REBELIÓN EN LOS ALPES
La crisis climática impacta cada vez más la vida cotidiana suiza, la política partidaria e institucional
Un centenar de policías al mejor estilo RoboCop, armados hasta los dientes, provistos de topadoras, unidades móviles con escaleras mecánicas y un significativo apoyo logístico, se despliegan en el trasfondo idílico de las primeras estribaciones alpinas del cantón de Vaud, a escasos kilómetros de Lausana, la capital del mismo.
Es el mediodía del último martes de marzo. No se trata de una práctica de la tropa. Avanzan, con megáfono en mano, demandando la rendición enemiga para reconquistar la colina de Mormont, de algo más de 600 metros, un estratégico punto geográfico divisorio de las vertientes de los ríos Ron y Rin.
Lanzan la orden de asalto y el paisaje de postal se transforma en un ambiente surrealista, más cercano al de un conflicto bélico que al de una mañana primaveral helvética. Enrarecido por los gases lacrimógenos y las balas de caucho de la policía, así como por las piedras y los fuegos artificiales de la resistencia no violenta del centenar de jóvenes ambientalistas posicionados en ese lugar desde el pasado 17 de octubre. Ese día, poco más de cinco meses atrás, esta comunidad de resistencia instaló en la Colina de Mormont una “Zona a proteger” (ZAD), la primera en la historia suiza. Un recurso que desde años los militantes ecológicos de Francia vienen desplegando para oponerse a megaproyectos invasivos.
Hace unos cuantos días, las autoridades políticas del cantón comunicaron la disposición jurídica de desalojar la colina a fines de marzo. Paradójico: la ministra de Seguridad que ordenó la ejecución del desalojo es una histórica militante “verde”, ahora miembro del gobierno cantonal. Gracias a esta coincidencia, casi seguramente se pudo evitar que la represión fuera excesivamente violenta con un eventual alto costo humano.
De poco valió la movilización ciudadana de las últimas semanas, incluso en las calles, en apoyo a los ambientalistas, para impedir su desalojo. Tampoco la solidaridad activa de personalidades de primer nivel mundial, como el Premio Nobel de la Paz Jean Dubochet, ciudadano suizo que reside muy cerca del lugar, aceptado como mediador en el conflicto. O la de Jean-Pierre Restellini, quien fuera presidente de la Comisión Nacional contra la Tortura, una prestigiosa entidad oficial. Tampoco parece importarle al operativo policial la simpatía creciente de la opinión pública que los jóvenes se ganaron en este casi medio año de ocupación. En gran medida, por sus sacrificios diarios, ya que ningún suizo ignora cómo han soportado el rigor del invierno alpino en carpas de campaña o en cabañitas improvisadas y en garitas de protección en las copas de los árboles. Todo ese sacrificio, por su afán de evitar que se siga destruyendo el medioambiente. Todo por el clima.
A muy pocos metros de la ZAD, en medio de ese ambiente natural casi mágico, la empresa suiza Holcim explota desde 1953 las reservas de la colina, destripando a diario el paisaje idílico con una cementera a cielo abierto. Esta situación se agravará muy pronto porque un veredicto jurídico ha autorizado a la Holcim a extender su actividad extractiva.
Lafarge Holcim, corporación franco-helvética, es una de las transnacionales más poderosas del mundo en el sector de la construcción. Tiene su sede en el cantón suizo de Zoug, considerado como un verdadero paraíso fiscal. Según la agencia española de noticias EFE, su beneficio neto en 2019 aumentó un 49.5% y totalizó los 2.246 millones de francos, casi la misma cifra en dólares estadounidenses. Cuenta con filiales o presencia activa en unos setenta países. Pretendiendo adaptarse a las exigencias actuales, la multinacional intenta introducir en su léxico de mercadeo consignas por demás sospechosas como “un medioambiente construido de forma durable” o “a favor de un clima responsable” (https://www.holcim.ch/fr).
Sin embargo, como señalan los jóvenes ambientalistas, ese mismo cemento convertido luego en hormigón —que desangra a la colina de Mormont y a centenares de otras canteras en el planeta—, es el responsable de 7 a 8 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Sólo el carbón, el petróleo y el gas tienen un mayor impacto de efecto invernadero. Además, la elaboración del hormigón requiere un 10 % del total planetario del agua para uso industrial, con impacto directo en muchos países que sufren de sequías crónicas.
El cemento es un componente de impacto devastador con una impronta de carbono muy alto. Su transformación devora grandes cantidades de energía debido a que la materia prima requiere temperaturas de casi 1.450 grados. Por otra parte, el dióxido de carbono resultante de este proceso de descarbonización de su principal materia prima es responsable del 60% de la contaminación química generada por el sector de la construcción.
