Retenciones, una batalla democrática

El constitucionalismo social y los derechos humanos limitan la propiedad en favor del desarrollo y la igualdad

 

El carácter y alcance del derecho de propiedad resulta un tema fundamental en relación a dos cuestiones clave en una sociedad periférica: la posibilidad del crecimiento y diversificación productiva, y la efectividad en progresar en sus objetivos de igualdad.

Tanto el constitucionalismo social como los documentos fundantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son tributarios de un paradigma de vigencia del derecho de propiedad en un sentido relativo. En cambio, el neoliberalismo tiene como uno de sus campos de batalla la reinstalación de una concepción absoluta de ese derecho.

La Constitución Argentina, sancionada en 1949 e inspirada en el primer enfoque, disponía que “la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común… el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”. El texto fue derogado por la dictadura instalada tras el golpe de Estado de 1955, y las políticas por ella establecidas perseguían la reinstalación de una Argentina liberal.

En las décadas del ’70 y el ’80, las políticas ofertistas que se impulsaron desde la contraofensiva Reagan-Thatcher recurrieron a la reducción de impuestos como lógica de estímulo a la inversión, estrategia que tuvo profundas consecuencias en la distribución del ingreso y la riqueza, favoreciendo un proceso de concentración y desigualdad.

Esas políticas de reducción de impuestos fueron proseguidas por ajustes del gasto público que, con un proclamado objetivo de equilibrio fiscal, han recortado el gasto social y despojado a las mayorías populares de derechos sociales. Vista desde un enfoque que recupera la economía crítica, la consecución de la lógica reducción de impuestos-reducción del gasto, más que ser un estímulo a la inversión, persigue dos objetivos: el aumento de la tasa de ganancia y la disminución del tamaño del Estado. Este achicamiento provocó la mercantilización de servicios que atienden derechos sociales y el recorte y simplificación de los roles del Estado en la economía. Los neoliberales sostuvieron estas reformas sustentándolas en una concepción del derecho de propiedad absoluto, sosteniendo que los bienes y servicios que atienden la salud, la educación, la vivienda y otros derechos económicos, sociales y culturales no llueven del cielo, sino que su producción tiene un costo. Les adjudicaban el carácter de falsos derechos. Esta corriente también reivindica una sociedad de mercado (concepto diferente a una economía con mercados), basada en el criterio que sostiene que la asignación de recursos debe provenir de los agentes privados, desplazando a la voluntad ciudadana de las decisiones del diseño estratégico de la sociedad, para confiarla a las señales de consumidores y productores, los primeros con desigualdades intensas en la distribución del ingreso, los segundos altamente concentrados. Contrariamente a las prescripciones del uso de la propiedad privada, que indicaba el enfoque relativo, el neoliberalismo concibe que su disposición y destino, como el de sus frutos, corresponden al propietario. Descalifica la planificación y pontifica que el estímulo que rige el “progreso” estaría determinado por la maximización de la tasa de beneficio de los propietarios de los medios de producción.

El problema del desarrollo, del crecimiento y de los avances en la consecución de la igualdad en la Argentina ha sido estilizada con precisión por diversos trabajos y autores, y tiene puntos en contacto con el de otros países dependientes. El estudio especial de FIDE “Rentabilidad de la producción sojera en la Argentina actual” explica con claridad que “existe en la Argentina una asimetría estructural entre los sectores agropecuario e industrial, derivada de una diferencia de origen en sus productividades relativas, que se explica tanto por la abundancia y riqueza de la tierra cultivable (especialmente en la zona núcleo de la Pampa Húmeda) como por el temprano desarrollo agropecuario en relación con el industrial. En otros países en desarrollo la desventaja estructural de la industria se manifiesta en relación con otros sectores, como el minero, petrolero, etc., dependiendo de las circunstancias históricas y geográficas”.

