Riqueza, desigualdad y derechos

El sistema tributario como nivelador de la estructura social

 

La contribución sobre las grandes fortunas podría significar el comienzo de un debate más profundo sobre la distribución de ingresos y el rol de la política tributaria, con miras a reducir las desigualdades y brindar herramientas para que se cumplan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En las últimas décadas, los impuestos progresivos han perdido su importancia dentro de la estructura tributaria –hoy fuertemente regresiva—; entre ellos, el impuesto sobre los bienes personales, que pasó de representar el 2,17% al 0,62% de los ingresos tributarios entre 2003 y 2019.

El proyecto del impuesto a las grandes fortunas consiste en un gravamen por única vez a aproximadamente 12.000 personas que poseen bienes personales declarados que superan los 200 millones de pesos. Para esas 12.000 personas, la alícuota será escalonada para distintos tramos de patrimonio, entre el 2% y el 3,5% para los bienes en el país y entre el 3% y el 5,25% para los bienes en el exterior. En cuanto a los últimos, en el caso de verificarse la repatriación del 30% de sus tenencias financieras del exterior, dentro de los 60 días de la publicación de la ley, se suprimirá el diferencial de la alícuota con respecto a los bienes situados en el país.

Muchos debates sobrevuelan el proyecto. Más allá de que este tributo contribuya a la recaudación fiscal –que, de todas formas, pareciera ser significativo, por cuanto rondaría alrededor de los 300.000 millones de pesos—, la importancia crucial de esta medida es poner en valor la capacidad del sistema tributario como nivelador de la estructura social. Sin duda, el aspecto más trascendente consiste en abrir el debate en torno a una reforma amplia del sistema tributario con una perspectiva progresiva que permita reducir los actuales niveles de desigualdad social, acentuados por la pandemia, como así también disminuir la brecha de género.

Desde ya, el debate no se agota en la redistribución de ingresos que permitirá la mayor recaudación, ni implica aceptar la distribución primaria de ingresos tal cual se manifiesta hoy en día. Por el contrario, es el puntapié inicial para comenzar a debatir no solo la distribución secundaria –a partir de la intervención del Estad—, sino también la primaria en la cadena de producción. Esto involucra poner en discusión una serie de desafíos, tales como la modificación de la estructura productiva y de los patrones de consumo, el aumento de los salarios reales, la creación de puestos de trabajo dignos, la supresión de la precarización laboral y la tercerización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, políticas favorables al cooperativismo y pymes, la participación de la/os trabajadores en las ganancias de las empresas, políticas de defensa de la competencia, control de precios y tarifas máximas, la reforma de la ley de inversiones extranjeras y la de entidades financieras, entre otras políticas necesarias, además de una reforma progresiva y completa de la legislación tributaria.

 

 

Derechos económicos, sociales y culturales

Nuestra Constitución Nacional, a la que alguna/os se aferran para señalar –erróneamente— la confiscatoriedad del proyecto, es la misma que otorgó carácter constitucional a los derechos consagrados por el artículo 14 bis, que establece el acceso a una vivienda digna y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otros aspectos tristemente sepultados durante décadas. Así como la propia Constitución otorga jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia y que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian. Sin embargo, quienes esgrimen la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que impone un tributo a solamente alrededor del 0,026% de la sociedad argentina, no han alzado sus voces para exigir que se cumpla lo establecido en nuestra Carta Magna, denunciando el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que padecen los excluidos sociales de este país.

Es evidente que para determinados sectores —con privilegios— el derecho de la propiedad privada posee una preeminencia por encima del resto de los derechos humanos; aspecto, que cabe mencionar, no se desprende del cuerpo normativo de la ley suprema. Detrás de la protección de la propiedad privada y el principio de la no confiscatoriedad, existe una construcción dogmática que como un fantasma recorre la Argentina, aunque carece de anclaje normativo real. La propiedad privada es un derecho más entre los tantos que figuran en ese cuerpo legal y, quien otorgue preeminencia a este por sobre otros se posiciona, en rigor, en una tradición política e ideológica determinada, que defiende intereses concretos.

