Nada de lo ocurrido alrededor de Milagro Sala es abstracto. Tiene nombres, cargos y firmas.
Tiene fechas, decisiones reiteradas y un objetivo político preciso: disciplinar la organización popular, indígena y territorial en Jujuy y enviar un mensaje aleccionador a toda América Latina.
En el primer anillo, el del Poder Ejecutivo, la responsabilidad es directa. Gerardo Rubén Morales inauguró el ciclo con declaraciones de culpabilidad anticipada, decretos punitivos y pedidos de fuerzas federales. Ekel Meyer, desde el Ministerio de Seguridad provincial, ejecutó operativos, detenciones y despliegues. Patricia Bullrich, desde el Estado nacional, habilitó el respaldo represivo. Aquí se definió al “enemigo”: la Tupac Amaru y su principal referente.
En el segundo anillo, el del Ministerio Público de la Acusación, la persecución se volvió técnica.
Sergio Enrique Lello Sánchez apareció como nodo central de un esquema que reabrió causas prescriptas, sostuvo imputaciones múltiples, presionó testigos y toleró —cuando no promovió— prácticas extorsivas. Lo acompañaron fiscales que actúan de manera coordinada: Diego Cussel, Aldo Lozano, Darío Osinaga, Walter Rondón, Diego Funes. No investigaron para esclarecer hechos: investigaron e investigan para sostener la prisión.
En el tercer anillo, el del Poder Judicial ordinario, la legalidad se redujo a un trámite. Jueces como Pablo Pullen Llermanos, Gastón Mercau, Mario Ramón Puig, Ana Carolina Pérez Rojas y María Margarita Nallar firmaron detenciones sucesivas, condenas agravadas y nulidades selectivas.
La prisión preventiva se transformó en pena anticipada; el proceso, en castigo.
En el cuarto anillo, el del Superior Tribunal de Justicia, el sistema se blindó y se sinceraron las motivaciones. Clara Aurora De Langhe de Falcone lo expresó sin rodeos: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre”. Pablo Baca lo confirmó luego en audios: Sala está presa por razones políticas. La ampliación del tribunal y la conformación de mayorías afines al Poder Ejecutivo completan un dispositivo diseñado para que ninguna decisión judicial altere el resultado buscado.
Frente a este entramado, Milagro Sala permanece presa. Sus coimputados recuperan la libertad. Las causas se caen, se anulan o se declaran armadas, pero la condena persiste. La regla es explícita: el cuerpo que debe permanecer encerrado es el de una mujer indígena, dirigente popular, capaz de organizar desde abajo.
Este texto no busca equilibrio ni neutralidad. Toma partido. Afirma que hubo —y hay— un plan sistemático de judicialización de la protesta social. Afirma que el derecho fue utilizado como arma política. Afirma que el castigo no es solo contra una persona, sino contra una forma de organización colectiva que disputa poder, territorio y dignidad.
Diez años después, el caso sigue interpelando a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y pueblos originarios del continente. Milagro Sala no continúa presa porque existan pruebas firmes, sino porque el sistema judicial decidió dar por probados supuestos: expedientes sin documentos originales, fotocopias sin respaldo verificable, hechos denunciados sin fechas precisas, imputaciones que no logran ubicarla formalmente en actas de cooperativas ni en decisiones administrativas comprobables.
No hay balances firmados por ella, no hay actas constitutivas que la incluyan, no hay constancias documentales completas. Hay relatos fragmentarios, causas reactivadas fuera de plazo, testigos presionados y procesos rearmados. Y, aun así, la condena se sostiene. No por la fuerza de la evidencia, sino por la voluntad política de que el encierro continúe.
Por eso este no es solo un caso judicial: es un caso de poder. Un poder que castiga sin necesidad de probar, que convierte la sospecha en certeza, la fotocopia en verdad y la prisión preventiva en destino. Nombrar a los funcionarios que integraron cada uno de estos anillos no es revancha ni retórica: es memoria política. Porque sin nombres no hay responsabilidad, y sin responsabilidad la injusticia se repite.
Mientras Milagro Sala siga presa en estas condiciones, no estamos frente a una justicia severa, sino frente a una justicia degradada. Y esa degradación no daña solo a una dirigente social: erosiona el Estado de derecho, vacía la democracia y amenaza a toda organización popular que se atreva a disputar poder desde abajo.
* El Colectivo Yarará es un dispositivo político-comunicacional. Escribimos contra la violencia imperial, el saqueo y el negacionismo. Defendemos la vida, los territorios y la memoria activa.
No somos neutrales: nombramos lo que otros callan. Palabras como forma de resistencia.
Solidaridad entre pueblos agredidos.
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