El más duro entre los duros, como se definió alguna vez, no podía faltar al debate. Maximiliano Pullaro fue uno de los primeros en cuestionar la resolución de la jueza Marta Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires hasta la intervención de la Cámara de Apelación en lo Penal de Lomas de Zamora. El gobernador de Santa Fe aprovechó la ocasión para volver sobre su idea fija, “el garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”.
Pullaro fue todavía más enfático el 3 de septiembre, cuando inauguró la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, una cárcel con 891 plazas. Entonces convocó a “combatir ideológicamente” y “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país y que ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”.
El discurso del gobernador coincidió con otro episodio en principio desconectado de la discusión. Una investigación de la Justicia Federal determinó a fines de agosto que los jefes de la Brigada de Microtráfico de la ciudad de Venado Tuerto, en el sur provincial, protegían a un narcotraficante. El caso es un revival de otro que afectó a Pullaro cuando era ministro de Seguridad en Santa Fe y demuestra la persistencia de las prácticas de corrupción que atraviesan a la policía de mano dura.
Danilo Grossi y Brian Duclo, los jefes de Microtráfico detenidos a fines de agosto, reprodujeron así el antecedente de Alejandro Druetta, un comisario que entusiasmó a Pullaro como ejemplo de la lucha contra el crimen y terminó condenado a nueve años de prisión porque en realidad organizaba el narcotráfico que decía combatir en Venado Tuerto, y antes en Rosario y Villa Constitución.
El caso actual introduce otra variable: uno de los jefes se defendió diciendo que tiene deudas y el otro trabajaba también como chofer de una aplicación. Pese al aumento de sueldos concedido por el gobierno provincial después de la protesta de febrero, la situación económica para la mayoría de los componentes de la fuerza no está resuelta y el pluriempleo lleva a que los policías se integren dentro de estructuras ilegales, como la oficial del Comando Radioeléctrico de Casilda detenida el 16 de septiembre como parte de una organización de prestamistas informales.
El gobernador de Santa Fe pone en juego una carta con la que pretende evitar cualquier debate: la disminución de los homicidios dolosos. El logro habría sido el resultado de poner más policías en la calle y del respaldo sin fisuras a sus intervenciones. Pero el enaltecimiento de la mano dura y la prédica contra el “garantismo” tienen un costo creciente en episodios de violencia institucional y de corrupción.
Pro violencia
La muerte de Mauro Daniel González en una celda de la comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, el 18 de enero, expone el reverso de la supuesta eficacia de la mano dura. González tenía 35 años y sus vecinos del barrio Yapeyú llamaron a la policía ante una crisis de salud mental. Pese a las pistolas Taser que resolverían ese tipo de situaciones sin más trámite, cuatro policías del Comando Radioeléctrico de Santa Fe recurrieron al viejo método: golpes y bastonazos a discreción antes de cargarlo en la caja de una camioneta y dar vueltas por la capital provincial para llevarlo por fin a la comisaría, por lo que ahora están imputados de torturas seguidas de muerte.
Pullaro pidió “prudencia” para considerar la responsabilidad de los policías en la muerte de González. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció por su parte que el Estado provincial asumirá los costos de la defensa de los detenidos y de otros cuatro agentes que están en libertad y siguen vinculados al proceso.
En su etapa como ministro de Seguridad de Santa Fe (2015-2019), el actual gobernador pagó en secreto y con gastos reservados la defensa de policías acusados por la desaparición, torturas y muerte de Franco Casco, un albañil de Florencio Varela que tuvo la desgracia de cruzarse con agentes de la comisaría 7ª de Rosario en octubre de 2014. Casco fue alojado en “la jaulita”, como llamaban los policías a una celda utilizada para torturas, y su cuerpo apareció en el río Paraná. Ahora el gobernador repite el gesto de defender a policías acusados por un crimen y lo hace público, como parte del cariz “pro policía” con que define su gestión, asimilando seguridad al respaldo de la violencia institucional.
La muerte de Mauro Daniel González tiene otra consecuencia en esa dirección: el gobierno de Santa Fe presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para que el Estado asista a policías acusados de violencia con un cuerpo especial de defensores. La justificación es el sesgo “anti policía” que tendrían algunos fiscales provinciales y de nuevo el demonio del gobernador, el garantismo.