Peor aún, es posible observar que, a lo largo de las últimas décadas, el sistema tributario no ha ganado más que regresividad y el impuesto sobre los bienes personales ha perdido peso dentro de la estructura de ingresos tributarios, lo que ridiculiza aún más la postura expuesta anteriormente. A lo largo de los gobiernos kirchneristas, el impuesto a los bienes personales pasó de representar un 2,17% del total de la recaudación tributaria en 2003 al 1,18% en 2015 y en 2019, durante la gestión de Cambiemos, se redujo a 0,62%.

El neoliberalismo, en los últimos cuatro años de gobierno, arrasó con gran parte de los derechos económicos, sociales y culturales conquistados. Grupos económicos y empresas multinacionales obtuvieron ganancias fundamentalmente en base a las transferencias de recursos del resto de la sociedad, el endeudamiento externo, la fuga de capitales y los subsidios estatales, en contraposición a la teoría del esfuerzo personal y el mérito. Y hoy es el mismo poder económico el que intentará sacar provecho de la actual crisis, reduciendo aún más los salarios reales, pujando por una devaluación, aumentando precios, aprovechándose de la minimización de los costos que genera el teletrabajo en pandemia, precarizando derechos laborales y sociales, pretendiendo una modificación cada vez más regresiva de la matriz de distribución del ingreso y la riqueza.

 

 

Brecha digital

En el último informe especial Covid-19 N⁰ 7, CEPAL indica que el 46% de los niños y niñas de América Latina y el Caribe de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados a Internet, lo que implica la exclusión de más de 32 millones de niños y niñas. En este sentido, CEPAL propone a los países de la región garantizar una canasta básica de “tecnologías de la información y las comunicaciones” integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, con un costo anual inferior al 1% del PIB.

En este sentido, el decreto de necesidad y urgencia 690/2020 constituye un primer paso en torno a la construcción de una sociedad digital más inclusiva. El DNU establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

En Argentina, según las estimaciones de la CEPAL, dentro de los hogares del quintil de ingresos más bajos (es decir, el 20% de los hogares con menores ingresos) cerca del 27% de los niño/as no poseen acceso a internet. Según las estimaciones de INDEC, el 39,1% de los hogares en la Argentina, a diciembre de 2019, no poseía acceso a una computadora y el 17,1% de los hogares no tenía ningún tipo de acceso a internet.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet que implica el reconocimiento “de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas”, exhortando “a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

Es preciso recordar que en la Argentina en el año 2010 se puso en marcha el programa Conectar Igualdad con el objetivo de reducir la brecha digital, educativa y social,  que otorgó alrededor de 5 millones de computadoras al año 2015; política que luego fue interrumpida por las medidas adoptadas por Cambiemos, y cuya continuidad hubiera sido de gran ayuda para docentes y estudiantes en este contexto de pandemia.

El camino a seguir implica debates complejos y confrontaciones con sectores que no estarán dispuestos a perder sus privilegios, pero que significan la única puerta de entrada a una sociedad más digna, justa e igualitaria.

 

 

 

