REPARACIÓN UNIVERSAL

Diálogo con Tomás Ojea Quintana de la Ford de Pacheco a las matanzas de Myanmar

Cuando se planificó esta entrevista, Tomás Ojea Quintana, abogado argentino de derechos humanos con amplio rodaje internacional, acababa de anotarse un triunfo al lograr que un tribunal argentino aceptara aplicar el principio de jurisdicción universal para juzgar los casos de seis mujeres víctimas del genocidio rohingya en Myanmar (ex Birmania), un país asiático donde las fuerzas armadas han librado en los últimos años una de las mayores matanzas contra una minoría étnica en el mundo, con más 25 mil muertos y cerca de 800 mil desplazados por la violencia. Ojea Quintana conoció en el terreno la persecución a los musulmanes rohingyas porque fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar entre 2008 y 2014 (hoy ocupa el mismo puesto para Corea del Norte). Durante décadas, el Estado birmano persiguió y oprimió al pueblo rohingya, que sufrió desde 2017 el recrudecimiento de una campaña militar de limpieza étnica en una región cercana a la frontera con Bangladesh, que diversas organizaciones humanitarias describen como una masacre de proporciones gigantescas.

De eso iba a hablar aquí Ojea Quintana, pero la actualidad impuso que Myanmar no fuera el único tema en su agenda. Después de casi treinta años de espera, el Estado argentino firmó esta semana un compromiso de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reparar los perjuicios sufridos por Pedro Troiani, ex trabajador y ex delegado gremial de Ford, secuestrado y torturado en la planta de la empresa en General Pacheco durante la dictadura y despedido durante su cautiverio, al igual que otros compañeros. La CIDH concluyó este año que el Estado argentino le negó el derecho a justicia a Troiani al considerar prescrito su reclamo de indemnización a la automotriz, pese a que su despido había ocurrido en el marco de una persecución política bajo el terrorismo de Estado. Troiani murió en agosto pasado, pero el caso sigue activo y es llevado adelante por su familia. El Estado finalmente se comprometió a cumplir las medidas de reparación recomendadas por la CIDH. Durante la firma del acuerdo en el Archivo Nacional de la Memoria estuvieron presentes la viuda y el hijo de Troiani, junto a su abogado de siempre: Tomás Ojea Quintana. De General Pacheco a Myanmar, el tema de fondo en esta charla es el mismo: cómo dar justicia a víctimas de crímenes de lesa humanidad bajo estrategias que exceden las fronteras nacionales.

 

 

Imágen: Fernando Gutierrez

 

El caso Myanmar

A través de la Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), una organización de exiliados rohingyas con sede en Londres, Ojea Quintana tomó contacto con las seis denunciantes de Myanmar: mujeres que fueron violadas y torturadas por oficiales del Ejército que asesinaron a varios de sus maridos e hijos. Actualmente ellas viven en el campo de refugiados más grande del planeta, en Bangladesh, mientras miles de rohingyas que aún permanecen en Myanmar, un país de amplia mayoría budista, se encuentran bajo un régimen de apartheid de hecho. En 2019, Ojea Quintana y BROUK presentaron los casos de las seis víctimas ante Comodoro Py bajo el criterio de la justicia universal, un principio de aplicación extraterritorial de la ley que supone que los crímenes contra la humanidad pueden y deben juzgarse en cualquier país sin importar dónde fueron cometidos los delitos ni la nacionalidad de los acusados o víctimas. Dos años después, la Sala 1 de la Cámara Federal les dio la razón y admitió la semana pasada que se abra una investigación en Argentina. Los jueces revocaron un fallo de primera instancia de María Servini de Cubría que había rechazado el pedido. Con traducción simultánea, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pudieron escuchar a las víctimas rohingyas a través de una videollamada. Entre los acusados ante la justicia argentina figura el general Min Aung Hlaing, comandante de las fuerzas armadas de Myanmar desde hace una década y autoproclamado primer ministro del país luego del golpe de Estado ocurrido este año, cuando los militares tomaron el poder en medio de una inminente guerra civil.