Así, el desarrollo de economías diversificadas por parte de estos países necesita de una política económica que intervenga con un dispositivo que estimule el crecimiento de los sectores con productividades inferiores. La cuestión no resulta secundaria, sino central para el desarrollo, porque los sectores con productividades menores resultan ser los de la manufactura industrial, que es un sector con gran capacidad de creación de empleo. Además, la posibilidad de desplegar procesos de industrialización completos, que no sólo sustituyan bienes de consumo sino también las maquinarias e insumos intermedios, y que también acepten el desafío de la competitividad exportadora, requieren de esa intervención. Más aun si se plantean el necesario objetivo de desplegar actividades ubicadas no sólo en los niveles de baja y media tecnología, sino en espacios de alta tecnología también.

El informe de FIDE subraya el papel de los macroprecios, cuyo nivel no resulta del solo impacto en el mercado en que se generan, sino que trascienden a toda la economía. La existencia de productividades estructurales diferenciadas otorga al nivel del tipo de cambio un carácter clave. Si el mismo está muy apreciado –dólar barato—, expresa una alineamiento con el sector de productividad mayor, disminuyendo las posibilidades de desarrollo diversificado de la economía y conduciendo a una especialización en los rubros más maduros, que en la periferia son —generalmente— perceptores de rentas por ventajas naturales. Si el tipo de cambio está muy depreciado, aunque exprese la productividad del sector más atrasado provoca un reducido poder adquisitivo de los ingresos populares y los salarios, que traba el desarrollo de un mercado interno. Lo que impide un adecuado punto de partida para una escala de producción industrial, siendo —también— un generador de desigualdad social.

La política económica de desarrollo, que además de diversificar la producción y perseguir el valor de la igualdad, amplíe la posibilidad exportadora, requiere que el macroprecio del tipo de cambio se desdoble. Un papel clave en ese sentido jugarían los derechos de exportación (las retenciones), con que se gravarían los productos primarios (en particular –en la Argentina— los de origen agropecuario), de manera tal que dentro de las actividades transables (industria, minería, agro) cada sector habría de obtener un tipo de cambio real efectivo acorde con su productividad (más elevado en el caso de la industria, más bajo en el caso del agro). Bajo este régimen, se promueve la industria local y la competitividad industrial, pero no a costa del deterioro del salario real, lo que permite su inserción exportadora sostenida por un crecimiento del mercado interno. Es una política cambiaria que articula los tres objetivos: desarrollo, igualdad y diversificación exportadora que aleja la restricción externa.

La pertinencia de las retenciones como política permanente tiene un efecto adicional: como las exportaciones se componen sustancialmente de bienes salario, si se adoptara una política de tipo de cambio único y depreciado, el impacto sobre los ingresos populares y los salarios impactaría sobre sus posibilidades de adquirir bienes esencialísimos. Además, los derechos de exportación proveerían un efecto similar al de un impuesto como ingreso presupuestario. Entonces permitirían la disponibilidad de mayores recursos para atender derechos sociales, o financiar actividades estratégicas como las de las de investigación de ciencia y tecnología, que resulta fundamental para el despliegue de los proyectos industriales de media y alta tecnología.

En conclusión, el régimen cambiario con retenciones resulta muy adecuado para el país beneficiando el desarrollo, la igualdad y el financiamiento público.

Sin embargo, su vigencia ha sido insistentemente resistida por el sector agropecuario de la pampa húmeda, que desarrolla un conjunto de argumentos y posicionamientos ideológicos, apoyado por los grandes medios de comunicación y sectores del poder concentrado, que postulan las ideas del consenso neoliberal.

Uno de los argumentos que emplean es que el sector hoy es un productor principalmente de soja, y que este no es un bien salario ya que sólo forma parte marginal de la dieta de los argentinos. Sin embargo, el precio de la soja es también un macroprecio de la economía argentina, los arrendamientos agropecuarios y los valores de compra-venta de la tierra se establecen sobre la base del precio de ese poroto, así que su valor influye en la rentabilidad de los cereales, oleaginosas y otras actividades agropecuarias.