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4 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimada Magdalena:
    Excelente análisis.
    Si me permite, una humilde digresión:
    En un pequeño librito titulado “Sistema de impuestos en los EE.UU” que se puede leer desde la web (www.bcn.cl), podemos obtener estos datos:
    “…No obstante, la mayoría de la gente paga sus impuestos de bastante buena gana. La mayoría reconoce que en una nación moderna y progresista, los impuestos constituyen las arterias vitales del Estado. O, como dijo el famoso jurisconsulto Oliver Wendell Holmes: “Pagamos impuestos para tener una sociedad civilizada.”
    …Desde 1909 ya había sido fijado un impuesto sobre las utilidades corporativas. La ley de 1913 reemplazó al impuesto corporativo de 1909 y añadió un impuesto sobre los ingresos personales. En la década de 1920, los impuestos personales y corporativos estaban produciendo más de la mitad de las rentas públicas que percibía el gobierno federal.
    En un principio el impuesto sobre la renta individual era aplicado a muy pocas personas porque estaban exentos todos los que tenían ingresos bajos o medianos. Todavía en 1939, solamente alrededor del 10 por ciento de los habitantes de los EE.UU. estaban en realidad afectados por el impuesto sobre la renta personal. Pero seis años más tarde, el impuesto ya afectaba al 80 por ciento de la población.
    …La reducción más grande de impuestos federales en 50 años tuvo lugar a principios de 1964. Esto fue una medida de estrategia fiscal iniciada por la administración del Presidente Kennedy y completada por el Presidente Lyndon Johnson y el Congreso. El impuesto sobre la renta fue rebajado para vigorizar el poder adquisitivo, lo cual a su vez aceleró la actividad en los negocios y la creación de nuevos empleos que ocuparon a gran número de trabajadores cesantes. Puesto que las corporaciones mercantiles así como los particulares obtuvieron una reducción de impuestos, pudo disponerse de una porción adicional de las utilidades para ser reinvertidas y agrandar los negocios privados.
    …El gobierno federal es el recaudador principal de impuestos sobre la renta, pero 32 estados también gravan con impuestos los ingresos personales y 36 gravan los ingresos corporativos. En años recientes un número considerable de gobiernos locales han promulgado también leyes de impuestos sobre la renta. Aunque no existe un impuesto federal sobre ventas generales, este impuesto es gravado por más de dos tercios de los estados y por centenares de municipios.
    Cuatro quintos de los ingresos federales provienen del impuesto sobre la renta que pagan los particulares y las corporaciones. Casi todo el resto de los ingresos federales provienen de impuestos sobre artículos de comercio interior o como impuestos selectivos sobre ventas.
    En el plano estatal, aproximadamente dos tercios de los ingresos por impuestos derivan de los impuestos sobre ventas. Los impuestos sobre la renta suministran el otro 20 por ciento. Los municipios dependen del impuesto general sobre la propiedad para recaudar casi el 90 por ciento de sus ingresos tributarios.
    En el cuadro general de contribuciones, los impuestos sobre la renta (personales y corporativos) producen alrededor del 57 por ciento de las recaudaciones totales en los EE.UU. En segundo lugar en importancia, están los impuestos sobre ventas generales y seleccionadas (impuestos sobre artículos de comercio interior), que en junto suministran el 22 por ciento. Los impuestos sobre la propiedad totalizan el 16 por ciento de todas las recaudaciones, y otro dos por ciento proviene de impuestos sobre donaciones y sobre propiedades cedidas en testamento después de la muerte de su propietario.
    …De 1939 a 1959, el ingreso de la familia norteamericana media aumentó en más del doble pero el monto total de impuestos era cinco veces mayor en 1959 que en 1939.
    …Empero, aun antes de que tuviera efecto la reducción, la carga total de los impuestos para la gente de escasos recursos o con ingresos medios de los EE.UU. era proporcionalmente menor que la soportada en muchos países extranjeros, incluyendo las naciones de Europa Occidental que, como los EE.UU., dependen fuertemente del impuesto progresivo sobre la renta.
    …Todo habitante de los EE.UU. debe llenar y presentar una declaración del impuesto sobre la renta si es que percibe un ingreso anual de 600 dólares o más (1,200 dólares o más si ya cumplió 65 años o pasa de esa edad). La obligación de pagar impuestos sobre la renta comienza cuando los ingresos llegan a 900 dólares. En la práctica, sin embargo, en virtud de las exenciones y deducciones permitidas por la ley, muchas personas tienen ingresos superiores a esa cifra y no obstante se libran de pagar impuestos. En 1961, fueron presentadas un total de 61.5 millones de declaraciones individuales del impuesto sobre la renta federal, de las cuales aproximadamente 49 millones estaban sujetas a tributación.
    La mayoría de la gente hace declaraciones exactas de sus ingresos. Para los millones de empleados a sueldo y los asalariados sujetos al sistema de “retención” de impuestos, es muy fácil llenar las declaraciones. El empresario deduce la parte proporcional del pago del impuesto cada vez que paga los salarios a sus empleados durante el año. El patrono entrega al empleado una declaración que muestra los salarios devengados y los impuestos pagados; el empleado añade dicha declaración a la hoja de impuestos que entrega al gobierno. Si no tiene otros ingresos, no necesita pagar más impuestos excepto tal vez un saldo nominal que el patrono no recaudó. Por otra parte, si el patrono se excede en los descuentos por impuestos, el gobierno devuelve al empleado la diferencia que pagó de más.
    …La Oficina del Impuesto sobre la Renta Interna administra el sistema tributario en forma imparcial pero firme. El alud de declaraciones del impuesto que recibe el gobierno entre enero y abril cada año son verificadas con la ayuda de computadoras electrónicas —parte de un nuevo sistema de verificación de datos que se espera en 1967 ya podrá manejar todas las declaraciones del impuesto sobre la renta registradas en los EE.UU. Uno de los resultados del sistema será una mejor observancia de las leyes tributarias. Sin embargo, aun antes de que este “detective” automático fuera puesto en servicio en 1962, el gobierno federal recaudaba el 97 por ciento de sus ingresos por impuestos sin necesidad de coacción alguna. El costo de la recaudación era de sólo 45 centavos de dólar por cada 100 dólares de impuestos que recibía el gobierno, es decir, menos de la mitad de uno por ciento de la cantidad recaudada.