–¿Por qué Argentina les pareció una opción viable para presentar el caso rohingya?
–Primero porque el principio de jurisdicción universal ya se había aplicado en casos anteriores en el país. En otras naciones casi no existe en la práctica, pero en Argentina sí hubo tribunales que lo utilizaron. Segundo porque este principio se aplica en Argentina bajo una forma pura, sin condicionamientos. Hay otros países que aplican la jurisdicción universal siempre y cuando la víctima o el acusado se encuentren en el territorio donde se lleva adelante el proceso. En Argentina no existe ese requisito. Y tercero porque nuestro propio proceso de Memoria, Verdad y Justicia ofrece una larga experiencia en la definición e investigación de los crímenes de lesa humanidad, cómo tratar a las víctimas, cómo resolver cuestiones procesales y de penalidades. Cuando yo me reúno con el juzgado, ellos entienden de lo que les estoy hablando. De todas maneras, ante la pregunta de “¿por qué Argentina?”, uno también podría decir: “¿Por qué no?”. Las víctimas tienen derecho a buscar justicia allí donde haya jueces dispuestos a escucharlas.

–¿Cómo se hace para recolectar pruebas en un caso de estas características?
–Más allá de las complejidades, es muy importante que Argentina ofrezca el espacio para investigar un caso así. El genocidio rohingya es un caso modelo para el ejercicio de la justicia universal. Forma parte de una estrategia amplia de las Naciones Unidas, que de hecho ofrece recursos y facilidades para acceder a la prueba. La ONU tiene un ente llamado Organismo de Investigación Independiente para Myanmar cuyo mandato es recolectar pruebas, documentos y testimonios para preparar casos que puedan ofrecerse ante distintos órganos judiciales. Ese trabajo va a servir a esta investigación en Argentina. Están dadas todas las condiciones. Y además estamos hablando de genocidio, el crimen de los crímenes.

 

 

Myanmar

 

 

 

–¿Quiénes son las víctimas que denuncian?
–La denuncia que presentamos menciona a todas las víctimas del genocidio y señala tres momentos precisos, 2012, 2014 y 2016-2017, en los que se aceleró la campaña contra la minoría rohingya y finalmente se completó el proceso de genocidio. Más allá de ese cuadro general, decidimos circunscribir esta investigación a víctimas individuales para direccionar el caso. Las denunciantes son seis mujeres que vivían en el pueblo de Tula Toli, cerca de la frontera con Bangladesh, donde se cometieron las peores atrocidades. Fueron violadas grupalmente por los soldados y sus familias fueron asesinadas frente a ellas. Tuvieron que escapar de Myanmar a través de la frontera, al igual que casi 800 mil personas. Ahora viven alli en sus pequeñas chozas. Logramos identificarlas y aceptaron participar en esta causa bajo identidad reservada.

–¿Qué expectativas tienen respecto de lo que pueda hacer la justicia argentina?
–Para los rohingyas, el sólo hecho de que se haya abierto un proceso en Argentina es un mensaje categórico acerca de que lo que pasó en Myanmar es inadmisible. Más allá de la persecusión penal a los acusados, el juicio es un ámbito de escucha para las víctimas, ante jueces imparciales, y eso ya es un logro en sí mismo. El próximo paso concreto irá en dirección a probar lo que les ocurrió a ellas, y luego buscaremos identificar a los ejecutores directos y a quienes estaban a cargo de estas cuadrillas militares.

–Entre los acusados se encuentra el autoproclamado primer ministro actual de Myanmar. ¿Esta causa puede tener un impacto político allá?
–Para que te hagas una idea de la repercusión, ayer salió un comunicado del gobierno de Myanmar referido a esta causa. En un país que está al borde de la rebelión contra el nuevo gobierno militar, que las autoridades se tomen el tiempo de hablar del caso da la pauta del impacto que puede alcanzar. En la denuncia original aprovechamos la oportunidad para decir todo lo que había que decir. Mencionamos como posibles autores a quienes ejercen actualmente la autoridad política, incluyendo al actual líder de la Junta y en ese momento jefe de las fuerzas armadas; a la ex premier que dirigía el gobierno civil cuando se cometió el genocidio; a ciertos grupos religiosos budistas que favorecieron la diseminación del odio contra los rohingyas; a posibles cómplices de grupos económicos del genocidio; y a grupos políticos ultrafanatizados que promovieron el caldo de cultivo para la masacre.