Los paquetes tecnológicos utilizados actualmente en la producción sojera, las características del cultivo y las condiciones de la demanda internacional, componen un cuadro que favorece el desplazamiento de otras producciones agropecuarias hacia ese cultivo, la falta de intervención en la política económica del sector crea condiciones tendientes al monocultivo de soja. Por eso resulta necesario el establecimiento de retenciones en función de garantizar no sólo la diversificación productiva de la economía, sino también la del propio sector agropecuario.

Un régimen de tipo de cambio competitivo que incluye la aplicación de derechos de exportación tiene la capacidad de equilibrar con retenciones diferenciadas la competitividad de los sectores exportadores (inclusive dentro de los sectores dominantes en la industria cuyas ventas tienen como destino principal los mercados externos), e ir incorporando a nuevos participantes en las ventas al exterior. El diseño de las retenciones y sus diferenciaciones deberían evitar cambios no deseados en el diseño productivo del país (como los desmontes en territorios con producciones campesinas ancestrales y autosostenidas) y, por el contrario, favorecer la diversidad socioproductiva. Su aplicación en otras cadenas de producción primaria, que tienen el riesgo de convertirse en economías de enclave —como la minería—, puede establecer precios relativos que favorezcan la incorporación de mayor valor agregado.

El intento de establecimiento de retenciones móviles al sector agropecuario durante el primer gobierno de Cristina Fernández, que traducía una idea de construcción de un régimen permanente y con ajuste automático en relación a los movimientos del precio, se enfrentó con la oposición de las patronales agropecuarias y de los partidos de la oposición política. Los contenidos argumentales de esa resistencia estaban fuertemente impregnados de un cuestionamiento a los derechos de exportación por su carácter “confiscatorio”, adoptando diversos planos de argumentación que referían a la ilegitimidad de no fijar un tope sobre la tasa del impuesto, a la “libertad” en la disposición de los frutos de la propiedad de la tierra, a la no “discriminación” respecto al tipo de cambio – mediante el reclamo de la “libertad de mercado”, y a la autorreivindicación de ser los “productores” que proveían de mayor cantidad de divisas a la economía. Estos “argumentos-principios” son tributarios del librecambio y defensores de un derecho de propiedad no intervenido por el poder político en función del desarrollo nacional. Las patronales agropecuarias son una voz permanente de inflexible ortodoxia ideológica en esa corriente de pensamiento.

Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que Argentina adhirió y ratificó, para luego darle rango constitucional en 1994, exige el avance progresivo en ese tipo de derechos. Esos derechos son de acceso. La atención de este tipo de derechos humanos requiere de presupuesto público y por lo tanto de ingresos por parte del Estado. También en el ámbito de la ONU se emitió la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Res. 41/128 de la Asamblea General del 4/12/1986) cuyo artículo 2 en su inciso 3 dispone que: “Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de este”.

Este orden jurídico se alinea claramente con el reconocimiento del derecho de propiedad relativo y no absoluto, y con el reconocimiento y exigencia de políticas públicas que progresen en la atención de los derechos económicos, sociales y culturales.

La política de Macri quitó en su inicio las retenciones y adhirió a las prescripciones del consenso neoliberal. Con el cambio de gobierno por producirse, la Argentina recuperará un rumbo respetuoso de lo prescripto por el orden jurídico vigente, lo que significará una acción intensa del Estado por el cumplimiento de los derechos humanos en su integridad. Ya asoman voces que anuncian resistir ese cambio de política y reclaman la continuidad del régimen económico-social predicado por la contraofensiva conservadora. La construcción de la democracia requiere el respeto de la voluntad popular y la legitimidad de origen del poder político. Si la herramienta de los tipos de cambio diferenciados mediante retenciones es considerada por el gobierno popular como una herramienta imprescindible para el desarrollo, el goce absoluto del derecho de propiedad no puede ser interpuesto para impedir la implementación de derechos de exportación

