RISAS Y CARCAJADAS

La vida digna vale más que la propiedad. Es el momento de decir estas cosas en voz alta

 

La Argentina está literalmente sometida a un régimen de alta inflación. Los regímenes de este carácter pueden reflejar dinámicas y razones que no  son necesariamente idénticas en todos los casos. En la situación actual del país, su rasgo clave lo constituye la vocación del gran empresariado por recomponer márgenes de ganancias a expensas de los ingresos salariales y de otros sectores vulnerables de la población.

En una primera mirada analítica sobre la causalidad de la inflación emerge claramente como determinante la disparada del precio internacional de los commodities, que tuvo un salto cualitativo a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania (país articulado en una alianza con las potencias occidentales). Podría evitarse que esa elevación del precio internacional de los bienes que la Argentina comercializa se traduzca en el aumento de los precios internos. La política intencionada para evitar que la equiparación de los cambios en las cotizaciones de bienes en el mercado mundial con su valor local es lo que habitualmente se denomina como desacople. La medida directa, eficiente e insustituible en su efecto para lograr ese desacople son los derechos de exportación (desafortunadamente rebautizados como retenciones, como si se tratara de una exacción a lo que realmente es una regulación en favor de la Nación y el bienestar de su pueblo).

La no utilización de ese recurso de política económica se ha constituido en un grave perjuicio para la conducción de la política general del país, porque la volatilidad de los precios internacionales se articula con los nacionales quedando el gobierno inerme frente a esa situación. Si la inflación proviene de las circunstancias señaladas, ¿cuál es el motivo de no recurrir a la herramienta indicada e insistir en elevar la tasa de interés y aceptar una política recesiva de desaceleración de la emisión monetaria para intentar aplacarla? La respuesta es de estricta economía política. Los que se benefician con este recetario aplicado son los exportadores de las cadenas tradicionales del sector primario y los rentistas financieros (siendo sus sectores más dinámicos los grandes fondos de la financiarización). En cambio, los que se perjudican son los sectores más vulnerables y los trabajadores – por la caída de su poder adquisitivo— y las pymes que producen para el mercado interno, porque suben sus costos financieros y de insumos y se resiente el tamaño del mercado en el cual venden (cuyos consumidores son los asalariados argentinos).

Es de mala política económica suponer que ante la suba de precios internacionales la no aplicación de derechos de exportación estimulará la exportación y el aumento de la superficie sembrada. La Argentina es tomadora de precios y cantidades de los commodities agropecuarios. El único beneficio que trae el supuesto estímulo argüido es para los bolsillos de los propietarios y accionistas de los complejos exportadores.

Mientras tanto, hoy se adopta la religión de la macroeconomía del papado del mainstream, que admite un debate entre los rústicos cuantitativistas que quieren congelar la emisión (el FMI) y otros que entienden que hay un nivel de la tasa de interés que coadyuvaría a la estabilización de la economía. Esta práctica religiosa “posterga” la puja distributiva para los momentos de una economía “tranquilizada”. Sin embargo, no se puede omitir observar cómo los bancos de capitales extranjeros radicados en el país tienen como negocio fundamental captar depósitos para colocarlos con un margen (spread) al sector público. Una actividad de riesgo nulo y buena renta. Una actividad parasitaria cumplida por agentes cuya contribución al desarrollo nacional es invisible a una mirada de mediana agudeza.

 

 

La risa del poderoso

Vale la pena no sólo detenerse en lo que dijo este empresario del poder económico en el encuentro de AEA. Mirando el video, hay que observar su lenguaje corporal. El conjunto de su palabra, su risa y su dinámica gestual no se resumen en el enunciado de una cuestión naturalizada, una decisión empresarial o una determinación obligada por las circunstancias. Porque Federico Braun se ríe como un pícaro, como un señor travieso que sabe aprovecharse de la situación, se confiesa como un actor de la inflación, pero luego dice hablemos en serio y pasa a otra cosa. Lo que no desmiente sino confirma que tiene el poder para remarcar todos los días y que lo usa a su criterio. Un oligarca poderoso y aprovechador.