    …El finado magistrado de la Corte Suprema, Robert H. Jackson, una vez comentó sobre el cumplimiento en el pago de impuestos del norteamericano, con estas palabras: “Que un pueblo tan numeroso, disperso e individualista se imponga a sí mismo anualmente una obligación tributaria, a menudo por cantidades excesivamente onerosas, es una señal halagadora de la estabilidad y vitalidad de nuestro sistema de autonomía de gobierno.”
    …El impuesto sobre la renta está basado en el principio de la capacidad para pagar. El monto de los ingresos de una sola persona o los de un padre de familia es lo que determina primordialmente la cantidad de impuesto que hay que pagar. Los ricos y los pobres no están gravados en la misma proporción; el rico debe pagar una tasa mucho más alta.
    Los ingresos, sin embargo, no constituyen el único punto de referencia sobre la capacidad para pagar del contribuyente. El número de personas que dependen de él, y la naturaleza y monto de sus gastos son asimismo significativos. Las leyes federales y estatales del impuesto sobre la renta consideran todo esto, con el fin de hacer que el impuesto sea verdaderamente compatible con los medios económicos del ciudadano. El contribuyente resta de su ingreso las exenciones permitidas por las personas que dependen de él -esposa, hijos y cualesquier parientes cercanos que sostenga- mas una exención para él mismo. Puede además restar ciertas erogaciones especificadas por ley, como gastos médicos excesivos, pérdidas por robo o incendio, donativos a iglesias, instituciones de caridad y otras organizaciones sin fines de lucro, e intereses pagados sobre hipotecas y otros préstamos.
    …Los contribuyentes con ingresos superiores o inferiores asimismo casi siempre pagarán una proporción mucho menor de su ingreso que la llamada tasa “marginal.” Las tasas sobre los ingresos sujetos a tributación en el período de 1955 a 1963, fluctuaron entre el 20 por ciento en los ingresos bajos hasta el 91 por ciento en los más altos, mientras que las tasas efectivas —la proporción real del ingreso total pagado— fluctuaron del 2.7 por ciento en la categoría más baja de ingreso, hasta el 14 por ciento en la más alta (todos los ingresos arriba de 10,000 dólares). La tasa efectiva sobre los ingresos de un millonario, empero, fue de más del 85 por ciento.
    Las reducciones en los impuestos personales sobre la renta, que entrarán en efecto en 1964, hicieron descender las tasas establecidas a un mínimo de 14 por ciento y un máximo de 70 por ciento.
    …Es posible trazar un cuadro de la distribución del impuesto federal sobre la renta de los EE.UU. citando algunos hechos y cifras, con base en los resultados obtenidos en 1962:
    • Las personas de ingresos modestos ($ 5,000 o menos) presentaron el 44 por ciento de todas las declaraciones de impuestos —pero los impuestos totales adeudados por esas personas sumaron solamente el 13 por ciento del total de las obligaciones por pagar en impuestos.
    • Los acomodados y los ricos, con ingresos de $ 20,000 o más, representaron el 2.2 por ciento de las declaraciones de impuestos, pero contribuyeron con el 24,5 por ciento del total de impuestos adeudados al gobierno.
    • El sector de la población con ingresos medianos y medianos altos ($5,000 a $10,000) presentó casi la mitad (42 por ciento) de las declaraciones de impuestos y pagó impuestos que representaron el 37 por ciento del total.
    Mientras que el 43 por ciento de los ingresos por impuestos que recauda el gobierno federal provienen de impuestos sobre la renta individuales, los impuestos sobre los ingresos de sociedades mercantiles rinden el 31 por ciento.
    …Desde 1951 hasta 1963, todas las utilidades de sociedades mercantiles sujetas a tributación, fueron gravadas en una proporción de 30 por ciento. Por añadidura, todas las utilidades superiores a $ 25,000 fueron gravadas con un 22 por ciento adicional. La tasa máxima fue por consiguiente de 52 por ciento.
    Los impuestos que soportan las empresas, evidente mente, afectan la actividad de los negocios y la disposición de los inversores y empresarios para embarcarse en nuevas empresas. En realidad, sin embargo, los aumentos en las tasas a través de los años no solamente han producido mayores ingresos para el gobierno sino que han llevado aparejados un tremendo crecimiento en el volumen de los negocios, un aumento de las inversiones y un nivel de vida más alto. Aquellos que vaticinaron la ruina de la industria a causa de los impuestos elevados se han enfrentado por el contrario con una economía en expansión.
    Hay épocas, por supuesto, en que una reducción de los impuestos que gravan los negocios parece ser necesaria como una medida para estimular nuevas inversiones. En años recientes, el impuesto federal sobre la renta ha cercenado aproximadamente el 44 por ciento de las utilidades sobre ventas de las compañías manufactureras de los EE.UU. Con la intención de estimular las inversiones comerciales en nuevas instalaciones, el Congreso de los EE.UU. promulgó en 1962 un crédito tributario de siete por ciento sobre las nuevas inversiones. También se introdujeron procedimientos más liberales para determinar la depreciación.
    Otro cambio importante, decretado en 1964, fue la reducción al 50 por ciento de la tasa máxima de impuesto que gravitaba sobre las sociedades mercantiles. La tasa será rebajada a 48 por ciento en 1965.
    …Cuando los escrutadores de impuestos del gobierno descubren pruebas de fraude en las declaraciones, la Oficina del Impuesto sobre la Renta pone a trabajar a sus agentes investigadores. Las penas por fraude son severas. En 1962, cerca de 3,500 investigaciones en gran escala dieron como resultado que fueran sentenciados 1,024 transgresores de la ley del impuesto, los cuales, después de sendos juicios, fueron severamente multados o enviados a prisión.
    El actual impuesto federal sobre la propiedad fue decretado en 1916. El impuesto sobre donativos fue añadido en 1932 para desalentar la evasión del impuesto sobre la propiedad. Aun cuando esos dos impuestos juntos solamente producen alrededor del tres por ciento de los ingresos por impuestos que recauda el gobierno, su función dentro del sistema tributario es de mucha mayor importancia de lo que sugiere el monto de los ingresos. Ayudan a impedir desigualdades en la distribución de la riqueza imponiendo trabas sobre una pequeña minoría de la población para que no pueda acumular bienes y poder excesivos.”

