¿Quién se hace cargo de los pobres?

El acuerdo con el FMI nos deja con un ajuste feroz y sin políticas sociales

 

Desde principios de año he perdido contacto con los lectores del Cohete a la Luna y ello se debe a una serie de inconvenientes personales que me afectaron y que redundaron en la confirmación de que padezco cáncer de hígado. No lo comento para que alguien sienta lástima, ni nada parecido. La enfermedad no me produce ningún miedo. Siempre creí que la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay nada que temerle. Lo cuento por dos razones: una para disculparme con El Cohete y la otra porque creo que, cuando una persona llega a una situación límite, deja de expresarse con la razón para pasar a exponer sus ideas a corazón abierto. Eso me pasa hoy a mí. Quiero transmitir ideas que surgen del fondo de mi corazón, sin importarme si son o no políticamente correctas.

Durante el debate sobre la aprobación del acuerdo con el FMI, los medios de comunicación se desgañitaron departiendo sobre cuestiones menores y el debate serio que requería la hora se banalizó de una manera impensada. En vez de dar a conocer la realidad, cruda o no, todo se limitó a exaltar a los que votaban de una forma y a vilipendiar a aquellos que pensaban de manera contraria.

Fue un auténtico desatino informativo. La verdadera discusión era quiénes se hacen cargo de pagar y esto no apareció en ningún lado. Creo que cada uno votó como se lo indicaba su conciencia y la forma en que se defendían mejor o peor los intereses nacionales. Debo decir que valoro mucho la renuncia de Máximo Kirchner porque es ética, es valiente y sobre todo, honesta. Simplemente no estaba de acuerdo y renunció. Raúl Alfonsín enseñaba que era preferible acostumbrarse a perder elecciones que hacerse de derecha.

Pero, como mencionaba, los comunicadores se olvidaron de poner sobre la mesa lo más importante, que es quién paga. Creo que nadie duda de que tarde o temprano las deudas hay que pagarlas, por más que sean mal habidas. Sin embargo, lo que es intolerable es que quienes hicieron la trapisonda de endeudarnos ahora quieran dar explicaciones paternales de cómo se debe proceder. Encima, cuando alguien habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se hacen los patriotas y denuestan a quienes piensan distinto.

En mi opinión, los grandes sectores de poder deben hacerse cargo de la deuda. Ellos pidieron un crédito a un usurero internacional: el FMI; lo trajeron a través del mercado financiero –el que se quedó con una tajada–; luego lo fugaron al extranjero y ahora pretenden que lo paguemos entre todos. Por ello insisto con que el gran debate debería ser que quienes se beneficiaron paguen por el daño que han causado.

Todos escuchamos mil veces que los jubilados no tendrán pérdida alguna. ¿Es verdad o es una falacia más del acuerdo? En otras palabras, ¿hay ajuste en el sistema previsional? Estoy seguro de que si estas preguntas se las trasladamos a una persona del común a raíz de un debate superfluo y grotesco en los medios, rápidamente nos contestará que no. Lamento desilusionarlos: en los próximos meses asistiremos a un ajuste que jamás pensamos que viviríamos. Los beneficiarios y los que deberían beneficiarse del sistema previsional serán víctimas de una gran mentira, que descubriremos con solo razonar un poco. En junio vence lo poco que queda de la moratoria previsional. A partir de allí, para obtener una jubilación, una mujer tendrá no solo que cumplir 60 años de edad, sino que deberá tener 30 años de servicios con aportes. Pero ocurre que, en la Argentina, 7 de cada 10 mujeres no tendrán los años de aportes necesarios para obtener una jubilación al cumplir los 60 años de edad. En el caso de los hombres, más de la mitad no tendrán los años requeridos de aportes. Por lo tanto, la disminución de la cobertura será feroz. En la actualidad, alrededor de 9 de cada 10 personas que cumplen la edad estipulada han obtenido una jubilación o pensión. Si no se dicta una nueva moratoria, pasarán a obtener un beneficio sólo el 45% de las personas que alcancen la edad correspondiente.

Si esto no es ajuste, no entiendo a qué se le llamaría ajuste. Como dicen los comunicadores, un gesto vale más que mil palabras, por ello los invito a releer el discurso del Presidente del 1° de marzo en el inicio a las sesiones ordinarias. Observen qué tiempo le dedicó a la ANSES, la institución responsable de otorgar las jubilaciones y pensiones. Como un chico que agarró un caramelo y lo esconde para que nadie lo vea, sencillamente optó por ignorar la existencia de la ANSES. Todo lo que escuchamos en ese discurso sobre jubilaciones es lo acordado con FMI, pero de lo que va a ocurrir en nuestro país, ni una palabra.

Respecto de las políticas sociales, en el mismo discurso ponderó dos políticas ya aplicadas por PAMI, y respecto del Ministerio de Desarrollo Social, la única novedad es que no habrá más planes sociales y los que hay se irán eliminando a través de la entrega de herramientas a los destinatarios.

En conclusión, el acuerdo con el FMI nos dejó con un ajuste feroz y sin políticas sociales. El gobierno renunció ex profeso a las políticas masivas de protección social, y yo creo que además de un desvío ético es un grave error político. Está bien que le haya declarado la guerra a la inflación, sin embargo, la baja de la inflación es una cuestión necesaria, pero no suficiente.