El Capítulo V del tomo 1 de El Capital es un texto fundamental de esa obra de Carlos Marx. Porque allí el crítico de la Economía Política despliega lo que considera una relación oculta de desigualdad en el capitalismo. En una sociedad de hombres libres e iguales ante la ley, la diferencia entre unos pocos que tienen la propiedad de los medios de producción y una población mayoritaria que debe vivir de su salario, los primeros contratan a los segundos retribuyéndolos con lo que llama el valor de su fuerza de trabajo (constituida por los medios que necesita consumir para vivir y reproducirse), pero “acuerdan” con los desposeídos que trabajen una cantidad de horas, que significan un aporte al producto final mayor al que reciben como salario para subsistir. Esa diferencia, para Marx, daría lugar a que una parte de la jornada de trabajo sea pagada y otra no, sin que se viole ningún contrato, porque así se habría convenido “voluntariamente”.

Ironizaba Marx en su obra: “Nuestro amigo, pese a su altanero espíritu de capitalista, adopta la actitud modesta de su propio obrero. ¿Acaso no ha trabajado lo mismo?, ¿no ha efectuado el trabajo de vigilar, de dirigir al hilandero? ¿Ese trabajo suyo no forma valor? Su propio overlooker (capataz) y su manager (gerente) se encogen de hombros. Pero entretanto el capitalista, con su sonrisa jovial, ha vuelto a adoptar su vieja fisonomía. Con toda esa letanía no ha hecho más que tomarnos el pelo. Todo el asunto le importa un comino. Deja esos subterfugios enclenques y vacías patrañas, y otras creaciones por el estilo, a cargo de los profesores de economía política, a los que él mismo paga por ello. Él es un hombre práctico, que si bien fuera del negocio no siempre considera lo que dice, sabe siempre lo que hace dentro de él”. El supermercadista de La Anónima es un paradigma de ese hombre práctico. Va a un seminario y cuando le preguntan sobre la hirviente cuestión inflacionaria, antes de adoptar la impostura del ciudadano de Estado preocupado, se deja relajar y habla como si estuviera en su negocio.

 

 

 

Esos “profesores” de economía

Pasados los siglos, esos “profesores” de economía (quienes ya mutilaron la política de esta esfera) construyeron la inversión necesaria: los empresarios privados dan trabajo, crean empleo, proveen de la capacidad de vivir a quienes no son propietarios de medios de producción. Ya no es el capitalista el que pone los bienes del cual es poseedor y el trabajador su trabajo, a la lectura de Marx de la existencia de un trabajo no pagado oculto en la formalidad de la legalidad, ahora se recurre al agregado del ocultamiento del proveedor de trabajo, el que lo proveería es el que lo demanda. Esta visión es facilitada por la religión de la macroeconomía que deja avanzar la confusión entre demanda de empleo y la disponibilidad de trabajo en la vida social. Así, la empresa es la que demanda servicios que permite a trabajadores, proveedores, cuentapropistas, rentistas aplicar sus recursos disponibles. Desde esta lógica centrada en la propiedad privada, porque es la propiedad privada la que permite esta organización de roles y diferencias sociales, se organiza lo que es admitido como política económica y lo que no. Ante la inflación que acosa al país, el poder económico concentrado admite la manipulación de tasas de intereses, política cambiaria, política monetaria y política fiscal, todas ahora monitoreadas por la monarquía de la Fuerza Monetaria Internacional. Pero ante la enunciación de avanzar en la suba imprescindible de los derechos de exportación, se movilizan tractorazos a Plaza de Mayo. El empresariado concentrado se resiste al impuesto a la renta inesperada. Mientras los economistas empleados del poder económico se encargan de enunciar la provisoriedad y/o inutilidad de los controles de precios.

¿Por qué no servirían los controles de precios? Ellos dicen que nunca sirvieron. Pero también dicen que son eludidos por los empresarios, en buen romance, que estos no los cumplen. Entonces, ante el planteo que les reclama su cumplimiento invocan el derecho de propiedad para fundamentar la vigencia ineludible de la libertad de precios. Criterio con el cual sería necesario, para que funcione la economía, que esta la dirija el poder económico concentrado. Esto es lisa y llanamente un desafío al Estado que destruye el orden económico, social e institucional. Resolver la inflación impone poner al Estado en su lugar, porque éste no es un administrador, ni le cabe el papel de árbitro social. Es el garante de la voluntad popular de la mayoría ciudadana.