Los jóvenes ambientalistas desalojados de la colina –sesenta y dos de ellos han sido fichados por la policía, lo cual aumenta el riesgo de demandas legales en el futuro— lograron poner el dedo en una llaga de dos capas: denunciar la destrucción de esta región del cantón de Vaud y, fundamentalmente, cuestionar ante la opinión pública el impacto negativo sobre el medioambiente de la actual civilización del cemento, la que se extiende diariamente sin que nadie pueda pararla o revertirla.
Especulación financiera anti-clima
Casi por casualidad, un día después del desalojo de Mormont, un informe financiero internacional reveló que Suiza se sitúa en el “último lugar entre sus vecinos europeos” en materia de esfuerzos para reducir sus inversiones en sectores más agresivos contra el clima.
A la luz de las actividades contables del Banco Nacional Suizo (BNS) y de la Autoridad Federal de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA, en alemán), dicho informe califica a Suiza con apenas veinticuatro puntos sobre ciento treinta posibles. La mayoría de los puntos conseguidos por el BNS se debe a su decisión de diciembre de 2020 de excluir de su cartera a todas las empresas cuya actividad principal sea la carbonífera. Sin embargo, la decisión del BNS de no invertir más en el esa área es en gran medida simbólica: sólo se aplica a un volumen muy limitado de activos y está muy por debajo de las normas habituales de financiación sostenible para los inversores institucionales.
El último estudio de la organización no gubernamental Positive Money, titulado The Green Central Banking Scorecard, analiza y compara la actuación en materia de protección ambiental por parte de los bancos centrales del Grupo de los 20 (G20), el cual aglutina a las naciones más enriquecidas del planeta. Dicho informe continúa muy de cerca la publicación de la semana anterior, Adapting Central Bank Operations to a Hotter World (Adaptación de las operaciones de los bancos centrales a un mundo más caliente), publicada por la Red para la Ecologización del Sistema Financiero. Esta concluye que “los bancos centrales deben hacer más para combatir el calentamiento global”. Aunque formalmente Suiza no forma parte del G20, el estudio de Positive Money la incluye en el informe.
David Barmes, economista de Positive Money y principal autor del estudio, dice que la crisis de 2008 demostró que los mercados financieros no pueden autorregularse cuando se confrontan con un riesgo sistémico; sin embargo, ante el fracaso por resolver la crisis climática, repetimos estos mismos errores a una escala aún mayor. Dicho informe fue elaborado con el apoyo de 24 grupos de reflexión de ONG y redes, entre las cuales, las suizas Pan para el Prójimo, Campax, el colectivo de desobediencia civil Breakfree, Coordinación Clima Justicia Social, Greenpeace y la Alianza Climática Suiza.
"Dado su peso como octavo inversor institucional del mundo, el Banco Nacional de Suiza tiene la gran responsabilidad de seguir con otras medidas tras este primer paso mínimo" de alejarse de las inversiones en el sector del carbón, comenta Christian Lüthi, director de la Alianza Climática Suiza. Al fin y al cabo, con sus enormes reservas de divisas, “continúa invirtiendo en centrales eléctricas de carbón y en empresas de petróleo y gas, contribuyendo así activamente a financiar el calentamiento global". Esta alianza, de una identidad crítica, está conformada por un centenar de organizaciones ONG para el desarrollo, el medioambiente, los derechos humanos, religiosas y sindicales (https://www.klima-allianz.ch/
El año pasado, Greenpeace Suiza denunció ante el parlamento que ni la Banca Nacional Suiza ni la FINMA estaban cumpliendo con su obligación legal de “proteger a la población de las consecuencias de la crisis climática”. Dicha denuncia será tratada en la Comisión de Gestión del poder legislativo (https://www.greenpeace.ch/fr/
La crisis climática mundial impacta cada vez más la vida cotidiana suiza, la política partidaria e institucional y la reflexión crítica de los ciudadanos. Nadie ni nada escapa ya a esta línea divisoria de aguas en la controversia sobre el tema del medioambiente. Si hasta hace algunos años se trataba de un debate minoritario y exclusivo de los sectores ambientalistas, hoy, la preocupación por el clima del planeta desborda todo: de la Colina de Mormont a las posiciones críticas de la Alianza Climática Suiza. Y encuentra a su paso sectores que, a pesar de sus diferencias, se la apropian de diferente manera. Algunos, presionando críticamente a instituciones, poderes financieros y mecanismos de inversiones. Otros, tal vez los más osados y generacionalmente más involucrados, desalojando una colina, aunque pensando desde ya en la próxima montaña.
- Desde Europa
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