A tono con lo que ocurre en el conjunto de la economía, y bajo impactos específicos, la cantidad de empresas recuperadas aceleró en los primeros dieciocho meses de gobierno anarcocapitalista una caída inédita en el siglo que la había visto convertirse en respuesta colectiva ante cada vaciamiento patronal.
La retracción, que comenzó durante el mandato de Alberto Fernández, contribuye al hábito de descomer que ya ha destruido casi 200.000 empleos formales. Los antagónicos colores políticos que pintaron el inicio y la aceleración de la pendiente interrogan por la modificación de pautas culturales y los grados de injerencia de políticas contradictorias o insuficientes hasta fines de 2023, y agresivas desde entonces.
El fenómeno fue relevado por el programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, que bajo la dirección del antropólogo Andrés Ruggeri monitorea desde 2002 la situación de fábricas, comercios y establecimientos abandonados por sus propietarios y sostenidos por quienes los hacían producir. Ese tesón hizo de la recuperación de empresas un recurso que, sobre todo ante la crisis que sepultó a la Convertibilidad, permitió preservar puestos de trabajo y producción.
El informe se publicará esta semana. El Cohete ofrece hoy un anticipo de sus principales conclusiones. Además de relevar al conjunto, Facultad Abierta recogió una encuesta sobre cerca del 10%, para conocer los principales problemas que lo aquejan cuando la experiencia de Javier Milei comienza su cuarto semestre.
Ecos de abismo
La dinámica del sector torna difícil un censo preciso y estable, porque existen empresas recuperadas que operan de hecho, o que fenecen o nacen primero y lo asientan después. Habitualmente la recuperación está prologada por un conflicto entre obreros y patronal, que logra en la agenda pública un lugar que no obtienen los cierres silenciosos. No obstante, se trata de márgenes de error mínimos, que no afectan a la conclusión general ni obstruyen un diagnóstico.
Facultad Abierta relevó que en la actualidad operan en el país 396 empresas recuperadas, que emplean a 13.843 personas. Los informes previos cifran en alrededor de mil los puestos de trabajo destruidos en un lustro, porque al finalizar la experiencia macrista el total se estimaba en 15.000.
En cuanto a la cantidad de unidades productivas, el último saldo favorable se produjo bajo el penúltimo ataque neoliberal, iniciado en diciembre de 2015: con el macrismo se anotaron 54 cierres, pero 69 nuevas recuperaciones. Fue con el Frente de Todos cuando comenzó un declive, con 31 bajas y 25 altas, aunque aún era posible atribuirlo a las dificultades de vinculación del bienio pandémico y la tenue recuperación económica posterior, que sin embargo no implicó una distribución acorde del ingreso.
Con Milei, la velocidad se ha incrementado. En sólo un año y medio se apuntaron media docena de cierres. La comparación con el periodo macrista arroja la novedad central: a diferencia de entonces, ante un proyecto que ataca a la producción y el consumo, la réplica de los despojados no llega bajo esa forma de resistencia a la destrucción. Con 12.000 empresas cerradas en el primer año violeta, sólo se alzó una recuperación.
Colectivos perdidos
Los colectivos que recuperaron empresas con mayor inserción en el mercado o capacidad de producción pudieron, en algunos casos, asegurar en los años kirchneristas una base de subsistencia. Como la escrituración de sus predios, frecuentemente codiciados por intereses inmobiliarios. La formalización dominial permite a las autogestionadas el acceso al crédito, pero menos de una docena y media de ellas pudieron conseguirlo. Las de menor envergadura suelen en cambio penar la inestabilidad sin red de contención, y la década ganada es sólo un recuerdo carente de proyección.
La incidencia de las cooperativas de trabajo en la actividad productiva total ofrece una explicación sobre la postergación de sus demandas cuando el programa económico se vuelca a la recuperación del conjunto del entramado nacional. Eso no la vuelve justificable, porque en periodos de expoliación como el vigente las consecuencias no se miden ya en incidencia sobre los totales, sino en el perjuicio concreto sobre vidas humanas, abandonadas a sus suertes.
El escaso alcance de las escrituraciones de los predios que operan es sólo uno de los puntos en que las administraciones kirchneristas resultaron deficitarias. En general, el equívoco de fondo ha sido conceptual: las cooperativas de trabajo, forma organizativa de autogestión obrera que incluye a las recuperadas, fueron asociadas con las políticas de desarrollo social y no de producción, lo que coloca en un plano menor la inserción en el entramado productivo o comercial.
Parte del sector lo reclamó arduamente por años, y como fruto de ello durante la presidencia de Alberto Fernández se ubicó al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Pero el cambio en el organigrama resultó insuficiente, porque las políticas no terminaron de implementarse, y el Ministerio de Desarrollo Social conservó un residual de programas. El arribo de Victoria Tolosa Paz a esa cartera añadió además el letargo de algunas políticas.