Tales alarmas parecen infundadas. La eficacia del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para perseguir la violencia y la corrupción institucional no es precisamente óptima y la escasa movilidad de las causas explica que policías denunciados acumulen cargos y se mantengan en funciones. Uno de los torturadores de González ostenta así una causa previa por vejaciones, daños y falsedad ideológica de instrumento público. La misma comisaría es además objeto de una investigación por cobro de coimas para devolver objetos secuestrados o suspender la aplicación de la ley: dos policías fueron condenados por este motivo y otro, el subjefe Roque Oscar Romero, está imputado.
Los casos que llegan a juicio parecen problemas aislados pero en conjunto revelan la supervivencia del “cuentapropismo de la corrupción” en la fuerza, según la definición del criminólogo Enrique Font. En el mes de julio, dos policías de la brigada motorizada de Rosario fueron condenados a prisión efectiva por el cobro de sobornos y la protección a una vendedora de droga del barrio Parque Casas. El mismo mes, otros dos policías que provenían de la Brigada de Microtráfico cayeron en Villa Gobernador Gálvez, donde protegían a una banda narco y habían fraguado allanamientos para perjudicar a la competencia.
El problema no se restringe a Rosario. En junio, Ariel Fernando Sena y Stefanía Oviedo, jefe de calle y agente respectivamente de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Reconquista, filtraron información sobre allanamientos contra una banda en la localidad de Avellaneda, por lo que la mayoría de los dieciocho allanamientos ordenados por el fiscal Sebastián Galleano no dio ningún resultado. La investigación reveló que los policías tenía un tarifario para brindar servicios a narcos: “la avisadita cuesta medio millón de pesos”, relató una testigo.
En mayo, el suboficial Guillermo David Toledo de la Policía de Acción Táctica de Rosario fue condenado a 8 años de prisión por torturas, detenciones y allanamientos ilegales al frente de un grupo de policías que se apropió de 50.000 dólares y de entre 12 y 15 kilos de cocaína. Parte de la droga fue vendida en la ciudad de Santa Fe; otros seis integrantes de la banda policial (algunos con antecedentes por delitos previos) habían sido condenados en juicios abreviados. Este caso expuso además que, así como suelen portar armas no declaradas para fraguar procedimientos, hay policías que cuentan con instrumentos de tortura, como la picana que manejaba Toledo en sus interrogatorios.
En el mismo mes, dos policías de la comisaría 15ª de Rosario fueron denunciados por exigir el pago de 300.000 pesos a cambio de no allanar los domicilios de dos personas que habían sido liberadas. Este caso, como los anteriores, expone los riesgos a que se expone la provincia si sus legisladores aprueban el paquete de leyes enviado por Pullaro a la Legislatura provincial para la reforma del Código Procesal Penal, la ley de ejecución penal, el régimen de inteligencia, el programa de recompensas y las facultades policiales.
El paquete está ausente del debate político en Santa Fe. La única declaración pública corresponde al documento “Sin Políticas Democráticas no hay Seguridad Ciudadana”, en el que investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) advierten sobre las consecuencias de la amplificación de los poderes policiales, penitenciarios y de las fiscalías que promueve el gobierno de Pullaro.
En caso de aprobarse las reformas, policías y fiscales podrán interrogar a las personas sin la presencia de un abogado defensor y mantenerlas detenidas 48 horas; juzgar en ausencia; allanar sin orden de un juez; definir la peligrosidad de una zona o un barrio para intervenir de manera “especial” y fijar horarios, modos de circulación y requisas de los vecinos; interrogar a cualquiera que resulte sospechoso.
“La pregunta es quiénes serán los que finalmente definan sobre todas esas potencialidades –dicen los investigadores de la UNR y la UNL—. Pues bien, el proyecto de ley le asigna ese poder a la policía y a la justicia, más particularmente a la fiscalía, quitando del centro de la escena a la autoridad judicial que, en términos constitucionales, fue la histórica figura de la imparcialidad. Pero la pregunta subsiguiente es, ¿a qué policía le estamos otorgando estas facultades?”
La respuesta se encuentra en los casos señalados. Y a la luz de la experiencia habría que agregar otra preguntarse además si bobo es el que exige el respeto de derechos y garantías constitucionales o el que defiende la mano dura a pesar de los antecedentes más que sabidos en Santa Fe, que vinculan la violencia institucional con la corrupción.
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