 

 

Manifestación en Taipei, Taiwán, contra la represión militar en Myanmar tras el golpe de Estado, de marzo de 2021. Ceng Shou Yi (Getty). Diario El Pais de España.

 

 

–¿Es realmente posible esperar que este proceso termine en el cumplimiento de una condena?
— Primero, hay que avanzar en una investigación bien circunscripta de los casos de estas seis mujeres, para identificar a los militares operativos que estuvieron ahí y dirigir cualquier acción de justicia hacia ellos. Y después, eventualmente, ir hacia arriba. Existe doctrina internacional sobre la inmunidad de los jefes de Estado que hace compleja la cuestión, pero aún no es momento para discutir eso.

–¿Cómo fue el encuentro virtual entre los jueces argentinos y las vícitmas?
–Estaban las seis mujeres desde sus casillas en el campo de refugiados en Bangladesh, con doce horas de diferencia horaria, y el representante de BROUK con su vestimenta típica de rohingya. Se hizo todo con doble traducción simultánea. Fue una gran movida que funcionó muy bien, porque las mujeres pudieron decirle a los jueces argentinos: queremos justicia. Aunque era una audiencia técnica, el mensaje hacia afuera fue muy importante.

 

 

Mujeres sentadas en la carretera. Foto: Amnistía Internacional

 

 

El caso Troiani

Pedro Troiani falleció sin llegar a saber que la Cámara de Casación Penal confirmó hace un par de meses las condenas a dos exdirectivos de Ford por crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus trabajadores. Mucho antes del inicio de esa causa penal, Troiani había demandado al Estado argentino ante la CIDH por la falta de acceso a la justicia. Tras el regreso a la democracia, él y otros compañeros habían presentado demandas en el fuero laboral para cobrar sus indemnizaciones por los despidos mientras estaban cautivos. Pero la solicitud de Troiani fue rechazada bajo el argumento de que había vencido el plazo legal para reclamar. En 1992, representado por Ojea Quintana, Troiani llevó su reclamo ante la CIDH. Desde entonces la Comisión lo tuvo bajo análisis y los sucesivos gobiernos argentinos avanzaron en intentos de llegar a un acuerdo de “solución amistosa”, que nunca se concretó en casi tres décadas. Finalmente, la CIDH exhortó este año a la Argentina a que adopte medidas de reparación, bajo riesgo de que el expediente se eleve a la Corte Interamericana si el país no acata las recomendaciones que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Estado ahora sí se comprometió a cumplir.

–¿Por qué demoró tantos años la firma del acuerdo?
Desde el principio Pedro exigió que el poder judicial, incluyendo a la Corte Suprema, dejara de lavarse las manos y de aplicarle el criterio de prescripción en dos años a su reclamo de indemnización, lo cual constituye denegación de justicia y va contra la Convención Americana. Bajo el gobierno de Menem hubo negociaciones e incluso se barajó la idea de que el Estado pagara la indemnización que debía pagar Ford, pero después eso quedó parado. Luego la CIDH pasó por un proceso de reformas y cambios de autoridades que produjo parálisis. Pero para nosotros siempre fue muy importante mantener vivo este caso, porque era un expediente en el que indirectamente se planteaba el rol cómplice de Ford con la dictadura. Logramos mantenerlo activo pese a varios pedidos del Estado argentino para que se cerrara.

