlo":

• “En 2000 y 2001 recibimos cerca de 10.000 emails desde la Argentina. No les den más plata, porque son todos ladrones, decían.
• "Los informes de Inteligencia indicaban que los disturbios y manifestaciones en las que murieron tantas personas fueron financiados por argentinos que no querían a De la Rúa.
• "Le planteamos al gobierno que era necesario un alivio social y sugerimos el programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. Pero vimos que parte del dinero iba a parar a bolsillos que no correspondían, que había corrupción, que se usaban los planes para comprar votos. Nosotros no podemos controlar eso.
• "De la Rúa me dijo que necesitaban dinero y le sugerí la llamada Ley de Déficit Cero. El Congreso la aprobó, pero nadie se preocupó por aplicarla y los senadores conservan sus jubilaciones de privilegio vitalicias.
• "Esto indica que en la Argentina hay un problema moral, de ética, de integridad del sistema político”.

“El obispo estuvo de acuerdo. Ustedes tienen que contestar qué pasó para que un país que en la década de 1920 era el sexto más rico del mundo terminara así. Eso no ocurrió por culpa del FMI, que se creó mucho después. Canadá era como la Argentina un país de inmigrantes pobres y hoy es uno de los más ricos del mundo. Por eso no acepto ser acusado como chivo expiatorio. Aquí se ha dicho que la deuda es inmoral. No sé adónde nos lleva ese planteo. La deuda no es mágica, ni buena ni mala. Es un instrumento para financiar proyectos. No hay paz sin responsabilidad ética. Es necesario fortalecerla. La Argentina es una democracia clientelística. Los mandatos se ejercen haciendo favores. El problema es cómo fortalecer el sistema político para que represente al pueblo. Esa es una pregunta que ustedes deben hacerse. La desigualdad mide cómo funciona el sistema político, no el sector empresario. En Canadá el sector empresario es mayor que en la Argentina y la desigualdad es menor”.

“Se habla del desastre de la globalización. Pero siguen existiendo las decisiones soberanas. Ustedes pueden decidir no pagar sus deudas. Yo les aconsejo que no lo hagan. Los jóvenes quieren viajar, no quedarse aislados. Lo que tienen que hacer es pagar sin desatender las necesidades del pueblo. La deuda con el FMI hay que pagarla. Es plata de nuestros accionistas que luego se represtará a otros países. La cooperación internacional requiere que los países miembros cumplan con sus obligaciones. El FMI presta cuando nadie presta, asume un alto riesgo pensando en el bien común. Somos acreedores privilegiados para mantener la estabilidad del sistema”.

“No se olviden que hay entre 100.000 y 200.000 millones de dólares de la Argentina depositados en el exterior. Hay que crear incentivos para su repatriación, seguridad jurídica y previsibilidad, que no haya leyes expropiatorias o de favoritismo. El problema básico de la Argentina es la debilidad institucional, la situación de la Justicia, la altísima corrupción. En Canadá el índice de corrupción es tres veces menor. Esto quiere decir que hay algo que anda mal en la sociedad y en el sistema político. La Argentina tiene que volverse un país normal, esa es una tarea de ustedes. Lo más importante no son los intereses de la deuda externa. Yo no soy un cobrador de deudas. Pero existe una continuidad jurídica de los Estados, que es necesaria para que pueda funcionar la comunidad internacional. No podemos reinventar la rueda. Trabajamos con cualquier gobierno electo, sea de izquierda o de derecha. Lo hacemos con Lula y también trabajaremos con Kirchner. Y no le voy a hablar de la deuda externa sino de los pobres. No queremos ser vistos como los cobradores. Soy el primero en apoyar la idea de un crecimiento con equidad, pero no puedo decir que se olviden de la deuda externa. Sobre el tema de las tarifas me preocupa que crean que venimos aquí como abogados de las empresas y le voy a pedir al director del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo que conteste lo que aquí se ha planteado”.

A su vez, Anoop Singh, dijo “en el tema de los servicios públicos está siendo difícil entendernos. Es muy importante e incluye más cosas a considerar que las tarifas. Se trata de un sector crucial para el crecimiento, no podemos congelarlo y tratar a las empresas como el chico que se portó mal y lo dejamos encerrado en una pieza. Los pobres están protegidos por el plan Jefes y Jefas, con un ingreso que les permite pagar los servicios y no frenar el desenvolvimiento de las empresas. Yo personalmente le propuse ese programa al matrimonio Duhalde. Había espacio para aumentar las tarifas y al mismo tiempo proteger a los pobres. Queremos pensar en el futuro, en un marco regulatorio que dé seguridad a las empresas y les permita reestructurar sus deudas. Se puede proteger a los pobres y al mismo tiempo permitir que las empresas inviertan. No hay que politizar este tema”.

 

 

 

Köhler añadió que uno de los prestadores del servicio de gas le dijo que no podían invertir para dar más energía. “Si la economía crece los servicios van a colapsar porque no están invirtiendo. Si permitimos que una empresa no tenga ingresos, cortamos su propia expansión. Me sorprende que hayan sugerido que el FMI está en contra de los pobres. Lo que formulamos son recomendaciones para que haya energía para el desarrollo”.

Casaretto le aclaró que “el especialista en sermones soy yo. Los aquí presentes somos conscientes de que hemos sido víctimas de nuestros gobernantes”.

En mi última intervención le respondí a Köhler sobre qué hicimos nosotros. “Yo escribí un libro de 500 páginas sobre la corrupción del sistema político en el proceso de privatizaciones que ustedes apoyaban y otro libro de 500 páginas sobre el copamiento de la Justicia para garantizar la impunidad de aquella corrupción que ustedes no objetaron. Y no lo hice diez años después como parte de una revisión autocrítica sino en el momento en que esas cosas estaban sucediendo. De modo que no necesito lecciones sobre seguridad jurídica e integridad pública. La seguridad jurídica no consiste en mirar al futuro, como proponen ustedes, sino en tomar en cuenta todo el proceso y verificar si hubo apartamientos de la legalidad vigente en cada momento. En abril de 1991 la ley de convertibilidad estableció que no se reconocería ningún tipo de indexación en ningún contrato. Sin embargo las tarifas de los servicios privatizados primero se dolarizaron y luego se indexaron por el índice de precios mayoristas de los Estados Unidos, que en esa década crecieron un 17% mientras en la Argentina disminuían un 2%. Esto carece de toda racionalidad económica y es un escándalo ético. ¿Qué pensarían de eso Karl Popper y los miembros del Instituto de Etica Global que usted integra? De modo que la ley de emergencia económica no es una injerencia indebida del Congreso en los contratos ni altera la seguridad jurídica. Por el contrario, cuando dice que todas esas indexaciones 'se mantienen derogadas a partir del 1° de abril de 1991', restituye la seguridad jurídica violada por decretos y resoluciones de jerarquía inferior a la ley".

Que veinte años es nada, cantaba Gardel.

 

 

 

 

 

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