 

* Profesor de la UBA, ex Director del CEFID-AR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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9 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Guillermo:
    Impecable análisis.
    Si me permite, una digresión:
    Nicolás M. Perrone (http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/021-perrone-propiedad-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf) hace un análisis interesante sobre el particular, del que no puedo transcribir textos por estar prohibida su reproducción.
    Eduardo Hernández Martínez (estadoypropiedad.blogspot.com) refiere:

    “…Si analizamos la doctrina internacional, podemos definir al Dominio Público, como el “Conjunto de bienes (muebles e inmuebles) de propiedad del Estado, que tienen como finalidad, el uso público directo e indirecto (servicios públicos), la defensa nacional, el fomento de la cultura nacional, y el fomento de la riqueza de la Nación; según lo dispuesto mediante Ley.”. No obstante aún no contamos con la mencionada ley, que regule profusamente esta institución… Los bienes de Dominio Público, son de gran interés público por ese motivo recae sobre éstos, un régimen especial de protección jurídica, que se encuentra conformado principalmente por los atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Los bienes de Dominio Privado, no tienen tales atributos… Bajo esa línea, los recursos naturales son bienes limitados, de gran interés público, que se encuentran relacionados con el fomento de la riqueza de la Nación y por ende cuando se encuentran en su estado natural son de Dominio Público, siendo de vital importancia que el ordenamiento jurídico así lo establezca. Es importante considerar que, cada vez que se manifiesta que un bien es de Dominio Público, se está haciendo referencia implícita al derecho de propiedad del Estado.”

    Marcos Rebasa (Especialista en servicios públicos y energía.)-Página/12 -1-4-2012, sostiene:
    “El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.”
    “Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: … “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.”
    “El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.”
    “Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.”
    “Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes.”

  2. Roberto Pintos dice

    … pequeños y medianos productores que sus intereses son completamente divergentes respecto de los que presentan los grandes grupos.

  3. Roberto Pintos dice

    y medianos productores que jamás deben aúnar fuerzas con los grandes explotadores. Hay que dividirlos, fragmentar a los poderosos al máximo posible.

  4. Roberto Pintos dice

    Excelente exposición como siempre Guillermo. «El campo» leáse las grandes patronales y sus socios internacionales creen rabiosamente que ellos son «La Patria» y el resto del país apenas somos ranqueles a los que hay que exterminar para quedarse con sus tierras. Palabras como solidaridad, verbos como ceder no están incluídos en el lenguaje de estas bestias. Solo entienden el lenguaje de la violencia. Y hay muchas formas legítimas de ejercer violencia sobre estos bárbaros: por ejemplo con leyes que les suban las retenciones y paguen un tributo acorde a sus enormes, fabulosos ingresos. Además si se aprendió de la experiencia amarga de 2008, hay que convencer a los pequeños y medianos productor

  5. Ignacio dice

    No me queda claro el enunciado de que «un dolar barato favorece al sector de productividad mayor». Justamente la retención «baja» el tipo de cambio que percibe ese sector con productividad mayor (y rentabilidad extraordinaria producto de circunstancias internacionales) desalentando su atractivo exportador.
    Por otra parte, algo que el sector «principista» del campo concentrado obviamente soslaya (y los gobiernos también) es el costo social que tiene su producción, más allá del aparente beneficio de generar divisas. Cuál es el costo de los desplazamientos humanos determinados por la expulsión de la población rural, cuál es el costo que el monocultivo implica sobre la diversidad de ecosistemas, sobre la diversidad cultural, sobre los derechos de los pueblos originarios… y cuál es el costo sanitario de enfermar la tierra, el agua y el aire con los tóxicos utilizados, que genera bien documentadas enfermedades que, por supuesto, serán atendidas con recursos del Estado y no de la Mesa de Enlace… si contabilizaramos todos estos puntos del «debe», superarían largamente el relativo «haber» de la generación de divisas.