  2. apico dice

    Sus propuestas, aunque solo sean para debatir, constituye la esencia de un plan político-económico, del cual carece este gobierno. La propuesta de hacerle cosquillas a las grandes fortunas, «por única ves» se demora cada ves mas y seguramente, sea vía parlamentaria, sea vía judicial, difícilmente se llegue a implementar nunca. Haran el teatro, pero no las medidas. La diferencias entre un gobierno popular y uno socialdemocrata, es precisamente que estos últimos son neoliberales y por tanto se cortarían las manos antes de sacarles el pan de la boca a sus «amigos».Muy buenas sus reflexiones. Un saludo peronista.

  3. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo la economista Magdalena Rúa expresa:

    “Nuestra Constitución Nacional, a la que alguna/os se aferran para señalar –erróneamente— la confiscatoriedad del proyecto, es la misma que otorgó carácter constitucional a los derechos consagrados por el artículo 14 bis, que establece el acceso a una vivienda digna y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otros aspectos tristemente sepultados durante décadas. Así como la propia Constitución otorga jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia y que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian. Sin embargo, quienes esgrimen la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que impone un tributo a solamente alrededor del 0,026% de la sociedad argentina, no han alzado sus voces para exigir que se cumpla lo establecido en nuestra Carta Magna, denunciando el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que padecen los excluidos sociales de este país”.