La distribución del ingreso y las herramientas fundamentales del manejo de la economía corresponde que sean elegidas por los gobiernos. No se le puede exigir a un gobierno que defiende los intereses nacionales y populares que se base en la práctica de la religión macroeconómica; si quiere practicar el control de las cadenas de valor como eje central de la estrategia anti-inflacionaria, está en su derecho. Por otro lado, el derecho de propiedad no es pre-constituyente de la institucionalidad, tiene una lógica de construcción social como todos los derechos sociales del artículo 14 bis de la Constitución y de los consagrados en los pactos internacionales que disponen sobre ellos y se les ha otorgado carácter constitucional. El derecho de propiedad no está por encima de ningún otro derecho civil, político, ni social y económico. Los empresarios tienen tanto derecho a que se le preste atención como la obligación de pagar todos los tributos que permitan un tamaño presupuestario que garantice vivienda, salud, educación, alimentación, vestido en un nivel digno para todo el pueblo.

La vida digna vale más que la propiedad. Es el momento de decir estas cosas en voz alta.

 

 

La radicalidad como imperativo de la soberanía popular

Otro instrumental no utilizado por la política del gobierno del Frente de Todos es una intervención decisiva en el comercio exterior. Resulta necesario que los abultados excedentes del balance comercial no sean devorados por el pago de supuestas deudas privadas con supuestos acreedores externos, tampoco que se apliquen a un sobre-stock de insumos importados para la producción futura, ni a otros fines que no sean imprescindibles para el funcionamiento de la economía. Sin control, centralización, administración clave, intervención o participación decisiva del Estado en el comercio exterior, no habrá tranquilización de la economía ni desarrollo. Los empresarios como Rocca, Pagani, Magnetto y Braun de AEA (Asociación Empresarial Argentina) se financiarizaron y son asimilables al activismo de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) de mediados de los ’70, opuesto a la lógica de Gelbard y la CGE (Confederación General Económica) con la que Perón pretendía generar una alianza en pos de la independencia económica y la neutralidad frente a los bloques del mundo bipolar. Hoy es indispensable el disciplinamiento y no el consenso con quienes solo lo aceptan si se los respeta como poder real de la Nación. Un requerimiento del empresariado concentrado para la construcción de un sistema político sostenido en una plutocracia velada por la formalidad democrática, en el cual los gobiernos que vayan pasando lleven adelante el programa político que la AEA disponga, ya que en su última reunión no se ocultó su afán por convertir a esa corporación oligárquica del gran empresariado en el referente de todas las organizaciones patronales, ya sea de empresarios grandes, medianos o chicos.

Además es imprescindible el control estricto de las exportaciones y la recuperación de todas las tareas portuarias por parte del poder público. Su liberalización habría permitido “fugas” de divisas por salidas no registradas que constituirían una práctica constante de contrabando, provocando la disminución de los ingresos de divisas.

Resulta imperativa la derogación de la Ley 21.526 de entidades financieras que fundó el intento de establecer un régimen permanente de valorización financiera. La Argentina debe refundar una legislación sobre los bancos, el Banco Central, los depósitos y los créditos que promueva el desarrollo nacional, limite la integración financiera al mundo globalizado hoy en crisis y fortalezca la posibilidad de reconstrucción de las funciones de la moneda nacional. Hoy, en plena crisis del dólar como única divisa internacional, es el momento adecuado para no favorecer la integración del país a la porción regionalizada por el atlantismo con sus normas y regulaciones favorables al gran capital financiero. Es necesario hacer uso de la posibilidad de tener una relación equilibrada en una multipolaridad creciente y muy conflictiva.

La clave para llevar a cabo esta política es la reconstitución de los ingresos populares mediante una recomposición real sustantiva y una posterior administración de precios y salarios que disminuya la inflación e impida que los precios devoren las mejoras de los salarios.

Estas necesidades de política son más radicales que las de 2003/2015, lo deben ser porque el poder económico y las corporaciones se alinearon con la fuerza política de la restauración neo y desafían al gobierno. Una política democrática, nacional y popular exige niveles de confrontación que pueden llevar a la victoria o a una derrota que generará una nueva y futura resistencia. El poder de la AEA es insensible a las invocaciones al “buen corazón”. Son hombres del poder práctico de la maximización de ganancias, apasionados no por resolver el sufrimiento popular sino para gozar de su impunidad en el uso del poder, con sonrisas, risas o carcajadas.

 

 

 

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