Tampoco se previó un andamiaje legal robusto de protección para el sector. Sólo dos provincias cuentan con legislación específica:
- la de Santa Fe permite a sus empresas autogestionadas un mayor umbral de supervivencia, declarándolas “de interés social” y asegurándoles asistencia técnica y trato preferencial en materia fiscal y de compras del Estado; mientras que
- la legislatura bonaerense declaró en abril de 2024 la emergencia en el sector y suspendió por al menos un año y medio los desalojos y cortes de servicios.
Bajo amparo de una u otra legislación quedan la mitad exacta de las empresas recuperadas del país y el 53,57% de los trabajadores y trabajadoras del sector, según relevó Facultad Abierta. El resto se distribuye en el amplio y diverso territorio nacional, con realidades disímiles pero un denominador común: la carencia de resguardos.
La ley del menos débil
La caída del empleo formal total torna difícil sostener que la de las empresas recuperadas se deba a la aparición de mejores oportunidades para sus trabajadores. Como la actividad predominante entre ellas es la industrial, rubro en previsible desplome ante la recesión y las importaciones de productos terminados, resulta más atinado explicar la baja en el número de empresas recuperadas por el programa económico en boga.
Sí es verosímil vincular la retracción del sector con el crecimiento del trabajo informal. En la encuesta que Facultad Abierta realizó sobre 34 unidades productivas recuperadas, de diferentes rubros y ubicación geográfica, el 74% indicó que sus trabajadores y trabajadoras necesitaron recurrir a otros empleos o “changas” para completar ingresos. En las grandes urbes acaban imponiéndose así las plataformas de transporte de pasajeros o mercaderías, antítesis de la salida colectiva que representa la autogestión cooperativa.
La persecución abierta desde el gobierno nacional también contribuye a la explicación: entre las diez mil cooperativas afectadas por cierres o apercibimientos, se encuentran 76 empresas recuperadas. Cuarenta de ellas vieron suspendidas sus matrículas. Como los colectivos que recuperan unidades productivas se organizan bajo formas cooperativas, cuyo funcionamiento formal debe aprobar el gobierno, sobre ellas pende la amenaza de la negativa oficial. De ese modo se las coloca ante la opción de cerrar o prescindir de encuadre jurídico, para operar en la informalidad.
Hasta el momento, el INAES se ha limitado a suspender a las entidades que evidenciaban falencias en sus presentaciones, sin indagar sobre las limitaciones que podrían motivarlas. Esa conducta incumple con la misión de “promoción y desarrollo” que el dictador Alejandro Lanusse encomendó como “fin principal” al Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Carlos Menem y Domingo Cavallo lo convirtieron en INAES en 1996, con cita a la ley de 1973 y expresa conservación de sus funciones. El destrato normativo de Milei adquiere, de ese modo, aristas novedosas ante precedentes que –contra lo que el nomenclador oficial pretende– no pueden catalogarse entre las experiencias populistas.
Velocidad de caída
A esa situación se añaden otros impactos directos o indirectos de medidas del oficialismo actual, como los tarifazos y la eliminación de programas sociales, que Facultad Abierta enumera en su informe, y la baja de líneas de microcréditos a la economía social que ya exploró El Cohete.
La encuesta formulada a 34 de las 396 empresas recuperadas ilustra cómo el programa económico ha afectado a un sector desprotegido de legislación y mayormente dependiente de la asistencia estatal: desde el 10 de diciembre de 2023, para
- el 79% la producción disminuyó;
- el 44% descendió su plantilla laboral; y
- el 62% acusó caída en los salarios.
La pregunta incómoda
La recuperación obrera de empresas se constituyó en una salida ante la orfandad patronal desde hace varias décadas. La primera experiencia de ese tipo fue la Cooperativa Industrial Textil Argentina, conformada en 1952 merced a una mediación del gobierno de Juan Domingo Perón, que permitió a los trabajadores comprar con sus indemnizaciones las máquinas de la patronal, para continuar la producción. A fines del menemismo vivió su primera gran crisis, que eludió con la venta de activos improductivos. Veinte años después, como efecto del programa macrista, ingresó en una agonía de la que no ha podido escapar.
La creación de empresas recuperadas tuvo un salto exponencial en el primer lustro del siglo, como saldo heredado de la década menemista. Durante los años siguientes, la contabilidad de nuevas recuperaciones tuvo altas y bajas, pero nunca superó aquel registro. Como contrapartida, desde 2020 ingresó en una pendiente de variaciones negativas que la ha llevado a un piso histórico.
En el informe de Facultad Abierta sobrevuela una pregunta de respuesta pendiente. Interroga tanto a las experiencias fenecidas como a la caída en la natalidad de nuevas: si la merma se debe sólo al programa económico o si constituye además otro síntoma del creciente fenómeno de la búsqueda de salidas individuales, con inédita vigencia.
Como contrapartida, un sector resiste en la apuesta por lo colectivo. Este año, la Federación de Cooperativas y Autogestionadas de Buenos Aires mutó su sigla de FEDECABA a FEDECARA, extendiendo su alcance a toda la República Argentina. Sus integrantes se identifican con experiencias de lucha obrera como la CGT de los Argentinos, que –indica su documento fundacional– deben recuperarse y recrearse “aunque parezcan a contramano de los tiempos”.
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