    La lectura del artículo en general y de este párrafo en particular me condujo al pensamiento del gran Juan Bautista Alberdi en materia impositiva volcado en su libro “Sistema Económico y Rentístico”. Buceando en Google me encontré con este claro ensayo del economista liberal Agustín Etchebarne fruto de una conferencia pronunciada el 9 de octubre de 2012 en el Instituto de Ética y Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Su título es “La complejidad y desmesura impositiva en Argentina”. A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir la parte del escrito dedicada al pensamiento alberdiano sobre este asunto de tanta relevancia.

    Primera Parte: Antecedentes históricos y constitucionales

    Juan Bautista Alberdi fue tal vez quien mejor expuso el problema de los impuestos y la necesidad de tenerlos acotados, tanto para conservar las libertades individuales como para promover la prosperidad de la Nación: “La contribución, como gasto público de cada particular, debe salir de donde salen sus demás gastos privados: de la renta, de la utilidad de sus fondos, no de los fondos que la producen porque así disminuís los fondos originarios de la renta, empobrecéis a los particulares, cuya riqueza, colectiva forma la riqueza de la Nación, de la cual es parásita la del fisco. El que gasta de su principal para vivir, camina a la pobreza: es preciso vivir de las ganancias; y para tener ganancias, es preciso hacer trabajar los fondos que las producen. El Estado está comprendido en esta ley natural de la riqueza: debe subsistir de la renta colectiva de los particulares que le forman, no de sus fondos” (Sistema Económico y Rentístico). La riqueza procede del trabajo, la tierra o el capital; de allí surge la renta en forma de salario, alquiler o interés, y allí radica la base imponible donde la presión fiscal debiera aplicarse proporcionalmente teniendo en cuenta el art. 16, por la cual “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. En su “Sistema Económico y Rentístico” Alberdi describe, artículo por artículo, los límites que se le imponen al gobierno. La división y los controles mutuos entre los poderes, la forma de elegirlos y, sobre todo, la declaración de los derechos y garantías individuales para cada habitante de la Argentina. La relevancia del tema de los impuestos está en que precisamente aparecen en la Constitución de 1853/60 en su artículo 4° dentro de su Primera Parte, que corresponde a las Declaraciones, Derechos y Garantías; y allí permanece a pesar de las reformas de 1957 y de 1994, debido a que el tema tributario afecta el derecho de propiedad y la vida de las personas: “Art. 4.El Gobierno federal provee los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.”

    Así, la Constitución de 1853/60, establecía cuáles son los recursos que posee la Nación para sufragar sus gastos y cuáles les corresponden a las provincias, resolviendo de este modo las largas y sangrientas disputas entre el interior y Buenos Aires. De este modo se daba cumplimiento al Acuerdo de San Nicolás (del 31 de mayo de 1852), que ratificó como ley fundamental de la República el tratado interprovincial de 4 de enero de 1831. Existen tres tipos de recursos: primero, están aquellos que las provincias delegan “de un modo absoluto y sin reserva”, los productos de las aduanas, de la renta de correos, de los derechos de tonelaje, de la amonedación (Art. 9, 10, 11 y 105). Segundo, los recursos que “se han delegado a medias”, como “la renta y locación de tierras públicas, las contribuciones directas e indirectas, y el crédito” (Art. 4 y 105) Y en tercer lugar otros recursos provinciales que no se han delegado al Tesoro nacional de ningún modo. Hasta aquí no existía la coparticipación impositiva; la Nación tiene sus recursos y las provincias los suyos. Sólo existe posibilidad de conflictos en la segunda clase de recursos que han sido delegados “a medias”. Y para ello la Constitución tiene una regla simple que dice que el impuesto provincial cede al impuesto nacional (ver art 31). Y la Corte Suprema de Justicia es quien dirime frente a cualquier disputa. Por otra parte, la Constitución habla de “contribuciones” y no de “tributos” porque trata a los ciudadanos no como súbditos sino como habitantes libres. En cambio, actualmente la AFIP y las autoridades cuando hablan de “cultura tributaria” están violando de algún modo el espíritu de nuestros constituyentes originales. Así, el Art. 17 resalta: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.”