 

Pedro Troiani

 

 

–Y en paralelo se avanzó con la causa penal contra ex directivos de Ford en la justicia argentina.
–Sí, y mantuvimos informada a la CIDH sobre ese proceso que iba por otro carril. En 2004 también iniciamos una acción de resarcimiento contra la Ford Motor Company ante la corte de California, que al final quedó en la nada porque el estudio de abogados que nos acompañaba en Estados Unidos decidió retirarse del caso. Pero el objetivo último siempre fue el mismo: someter a juicio a la empresa Ford para que rinda cuentas por lo que sufrieron sus trabajadores.

–¿El compromiso de cumpimiento que se firmó ahora prevé que el Estado haga gestiones ante Ford para que reconozca públicamente su responsabilidad durante la dictadura?
–A nosotros el gobierno nos dijo que no puede asumir la obligación de que Ford se haga responsable, porque eso lo tiene que decir Ford. Claro que lo entendemos, y además se llevará adelante un juicio para que Ford se haga cargo legalmente, pero también creemos que debe haber una política proactiva del Estado para involucrar a la empresa en las cláusulas que prevé el acuerdo. Por ejemplo: que sus directivos sean convocados al acto público de asunción de responsabilidad que se hará en marzo próximo. También pedimos que se convoque a la CGT y al SMATA, que nunca tuvieron nada para decir de todo esto.

–Otro reclamo histórico de los trabajadores es la señalización del espacio donde funcionó un centro clandestino dentro del predio de General Pacheco.
–Para eso es importante que el Estado entre en diálogo con Ford. El secretario de Derechos Humanos nos dijo que se reunió con representantes de la empresa. Según nos dijeron, Ford había argumentado que había que esperar a que la condena penal a los ex directivos fuera confirmada. Bueno: ahora con el fallo de Casación la doble instancia ya está cumplida.

–¿Y de parte del Estado qué se espera tras la firma del compromiso?
–El caso ante la CIDH sigue abierto y aún no está resuelto. En primer lugar pedimos que el informe de la CIDH se haga público. Es importante dejar claro que esto no es un acuerdo de “solución amistosa”: la firma llegó después de una decisión de fondo de la CIDH que exhortó a Argentina a adoptar las medidas de reparación. Obviamente valoramos la decisión y voluntad de hacerlo, pero al Estado no le quedaba otra opción. Este acuerdo deja abierta la puerta a que, si no se logra hacerle un juicio a la empresa por el despido arbitrario de Pedro y sus compañeros, el caso pase a litigar en la Corte Interamericana. Una cláusula de lo firmado dice que el gobierno se compromete a plantear la imprescriptibilidad de las acciones civiles que deriven del caso Ford cuando los trabajadores inicien su demanda.

 

 

Escena del Juicio Ford. Ilustración: Federico Geller

 

 

 

–¿Cuál va a ser la estrategia para demandar a Ford en la justicia?
–Queda mucho camino por recorrer. La doctrina de prescripción en dos años para la indemnización está vigente en Argentina. O sea: la Corte Suprema entiende que las acciones civiles que se derivan de crímenes de lesa humanidad son cuestiones entre privados, de índole patrimonial, sin relación con el orden público. Eso es lo que la CIDH cuestiona. Estamos analizando los pasos a seguir, es un caso con muchas aristas y tenemos preguntas jurídicas complejas. Por ejemplo, si va a ser una demanda en la justicia civil por daños y perjuicios o si va a ser en la justicia laboral sólo con relación a los despidos. El acuerdo dice que tenemos seis meses para presentar la demanda.

–¿Cómo vivió Troiani las últimas novedades que llegó a conocer del caso?
–Vivía en la esquina de mi casa así que nos veíamos todas las semanas, teníamos una relación afectiva más allá de que yo era su abogado. Pedro tenía una voluntad de hierro en cuanto a lo que quería conseguir, que Ford pagara su responsabilidad, y eso traccionaba y cohesionaba a todo el grupo de los ex trabajadores. Con respecto al acuerdo, hasta el último día participó en las reuniones de negociación con la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba cien por ciento involucrado. El acuerdo estaba casi listo cuando él falleció. Murió esperando que se firmara. Y bueno: su esposa y su hijo lo hicieron en su nombre.

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