Veamos qué pasó en los 40 años de democracia:

  1. Alfonsín no logró hilvanar un proyecto de protección social, y más allá de la crisis económica, perdió las elecciones.
  2. Carlos Menem, en el primer período, pagó con un bono las deudas previsionales e implementó el régimen de capitalización, lo que inundó los medios de comunicación con las maravillas que vivirían los jubilados. Se creó un discurso único con un tremendo engaño, que le permitió ganar las elecciones de medio término. Pero en el segundo mandato la verdad salió a la luz: las promesas no se cumplieron y el ajuste se hizo visible con toda nitidez. Entonces fueron los jubilados en lucha quienes enfrentaron al gobierno y Menem –otrora superpoderoso– mordió el polvo.
  3. Fernando de la Rúa no solo no tuvo política social, sino que les descontó el 13% de los haberes a los jubilados. Terminó en un caos, con muertos y heridos.
  4. La llegada de Néstor Kirchner al gobierno cambió todo. Implementó el Plan de Inclusión Previsional, que rápidamente incorporó a todos aquellos que tenían la edad para jubilarse. Al día de hoy fueron incorporadas más de 4 millones de personas. Ganó las elecciones.
  5. Cristina Fernández redobló la apuesta e implementó la Asignación Universal por Hijo (AUH). Re-estatizó las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), estableció la fórmula de movilidad jubilatoria, prorrogó el Plan de Inclusión Previsional y creó Conectar Igualdad, entre otras medidas. Por más que la inflación ya rondaba el 20%, ganó las elecciones con el 54% de los votos válidos.
  6. La llegada de Mauricio Macri al poder significó que los beneficiarios perdieran el 20,5% del haber real. También se comió el 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sólo era cuestión de esperar que llegaran las elecciones: perdió rotundamente.
  7. Alberto Fernández no ha logrado a la fecha crear una alternativa social. El resultado de las elecciones de medio término debería servirle para entender que sin políticas sociales inclusivas, nadie gana las elecciones. Por más que logre inflación cero, si no hay política social, perderá en las urnas.

 

 

Cristina Fernández en la presentación de la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional en junio de 2014.

 

 

En pocas palabras, nadie en democracia ha logrado ganar una elección sin la implementación eficiente de políticas sociales. No es simplemente una afirmación, es una realidad histórica inexorable. Yo apuesto al éxito de este gobierno, pero es imprescindible que haga realidad aquello de que “entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados”, que Alberto Fernández repitiera hasta el cansancio durante la campaña electoral. Llegó la hora de hacerlo realidad. Es ahora, ya que pronto será tarde. Hay que concentrar los esfuerzos en la implementación de un nuevo Plan de Inclusión Previsional y la puesta en marcha de un Ingreso Básico Universal que dé cobertura a todos aquellos que se encuentren en estado de indigencia, primero, para luego avanzar sobre quienes viven debajo de la línea de pobreza.

Seguramente los sectores de poder dirán que ello generaría déficit fiscal. Una vez más, ello es falso: con solo eliminar en forma paulatina la disminución de las contribuciones patronales implementadas por Domingo Cavallo durante el menemismo y romper los privilegios impositivos de los que gozan las grandes empresas, alcanza y sobra para financiar un plan de estas características.

Quiero llamar la atención sobre algo que siempre flamea por encima de cualquier discusión. Es el tema de la edad jubilatoria, o más bien, la fecha en la cual el empleador puede emplazar al trabajador a que se jubile. Una vez más se incluye esta cuestión en el debate, supuestamente, por parte del FMI. Es otro manto de humo para ocultar la verdadera discusión. Si una persona mayor sigue trabajando más allá de la edad jubilatoria, ocupa un lugar que podría corresponder tranquilamente una persona joven, franja donde pega más la desocupación y la pobreza. Por otro lado, si el empleador tiene necesidad de ese trabajador por su especialidad, puede dejarlo jubilarse y luego recontratar al trabajador o bien puede mantenerlo mientras entrena un reemplazo, pero siempre debe obedecer a casos excepcionales. Pero que el Estado promueva mantener estratificados a los trabajadores que tienen los requisitos para jubilarse, me parece un desatino imperdonable.

Quizás algún desorientado piense que soy muy exagerado en mi diagnóstico de una falta total de políticas sociales. A ese le digo que es público y notorio que en 2021 la economía creció más de un 10% –una gran noticia, por cierto–, pero la gran pregunta es: ¿quién se quedó con ese 10%? Los trabajadores no, porque el salario de los activos apenas alcanzó la inflación; los jubilados, tampoco, los haberes apenas superaron por unas décimas la inflación; los planes sociales, claro que no. Entonces, reitero: ¿quién se quedó con el 10% del crecimiento del PBI? La respuesta es contundente: los mismos de siempre, el poder real, la oligarquía o como quiera llamarla. Puede que piense que el 10% son unos pocos pesos, pero le cuento que todo el sistema previsional no alcanza a usar esa cifra.

Quisiera finalmente mostrar el impacto fenomenal de las políticas sociales. Mientras escribía estas líneas, cayó en mis manos una nota de Natalí Risso que recoge datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de UCA. Allí se muestra que si no existiera la AUH, la indigencia sería del 34%, pero por su efectividad, es del 18,5%. Es decir que una simple política social focalizada y condicionada disminuye la indigencia un 15,5%. Imagínese, amigo lector, lo que podría hacerse con un Ingreso Básico Universal. Lo escribo y me emociona el pensar lo simple que sería aplicar una política de estas características, el resultado impactante que se lograría, la fiesta popular que generaría la desaparición de la pobreza. Todo ello se encuentra paralizado por un grupo de egoístas que se quedan con el esfuerzo del pueblo argentino.

 

 

 

 

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