    Con este entramado de artículos protectores Alberdi concluye que: “La economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas en favor de la propiedad, como principio elemental de riqueza”. Sin embargo, el propio Alberdi temía y anticipaba que las leyes futuras, incluyendo el Código Civil, pudieran afectar estas garantías a las libertades y derechos de los habitantes. “La libertad de comercio y de navegación puede ser atacada por leyes de derecho comercial y marítimo, que establezcan matrículas o gremios para el ejercicio de esta industria; por leyes que vinculen al estado político de las personas (…) la práctica del comercio; (…); por leyes que establezcan derechos diferenciales, que no son más que monopolios disfrazados (…); por leyes fiscales de patentes, aduanas, tránsito, peaje y cabotaje, puerto, anclaje, muelle, faro y otras contribuciones gravitadoras sobre la industria comercial. Estas leyes pueden dañar la libertad, creando impuestos que la buena economía aconseja abolir; alzando las tarifas que el buen sentido económico aconseja disminuir en el interés fiscal, por la regla de que más valen muchos pocos que pocos muchos; multiplicando las formalidades y trámites para asegurar la percepción del impuesto aduanero, como si el fisco fuese todo y la libertad nada.” Alberdi comprendió la tensión que existe entre la necesidad de financiar el Estado y la libertad. También resaltó en numerosas ocasiones que es preferible cobrar impuestos bajos de manera que la Nación sea rica y el Estado pueda financiarse más fácilmente. Es lo que hoy conocemos como curva de Laffer, es decir, el trade off que existe entre las alícuotas impositivas y la recaudación total: una vez pasado cierto límite, incrementar las alícuotas reduce la recaudación total. Por su parte, las tarifas de la Aduana, según la Constitución argentina, son un impuesto, pero no un medio proteccionista ni exclusivo. Por ende deben ser bajas y de fácil tramitación. En el Art. 4° y 64° de la Constitución son definidos como “un derecho de importación y exportación”. Alberdi aclara que en ningún caso debe interferir con el libre comercio; debe estar muy controlada porque puede ser un “un mal, un medio para despoblar”. En el mismo sentido, la Constitución prohíbe todas las aduanas interiores, para facilitar el libre tránsito de mercaderías nacionales o extranjeras y esto lo fija en tres artículos (11, 12 y 26).

    Cabrá mencionar aquí que el impuesto a los combustibles actual actúa como una aduana interior afectando el costo del transporte y perjudicando el comercio de las zonas alejadas de los puertos, de manera que viola el espíritu de estos artículos. Alberdi detalla las dos maneras en que la Aduana genera miseria: la primera con altas tasas aduaneras y la segunda por medio de requisitos exagerados y complicados. “La aduana de desolación, la aduana a la Carlos I y Carlos V, tiene, además del impuesto exorbitante, otro medio indirecto de despoblar, atacando la libertad de comercio por la complicación y multiplicidad de los trámites. La hipocresía fiscal se lleva a veces en los trámites la obvención que perdona en la tarifa. Los trámites suelen ser el medio de retirar en detalle la libertad concedida en conjunto”. En ningún punto la teoría económica ha recibido una confirmación más victoriosa de la experiencia de todos los países como en la regla que prefiere muchos pocos a pocos muchos. Así, el conquistador Pizarro, como ejemplo, “suprimió por cien años toda clase de alcabala en el Perú, con el objeto de fomentar la fundación y desarrollo de la ciudad de Lima, que, como se sabe, llegó a ser una de las más opulentas de la América del Sud…”. Incluso Alberdi sugiere copiar a los ingleses la idea de tercerizar la recaudación de la Aduana a través de un banco privado para abaratar los trámites, dado que, a veces, el costo incluso supera a la recaudación. También la Constitución tiene especial cuidado en no poner impuestos o aranceles a los bienes de capital, máquinas, herramientas, tecnología o libros que vienen del extranjero. En principio está el art. 14 que asegura que “la libertad de entrar, circular y salir del país está asegurada a las personas” y el art. 25 que impide “gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Por eso Alberdi sostiene que “las leyes de aduana reglamentarias del art. 25 deben eximir de todo impuesto las máquinas y utensilios para labrar la tierra, los instrumentos que traen alguna innovación útil en los métodos de industria fabril conocidos en el país; los que conducen a entablar las industrias desconocidas, las semillas, los libros, las imprentas, los instrumentos de física experimental y de ciencias exactas”. Un argumento adicional que propone Alberdi para celebrar los bajos aranceles es que la Aduana pesquisidora avasalla las libertades, mientras que “la baja de la tarifa es el noble medio que posee la libertad para destruir el contrabando; y felizmente es el único eficaz”.