  6. Carlos E. Scirica dice

    «..La ideología es un sistema de ideas que se resiste a la información…» Eso también es una ideología, pero de una mediocridad indigna de este medio.
    «..cada vez que se ha intentado regular precios o expropiar ganancias, la mercadería desaparece, por una cuestión muy simple que los juristas no entienden, ellos pueden robar el trabajo ajeno, lo que no pueden es obligar a alguien que trabaje sabiendo que le van a robar lo que produzca…» No resiste ninguna contrastación empírica, ni en la historia de la Argentina ni en la de ningún otro país. Y está imbuido de la «ideología», que sostiene que el cobro de impuestos decidido por una mayoría de la sociedad es un «robo», a quien «posee por derecho divino». Además de negar que quienes trabajan son los trabajadores y no los dueños del Capital.
    Tus comentarios en Infobae o pasquines de esa calaña serían mejor bienvenidos

    1. Orejano dice

      Ejemplos de ausencia de mercadería cuando se regulan precios, sobran. Basta con leer un poquito y ver lo que ha pasado en Argentina, en Uruguay en otras épocas con la carne, en Chile cuando Allende, en Cuba desde hace décadas, en la URSS, etc.

      Que una «mayoría» decida algo no quiere decir que sea verdad, solo que alguien convenció a más gente que la otra alternativa.

      Si los frutos del trabajo son de los trabajadores, ¿por qué no sacan el impuesto a las ganancias que aplican en los sueldos? Decir que el producto o servicio terminado es solo fruto del trabajo y no del capital, es negar hasta la formación intelectual aplicada al trabajo, eso es un capital.

      En fin, señor Scirica, bastante pobre su argumentación como para mandarme a Infobae, que por cierto no leo. Tal vez como necesitan siempre el blanco/negro, no logran ver la abundante «información» que hay por fuera de la ideología.

      Un saludo.

  7. Julio Maier dice

    Tienes razón. Alguien dijo algo así como: sin límites a la riqueza no existe forma de combatir la pobreza. Julio

  8. Orejano dice

    El autor se olvida de que el «orden jurídico vigente», como les gusta llamar pomposamente a los leguleyos, es fruto de los deseos y necesidades de los poderosos de turno que votaron esas leyes, normas, decretos y toda una interminable retahíla de burocracia inútil a los efectos productivos; no es nada divino, o siquiera racional, simplemente es la voluntad de los poderosos de turno.

    También prefiere llamar Derechos a conquistas de grupos de presión, y justificarlos con…¡mas leyes y tratados internacionales!, olvidando que el único derecho que traemos al nacer es el de conservar la vida, y el único que es necesario para vivir en una sociedad es el de ser medido con la misma vara que al resto. Si dejaran vivir a las personas, sin entrometerse hasta límites inconcebibles en sus vidas privadas y sus asuntos, no habría ni siquiera que discutir éstas cosas, pero los burócratas siempre creen que el mundo necesita «orden», y quién mejor que ellos para decir que está bien y qué está mal.

    Las retenciones son un robo al trabajo y al capital privado, lisa y llanamente, al igual que el impuesto al trabajo, mal llamado «ganancias», y del que nada he oído decir al futuro presidente.
    Otra cosa distinta es que, dado que la tierra es un bien escaso y de dimensión fija, pueda tener impuestos más altos a la propiedad. Eso sí lo veo aceptable; como también vería positivamente que se dejara de sembrar soja para exportación en forma masiva.

    No han aprendido nada de la historia, cada vez que se ha intentado regular precios o expropiar ganancias, la mercadería desaparece, por una cuestión muy simple que los juristas no entienden, ellos pueden robar el trabajo ajeno, lo que no pueden es obligar a alguien que trabaje sabiendo que le van a robar lo que produzca. Así de simple.

    La ideología es un sistema de ideas que se resiste a la información.

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