    En cuanto a leyes o impuestos sobre bienes suntuarios o que restrinjan el lujo, Alberdi también estaba totalmente en contra: “Si dejáis a la ley el poder de definir el lujo, abrís a la existencia privada una puerta por donde la ley pueda asaltar el hogar y hollar todas las garantías individuales en nombre de la moral y del bien público […] El despotismo republicano ha heredado el precepto de Maquiavelo de dar al pueblo cien fiestas en cambio de cada libertad que se le arranca.” En cuanto a la renta de correos, en la época de la Constitución era considerada una fuente potencialmente interesante para financiar el gasto nacional. Pero a pesar del cuidado de los Constituyentes que fuimos detallando, dejaron una cláusula que no fue suficientemente restrictiva y permitió filtrar numerosos impuestos posteriores: El Tesoro nacional podía completarse con el producto de “las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general”. Sin embargo, Alberdi resaltó hasta el cansancio los beneficios de haber abolido numerosos impuestos que existían en la época colonial que por las leyes de la revolución “fueron suprimidos, como contrarios al sistema republicano, los impuestos coloniales de la alcabala, de ciudad, sisa y media anata, de tiras, oficios vendibles, encomiendas, diezmos, mita, estancos, y recientemente el pasaporte”. Criticaban los 44 impuestos, tasas y contribuciones que en la Ciudad de Buenos Aires reemplazaron a los antiguos, quedando bien lejos del ideal fisiócrata de un único impuesto a la tierra, y que eran tan “estériles” que de todos modos no lograban sustentar las necesidades del fisco antes de 1853. Y por ello la Constitución propuso eliminarlos íntegramente: “Por esta regla, jamás desmentida, bajar la contribución es aumentar el Tesoro nacional”. En cuanto al Tesoro de las provincias, la Constitución estableció en el art. 101 que se componían de todos los recursos no delegados al Tesoro de la Confederación. “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal”. Según la Constitución, entonces, existen dos formas de imposición: las contribuciones directas e indirectas. Las contribuciones directas son aquellas que exigen directamente al contribuyente una parte de su renta. Las contribuciones indirectas son cuando el Estado exige una suma sobre ciertos consumos, sin inquirir su nombre ni mencionar su persona. Es decir, los impuestos al consumo, Aduanas y Correos. La Constitución sólo permitía las contribuciones directas de manera extraordinaria y excepcional, y sólo las menciona de manera general sin nombrar ninguna específica. Art. 64 Inciso 2: “Corresponde al Congreso,… imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Confederación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Así lo reconoce Alberdi y dice que: “la Constitución argentina admite estos dos métodos de exigir el pago de la contribución; pero se muestra inclinada al último”. En todo caso, el uso ordinario de las contribuciones directas quedaría reservado a las provincias, para el sostén de sus gobiernos locales, “siempre que el Congreso no eche mano de ella en casos extraordinarios”.

  4. Pedro Reig dice

    Bueno. Por fin alguien exhibe los derechos que «consagra» nuestra Constitución. El art. 14bis alberga algunos de ellos. Si la autora relevara cada artículo se asombraría pues en el 4, atinente a la construcción del Tesoro, explícita que se aplicarán tributos «proporcionales». De continuar encontraría varios artículos en que la C.N. obliga al Judicial proteger la Constitucionalidad de pactos y contratos con la extranjería. El mejor camino, la mejor lucha, el armamento más duro para defenderse de la mediocridad totalitaria que invalida el Poder Electo, es la Constitución. A la retórica del gorilaje autóctono se le pone freno con la Constitución Nacional. El Judicial sabe que ése es su talón de Aquiles. TODA LA CONSTITUCIÓN lo destruye. Como mínimo por Incumplimiento de los deberes, Omisión, Prevaricato, Actos Contrarios al Espíritu Constitucional y tantos más. Como ciudadano que soy ( la derecha, ella sola, se autotitula ese atributo), no quiero ver nunca más Diputados ocupados en resolver el embargo de Nuestra Fragata Libertad. Ese acto, humillante, protagonizado por personajes grotescos de la política, incluyendo una demente maliciosa, habría sido imposible de haberse hecho ejercer, como lo manda la Constitución, la participación del Judicial. A la autora, un abrazo contundente y una sugerencia amistosa: leer TODA la Constitución Nacional.

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